• Tipo Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FRANCISCO DE LA PEÑA ELIAS
  • Nº Recurso: 519/2017
  • Fecha: 14/05/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia analiza la cuestión central planteada en el recurso, cual es la localización de los servicios que la entidad actora presta como agencia de servicios mayorista. Señala al respecto que, es cierto y así se admite, que la mercantil recurrente tiene en Canarias su domicilio social, así como locales y personal; no obstante, la actividad que realiza desde Canarias no es la que corresponde a una agencia de viajes mayorista, puesto que las actividades realizadas en Canarias están solo relacionadas con el área de receptivos o de contratación de servicios turísticos en destino; y señala al respecto que las pruebas documentales aportadas por la recurrente confirman esa conclusión por cuanto los correos electrónicos, las llamadas de teléfono realizadas por sus trabajadores, y los contratos con proveedores efectuados por sus directivos, afectan a las actividades turísticas relacionadas con el consumidor final, como es la actividad de confirmación de reservas de habitaciones de hoteles, de visitas turísticas, de guías, de menús para grupos y de excursiones.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: EDUARDO ESPIN TEMPLADO
  • Nº Recurso: 433/2019
  • Fecha: 13/05/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Sanción de suspensión de funciones. Desestima la queja de denegación de prueba en vía administrativa, pues la parte tuvo ocasión de solicitarla en fase judicial, apreciándose que la misma era innecesaria para resolver el pleito. Los retrasos, suspensiones y demás supuestos de tramitación o seguimiento incorrectos que se enumeran en los apartados 2 a 91 del listado de hechos probados son de la suficiente entidad y gravedad como para integrar la falta muy grave por la que se sanciona. En lo que respecta a la reducción del número de causas pendientes, no puede olvidarse que a la magistrada se le había relevado de los nuevos asuntos entrantes en su Juzgado precisamente para que pudiera dedicarse a las macro causas y causas derivadas, todas ellas de especial complejidad, y no puede afirmarse que la reducción de asuntos le exima de la desatención que revelan los hechos declarados probados. La actuación disciplinaria y su corolario sancionador tienen un fundamento objetivo y conforme a la legalidad, sin que se aprecie que ha existido desviación de poder. Ni la Comisión Disciplinaria ni el Pleno del CGPJ son "tribunales" ni resulta aceptable tratar de aplicarles en forma expedita las causas de abstención de la LOPJ, o las garantías del artículo 6 del CEDH. La relación entre la Comisión Disciplinaria y el Pleno no es una relación de subordinación jerárquica, no estando ante un recurso de alzada en sentido propio. No se infringe el principio de proporcionalidad.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANGELES HUET DE SANDE
  • Nº Recurso: 156/2020
  • Fecha: 13/05/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto sobre reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado legislador derivada de la declaración de inconstitucionalidad de algunos preceptos reguladores del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. Pues la STC 59/2017, de 11 de mayo, anula por inconstitucionales los arts. 107.1, 107.2 y 110.4 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, en la medida en que permiten someter a tributación situaciones inexpresivas de capacidad económica por no haberse producido incremento del valor del terreno en la transmisión. Por ello, la recurrente y con fundamento en dicha STC 59/2017, presenta reclamación por responsabilidad patrimonial del Estado porque entiende que la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo confirmó indebidamente las liquidaciones, ocasionándole un daño que no está obligada a soportar ya que las normas que las sustentaban fueron declaradas inconstitucionales. Reclamación que es denegada al no haber quedado acreditado el decremento que se alega por la actora entre la adquisición de la parcela en 2011 y las transmisiones llevadas a cabo en 2014, por las que se le giraron las liquidaciones cuyo montante reclama como indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado legislador.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Valladolid
  • Ponente: ANA MARIA VICTORIA MARTINEZ OLALLA
  • Nº Recurso: 1013/2019
  • Fecha: 12/05/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se desestima el recurso interpuesto y,con ello,la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por la falta de asistencia sanitaria al hijo de los recurrentes lo que provocó su fallecimiento y ello por cuanto que,tras su ingreso en el servicio de urgencias se adoptó la decisión de trasladarlo a la planta de medicina interna en lugar de proceder a su inmediato traslado a la unidad de cuidados intensivos lo que no sucedió hasta el día siguiente y demora ésta que contribuyó,de forma decisiva, en el agravamiento de la enfermedad que padecía,impidiendo su recuperación y determinando,así, su fallecimiento. Se analiza por la Sala la doctrina sobre la pérdida de oportunidad y los presupuestos de la misma y tras el examen de la prueba practicada concluye,con la desestimación del recurso interpuesto atendiendo a la gravedad de la patología orgánica cerebral que padecía el paciente recibiendo,durante años, un tratamiento para su enfermedad correcto y adecuado resultando que,en el momento de ser ingresado padecía un síndrome neuroléptico maligno produciéndose un agravamiento,tras su ingreso,y siendo en todo momento adecuado y correcto, el tratamiento recibido,con la situación clínica que presentaba el paciente,dictándose,en los mismos términos, auto por la audiencia provincial de Palencia, con motivo de la denuncia penal presentada sin que quede acreditada la relación de causalidad necesaria entre,el no ingreso en la UCI, y el fallecimiento del paciente.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: OCTAVIO JUAN HERRERO PINA
  • Nº Recurso: 12/2020
  • Fecha: 12/05/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo declarando la responsabilidad patrimonial del Estado legislador por la aplicación de una norma (art. 14 LOCM) declarada contraria al Derecho de la Unión Europea, debiendo proceder la Administración del Estado a indemnizar a la entidad recurrente en la cantidad de 43.002 euros, ya que ha de tenerse presente que la prohibición general de venta a pérdida que la sentencia del Tribunal de Justicia contempla para apreciar la vulneración del Derecho comunitario, se imputa directa y únicamente a la norma estatal, el art. 14 de la LOCM, y es esa previsión de la norma estatal la que desencadena y permite que la Comunidad Autónoma, pueda ejercitar el "ius puniendi" en relación con las previsiones de la Ley estatal en el marco de sus competencias autonómicas. La cuantificación del daño viene determinada por el importe de las sanciones impuestas y satisfechas, en la medida que la parte no haya obtenido su reparación al margen de esta reclamación, lo que no se ha justificado por la Administración responsable, que se limita a manifestar en la contestación a la demanda la pendencia del proceso de impugnación de una de ellas, sin que a pesar del tiempo transcurrido se haya justificado la estimación de aquella pretensión.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Santa Cruz de Tenerife
  • Ponente: JAIME GUILARTE MARTIN-CALERO
  • Nº Recurso: 79/2021
  • Fecha: 12/05/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia apelada desestima el recurso interpuesto contra la denegación por silencio administrativo de la solicitud interesando la aprobación de la Ordenanza Municipal de Circulación a la que se refiere el artículo 7.b) de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, por el que el Ayuntamiento debe regular "los usos de las vías urbanas, haciendo compatible la equitativa distribución de los aparcamientos entre todos los usuarios con la necesaria fluidez del tráfico rodado. La demanda no se fundamenta en el artículo 29.1 de la Ley de esta Jurisdicción pero si no existiera, el resultado sería el mismo porque, según la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo estamos ante un claro supuesto de inactividad formal normativa cuando la Administración incumple un claro e incondicionado deber legal de dictar normas o disposiciones de carácter general -inactividad reglamentaria-, es decir, la administración ha incumplido de un deber jurídico que viene representado por una actuación de la Administración -por omisión- al margen de las previsiones legales y contribuyendo a que éstas queden sin efecto y, por ello, ante una actuación susceptible de control por los Tribunales.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Oviedo
  • Ponente: JOSE RAMON CHAVES GARCIA
  • Nº Recurso: 106/2021
  • Fecha: 07/05/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia desestima el recurso de apelación, pues la aseguradora era conocedora de la posible condena directa a la responsabilidad directa del municipio. En cuanto el fondo, la responsabilidad extracontractual del Ayuntamiento no se debe al uso que han hecho las peñas del material pirotécnico ni la pirotécnica, pues ciertamente se trata de terceros ajenos a la organización municipal, sino propiamente, a las deficiencias de gestión y coordinación de las actuaciones tendentes a asegurar una celebración armoniosa y pacífica de la fiestas patronales. El Ayuntamiento diseñó "un determinado Plan de seguridad del que no puede sin más desentenderse con su mera aprobación, sino que le corresponde velar por su efectivo cumplimiento y responder de sus eventuales deficiencias o carencias; en el caso, existió una relevante deficiencia en el mismo en la medida que por un lado nada contemplaba en relación a medidas adicionales de seguridad ante una eventualidad como la acontecida (material pirotécnico tapado por lluvia).
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANGELES HUET DE SANDE
  • Nº Recurso: 351/2019
  • Fecha: 06/05/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se estima el recurso contencioso-administrativo en el que las entidades demandantes solicitan la indemnización en concepto de responsabilidad patrimonial del Estado legislador, por incumplimiento del Derecho comunitario, por no haber adoptado el Estado las medidas necesarias para garantizar a los titulares de los derechos de propiedad intelectual la percepción de una compensación equitativa por copia privada durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2017. La Sala se ha pronunciado en diversas sentencias obre reclamaciones de responsabilidad patrimonial del Estado Legislador, también en relación al ejercicio 2017. De esta manera estima el recurso por la falta de actuación normativa del Legislador, que provocó la falta de compensación equitativa por el uso de copia privada, en los años por los que se reclama y, en su consecuencia, procede a la determinación de una cantidad global anual correspondiente.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: OCTAVIO JUAN HERRERO PINA
  • Nº Recurso: 11/2020
  • Fecha: 05/05/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala estima parcialmente el recurso. Ambas partes plantean la cuestión de la Administración responsable en el caso de la responsabilidad patrimonial del Estado legislador por incumplimiento del Derecho de la Unión, en razón de que el perjuicio invocado deriva del ejercicio del "ius puniendi" por la Comunidad Autónoma en el ejercicio de sus competencias y es quien percibe la sanción económica impuesta. Sin embargo y siguiendo el criterio expuesto en numerosas sentencias, como la de 19 de marzo de 2018 (rec. 4777/16) que cita otras sobre la misma materia (incumplimiento del Derecho comunitario en relación con el Impuesto de Sucesiones y Donaciones), con dicho planteamiento no se tiene cuenta que la prohibición general de venta a pérdida que la sentencia del Tribunal de Justicia contempla para apreciar la vulneración del Derecho comunitario, se imputa directa y únicamente a la norma estatal, el art. 14 de la LOCM, y es esa previsión de la norma estatal la que desencadena y permite que la Comunidad Autónoma, pueda ejercitar el " ius puniendi" en relación con las previsiones de la Ley estatal en el marco de sus competencias autonómicas. De manera que el incumplimiento del Derecho comunitario apreciado por el Tribunal de Justicia se atribuye únicamente a la norma estatal, sin ninguna consideración sobre una posible contribución al mismo de la actividad de la Comunidad Autónoma, en el ejercicio de sus competencias, incumplimiento que constituye la imputación de la responsabilidad
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CESAR TOLOSA TRIBIÑO
  • Nº Recurso: 2/2020
  • Fecha: 05/05/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se desestima la demanda para la declaración de error judicial interpuesta contra una sentencia del TSJ de la Comunidad Valenciana. Tras una exposición general sobre la naturaleza y funcionalidad del proceso por error judicial, rechaza el Alto Tribunal que se haya producido un error de cualificada intensidad en el aspecto relativo a la determinación de la superficie de la finca expropiada. La sentencia se pronuncia con claridad sobre la concreta finca en torno a la que gira el debate procesal, no incurriendo en error material alguno desde esta perspectiva. Se descarta que se haya producido en la sentencia un error palmario, incontestable y grosero de tal entidad que dé lugar a la estimación de la demanda. Tampoco se aprecia dicho error judicial ni en la determinación del valor del suelo expropiado ni en la edificabilidad media que había que tomar en consideración. Por último, la falta de motivación o la incongruencia omisiva no son subsumibles en el "error judicial". No es posible, según concluye la Sala, replantear las cuestiones suscitadas en el recurso de casación que fue inadmitido mediante este excepcional cauce procesal.

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