Resumen: Desestimación de recurso contencioso-administrativo contra resolución del Consejo de Ministros desestimatoria por silencio administrativo de la solicitud de reclamación sobre responsabilidad patrimonial de la Administración por los daños y perjuicios sufridos, en concepto de lucro cesante, como consecuencia de la declaración del Estado de Alarma efectuada en virtud del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. Los daños se imputan a las normas jurídicas dictadas para frenar la expansión de la pandemia, muy especialmente los Reales Decretos de estado de alarma, y esas disposiciones han sido juzgadas por el Tribunal Constitucional desde la perspectiva de los principios y valores constitucionales, llegándose a unas conclusiones diferentes de las sostenidas por la parte. La actuación administrativa ha sido calificada de razonable, proporcional y adecuada a la situación existente, y eficaz para frenar la expansión de la pandemia, como se ha valorado ampliamente en esta sentencia, como lo fue en la STC 148/2021 (40) con el mismo resultado.
Resumen: La Sala desestima el recurso interpuesto frente a la desestimación, por silencio administrativo, de la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por el recurrente por los daños derivados de las medidas de contención adoptadas tras la declaración del primer estado de alarma durante la pandemia COVID-19. La Sala concluye, sobre la base de sendos pronunciamientos del TC, que las medidas restrictivas que tuvo que soportar la parte actora, de las que deduce los daños patrimoniales sufridos, fueron constitucionales y proporcionadas a la situación existente. De igual forma estima que tales medidas estuvieron dotadas del suficiente grado de generalidad como para afirmar que los menoscabos sufridos deban encuadrarse en la categoría de carga colectiva. Por último, la Sala rechaza que, sobre la base del artículo 3.2 de la L.O. 4/1981, de 1 de junio, existiese un régimen de responsabilidad patrimonial diferente del recogido en la Ley 40/2015 y del que no resultase de aplicación, en los estados de alarma, excepción y sitio, la exoneración de la responsabilidad por concurrencia de fuerza mayor.
Resumen: La Sala desestima el recurso interpuesto frente a la desestimación, por silencio administrativo, de la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por el recurrente por los daños derivados de las medidas de contención adoptadas tras la declaración del primer estado de alarma durante la pandemia COVID-19. La Sala concluye, sobre la base de sendos pronunciamientos del TC, que las medidas restrictivas que tuvo que soportar la parte actora, de las que deduce los daños patrimoniales sufridos, fueron constitucionales y proporcionadas a la situación existente. De igual forma estima que tales medidas estuvieron dotadas del suficiente grado de generalidad como para afirmar que los menoscabos sufridos deban encuadrarse en la categoría de carga colectiva. Por último, la Sala rechaza que, sobre la base del artículo 3.2 de la L.O. 4/1981, de 1 de junio, existiese un régimen de responsabilidad patrimonial diferente del recogido en la Ley 40/2015 y del que no resultase de aplicación, en los estados de alarma, excepción y sitio, la exoneración de la responsabilidad por concurrencia de fuerza mayor.
Resumen: La Sala desestima el recurso interpuesto frente a la desestimación, por silencio administrativo, de la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por el recurrente por los daños derivados de las medidas de contención adoptadas tras la declaración del primer estado de alarma durante la pandemia COVID-19. La Sala concluye, sobre la base de sendos pronunciamientos del TC, que las medidas restrictivas que tuvo que soportar la parte actora, de las que deduce los daños patrimoniales sufridos, fueron constitucionales y proporcionadas a la situación existente. De igual forma estima que tales medidas estuvieron dotadas del suficiente grado de generalidad como para afirmar que los menoscabos sufridos deban encuadrarse en la categoría de carga colectiva. Por último, la Sala rechaza que, sobre la base del artículo 3.2 de la L.O. 4/1981, de 1 de junio, existiese un régimen de responsabilidad patrimonial diferente del recogido en la Ley 40/2015 y del que no resultase de aplicación, en los estados de alarma, excepción y sitio, la exoneración de la responsabilidad por concurrencia de fuerza mayor.
Resumen: Se estima parcialmente el recurso interpuesto y,con ello,la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por los daños sufridos por la defectuosa asistencia sanitaria recibida por la recurrente que deberá ser indemnizada con 15.000 euros. Se sustenta la demanda en que la actora fue sometida a una técnica de inseminación artificial que le causó una enfermedad inflamatoria pélvica que derivó en la extirpación de las trompas de Falopio y que fue diagnosticada y tratada con retraso debido a la insuficiente exploración ginecológica que se le realizó y todo ello sin que fuera informada, previamente, del riesgo de padecer una infección del aparato genital que pudiera comprometer su futura fertilidad. Se estima parcialmente el recurso interpuesto,previa valoración de la prueba practicada constituida por los informes médicos obrantes en el expediente administrativo y,de la que se desprende que, en relación con la primera asistencia prestada en urgencias no cabe apreciar la infracción de la lex artis,habida cuenta que el riesgo de sufrir una enfermedad inflamatoria pélvica tras la técnica de inseminación artificial es excepcional, sin que la sintomatología,que presentaba la paciente fuera precisa,necesitando más pruebas diagnósticas de lo que se concluye que,si bien no cabe apreciar una insuficiente asistencia en los días previas al diagnóstico si que se aprecia una insuficiencia en el consentimiento informado prestado al no constar el riesgo padecido.
Resumen: Covid 19. Declaración de los estados de alarma. Medidas restrictivas de carácter sanitario. Valor de disposición de ley de los Reales Decretos de declaración de los estados de alarma. Responsabilidad patrimonial del Estado Legislador. Interpretación del art. 3.2 LOAES. Cargas públicas. Antijuridicidad del daño y deber jurídico de soportarlo.
Resumen: La administración que tiene obligación de devolver el IVA soportado deducible, también tiene la obligación de abonar los intereses de demora, incluso cuando ello sea consecuencia de un procedimiento por cambio de domicilio.
Resumen: Se estima el recurso de apelación frente a la sentencia desestimatoria en la que se confirmaba la resolución de inadmisión a trámite de la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada ante el Ayuntamiento de Benifaió por los daños y perjuicios sufridos por la demora en la ejecución de las obras de urbanización, revocando dicha sentencia y acordando, en su lugar, la nulidad de la misma,con retroacción de las actuaciones judiciales al momento en el que debió ser emplazada la Agrupación de interés urbanístico dada su condición de interesado legítimo en dicho procedimiento judicial. Se desestima el recurso en la instancia al considerar que la demora en la ejecución de las obras de urbanización no fue consecuencia de la actuación de la Administración,o de su inactividad o, negligencia,en el cumplimiento de sus obligaciones considerando que,en todo caso, la responsabilidad correspondía al agente urbanizador, resultando, tal y como constata la Sala, que éste no había sido emplazado en el procedimiento de instancia. Se declara,con carácter previo, la incongruencia de la sentencia dictada por cuanto que la resolución impugnada,declaraba la inadmisión,que es revocada, y pese a ello concluye con la desestimación del recurso. En todo caso se concluye que,la causa de no finalización de la urbanización dentro del plazo establecido no era imputable a la Administración demandada, sino al Agente Urbanizador acordando,la nulidad de la sentencia dictada por falta de emplazamiento.
Resumen: Se desestima el recurso de apelación interpuesto frente a la sentencia de la instancia,desestimatoria del recurso contencioso y de la reclamación de responsabilidad patrimonial por los daños sufridos como consecuencia de las lesiones sufridas por la actora, durante la celebración de un festejo taurino,al sufrir una caída mientras descendía por las escaleras que conectaban el piso superior de un cadafal y el suelo de una plaza de la localidad. Se desestima el recurso en la instancia al considerar que,no ha quedado probada la versión de la recurrente y sin que las fotografías aportadas por ésta acrediten,el lugar y tiempo de los hechos,destacando,asimismo, las contradicciones entre los testigos propuestos. Se sustenta la apelación, en el error en la valoración de la prueba en relación con la apreciación de las características de la escalera que presentaban,una gran diferencia,entre el último escalón y el suelo, lo que hizo que perdiera el equilibrio. Se desestima el recurso interpuesto al no quedar acreditada la causa que hubiera podido haber dado lugar a la declaración de responsabilidad patrimonial concretada en acreditar, que la instalación municipal, en la que se produjo la caída, no hubiera cumplido con los estándares necesarios en materia de prevención, o se hubiera detectado alguna otra infracción de las normas administrativas, siendo necesario que la actora, que asumió el riesgo de subir por las escaleras hubiera bajado,con la misma diligencia,con las que las subió.
Resumen: Función púbica. Desempeño de funciones correspondientes a diferentes puestos de trabajo. Retribución. No aplicación de la limitación del art. 7.1 Ley 53/1984 de Incompatibilidades, al no ser un supuesto de incompatibilidad
