• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE DIAZ DELGADO
  • Nº Recurso: 8296/2019
  • Fecha: 25/03/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: A la pregunta formulada por la Sección Primera, esto es, determinar si, un contribuyente del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que percibe unos ingresos de una persona o entidad que está obligada a practicar la correspondiente retención y el ingreso en la Hacienda Pública puede deducirse las cantidades que debieron ser retenidas e ingresadas cuando, no habiéndose acreditado la práctica de la retención o el ingreso, el perceptor de la renta ostenta el 50 por 100 del capital de la persona o entidad pagadora y es administrador solidario de la misma, la Sección de Enjuiciamiento responde que un contribuyente del IRPF que percibe unos ingresos de una persona o entidad que está obligada a practicar la correspondiente retención y el ingreso en la Hacienda Pública puede deducirse las cantidades que debieron ser retenidas e ingresadas. Ciertamente, en el presente caso, los recurrentes eran partícipes del 50 por 100 del capital y administradores solidarios de la entidad que debió retener y no lo hizo, lo que podría haber supuesto, en su caso, la derivación de la responsabilidad a los mismos, pero ello no empece a que, como sostienen los recurrentes, retenedor y perceptores tengan distinta personalidad. Se estima, así, el presente recurso de casación.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Murcia
  • Ponente: FRANCISCO JOSE CARRILLO VINADER
  • Nº Recurso: 1695/2019
  • Fecha: 25/03/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se solicita el cumplimiento del contrato de permuta celebrado donde la actora entregaba una finca de su propiedad a la demandada, y esta entregaba una cantidad de dinero y se comprometía a entregar en dos años, un ático, un piso y otra cantidad en efectivo, lo que no ha realizado. Estimada la demanda recurre la demandada, alegando incongruencia omisiva al no haberse dado respuesta a los hechos alegados por la misma. La incongruencia omisiva se produce cuando el órgano judicial deja sin respuesta alguna de las cuestiones planteadas por las partes, siempre que no quepa interpretar razonablemente el silencio judicial como una desestimación tácita. Para su estimación, es preciso que se haya realizado previamente la petición de subsanación de la omisión lo que no se ha producido, por lo que no cabe su examen en la alzada, pero asimismo, la sentencia ha rechazado tales alegaciones al menos de forma tacita, tanto el abuso de derecho, hecho alegado tangencialmente en la contestación, como a las demás pretensiones. Alega asimismo que existió un acto de conciliación en el año 2009 a instancia de la demandante, en el que se interesaba la resolución del contrato de permuta, por lo que no cabría la actual pretensión de cumplimiento del contrato, lo que se rechaza pues en la conciliación no se renunciaba al ejercicio de la acción de cumplimiento, sino que se pretendía buscar soluciones a la situación creada por la constructora, solicitándose también el cumplimiento in natura del contrato.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: WENCESLAO FRANCISCO OLEA GODOY
  • Nº Recurso: 1292/2020
  • Fecha: 24/03/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: A la cuestión sobre la que se entiende existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consistente en determinar si resultan indemnizables, en el marco de un procedimiento de reclamación de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, los gastos de defensa jurídica asumidos por el expropiado durante el procedimiento expropiatorio que finalizó por el desistimiento del beneficiario de la expropiación; el TS responde que, con carácter general, no pueden estimarse como daño indemnizable, a los efectos de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas, tales gastos. Y ello por cuanto el asesoramiento o defensa jurídica en los procedimientos administrativos no es necesario (aunque pueda ser conveniente) dado que en éstos, a diferencia de lo que ocurre en los procesos judiciales, no existe una confrontación de partes enfrentadas por intereses que deben ventilarse en el mismo, sino que en su tramitación deben protegerse todos los derechos, protección que se encomienda a la Administración responsable de la tramitación del procedimiento. Recuerda el TS que el procedimiento administrativo constituye un mecanismo necesario para la adopción de los actos administrativos y, en su tramitación, es la propia Administración pública la que asume, como le viene impuesto, la defensa de todos los derechos e intereses que se ven afectados por el acto administrativo que se pretende adoptar con dicho procedimiento
  • Tipo Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FATIMA BLANCA DE LA CRUZ MERA
  • Nº Recurso: 61/2019
  • Fecha: 24/03/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: En el presente caso, el recurrente impugna la desestimación presunta de su reclamación formulada el 14 de marzo de 2017 en concepto de responsabilidad patrimonial por la deficiente actuación de la DGT en relación con la solicitud de renovación del permiso de conducción, cita con los servicios médicos y autorización temporal durante su tramitación, efectuada en las dependencias de aquel organismo el día 9 de marzo anterior. En la sentencia se expone la normativa reguladora de la concesión de los permisos y licencias de conducción y los requisitos exigidos para ello, de la que se desprende que, para su obtención, la autorización queda condicionada a la verificación de que los conductores reúnen los requisitos de aptitud psicofísica y los conocimientos, habilidades, aptitudes y comportamientos exigidos para su obtención que se determinan en este reglamento; al igual que sucede con la solicitud de autorización temporal del permiso. Por ello, analizando lo sucedido en el presente caso, considera que la DGT no actuara o que lo hiciera de forma indebida o injustificada ante la solicitud y numerosas quejas formuladas por el recurrente, pues antes al contrario, el mismo día de aquélla -9 de marzo de 2017- ya le citó a acudir a un centro médico al objeto de determinar las aptitudes psicofísicas para realizar la prórroga de la vigencia del permiso de conducción, obedeciendo a su falta de asistencia el que el reconocimiento correspondiente no se llevara a cabo. Por ello, desestima.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: RAFAEL FERNANDEZ VALVERDE
  • Nº Recurso: 357/2019
  • Fecha: 24/03/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se reitera la doctrina de la Sala a partir de la STS de 3 de octubre de 2019 (RC 262/18) fundada en la STC 59/2017, de 11 de mayo, que declaró inconstitucionales los artículos 107.1 y 107.2 a) del TRLHL en cuanto someten a tributación situaciones de inexistencia de incremento de valor en concepto de IIVTNU (Plusvalía). Por tanto, la acción de responsabilidad reposa sobre una cuestión probatoria, en cuanto se ha de acreditar la minusvalía patrimonial derivada de la transmisión del inmueble. Que no es lo que ocurre en el presente caso, pues el obligado tributario no ha aportado los elementos de prueba suficientes para entender acreditada la existencia de un decremento y minusvaloración patrimonial entre el momento de la adquisición y el de la transmisión del inmueble, falta o ausencia de acreditación de la minusvalía, o decremento, del valor que hace inviable su reclamación resarcitoria. En este sentido, no se han desvirtuado los valores que constan en la escritura de transmisión del inmueble: la presunción probatoria que se deduce de la escritura pública requería de una actividad probatoria de la recurrente, que no puede limitarse a esgrimir los valores escriturados, sino que venía obligada a contrastar que los valores de mercado expresados por el sujeto pasivo en la escritura de transmisión, eran realmente los valores de mercado correspondientes a la concreta finca. Por lo expuesto, se desestima el recurso contencioso-administrativo.
  • Tipo Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JESUS NICOLAS GARCIA PAREDES
  • Nº Recurso: 2229/2019
  • Fecha: 24/03/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La recurrente mantiene la falta de motivación de la desestimación de su solicitud de suspensión de su inhabilitación, que le permitiría solicitar una nueva HPS. En la sentencia, tras exponer la normativa aplicable, que, siendo firme la resolución por la que se inhabilitó a la recurrente, el objeto del recurso se ha de centrar en la procedencia o no de la denegación de la solicitud de suspensión de dicha inhabilitación. Declara que la resolución está motivada al remitirse al informe emitido por la Administración, por lo que existe la motivación "in aliunde". Añade que, la resolución de denegación de HPS no hacía mención alguna, efectivamente, al esposo de la recurrente, pues se fundaba, como así reconocen las partes, en los motivos 6 b) y 6p) de las Normas NS/02, es decir, "La colaboración o relación, de forma interesada o inconsciente, con un servicio de inteligencia o gobierno extranjero que pueda constituir una amenaza para la seguridad de España, de la OTAN, de la Unión Europea o de sus Estados Miembros o de otros aliados del Reino de España. Quedan excluidas las relaciones autorizadas de carácter oficial" y "La falta de fiabilidad". Por ello, la concesión de la HPS no es un derecho del interesado de la misma, sino un reconocimiento de las condiciones de seguridad presentes en una persona y su entorno, y supone por tanto, una determinación explícita de la confianza del Estado en dicho individuo en el aspecto de su posible acceso a información clasificada.
  • Tipo Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JESUS NICOLAS GARCIA PAREDES
  • Nº Recurso: 39/2020
  • Fecha: 24/03/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: En el presente caso, el recurrente discute el importe de la indemnización a percibir como consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración, debido a la anulación de la resolución administrativa que no le declaró apto en unas pruebas selectivas. En la sentencia, tras exponer la normativa aplicable, y los criterios jurisprudenciales que interpretan el concepto de daño y reparación integral del mismo, por el tiempo que careció de la condición de Guardia Civil, analiza los conceptos indemnizados, y declara que en los supuestos en los que, como en el presente, se aplica el criterio de reconocimiento de una indemnización en la cuantía de 10 euros diarios por cada uno de los días que permaneció indebidamente excluido de la función pública, el reconocimiento del abono de la cantidad resultante de dicho parámetro cuantitativo, incluye el daño moral. Por ello, considera que con las cantidades reconocidas el recurrente ha sido reparado íntegramente, por lo que se desestima el recurso.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Coruña (A)
  • Ponente: MARIA AMALIA BOLAÑO PIÑEIRO
  • Nº Recurso: 256/2018
  • Fecha: 24/03/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se pide con carácter definitivo el derecho a la asistencia jurídica gratuita en toda su extensión y en relación a un incidente de nulidad de actuaciones, que desestimado llegó hasta el amparo ante el TC. Fruto de la tramitación ante el TC, la recurrente abonó al procurador designado cantidades para tramitación documental que nunca debieron ser exigidas por su procurador. Ahora pretende la recurrente el rembolso de dichas cantidades mas daños morales, algo que nada tiene que ver con el procedimiento que estaba cubierto con la designación del abogado y procurador de oficio. Efectivamente el reconocimiento al derecho a la asistencia jurídica gratuita comprende el derecho a obtener copias de los documentos que integran el procedimiento. Los excesos en que hayan incurrido sus asistentes jurídicos designados no son parte del derecho concedido a la asistencia gratuita, sino irregularidades en el desmpeño de la labor asignada, que no tienen porque ser sufrajados por la administración.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CESAR TOLOSA TRIBIÑO
  • Nº Recurso: 15/2020
  • Fecha: 24/03/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se inadmite la demanda de error judicial. La sala razona que en este caso, el error se imputa a una sentencia ya firme dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3 de Cádiz, que debe considerarse dictada en instancia única, por cuanto que, atendida la cuantía de la cantidad reclamada en el pleito, es claro que contra ella no cabía recurso de apelación; y tampoco cabía recurso de casación al tratarse en cuanto interesa de una sentencia desestimatoria, no susceptible de extensión de efectos (arts. 86 y 110 de la Ley Jurisdiccional 29/1998). Así las cosas, la parte, antes de formular esta demanda de error judicial, debió haber promovido el imprescindible incidente de nulidad de actuaciones; lo que no hizo. Debiendo recordarse la doctrina jurisprudencial que ha declarado de forma constante que conforme al art. 293.1 f) LOPJ, en el proceso de declaración de error judicial no procede la demanda en tanto no se hayan agotado previamente los recursos previstos en el ordenamiento contra la resolución judicial a la que se imputa el error en cuestión; siendo criterio consolidado de la Sala que el requisito de haber agotado tales recursos incluye el incidente de nulidad de actuaciones, dado que iniciar un procedimiento específicamente destinado a declarar el error judicial no tiene sentido cuando la equivocada apreciación de los hechos o aplicación del derecho puede aún ser remediada dentro del proceso.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CESAR TOLOSA TRIBIÑO
  • Nº Recurso: 911/2016
  • Fecha: 23/03/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: En aplicación de la reiterada doctrina de la Sala Tercera se condena a la Administración General del Estado a indemnizar a la parte recurrente en la cantidad reclamada en el presente recurso. De esta cantidad únicamente podrán restarse los importes ya abonados por aquélla por los ejercicios reclamados, cuando al momento de efectuarse el pago de la indemnización por responsabilidad patrimonial la mercantil recurrente ya hubiera percibido lo reclamado, en su caso, en concepto de devolución de ingresos indebidos o por las devoluciones del tramo autonómico respecto del gasóleo profesional derivadas del referido impuesto. Se deben abonar asimismo los intereses legales de la cantidad reclamada, una vez restados, en su caso, los importes recibidos en concepto de devolución de ingresos indebidos o respecto del gasóleo profesional, desde el día de la presentación de la reclamación por responsabilidad patrimonial hasta la fecha de notificación de la sentencia. Como en todos los anteriores ya resueltos, no procede reconocer a la parte recurrente intereses distintos de los legales y con una fecha anterior a la del día de la presentación de la reclamación de responsabilidad patrimonial.

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