Resumen: No ha lugar al recurso contencioso administrativo interpuesto frente al Real Decreto 471/2021, de 29 de junio por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso 2021-2022, y se modifica parcialmente el Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece el régimen de las becas y ayudas al estudio personalizadas. Se sigue precedente en la Sala que se reproduce literalmente; el legislador orgánico ha ido añadiendo a las causas por las que los alumnos requieren una atención educativa diferente a la ordinaria otras que no figuraban en la versión original, limitada a las dificultades específicas de aprendizaje, a las altas capacidades intelectuales, a la incorporación tardía al sistema educativo y a las condiciones personales o de historia escolar; no entraña discriminación para los afectados por trastorno por déficit de atención e hiperactividad -TDAH- desde el momento en que su formulación permite comprenderlo. La utilización de conceptos abstractos o de términos amplios no implica por sí misma exclusión o negación si dan cabida, como es el caso, a contenidos antes identificados expresamente. No hay indeterminación causante de inseguridad jurídica ni arbitrariedad.
Resumen: Función pública. Baremación de méritos en procesos selectivos. Servicios sanitarios prestados en residencias de mayores. Naturaleza de los servicios prestados con independencia del carácter públiico o privado de las residencias.Los servicios sanitarios prestados en residencias de mayores pueden considerarse prestados en "institución sanitaria", ya sean residencias de titularidad pública o privada a efectos de su valoración de servicios prestados en la baremación de méritos
Resumen: El TS confirma el criterio sobre la exclusión de los funcionarios interinos y del personal laboral temporal viene esencialmente determinada por la naturaleza temporal de su relación de servicio ya que no se ha discutido la identidad del trabajo realizado por las recurrentes con el de los funcionarios de carrera y el personal laboral fijo. Por tanto, no hay razones objetivas que justifiquen la diferencia de trato pues, como dijimos entonces y debemos reiterar aquí, se apoya en un aspecto que no guarda relación con elementos precisos y concretos que caracterizan la "condición de trabajo" --carrera profesional horizontal-- ni resulta indispensable para lograr los objetivos que perseguidos por la Administración balear y tampoco para cumplir con los requisitos generales relativos a los servicios prestados que se valorarán en el diseño de esa carrera profesional.
Resumen: RD 471/2021 por el que se establecen umbrales de renta y patrimonio y cuantías de las becas para el estudio. Conformidad con el art. 71 de la LO 2/2006 de Educación en su nueva redacción dado por la LO 3/2020. Control de la potestad reglamentaria. Inclusión en su ámbito de aplicación de las personas que sufren TDAH. Los alumnos que sufren TDAH están incluidos en el régimen de ayudas y becas sin que exista contradicción entre la norma reglamentaria que regula el régimen de becas y el art. 71 de la LO 2/2006 de Educación.
Resumen: Derecho de acceso a los archivos y registros administrativos. Límites previstos en los artículo 14.1, letras a), b ) y h) de la Ley de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, resultan de aplicación al derecho de acceso del artículo 105 b) de la CE, además de los límites constitucionales establecidos en ese precepto, "la seguridad y defensa del Estado". En el supuesto de tratarse de materia clasificada y calificación de secreta, ha de justificarse suficientemente el interés público esencial que avala tal pretensión de información y las poderosas razones relativas a la lesión de los derechos fundamentales afectados, o los relevantes bienes jurídicamente protegidos, que determinen el acceso a los detalles de tal operación mediante el alzamiento por el Consejo de Ministros de la declaración de "materia clasificada" y secreta.
Resumen: Se anula una sentencia del TSJ de Cantabria y, en aplicación de una doctrina jurisprudencial ya consolidada, declara el TS que, fuera del estado de alarma, el artículo 3 de la Ley Orgánica 3/1986, el artículo 26.1 de la Ley 14/1986 y el artículo 54 de la Ley 33/2011, proporcionan cobertura normativa suficiente para la adopción de las medidas que pudieran ser restrictivas del derecho a la libertad de empresa, identificadas en la resolución recurrida en la instancia como medidas para el cierre de interiores en establecimientos de hostelería y restauración. La Sala Tercera acuerda la retroacción de actuaciones al momento procesal inmediatamente anterior a dictar sentencia, a fin de que la Sala de instancia, una vez desestimado el motivo impugnatorio que estimó en la sentencia ahora anulada, analice los demás motivos que se invocaron en el escrito de demanda por la Asociación allí recurrente.
Resumen: Se desestima recurso interpuesto frente al artículo 7.1 y la DF 1ª del RD 471/2021, de 29 de junio, por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso 2021-2022, y se modifica parcialmente el Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece el régimen de las becas y ayudas al estudio personalizadas.
Resumen: SALUD PÚBLICA. Decaído el estado de alarma, pero no la situación de pandemia, bastaban los poderes ordinarios de las autoridades sanitarias autonómicas para hacer frente a la pandemia. Idoneidad de la legislación sanitaria, artículo 3 de la Ley Orgánica 3/1986, para dar cobertura a eventuales restricciones o limitaciones fuera del estado de alarma, siempre que estén sustancialmente justificadas según las circunstancias del caso y siempre que tal justificación esté a la altura de la intensidad y la extensión de la restricción de que se trate: esto es, debe justificarse que son medidas indispensables para salvaguardar la salud pública.
Resumen: Se anula una sentencia del TSJ de Cantabria y, en aplicación de una doctrina jurisprudencial ya consolidada, declara el TS que, fuera del estado de alarma, el artículo 3 de la Ley Orgánica 3/1986, puesto en relación con las Leyes 14/1986 y 33/2011, ofrece cobertura jurídica suficiente a las Administraciones para acordar medidas restrictivas o limitativas de derechos fundamentales para preservar la salud pública en casos de pandemia, siempre y cuando sean idóneas, necesarias y proporcionales. En detalle, se consideran que son ajustadas a Derecho las medidas adoptadas en materia de ocio nocturno en Cantabria, pues pretendieron dar respuesta al incremento del número de positivos cuando ya había decaído el estado de alarma, no así la situación de pandemia. Bastaban, por consiguiente, los poderes ordinarios de las autoridades sanitarias autonómicas para hacer frente a la pandemia en ese punto de evolución.
Resumen: La Sala estima el recurso y desestima el contencioso-administrativo. En el ámbito urbanístico, la legislación sectorial contempla una normativa que regula pormenorizadamente la materia, de tal forma que la regulación de un procedimiento específico para la aprobación, modificación o revisión de los instrumentos de ordenación comporta la no aplicación de la normativa general de aprobación de las disposiciones generales. Por tanto, no rigen en la aprobación de los instrumentos de ordenación urbanística la normativa contenida en la Ley 39/2015, para el procedimiento de aprobación de las disposiciones reglamentarias, sin perjuicio de que pudiera establecerse remisión expresa en la normativa autonómica. Pues bien, se suscita en la interposición y oposición al recurso una polémica en orden a la aplicación del artículo 133-1º de la citada ley en función de si se trata de un planeamiento de aprobación municipal o autonómico, rigiendo solo esa normativa exclusivamente en la local, dada la inaplicación del precepto a las Comunidades Autónomas conforme se ha declarado en STC, 55/2018, de 24 de mayo. es una polémica baladí desde el mismo momento que si la normativa sectorial en materia de urbanismo es de competencia autonómica, no es pensable que, regulando esa normativa el procedimiento para la aprobación de los planes, rigiesen unos procedimientos diferentes en función de si el planeamiento pudiera considerarse municipal o autonómico.
