Resumen: La cuestión con interés casacional es precisar, si el principio del devengo, tal y como se establece en el PGCP, permite reconocer contablemente en un cierto ejercicio y registrar en las cuentas anuales de éste los ingresos por la TGO devengados en el mismo ejercicio, discerniendo si es la Tasa General de Operadores devengada en cada periodo, en comparación con los gastos financiables devengados en él, la que debe tenerse en cuenta para la aplicación del principio de equivalencia o no.
Resumen: La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en determinar si el principio de unidad de explotación turística aplicable a las viviendas vacacionales previsto en la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias supone una limitación a la libre prestación de servicios; o si, por el contrario, encuentra amparo y justificación legal en razones de interés general.
Resumen: La sentencia señala que ha lugar al recurso de casación interpuesto contra el auto que había declarado como correctamente ejecutada la sentencia que había reconocido el derecho de la demandante a que se declarara que había superado la parte b), "Entrevista Personal", de la Tercera Prueba del proceso selectivo para cubrir plazas de alumnos de la Escuela Nacional de Policía. Se acuerda la nulidad de la prueba psicotécnica que realizó la recurrente en cumplimiento de la previa sentencia y se ordena que se le someta a un nuevo test psicotécnico que habrá de presentar la misma o parecida dificultad y características, tiempo de respuesta y tipos de problemas que el test de la promoción de origen.
Resumen: La Sala desestima el recurso de casación interpuesto por la Abogacía del Estado frente a sentencia estimatoria de recurso contencioso-administrativo interpuesto contra resolución del Presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir recaída en expediente sancionador en materia de dominio público hidráulico. La Sala en respuesta a la cuestión de interés casacional planteada, reitera que el incumplimiento de las obligaciones impuestas a la Administración autonómica en materia de ejecución de obras hidráulicas que resulten imprescindibles o necesarias para el tratamiento de aguas residuales podrá eximir de responsabilidad a las entidades locales competentes en materia de evacuación y tratamiento de aguas residuales cuando realicen vertidos que incumplan la normativa vigente, siempre que la no realización de esos vertidos pueda comprometer gravemente la salud de las personas. La Sala concluye que, en el supuesto examinado, concurre la exención de responsabilidad, tanto del Ayuntamiento de Monachil como del Consorcio para el desarrollo de la Vega de Sierra Elvira, confirmado la sentencia recurrida.
Resumen: La Sala analiza si, en conductas calificadas como cártel, la delimitación del mercado relevante, especialmente el geográfico, constituye elemento del tipo infractor previsto en el art. 1 LDC y 101 TFUE. El caso se refiere a acuerdos colusorios para repartirse el transporte escolar en Baleares. El Tribunal precisa que se trata de una infracción por objeto, cuya antijuridicidad deriva de la mera concertación para restringir la competencia, sin depender de efectos concretos en el mercado. Por ello, la definición del mercado geográfico no es determinante para la tipificación, aunque sí relevante para la competencia sancionadora y la cuantificación de multas. Se rechaza que la insularidad excluya la existencia de competencia, pues el ámbito del concurso público abarcaba todo el archipiélago y cualquier empresa podía concurrir. Se fija doctrina: en cárteles, la coincidencia territorial no es elemento autónomo del tipo, siendo decisivo el contenido del acuerdo y la voluntad de restringir la competencia. La participación activa en acuerdos colusorios es sancionable incluso si la empresa opera en mercados conexos, pues contribuye a la restricción. Se destaca que la delimitación del mercado es útil para determinar la competencia del órgano sancionador y graduar la sanción, pero no para excluir la infracción. El recurso se estima, se anula la sentencia y se ordena retroacción para resolver las restantes cuestiones planteadas.
Resumen: La demanda plantea la ilegalidad omisiva por la Administración demandada, al no haber acogido en el RD impugnado determinadas excepciones previstas en el Reglamento EU 2021/1372 (que modifica el Reglamento EU 999/2001), y sí el resto de las previstas en él.
La Sala aborda la cuestión referida al alcance de la nulidad de las omisiones en la regulación reglamentaria con referencia expresa a la doctrina contenida en la STS de 10 de febrero de 2022 (rec. 536/2017), que es restrictiva en cuanto al control de tales omisiones. Y como el RD impugnado justifica la omisión en cuestión en las facultades regulatorias que el referido Reglamento EU otorga a los Estados miembros, la sala considera que el RD es conforme a Derecho. Ahora bien, teniendo en cuenta los principios de primacía y efecto directo del Derecho europeo, cabe la posibilidad de ajustar el pronunciamiento desestimatorio del recurso acudiendo a la posibilidad jurisprudencial de la sentencia interpretativa de disposiciones reglamentarias, De ahí que se concluya: (i) desestimar la demanda pues el contenido del RD impugnado es conforme a derecho; y i(ii) pero esta conformidad a Derecho solo lo es si se interpreta en el sentido de que la regulación normativa omitida en el RD, aquí discutida, no excluye la aplicación general, obligatoria y directa de las previsiones al efecto recogidas en el Reglamento EU 2021/1372 (que modifica el Reglamento EU 999/2001). Y ello sin perjuicio, claro está, de que la Administración en el ejercicio de su potestad reglamentaria pueda dictar, si lo considera necesario, disposiciones instrumentales aplicativas de esta regulación del Reglamento UE conforme al mismo.
Resumen: La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en determinar si, en aplicación del artículo 6.1.b) de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre de evaluación ambiental, los planes, que se adopten o aprueben por una Administración pública, donde se integran espacios de la Red Natura 2000, requieren en todo caso una evaluación ambiental estratégica ordinaria cuando, o puede ser tramitada una evaluación ambiental estratégica simplificada.
Resumen: La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en precisar si la emisión de la doctrina sentada en las Sentencias de esta Sala de 30 de mayo de 2023, rec. casación 1602/2022 y 2323/2022 , que considera aplicable el régimen de paralización de industrias del apartado 4 de la regla 14 del Real Decreto Legislativo 1175/1990 a los supuestos de paralización de actividad y el cierre de establecimientos ordenada por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma, permite dejar sin efecto una liquidación firme del Impuesto sobre Actividades Económicas y la devolución de lo ingresado en concepto de cuota de este tributo por la parte proporcional al tiempo en que se cesó en la actividad en el año 2020, fuera de los procedimientos contemplados en el artículo 221.3 de la Ley General Tributaria .
Resumen: La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar si la prohibición de exclusión del castellano como lengua docente en detrimento de otra lengua cooficial se extiende también sobre la regulación de la presencia de rótulos y otros elementos en el espacio físico de los centros educativos que se sostienen con fondos públicos; es decir si la exigencia de presencia de todas las lenguas oficiales en la enseñanza va más allá de su utilización como lengua vehicular y se extiende a otras manifestaciones de su utilización en el seno de la comunidad educativa.
Resumen: La cuestión de interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar cómo ha de interpretarse el sintagma «actividad industrial» contenido en el artículo 98.1.f) de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre de Impuestos Especiales , a los efectos de poder disfrutar de la reducción en la base imponible del Impuesto sobre la Electricidad, bien a la luz de la Directiva 2003/96/CE del Consejo de 27 de octubre de 2003 por la que se reestructura el régimen comunitario de imposición de los productos energéticos y de la electricidad o, por el contrario, atendiendo a la clasificación de actividades contenida en las Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas.
