Resumen: Demanda contra dos ayuntamientos en ejercicio de la acción directa del art. 1597 CC por parte del subcontratista. La sentencia de primera instancia estimó la demanda respecto de uno de los ayuntamientos pero la desestimó respecto del otro. La audiencia redujo la cantidad a abonar por el ayuntamiento condenado. Recurre el demandante en casación y en infracción procesal. La sala estima el segundo de los recursos al entender que se ha producido un error patente en la valoración probatoria, inmediatamente verificable y que, además, resultó relevante para sustentar la decisión de la audiencia. Anulada la sentencia, la sala asume la instancia, aplica la jurisprudencia de la sala sobre la acción directa en los contratos de obra pública anteriores a la Ley 24/2011 y declara que la Audiencia Provincial, al afirmar que la novena certificación de obra se pagó con anterioridad al requerimiento notarial, yerra pues el mencionado requerimiento se practicó el 29 de enero de 2010 y la notificación de la cesión de la meritada certificación no se hizo hasta el 4 de febrero siguiente, por lo que el pago no pudo ser liberatorio para el ayuntamiento respecto del cual la condena lo fue en su integridad. La consecuencia de ello es la ratificación de la desestimación de las apelaciones del demandante y de uno de los ayuntamientos demandados así como la desestimación del recurso del otro ayuntamiento, que supone la confirmación de la sentencia de primera instancia.
Resumen: No ha lugar al recurso contencioso administrativo deducido contra Acuerdo del Consejo de Ministros sobre responsabilidad patrimonial formuladas por los daños y perjuicios derivados de la aplicación del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos, pues no existe factura, tique o documento equivalente que, efectivamente, acredite que sí se produjeron los pagos que asevera haber realizado. El recurrente no solicitó la ampliación del expediente administrativo en el momento procesal oportuno ni, en su demanda, previa vista del expediente y de sus posibles ausencias documentales, consideró oportuno acompañar copias de las facturas, duplicados o documentos equivalentes que acreditaran los desembolsos realizados. La Sala no cuenta con más documentación que la que obra en el expediente administrativo, que no sirve para acreditar el daño efectivo padecido por la parte recurrente
Resumen: La prescripción de la obligación del pagador de ingresar en el Tesoro, en concepto de pago a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el importe correspondiente al perceptor, es oponible por el sujeto pasivo del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, -obligado tributario principal-, cuando se ve sometido a un procedimiento de inspección. La circunstancia de haber sido el perceptor -obligado tributario principal- administrador único de la sociedad que debió haber practicado el ingreso a cuenta (y que no se practicó por causa imputable a esa sociedad obligada a realizar tal ingreso a cuenta), resulta indiferente a efectos de que dicho obligado tributario principal pueda deducirse de la cuota, la cantidad que debió ser ingresada en el Tesoro.
Resumen: La cuestión de interés casacional objetivo consiste en determinar si puede imputarse al consumidor el coste del cambio de contador del gas en caso de que sea necesario sustituirlo por haber sido manipulado. El artículo 49.2 del Real Decreto 1434/2002 dispone que en caso de alquiler de los equipos de medida la empresa distribuidora "(...) procederá a la instalación de los mismos no pudiendo exigir cantidad alguna por ello". Se trata de una regla general que, al no contemplar excepciones, debe considerarse aplicable en todo caso, también en el supuesto de manipulación de contadores al que se refiere la controversia. El art 62 RD 1434/2002 contempla el caso de fraude, pero no hace referencia al coste de sustitución de los contadores, por lo que tampoco en los casos de fraude podrá la empresa distribuidora exigir cantidad alguna por la instalación de un nuevo contador. Por consiguiente haría falta una reforma normativa que previera esta imputación. De forma que, la regulación vigente, tratándose de equipos de medida de combustibles gaseosos alquilados por el consumidor a la empresa distribuidora, no cabe imputar al consumidor/usuario el coste de instalación o sustitución del equipo de medida, ni aun en el caso de que la sustitución venga exigida por una manipulación del contador del gas.
Resumen: Acción directa contra el Estado-Juez por dolo o culpa grave de magistrados. Desestimación. La Administración General del Estado podrá obtener el reembolso de las indemnizaciones que haya debido satisfacer por error judicial o por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, reclamándoselas al Juez o Magistrado causante del daño, quedando esta posibilidad limitada a los supuestos de dolo o culpa grave del Juez o Magistrado, no a aquéllos otros en que su comportamiento no fuera culposo o lo fuera levemente. El problema subyacente es quién puede y debe declarar el dolo o la culpa grave que son presupuesto indispensable para la repetición de lo pagado, y el art. 296.2 LOPJ contempla dos posibilidades: que se declare en sentencia o que se reconozca "en resolución dictada por el Consejo General del Poder Judicial conforme al procedimiento que éste determine"; mientras que la primera posibilidad no es problemática, la segunda no está exenta de sombra, siendo jurisprudencia clara y constante que el CGPJ no puede controlar directa o indirectamente las actuaciones de naturaleza jurisdiccional. El art. 296.2 LOPJ no permite a quien se considera perjudicado por la actuación de un Juez o Magistrado dirigirse al CGPJ, para que sea éste el que declare la existencia del daño y reconozca el derecho a indemnización.
Resumen: La Sala señala que el supuesto examinado no presenta peculiaridad algina por la que el criterio jurisprudencial ya fijado en la STS de 15 de noviembre de 2019 (recurso de casación núm. 42/2018), requiera matización, se considera que los funcionarios de carrera que acceden a puestos provistos por el sistema de libre designación desempeñan funciones propias de su específica competencia funcionarial, si bien la confianza es consustancial a esa clase de puestos -es precisamente lo que justifica que no sean provistos según criterios objetivos y reglados-, el cese en los mismos puede afectar a la reputación y a las expectativas de carrera de los funcionarios que los ocupan. De aquí que éstos tengan derecho a que la Administración manifieste las verdaderas razones de su decisión, que no por ello deja de ser libre en cuanto al fondo y en virtud de esta doctrina, se estima el recurso.
Resumen: La Sala propone a examen si el derecho al cobro del importe de las unidades de obra ejecutadas al margen del contrato y sin mediar modificado alguno, que se reconoce en aplicación del principio de enriquecimiento injusto, tiene naturaleza indemnizatoria o es precio del contrato; y si a los intereses de demora que genera le es de aplicación la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
Resumen: Se apela la sentencia que desestima el recurso contencioso-administrativo contra la desestimación de la reclamación patrimonial de indemnización por los daños y perjuicios ocasionados, derivados de las lesiones sufridas por el recurrente en acto de servicio, cuando viajaba como ocupante de un vehículo militar que circulaba por la carretera CC-2222, ubicada dentro del Campo de Adiestramiento de la Sierra del Rentín, en Barbate (Cádiz), y dicho vehículo se salió de la carretera. En la sentencia de apelación se parte del criterio jurisprudencial sobre las lesiones sufridas por militares en acto de servicio, y que considera que dichos riesgos están incluidos en el deber de soportar los mismos, desde al ámbito profesional, existiendo otras vías reparadoras del daño causado, siendo compatibles las pensiones a que ello dieran lugar (ordinarias y extraordinarias). Sobre la baremación utilizada señala que tiene carácter orientativo, conforme al criterio de la Sección. En relación con la reparación integral del daño, señala que el recurrente no ha sufrido merma en la percepción de sus haberes mientras estuvo de baja laboral, recibiendo las prestaciones sanitarias correspondientes. En este sentido, declara que el recurrente ha sido reparado del daño sufrido. Por ello, desestima el recurso de apelación, confirmando la sentencia apelada, que recoge, por otro lado, los criterios de la Sección sobre la materia.
Resumen: Recapitula los precedentes que han incidido en la cuestión, destacando como, a consecuencia de la STJUE de 9-6-16 (C-470/14) -en la que se decretó que el art. 5.2.b) de la Directiva 2001/29 se oponía a un sistema de compensación de la copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado- se dictaron la STS de 10-11-16 (que anuló el RD 1657/2012, de 7 de diciembre) y las SSAN (que anularon las sucesivas órdenes ministeriales encaminadas a fijar el importe de la compensación equitativa de los años 2012 a 2015), consecuencia de lo cual se dictaría el RDL 12/2017, de 3 de julio, y por lo que, desde la STJUE de 9-6-16 hasta el 1-8-17 nuestro país no contó con norma alguna destinada a la regulación de la financiación de la compensación equitativa por copia privada. Resuelve después las cuestiones suscitadas, sustancialmente coincidentes con las de otros recursos señalados para la misma fecha, razonando el rechazo del efecto positivo de la cosa juzgada material alegado por el recurrido respecto de la STS de 19 de abril de 2017 (RCA 1/2014) y la concurrencia de los presupuestos para declarar la existencia de responsabilidad patrimonial del Estado legislador, consecuencia de la omisión normativa referida, señalando: la improcedencia del requisito del art. 32.5 de la LSP, que la Directiva 2001/29 sí confería derechos a los particulares, la relación causal entre la omisión normativa y el daño sufrido y la existencia de una infracción suficientemente caracterizada.
Resumen: Se plantea, en primer lugar, frente a la liquidación practicada, la aplicación o no del Reglamento sobre Agentes de Jugadores, aprobado por la FIFA, a los efectos de la devolución de cuotas soportadas por IVA, derivados de las prestaciones realizadas por dichos agentes, pues la actora considera que se trata de meros intermediarios cuyos servicios de mediación ha contratado con el club, independientemente de que el juzgador resulte beneficiado. En la sentencia se parte de la definición del contrato de mediación en el CC y su interpretación jurisprudencial, y sus diferencias con el mandato, y concluye que son servicios prestados al jugador, y, por ello, sujetos al IVA. Así, confirma la aplicación del citado Reglamento, en cuanto completa el marco normativo fiscal. Por otra parte, confirma la facultad de la Administración de calificar el contrato conforme a las circunstancias y características de las condiciones pactadas. En relación con la valoración de los hechos, declara que no infringe el artículo 108.2 de la LGT. Se rechaza la infracción de la doctrina sobre los actos propios, al no existir una acto previo concluyente de la Administración sobre la concreta cuestión. Considera que no se han infringido los principios de seguridad jurídica de neutralidad ni el enriquecimiento injusto. Por último, confirma la sanción, al estar motivado el acuerdo sancionador y la culpabilidad.
