Resumen: En el presente caso, se solicita una indemnización por funcionamiento anormal de la Administración penitenciaria, por los daños físicos ocasionados a la recurrente por un interno en Centro Penitenciario, que se encontraba disfrutando de un permiso penitenciario, que la agredió; conducta por la que fue condenado por un delito de lesiones y al abono de una indemnización en favor de la recurrente. En la sentencia, tras exponer la normativa aplicable y los criterios jurisprudenciales que la interpretan, analiza los hechos acontecidos y trae a colación la jurisprudencia sobre los deberes sociales en relación con la reintegración social de los internos en Centros Penitenciarios. De los hechos que expone, declara que no se aprecia que por parte de la Administración demandada haya existido una actuación anormal, pues el permiso fue autorizado respetando el procedimiento legal para ello. Por otra parte, no extrae la existencia de un nexo causal entre la actuación administrativa y la conducta del interno fuera del establecimiento penitenciario. Por ello, desestima el recurso.
Resumen: En el presente caso, se solicita una indemnización por los daños derivados de la exclusión indebida de la tercera fase de oposición para el acceso al Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciaria, por el concepto de retribuciones dejadas de percibir, así como las consecuencias administrativas derivadas de ello, y cuya exclusión fue declarada nula por sentencia firme. En la sentencia se expone la jurisprudencia sobre los requisitos de la responsabilidad patrimonial y los supuestos que dan lugar a su viabilidad. Señala que, conforme a dichos criterios, la nulidad de la resolución administrativa, por sí sola, no es elemento suficiente para exigirla, y más, cuando con posterioridad el recurrente ingresó en el Cuerpo al que opositó. Declara que en relación con las retribuciones reclamadas, al no haberse realizado servicio alguno, no procede su retribución, pues la resolución del Tribunal Calificador sobre la respuesta a una de las preguntas del test, era una cuestión jurídica, por lo que no puede predicarse de dicha resolución que fuera arbitraria o irracional, por lo que no era antijurídica. Por ello, desestima el recurso. .
Resumen: Multa por la comisión de una falta grave de realización de una actividad sin obtener la previa autorización de compatibilidad. Desestimación del recurso. No se estima la caducidad alegada, pues no se puede incluir, como pretende la parte recurrente, el plazo empleado en la resolución del recurso de alzada interpuesto. No hay un derecho absoluto a obtener la compatibilidad, pues está subordinado a su autorización por el Consejo General del Poder Judicial, que es el que "podrá" valorar las circunstancias concurrentes para su concesión de o denegación. Se sanciona por el ejercicio de una actividad sin la previa y expresa autorización de compatibilidad, por lo que no resulta trascendente a estos efectos la circunstancia de valoración o no de la afectación del servicio. La sanción impuesta no ha infringido la exigencia de culpabilidad, dado que el recurrente era conocedor de que no podía iniciar el ejercicio de la docencia sin contar con la previa compatibilidad.
Resumen: Sanción de suspensión de funciones por el retraso en el desempeño de la función judicial. Desestimación del recurso contencioso-administrativo. Ha quedado acredito un retraso reiterado en el dictado de sentencias, sin que pueda considerarse justificado a la vista de los elementos y circunstancias concurrentes, máxime cuando en un proceso como el laboral, el principio de concentración supone que la actividad del Juez se condense en la celebración de juicios y dictado de sentencias. Ha quedado desvirtuado el principio de presunción de inocencia, al haber existido una prueba de cargo suficiente, que ha constatado la realidad fáctica determinante de la imposición de la sanción.
Resumen: La Sala desestima el recurso. La Administración sanitaria -cuyos facultativos realizan correcta y adecuadamente una intervención quirúrgica de conformidad con la lex artis- no debe responder de las lesiones causadas a un paciente como consecuencia de la utilización de un producto sanitario defectuoso, cuya toxicidad se descubre y alerta con posterioridad a su utilización, previamente autorizada por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, debiendo la responsabilidad recaer en el productor o, en su caso, en la Administración con competencias para autorizar y vigilar los medicamentos y productos sanitarios, de concurrir las concretas circunstancias necesarias para ello. Ningún título de imputación de la responsabilidad patrimonial permite exigir esta del Servicio... de Salud, bien por algún incumplimiento de las obligaciones derivadas de la legislación de contratos públicos, o bien por la omisión del algún control del producto al que estuviera obligado.
Resumen: Se solicita responsabilidad patrimonial por deficiente asistencia sanitaria prestada en el HOSPITAL de Zaragoza, donde fue atendido por primera vez en el Servicio de Urgencias el 26 de noviembre de 2014, tras la cual le fue realizada una colonoscopia en el Servicio de Digestivo con diagnóstico de carcinoma de recto. Tras el tratamiento correspondiente el paciente falleció el 7 de diciembre de 2015. Considera la parte actora que el acto médico de diagnóstico continuado de hemorroides no fue conforme con la técnica normal requerida, y que es plausible que la recidiva tumoral se debiera asimismo al retraso en el diagnóstico. La Sala sin embargo cita los informes que constan que ninguno estima que existiese responsabilidad, ni demora, y tampoco lo considera el Consejo Consultivo. Por último el inicial informe de la Dra. Fidela (IMLA) ratifica que la asistencia prestada al paciente desde las visitas y consultas a partir de octubre-noviembre de 2014 fue correcta conforme al primer diagnóstico de hemorroides, modificado en un tiempo razonable pues fue derivado a los Servicios de Digestivo y de Cirugía, y le fueron realizados la colonoscopia y el TAC 11 y 19 días después de la cita con Cirugía General (4 de diciembre de 2014). Tras el resultado desfavorable de las pruebas fue ingresado y programada la intervención, indicando que no hubo recidiva del cáncer de próstata operado en el año 2009, sin relación con el cáncer de recto intervenido en enero de 2015.
Resumen: No ha lugar al recurso de casación interpuesto por la Generalidad de Cataluña contra sentencia que, estimando el recurso contencioso administrativo, reconoció a un Mosso de Escuadra el derecho a la indemnización, reconocido en vía penal, por las lesiones sufridas en una intervención efectuada en su condición de funcionario público, cuyo condenado a satisfacerla fue declarado insolvente por el mismo Juzgado de lo penal. El TS reitera su doctrina: las lesiones y perjuicios sufridos por los agentes de policía como consecuencia de acciones ilícitas de las personas sobre las que ejercen, sin dolo o negligencia por su parte, las funciones que son propias de su cargo deben ser resarcidos por la Administración, mediante el principio del resarcimiento o de indemnidad, principio general que rige para los empleados públicos.
Resumen: Responsabilidad patrimonial por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia. Dilaciones indebidas. Retraso en la resolución de incidente de nulidad de actuaciones. La Sala recoge doctrina y jurisprudencia sobre la responsabilidad, así como sobre las dilaciones indebidas. Se examina el caso concreto, valorando que se trataba de un incidente de nulidad de actuaciones respecto de una cuestión que estaba ya resuelta por decisión firme, lo que no provoca cambio significativo en la esfera de intereses del afectado. Las decisiones firmes anteriores provocan que el daño alegado se desdibuje y quede reducido a una demora en la respuesta sin consecuencias relevantes. Se afirma que el auto tardío no aportó nada nuevo reiterando una previa decisión firme.
Resumen: En relación con la alegación de prescripción del ejercicio 2005, en la sentencia se analiza las dilaciones habidas en dicho procedimiento, y declara que, está prescrito el derecho a liquidar el ejercicio 2005, porque el procedimiento inspector no interrumpió el plazo de prescripción, dado que tuvo una duración excesiva, puesto que no se puede computar las dilaciones, salvo las que proceden de solicitud de aplazamiento (7 días), porque no se ha motivado y justificado por la liquidación las circunstancias concurrentes en cada una de ellas, ni la documentación requerida y no aportada, ni, en fin, la afectación de las mismas al normal desarrollo de las actuaciones; exceso de 26 días que produce la prescripción. En relación con la deducción de los beneficios extraordinarios, se aborda, en primer lugar, la alegación sobre el cambio de criterio del TEAR y del TEAC, sin embargo, se declara que el criterio del TEAC responde a la impugnación de la resolución del TEAR, no respondiendo a un capricho, sino la respuesta a una de las cuestiones planteadas y que el TEAC revisa, sin que se haya producido una extralimitación como invoca la entidad. En cuanto la deducción por reinversión, tras indicar la finalidad y los requisitos exigidos por la norma tributaria, declara que, no ha existido reinversión, pues el activo en el que se materializa, participaciones en ampliación de capital de otra entidad, se destinó al pago de participaciones de otra sociedad.
Resumen: Se desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por responsabilidad patrimonial del Estado legislador al no apreciarse la exigencia esencial para el reconocimiento de responsabilidad patrimonial del Estado legislador en un caso como el de autos, pues el Impuesto del incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana grava el incremento de valor que experimenten dichos terrenos y se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier título o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos (art. 104.1 del TRLHL).Por tanto, es la inexistencia de ese incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana lo que ha de acreditar, como exigencia esencial, quien, en un caso como el de autos, solicita la declaración de responsabilidad patrimonial del Estado legislador como consecuencia de la inconstitucionalidad de los arts. 107.1, 107.2.a) y 110.4 de ese Texto Refundido. A esa conclusión nos conducen los siguientes elementos de juicio: i) las alegaciones de la actora en su escrito inicial de demanda. ii) el dictamen pericial aportado por la actora al expediente administrativo, ni otros análisis, métodos de esa naturaleza que demostrarán a su vez, desde la exigible comparación, un decremento de aquel valor del suelo al tiempo de la transmisión.
