Resumen: Se estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra acuerdo del consejo de ministros que desestimó la reclamación de responsabilidad patrimonial del estado legislador, por daños y perjuicios derivados de la aplicación del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos. La Sala se remite a otros pronunciamientos que le preceden y aplican en aras al principio de igualdad en la aplicación de la ley. Se establecen las cantidades reconocidas y sus bases para la determinación, si bien no se actualizan con arreglo al IPC, porque lo único que ha de entenderse procedente por el indebido abono del IVMDH han de ser los intereses legales devengados desde el día de la presentación de la reclamación administrativa hasta la fecha de notificación de la sentencia o, en su caso, del auto de extensión de efectos
Resumen: La Sala confirma el criterio sentado, por todas, en la sentencia de 14 de diciembre de 2020 (recursos contencioso-administrativos núm. 3672/2016, 3414/2016 y 3676/2016), donde siguiendo la doctrina sobre la responsabilidad patrimonial existente de la Administración General del Estado, en virtud de la interpretación dada por la STJUE de 27 de febrero de 2014 (C- 82/12), concluye que no procede reconocer el derecho a percibir el interés legal del dinero respecto la cantidad a percibir en concepto de devolución de los importes pagados por el IVMH; a su vez, el dies a quo para determinar la indemnización se fija en la presentación de la reclamación de responsabilidad patrimonial, y el período a indemnizar finaliza con la fecha de notificación de la sentencia, o en su caso, del auto de extensión de efectos.
Resumen: La Sala confirma el criterio sentado, por todas, en la sentencia de 14 de diciembre de 2020 (recursos contencioso-administrativos núm. 3672/2016, 3414/2016 y 3676/2016), donde siguiendo la doctrina sobre la responsabilidad patrimonial existente de la Administración General del Estado, en virtud de la interpretación dada por la STJUE de 27 de febrero de 2014 (C- 82/12), concluye que no procede reconocer el derecho a percibir el interés legal del dinero respecto la cantidad a percibir en concepto de devolución de los importes pagados por el IVMH; a su vez, el dies a quo para determinar la indemnización se fija en la presentación de la reclamación de responsabilidad patrimonial, y el período a indemnizar finaliza con la fecha de notificación de la sentencia, o en su caso, del auto de extensión de efectos.
Resumen: Se estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra acuerdo del consejo de ministros que desestimó la reclamación de responsabilidad patrimonial del estado legislador, por daños y perjuicios derivados de la aplicación del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos. La Sala se remite a otros pronunciamientos que le preceden y aplican en aras al principio de igualdad en la aplicación de la ley. No procede reconocer a la parte recurrente intereses distintos de los legales, ni con una fecha anterior a la del día de la presentación de la reclamación de responsabilidad patrimonial, que, al igual que se fijó en todas las sentencias antes referidas, constituye la fecha que debe operar como dies a quo para el cómputo de tales intereses, como tampoco procede actualizar las cantidades efectivamente abonadas por el tributo aquí controvertido conforme al IPC.
Resumen: Se estima parcialmente el recurso de apelación interpuesto frente a la sentencia de la instancia por la que se inadmite el recurso contencioso formulado frente el Ayuntamiento de orihuela en reclamación de la minuta presentada por el recurrente,designado en su día letrado para defender los intereses de la corporación, por importe de 317.130,72 € (IVA al 18%) y retención, más los intereses del principal, por morosidad en el cumplimiento de su pago y,en su lugar, se revoca la sentencia,en cuanto a la declaración de inadmisibilidad estimando la reclamación, en cuanto al fondo,en una cuantía de 7.000 euros, y todo ello tras la aprobación de la tasación de costas en el correspondiente procedimiento judicial en el que el recurrente intervino como letrado de la corporación,presentando a su vez,con independencia de la tasación de costas, minuta por los honorarios correspondientes al recurso de casación que fue desestimado por el Tribunal supremo.Se revoca la inadmisibilidad por incompetencia de jurisdicción al haberse declarado previamente,por la jurisdicción social, que la relación de servicios que mantenía el recurrente con el ayuntamiento era de caracter administrativo. En cuanto al fondo se estima,parcialmente, la reclamación presentada atendiendo que la misma se presenta desligada de la tasación de costas practicada si bien se limita la misma atendiendo a la cifra máxima como honorarios de letrado fijada por la sentencia del Tribunal supremo.
Resumen: Se reconoce la responsabilidad patrimonial del Estado legislador por los daños y perjuicios derivados del abono del IVMDH, al apreciarse la concurrencia de los requisitos exigidos para ello si bien se difirió la determinación de la cuantía exacta de la indemnización que resultaba procedente al período de ejecución, debiendo la Administración General del Estado proceder a su cálculo de conformidad con las bases fijadas en todas ellas, siguiendo para ello lo resuelto en otras sentencias sobre el mismo asunto.
Resumen: Se estima el recurso interpuesto y,con ello,la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por los daños sufridos por mala praxis médica concretada en la asistencia sanitaria recibida desde que acude al servicio de urgencias el 25-7-2017 por dolor en testículo izquierdo de inicio nocturno siendo dada de alta tras su exploración, y regresando nuevamente a urgencias, dos días más tarde, con la misma sintomatología que persiste los días siguientes siendo citado para urología el 9 de agosto,previamente, el día 3 acude de nuevo a la consulta siendo derivado al Hospital,con caracter urgente, por torsión testicular,teniendo que pasar a quirófano donde se le practica una Orquiectomía izquierda, y todo ello sin que en todo el tiempo transcurrido desde que acude por primera vez a urgencias sea visto por un urólogo o se le haya practicado una eco dopller,pese a la persistencia de los síntomas. Se estima el recurso interpuesto a la vista de la prueba practicada concluyendo la médico forense que la asistencia sanitaria prestada al actor no fue adecuada a la lex artis existiendo relación de causalidad entre esta y las secuelas apreciadas quedando por ello acreditado que la asistencia sanitaria recibida por éste no fue correcta al requerir, la situación clínica que presentaba el paciente, ser visto por el servicio de urología y realizar las pruebas diagnósticas adecuadas atendida la gravedad del cuadro que presentaba concretando en 51.631,29 euros la indemnización que debe percibir
Resumen: Archivo diligencias informativas. Desestimación del recurso. Tras exponer la jurisprudencia relativa a la legitimación del denunciante a la hora de impugnar acuerdos de archivo de sus denuncias por el Consejo General del Poder Judicial, desestima el recurso, pues aunque el recurrente puede combatir la fundamentación del acuerdo recurrido, sin embargo el acuerdo, tanto del Promotor de la Acción Disciplinaria como el posterior de la Comisión Permanente, son coherentes con cuanto obra en el expediente y están debidamente motivados, no existiendo extremos requeridos de ulteriores investigaciones.
Resumen: Se estima el recurso y,con ello,la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada,por los daños y perjuicios sufridos por los familiares de un paciente, tras su fallecimiento. Y todo ello al no haber venido realizando,las pruebas diagnosticas periódicas, tras el diagnóstico, en 2014, de un carcinoma urotelial, patología oncológica con alto riesgo de recidiva, pruebas que hubieran permitido un adecuado control de la evolución del paciente a fin de poder diagnosticar precozmente la posible recidiva o progresión del cáncer,y con ello se impidió, el diagnóstico precoz del permisivo desarrollo del carcinoma urotelial desarrollado por él durante casi cuatro años y relación causal que se sustenta en la ausencia de control de las hematurias que padeció el paciente a lo largo de 2018´. Se estima por la Sala el recurso aplicando la doctrina sobre la pérdida de oportunidad invocada por la parte recurrente y declarando, del examen y valoración de la prueba practicada,destacando el informe emitido por la inspección médica, que vistos los antecedentes médicos del paciente y el diagnóstico de carcinoma obtenido en 2014 así como la asistencia médica recibida por éste, se ha producido una infracción de la lex artis porque ni se hicieron los controles periódicos exigibles ni se pusieron todos los medios adecuados para hacer un diagnóstico correcto, temprano y de certeza de la hematuria que presentaba el fallecido.Se concreta la indemnización aplicando el baremo de circulación.
Resumen: Se desestima el recurso y,con ello,la responsabilidad patrimonial formulada por los daños y perjuicios sufridos por el funcionamiento anormal e irregular de los servicios públicos por dilaciones e irregularidades injustificadas y por la adopción de resoluciones contrarias a derecho con motivo de la actuación denominada "Puerto Mediterráneo" y en concreto, a raíz de la Resolución por la que se resuelve la denegación de la propuesta del Plan de Actuación Territorial Estratégica Puerto Mediterráneo, que le han producido los perjuicios objeto de reclamación.Se desestima el recurso interpuesto tras las previas resoluciones judiciales dictadas en relación con la resolución precitada en las que,con estimación parcial del recurso se acordó retrotraer el procedimiento administrativo, por insuficiencia de la memoria ambiental, hasta un momento cronológicamente anterior a la misma, debiendo emitirla nuevamente el órgano ambiental correspondiente, continuando la administración el procedimiento hasta, en su caso, adoptar la resolución que proceda respecto del plan formulado por la entidad promotora.Como consecuencia de lo anterior y tras analizar los presupuestos de la responsabilidad patrimonial se rechaza la misma al no haber quedado acreditados los daños y perjuicios que manifiesta haber sufrido (por daño emergente y por lucro cesante), sean consecuencia de la actuación global administrativa por cuanto la ATE va a continuar con su tramitación,conforme a lo declarado por la Sala
