Resumen: Se admite a trámite el recurso de casación preparado por la administración contra sentencia por tener interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia determinar si el profesorado asociado de las universidades contratado temporal a tiempo parcial tiene derecho a acceder al procedimiento de evaluación de la actividad docente, investigadora y de gestión a fin de lucrar el complemento retributivo correspondiente, en igualdad de condiciones que el personal funcionario contratado laboral a tiempo completo.
Resumen: La cuestión que presenta interés casacional objetivo consiste en determinar si, a efectos del supuesto de responsabilidad del artículo 43.1.h) LGT, una operación onerosa -como es el caso de una compraventa inmobiliaria-, en la que el pago del precio no es controvertido y que no ha sido declarada simulada puede colmar el requisito de utilización "abusiva o fraudulenta como medio de elusión de la responsabilidad patrimonial universal frente a la Hacienda Pública".
Resumen: Las cuestiones que revisten interés casacional objetivo consisten en determinar (i) cuál ha de resultar la nota de corte que debe emplearse para efectuar una prueba psicotécnica, ordenada en ejecución de sentencia, en un proceso selectivo de acceso a la función pública, para que se entienda que respeta el derecho a la igualdad; (ii) si vulnera el derecho de igualdad la remisión a la nota de corte de la promoción de origen; y (iii) en caso negativo, si la prueba a realizar en la promoción en curso tiene que contar con misma dificultad y características de tiempos de respuesta y tipos de pruebas, que en la prueba de la promoción de origen.
Resumen: Las cuestiones que revisten interés casacional objetivo consisten en determinar: (i) cuál ha de resultar la nota de corte que debe emplearse para efectuar una prueba psicotécnica, ordenada en ejecución de sentencia, en un proceso selectivo de acceso a la función pública, para que se entienda que respeta el derecho a la igualdad; (ii) si vulnera el derecho de igualdad la remisión a la nota de corte de la promoción de origen; (iii) en caso negativo, si la prueba a realizar en la promoción en curso tiene que contar con misma dificultad y características de tiempos de respuesta y tipos de pruebas, que en la prueba de la promoción de origen.
Resumen: Las cuestiones que presentan interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consisten en: 1) Determinar si existe doble imposición al exigir la tasa a un concesionario del contrato de gestión del servicio público municipal de abastecimiento de agua, cuando este ya abonó un importe en el momento de adjudicación del contrato, por el uso de todas las instalaciones afectas al servicio y satisface, anualmente, una cantidad como contraprestación por la utilización de aquellas instalaciones. 2) Discernir si existe infracción del art. 19.2 LRHL cuando se exige una tasa con base en un inciso de un precepto de una Ordenanza fiscal anulado por sentencia firme -por entender que no podía recaer en quienes no eran titulares de las redes a través de las cuales se efectúen los suministros- sobre la base de que el servicio público del concesionario es distinto del prestado por aquel que dio lugar a la nulidad del inciso de la ordenanza.
Resumen: Desestima el recurso de casación y, en respuesta a la cuestión de interés casacional formulada en el auto de admisión, la conducta consistente en la desatención por parte de un operador titular de la red pública de comunicaciones electrónica de los requerimientos efectuados por la inspección en materia de telecomunicaciones para aportar los datos identificativos del prestador audiovisual que le encomienda las emisiones radioeléctricas y al que presta el servicio de red, tiene encaje en el apartado 11 del articulo 77 LGTel. En concreto, el tipo infractor del artículo 77.11 LGTel describe una actividad consistente en una negativa, una obstrucción o una falta de colaboración en relación con el ejercicio de la concreta función inspectora en materia de telecomunicaciones por los órganos que la tienen encomendada por el articulo 72 LGTel, mientras que la infracción descrita por el artículo 77.35 LGTel se refiere a la conducta consistente en no facilitar, cuando resulte exigible con arreglo a la normativa de comunicaciones electrónicas, los datos requeridos por la Administración, sin mayores precisiones, es decir, sin que sea necesaria la presencia de una de las Administraciones a que se refiere el artículo 72 LGTel en ejercicio de sus funciones inspectoras.
Resumen: Estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo contra la Orden TED/749/2022, de 27 de julio, por la que se aprueba el incentivo o penalización para la reducción de perdidas en la red de distribución de energía eléctrica para el año 2016, se modifica la retribución base del año 2016 para varias empresas distribuidoras, y se aprueba la retribución de las empresas de distribución de energía eléctrica para los años 2017, 2018 y 2019. Se estima exclusivamente en lo que atañe a las inversiones en IBO realizadas en los 2015 y 2017 ordenando a la Administración a que incluya esas cantidades y recalcule la retribución que le corresponde a la empresa recurrente, para ello la Administración deberá abonar la nueva retribución resultante y los intereses legales correspondientes a la diferencia de retribución resultante y la retribución percibida desde que se cobró la cantidad reconocida por la Orden impugnada hasta que se abone el total del importe debido.
Resumen: Derivación de responsabilidad por deudas con la Seguridad Social. Para que la Administración de la Seguridad Social acuerde la derivación de responsabilidad solidaria del administrador de una sociedad de capital resulta necesario, no sólo constatar una situación fáctica de insolvencia de la sociedad y verificar que dicho administrador no ha cumplido los deberes legales a que se refiere el artículo 367.1 de la Ley de Sociedades de Capital (101) (RD Legislativo 1/2010), sino también y además, justificar la efectiva existencia de una causa legal de disolución de la sociedad. En este caso, ambos órganos judiciales (Juzgado y Sala de apelación) parten y asumen la reiterada jurisprudencia sobre la exigencia de la concurrencia de una causa de disolución de la sociedad, siendo así que la controversia se sustenta en una cuestión meramente probatoria sobre la justificación y acreditación de la causa contemplada en el artículo 363.1 e) de la LSC, y la valoración probatoria realizada por la Sala de instancia se sustenta en elementos objetivos bastantes y suficientes incorporados a los autos que permiten sustentar la deducción sobre la efectiva situación económica de la sociedad, por la reducción del patrimonio neto y en fin, su encaje en el precepto indicado.
Resumen: Reintegro de las cuantías percibidas como consecuencia de la anulación del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos. La acción de resarcimiento o restitución, basada en el principio general del Derecho Administrativo que prohíbe el enriquecimiento injusto o sin causa, no resulta directamente aplicable a aquellos supuestos en que la Administración concedente de un servicio público exige a la empresa concesionaria el reintegro de aquellas cuantías que fueron previamente satisfechas en concepto de compensación por el incremento de los costes de los carburantes, con base en las cláusulas del propio titulo concesional, como consecuencia de soportar el gravamen del Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos cuyo establecimiento fue ulteriormente declarado incompatible con el Derecho de la Unión Europea, invocado como fuente de la obligación de restituir la presunción consistente en la mera posibilidad de carácter aleatorio de que la concesionaria podría instar el procedimiento tributario de devolución de ingresos indebidos incoado frente a la Hacienda Pública, o ejercitar la acción indemnizatoria de responsabilidad patrimonial del Estado legislador, si no se acredita el presupuesto de la existencia de aumento patrimonial o la transferencia o desplazamiento del valor patrimonial en favor del presuntamente enriquecido sin justo título.
Resumen: Se desestima la pretensión que se declare que es contraria a derecho a la Orden por la que se actualizan los parámetros retributivos a efectos de su aplicación al año 2022. No se acepta las conclusiones del Dictamen pericial que refiere que el índice Henrry Hub no es un índice indicado para el cálculo del coste de combustible de gas natural. Tampoco el argumento de que la Orden ignora la exclusión de las plantas de cogeneración del mecanismo del tope del gas, introducido por el Real Decreto-ley 10/2022, de 13 de mayo. Tampoco el motivo de impugnación basado en la vulneración de los principios de interdicción de la arbitrariedad e irretroactividad, seguridad jurídica y confianza legítima, en la medida que los nuevos parámetros retributivos aprobados en diciembre del año 2022 son aplicables desde el 1 de enero de 2022. No es la orden la que determina la retroactividad de los parámetros retributivos, sino que ésta viene ya impuesta por el propio Real Decreto ley. No se acepta que la aplicación retroactiva de la Orden habría supuesto la infracción del principio de seguridad jurídica, así como del principio de buena regulación. La actualización debe ser semestral y los nuevos valores actualizados son de aplicación desde el primer día del semestre correspondiente, lo que implica, sin lugar a duda, que se conozcan los nuevos valores actualizados antes de iniciarse el periodo semestral correspondiente. Se incumplieron los plazos. La consecuencia no es la nulidad de la Orden.
