Resumen: Auto de admisión. Determinar si la solicitud de abono del importe satisfecho en liquidaciones del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, giradas al amparo de normas urbanísticas que han sido declaradas nulas, puede instarse a la Administración correspondiente con fundamento en su responsabilidad patrimonial. Interpretación: los artículos 32.1 y 2, 33 y 34 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Resumen: Se desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto en materia de reclamación de responsabilidad patrimonial derivada de la aplicación de la normativa estatal del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, contraria al Derecho de la Unión Europea, según sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 3 de septiembre de 2014, asunto C-127/12. Las cuestiones que se suscitan en este recurso han sido examinadas y resueltas en tres recientes sentencias de esta Sala de 25 de febrero de 2021, dictadas en los recursos 53/2020, 54/2020 y 139/2020, cuya doctrina es perfectamente aplicable al caso y en las que se señalaron que el dies a quo del plazo de prescripción establecido en el art. 67 de la LPAC es la fecha de publicación de la STUE de 3 de septiembre de 2014 en el DOUE de 10 de noviembre de 2014, de modo que la reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado legislador formulada por el recurrente el 11 de septiembre de 2019 resultaba extemporánea, lo que lleva a confirmar el acuerdo del Consejo de Ministros impugnado en cuanto apreció la inadmisibilidad de la misma por extemporánea.
Resumen: Se desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto en materia de reclamación de responsabilidad patrimonial derivada de la aplicación de la normativa estatal del Impuesto de sucesiones y donaciones, contraria al Derecho de la Unión Europea, según sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 3 de septiembre de 2014, asunto C-127/12. Las cuestiones que se suscitan en este recurso han sido examinadas y resueltas en tres recientes sentencias de esta Sala de 25 de febrero de 2021, dictadas en los recursos 53/2020, 54/2020 y 139/2020, cuya doctrina es perfectamente aplicable al caso y en las que se señalaron que el dies a quo del plazo de prescripción establecido en el art. 67 de la LPAC es la fecha de publicación de la STUE de 3 de septiembre de 2014 en el DOUE de 10 de noviembre de 2014, de modo que la reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado legislador formulada por el recurrente el 11 de diciembre de 2019 resultaba extemporánea, lo que lleva a confirmar el acuerdo del Consejo de Ministros impugnado en cuanto apreció la inadmisibilidad de la misma por extemporánea.
Resumen: Se desestima el recurso de apelación interpuesto confirmando la sentencia desestimatoria de la instancia y,con ello,de la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por los daños sufridos debido a la limitación singular de restricción de la edificabilidad en el inmueble titularidad del recurrente. Y todo ello por cuanto que el recurrente solicitó,en su día,licencia de obras para la demolición del edificio,solicitud que le fue denegada por acuerdo municipal confirmado judicialmente al considerar que la parcela en cuestión está situada en suelo urbano con la calificación de Casco Antiguo 2.Que por ello el recurrente reclamó ante el Ayuntamiento ante los perjuicios que le ocasionaba tener que conservar y mantener el edificio en las condiciones que tenía, planta baja y planta piso, y no poder aprovechar la edificabilidad reconocida en las NNSS que permiten 5 plantas.Se desestima el recurso interpuesto rechazando,el nexo causal necesario habida cuenta que el daño que se reclama dimana de la aprobación efectuada por el Consell Insular de Ibiza.Y todo ello sin que el hecho de que el Ayuntamiento fuera el competente para tramitar la licencia de obras altere dicha cuestión. Se confirma la declaración de la instancia rechazando las causas de inadmisibilidad alegadas y ello al no ser la administración,contra la que se dirige el recurso, la responsable de la limitación impuesta por el Consell insular, no concurriendo el nexo causal necesario.
Resumen: Archivo de diligencia informativa. Desestimación, por falta de legitimación del recurrente, ya que lo que pretende es que se aplique la responsabilidad disciplinaria al Juez encargado del caso y sea sancionado conforme a derecho.
Resumen: Archivo diligencia informativa. Desestimación del recurso. Es cierto que en el Antecedente de Hecho 2º del Acuerdo impugnado se ha deslizado un error material consistente en transcribir el contenido de otro acuerdo del Promotor de la Acción Disciplinaria relativo a una denuncia distinta a la aquí formulada, pero se trata de un error carencia de toda relevancia jurídica, pues ninguna trascendencia tuvo en el contenido decisorio del Acuerdo recurrido, y al ahora demandante le fueron notificados correctamente los dos Acuerdos del Promotor de la Acción Disciplinaria contra los cuales interpuso recurso de alzada, de modo que conoció perfectamente su contenido real y supo que el antecedente del hecho 2º del Acuerdo desestimatorio del recurso de alzada era un mero error de trascripción que no le ha causado indefensión alguna. Por otra parte, el Consejo General del Poder Judicial, dada la naturaleza jurisdiccional de las resoluciones y actuaciones cuestionadas, carece de competencia para conocer sobre la conformidad a derecho de las mismas, cuestión que el recurrente solo puede hacer valer a través de los recursos legalmente previstos a tal efecto.
Resumen: Se reconoce la responsabilidad patrimonial del Estado legislador por los daños y perjuicios derivados del abono del IVMDH, al apreciarse la concurrencia de los requisitos exigidos para ello, reiterando la doctrina sentada en precedentes sentencias.
Resumen: Ha lugar al recurso contencioso administrativo deducido contra Acuerdo del Consejo de Ministros sobre responsabilidad patrimonial formuladas por los daños y perjuicios derivados de la aplicación del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos. Se reitera doctrina de la Sala para estimar el recurso reconociendo las cantidades solicitadas en demanda, deferidas a su concreción en ejecución de sentencia que documentalmente se justifique y que serán aminoradas a razón de lo que en el momento de efectuarse el pago de la indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado legislador, cada uno de los demandantes ya hubiera percibido, en concepto de devolución de ingresos indebidos, respecto del mismo tributo y ejercicios aquí reclamados. Los intereses se devengan desde el día de la presentación de la reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado legislador, hasta la fecha de notificación de esta sentencia. La indemnización así determinada es la que, a juicio del TS, satisface materialmente la pretensión deducida por la parte recurrente, la cual se sustenta en el instituto de la responsabilidad patrimonial y no en el procedimiento tributario para la devolución de ingresos indebidos.
Resumen: Inadmisión, por extemporáneo, del recurso de alzada interpuesto contra acuerdo de archivo expediente gubernativo. Desestimación del recurso. Aunque es cierto que el artículo en que se apoya el acuerdo para apreciar la extemporaneidad de la alzada se refiere al recurso de reposición, lo cierto es que el plazo es el mismo para ambos recursos; también es cierto que el pie de recursos del acuerdo de 27 de mayo de 2019 del decano de los Juzgados de Córdoba no precisa el plazo para interponer el recurso de alzada, por lo que, al ser defectuosa la notificación, la Comisión Permanente no debió inadmitir el recurso de alzada por extemporáneo. No obstante lo anterior, el recurso se desestima, y ello porque del examen del expediente no resulta ningún elemento que guarde relación con el funcionamiento de la Administración de Justicia o con la actuación de los miembros de la Carrera Judicial, de manera que la decisión adoptada por el decano de los Juzgados de Córdoba de archivar provisionalmente el expediente gubernativo incoado a raíz del escrito del recurrente no merece ningún reproche.
Resumen: Ha lugar al recurso contencioso administrativo deducido contra Acuerdo del Consejo de Ministros sobre responsabilidad patrimonial formuladas por los daños y perjuicios derivados de la aplicación del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos. Se reitera doctrina de la Sala para estimar el recurso reconociendo las cantidades solicitadas en demanda, deferidas a su concreción en ejecución de sentencia que documentalmente se justifique y que serán aminoradas a razón de lo que en el momento de efectuarse el pago de la indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado legislador, cada uno de los demandantes ya hubiera percibido, en concepto de devolución de ingresos indebidos, respecto del mismo tributo y ejercicios aquí reclamados. Los intereses se devengan desde el día de la presentación de la reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado legislador, hasta la fecha de notificación de esta sentencia,
