Resumen: Ha lugar al recurso contencioso administrativo de responsabilidad patrimonial formulada por los daños y perjuicios derivados de la aplicación del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos creado por la Ley 24/2001, de 27 de diciembre. El debate procesal ya ha sido resuelto por la Sala en recursos semejantes, y por aplicación del principio de igualdad en la aplicación de la ley se estima el recurso con sustento en los mismos razonamientos jurídicos de recientes sentencias de la Sala. En consecuencia, la Administración General del Estado deberá indemnizar a la parte recurrente en la cantidad resultante de la aplicación de las bases de la sentencia.
Resumen: La Sala desestima el recurso de casación. Se considera producida la prescripción, al haber transcurrido el plazo de un año previsto en el artículo 67.1 de la LPAC, computado desde el 3 de febrero de 2015 (fecha en la que se publicó en el BOG la STS de 23 de octubre de 2014) hasta la fecha de la reclamación, de 23 de enero de 2017. Siendo ello así porque el citado plazo no puede considerarse interrumpido por la formulación de un recurso de amparo para ante el Tribunal Constitucional, al resultar claros los términos en los que se expresa el artículo 67.1, párrafo segundo, de la LPAC -cuya interpretación se nos reclama-, sin que resulte de aplicación --como día inicial- lo previsto en el párrafo 1 del mismo artículo, que señala que "el derecho a reclamar prescribirá al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifiesto su efecto lesivo". Y debemos ratificar la doctrina contenida en la STS 871/2020, de 24 de junio, y reiterar que el cómputo del plazo de un año, determinante de la responsabilidad patrimonial prevista en el artículo 67.1, párrafo segundo, se inicia en la fecha de la notificación de la sentencia (o, en su caso, desde su publicación, si se hubiera sido parte en el procedimiento de anulación) sin que dicho plazo pueda considerarse demorado, en su inicio, o suspendido, en su trascurso, por una solicitud de revisión de oficio de un acto de aplicación de la norma anulada, o por la formulación de un recurso de amparo.
Resumen: Determinar si, en la regularización efectuada al obligado a realizar pagos a cuenta, corresponde a la Administración tributaria justificar que el sujeto pasivo del IRPF al que se practicó dicho pago no ha tributado por la misma cantidad en su declaración de dicho impuesto, cuando la entidad pagadora tenga la consideración de ser una sociedad compuesta íntegra o mayoritariamente por miembros de una misma familia.
Resumen: La Sala advierte que las dos cuestiones de interés casacional fijadas en el auto de admisión ya han sido resueltas, reproduciendo la doctrina establecida en la sentencia de 14-9-20, rec. 2486/19, primera en la que se abordaron. Así: los mecanismos que permiten dar por cumplido el requisito estipulado en el art. 32.4 de la Ley 40/15, de 1 de octubre, a efectos de instar válidamente la acción de responsabilidad patrimonial prevista en dicho precepto comprenden todas aquellas formas de impugnación que, de una parte, pongan de manifiesto la disconformidad del interesado con el acto administrativo cuestionando la constitucionalidad de la norma aplicada y, de otra, den lugar al control jurisdiccional plasmado en una sentencia firme en la que se valore la constitucionalidad de la norma que después es objeto de pronunciamiento por el Tribunal Constitucional. Y entre estas formas de impugnación se encuentra la solicitud de revisión de oficio de los actos nulos de pleno derecho por responder a la aplicación de una norma que resulta inconstitucional y el correspondiente recurso jurisdiccional, interpuesto contra la resolución administrativa que desestimó un procedimiento de revisión por nulidad de pleno derecho, promovido contra la actuación que ocasionó el daño, que colma el requisito que fija el art. 32.4; en cuanto al plazo del art. 34.1, párr. 2º, de la Ley 40/15, "daños producidos" alude a aquellos incuestionables y definitivos que no están sujetos o pendientes de revisión.
Resumen: Responsabilidad patrimonial por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia. Registro Civil. Se fundamenta la reclamación en el hecho de que el Registro Civil no refleja la real situación de anterior matrimonio, por lo que no tiene derecho a pensión de viudedad. La reclamante sostiene que contrajo segundo matrimonio sin conocer la existencia del primero. La Sala recoge doctrina y jurisprudencia sobre la responsabilidad de la Administración por funcionamiento anormal. En todo caso, el pretendido derecho a la pensión de viudedad en su importe íntegro no podría eludir que, aun en caso de validez de su matrimonio, este derecho, en su cuantía, vendría delimitado por la existencia de otras posibles benefactoras de la pensión de viudedad y atendiendo a la duración del tiempo vivido con el causante. La reclamante pretende incluso mayor cuantía, que si el matrimonio fuera válido.
Resumen: En el presente caso, la entidad recurrente dirige la reclamación de responsabilidad patrimonial frente a la Administración de Justicia y, subsidiariamente, contra el Ministerio del Interior, por los gastos derivados del depósito judicial de vehículos. En relación con la reclamación contra le Ministerio de Justicia, se indica que, esta misma Sala y por la Sección 3ª, se resolvió reclamación contra el Ministerio de Justicia,en sentido desestimatorio; Sección que tiene competencia contra las reclamaciones frente al Ministerio de Justicia, por lo que, en el presente caso, no se analiza. Añade que, en el suplico de la demanda se , solicita que se declare la responsabilidad patrimonial del Ministerio de Interior por los daños ocasionados a la entidad como consecuencia del anormal funcionamiento en la tramitación del expediente gubernativo 2/2007 (y 1/2006). Ha insistido la entidad recurrente en la acumulación de sus pretensiones frente al Ministerio de Justicia, Ministerio del Interior y la Junta de Andalucía, y en que no puede individualizar en la demanda la actuación del Ministerio del Interior. Al respecto declara que, habiendo existido la concurrencia de varias Administraciones y de que la prestación del servicio de depósitos judiciales supone una relación contractual ente la entidad recurrente y la Junta de Andalucía, no formalizada conforme a la legislación de contratos, habiendo sido resuelta la cuestión por sentencia del TSJ de Andalucía, procede la desestimación.
Resumen: En el presente caso, la entidad recurrente solicitó ante el Ministerio de Justicia, Ministerio del Interior y ante la Junta de la Comunidad Autónoma de Andalucía los gastos por el concepto de custodia y depósito de los vehículos intervenidos en procedimientos judiciales. En este recurso se analiza la responsabilidad, por razones de competencia, del Ministerio del Interior. En la sentencia, tras exponer la norma aplicable, así como el expediente gubernativo incoado por la Presidencia de la Audiencia Provincial de Málaga con el fin de solventar la problemática creada durante años en relación con el depósito de vehículos por causas judiciales, indica que la cuestión fue resuelta judicialmente por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, condenando a la Administración al pago de los gastos acreditados en dicho expediente gubernativo y en el citado recurso contencioso-administrativo. Se señala que la actuación de las Fuerzas y Cuerpo de Seguridad del Estado se limitaron a cumplir los mandatos judiciales, por lo que no puede apreciarse funcionamiento anormal del Ministerio del Interior. Además se añade que, se trata de un supuesto de responsabilidad compartida por varias Administraciones, en las que se ha de determinar la responsabilidad de cada una; lo que ha sucedido en relación con la correspondiente a la Junta de Andalucía, que era la competente sobre la materia. Por ello, se desestima el recurso.
Resumen: La Sala desestima el recurso de casación. La Sala Tercera ya ha fijado ya doctrina en relación con la cuestión que suscita interés casacional en el presente recurso. En efecto, en reiteradas sentencias de esta Sala se ha conocido de recursos interpuestos por la misma Corporación Municipal de Marbella suscitando idéntica cuestión. Por ello se está a lo ya declarado, entre otras muchas, en la sentencia 1370/2020, de 21 de octubre, dictada en el recurso de casación 6848/2019. Y teniendo en cuenta que, frente a lo que se alega por la parte recurrida, lo que se cuestiona aquí es el criterio mantenido por la Sala de instancia en cuanto a la prescripción de las reclamaciones basadas en incumplimientos de convenios urbanísticos, como señala el art. 93.1 LJC. En efecto, dicha cuestión, planteada en los mismos términos, ya ha sido examinada por esta Sala en varias sentencias como las de 2 de marzo de 2020 (rec. 2782/2019) y 15 de junio de 2020 (rec. 2968/2019) que recogen el criterio establecido en la sentencia de 20 de enero de 2020, dictada en el recurso 694/2018, a la que se refiere la parte, que constituye jurisprudencia consolidada y que, por lo tanto, ha de mantenerse. En el supuesto de las reclamaciones basadas en el incumplimiento de convenios urbanísticos, el plazo de prescripción de la acción es el establecido con carácter general en el Código Civil para el cumplimiento de las obligaciones.
Resumen: La Sala rechaza en primer lugar la inadmisibilidad alegada por inidoneidad del cauce procesal del artículo 29.1 en base al principio pro actione. El Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática tiene interés legítimo en sostener la acción impugnatoria entablada, al pretender asegurar la participación de sus representados, a nivel nacional, en el Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, donde se debaten cuestiones referidas a su ámbito de actuación profesional. En cuanto al fondo, la disp. final 1ª L 21/2009, establece la obligación del gobierno de proceder en el plazo de 6 meses a la modificación del RD 1029/2002, con el objeto de asegurar una presencia justa y ecuánime de los colegios profesionales en el Consejo Asesor. Pero la pretensión adolece de falta de fundamento, en la medida en que se solicita la modificación del RD 1029/2002 que ha dejado de tener cobertura normativa, al haberse derogado la L 11/1998. De hecho, la disp adic. 5ª LGT (2014) ha modificado la composición del consejo asesor. Además, tampoco concurren los presupuestos para entender que nos encontramos ante inactividad reglamentaria. No concurre el imperativo legal que obligue a dictar el RD para la inclusión en el consejo asesor de representantes de los colegios profesionales en ciernes. Tampoco se genera situación contraria al ordenamiento jurídico, puesto que no priva al colegio accionante de participar en elaboración de disposiciones.
Resumen: La sentencia apelada desestimó el recurso contencioso-administrativo contra la declaración de la incapacidad permanente del recurrente, Guardia Civil, ajena a acto de servicio. El apelante insiste que la lesión sufrida deriva de acto de servicio, en concreto, de la prestación de sus servicios en el Equipo de Delitos Informáticos y Tecnológicos. En la sentencia de apelación, la cuestión se centra en la determinación del nexo causal entre servicio y patología diagnosticada al apelante. Señala que en la sentencia apelada se parte de la no desvirtuación de la presunción de certeza del Informe médico de la Administración, emitido por la Junta Médico Pericial, sobre el trastorno adaptativo del recurrente. En este sentido, hace una valoración conjunta de todos los informes aportados al expediente, y declara que, no puede catalogarse como "acto de servicio", a los efectos de declarar la incapacidad permanente por insuficiencia de condiciones psicofísicas, los trastornos de orden psiquiátrico cuya causa estresante se residencia en vicisitudes propias de la carrera funcionarial o militar a las que puede estar sujeto el interesado, dentro de lo que se configuran como aconteceres propios y normales de su estatuto profesional. Al igual que sucede con la situación de acoso laboral, que tiene sus correctivos en otros procedimientos administrativos, conforme al criterio de la Sala que expone. Por ello, al no existir nexo causal, la enfermedad no tiene origen en acto de servicio.
