Resumen: Planteada como cuestión que presenta interés casacional objetivo la consistente en determinar si puede catalogarse como incumplimiento del deber de obtener el consentimiento informado por escrito la omisión en la documentación que a dichos efectos se entrega al paciente, que va a ser intervenido quirúrgicamente, del posible riesgo de una infección hospitalaria, y que producida dicha infección debe considerarse una infracción de la lex artis, y por tanto ser indemnizada la responsabilidad patrimonial que se declare, la respuesta del TS es afirmativa, con la consiguiente estimación del recurso, considerando que respecto al alcance de la infección hospitalaria o nosocomial, se ha indicado en diversas sentencias, con fundamento en los informes técnicos correspondientes, que se trata de una complicación previsible y evitable, que, no obstante, se viene produciendo con ocasión de distintas actuaciones sanitarias y, entre ellas, intervenciones quirúrgicas. Por tanto, la falta de información al paciente que va a ser intervenido quirúrgicamente del posible riesgo de infección hospitalaria, supone el incumplimiento del deber de obtener el consentimiento informado en las condiciones legalmente establecidas que implica una infracción de la lex artis susceptible de determinar el derecho a la correspondiente indemnización por el daño moral que supone la privación al paciente de la capacidad de decidir fundadamente.
Resumen: Se admite a trámite el recurso de casación preparado contra sentencia que reconoció la indemnización de 20 días por año trabajado así como los intereses legales correspondientes por el cese. Las cuestiones que presentan interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia son: 1º- si de conformidad con la STJUE 14 de septiembre de 2016, asunto C-596/14 , el cese de un funcionario interino tiene o no derecho a indemnización: 2º- En el caso de ser aplicable el plazo de un año para el ejercicio de la acción de responsabilidad patrimonial, la determinación del computo del plazo de prescripción en los casos de ceses no impugnados.
Resumen: La Sala estima el recurso y el contencioso- administrativo. Atendiendo al cómputo del término inicial del plazo y la fecha de publicación de la sentencia que declaró la inconstitucionalidad de la norma foral, ha de entenderse que la reclamación recurrente cumple también el requisito temporal establecido en el referido art. 34.1, párrafo segundo, por lo que procede estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra el acuerdo del Consejo de Gobierno Foral de la Diputación Foral de Guipúzcoa de 3 de octubre de 2017 [de 5 de septiembre de 2017 en este recurso 1750/2019] que desestimó reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado Legislador por la anulación del art. 30.2 de la Norma Foral 10/2006, de 29 de diciembre por sentencia del Tribunal Constitucional 203/2016 de 1 de diciembre, que se anula por ser contrario al ordenamiento jurídico, y declarar el derecho del recurrente a la indemnización, en tal concepto de responsabilidad patrimonial del Estado legislador.
Resumen: Recurso contra el rechazo a la solicitud de revisión de los precios del contrato de prestación del servicio público de transporte sanitario urgente y no urgente de la Comunitat Valenciana. Ambulancias Ayuda S.L.U., unión temporal de empresas, cuestiona, en el proceso, la corrección jurídica de un acuerdo adoptado en 2019 por la Conselleria de Salud Pública, que se produjo por dos motivos: El primero, el de la entrada en vigor de un nuevo convenio colectivo, para los años 2018 a 2023, en el seno del transporte sanitario de la Comunitat Valenciana. El segundo, la publicación de la Orden PCI/810/2018, que ha afectado al "sistema y señales luminosas" de los vehículos adscritos al servicio. En cuanto al primero los hechos determinantes del conflicto tampoco; la Sala entiende que se trata de hechos NO "imprevisibles" cuando ya en el mes de junio de 2017 existe un acta del Tribunal de Arbitraje Laboral, en respuesta a la convocatoria de huelga promovida por FSP-UGT-PV rente a UTE Ambulevante S.L. En cuanto a la segunda cuestión la Orden PCI/810/2018 tampoco puede estimarse imprevisible, ya que el texto refundido de la Ley sobre Tráfico habilita al Gobierno para introducir en el Reglamento General de Vehículos las modificaciones necesarias con el fin de que el color de la señal luminosa de todos los vehículos prioritarios sea azul, y entró en vigor el 31 de enero de 2016, es decir antes del contrato firmado por los litigantes el día 1 de marzo de 2018
Resumen: La Sala estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por una entidad mercantil contra el acuerdo del Consejo de Ministros que desestimó su solicitud de indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado-legislador, con sustento en la STC nº 59/2017, de 11 de mayo, en relación con el Impuesto sobe el Incremento de Valor de los Terrenos de naturaleza urbana. Precisa que la cuestión objeto de debate se ciñe a decidir si la recurrente ha acreditado, en el modo o con la fuerza o suficiencia que a ella corresponde, la inexistencia de incremento de valor de aquellos terrenos entre la fecha de adquisición y la de enajenación, por lo que recuerda la jurisprudencia de la Sala sobre la distribución de la carga de la prueba en esta materia, trayendo a colación la STS 9/12/20, RC 6386/17. Tras exponer y valorar los argumentos de la demanda y la contestación, concluye que la reclamante y ahora recurrente aportó y aporta medios de prueba indiciariamente más que suficientes para no tener por cierto el incremento del valor del suelo objeto del litigio entre las fechas de compra y posterior venta, y para trasladar a la Administración, por tanto, la carga de desvirtuar lo que de ellos se desprende, lo que considera que no ha efectuado .
Resumen: La Sala admite el recurso. La cuestión que presenta interés casacional consiste en determinar si el "sobreseimiento libre" a que se refiere el art. 294.1 LOPJ comprende no solo los supuestos que contempla el art. 637 LECrim., sino también los previstos en el art. 675 LECrim., y, especialmente, por lo que aquí interesa, el sobreseimiento libre por prescripción del delito. Identificar como normas jurídicas que, en principio, será objeto de interpretación, art. 294.1 LOPJ en relación con los arts. 637 y 675 LECrim, todo ello a la luz de las SSTC 85/19, 1257/19 y 130/19.
Resumen: Se admite el recurso al plantearse cuestión idéntica a la suscitada en supuestos análogos anteriores en los que ya ha recaído sentencia estimatoria y en los que se declara que debe accederse a la indemnización de los daños y perjuicios reclamados porque la única interpretación que cabe hacer del artículo 294 LOPJ es la supresión de la exigencia de condicionar la indemnización, en los supuestos de haber sufrido privación de libertad ilegítima, a la " inexistencia del hecho imputado (o) por esta misma causa" se haya dictado auto de sobreseimiento libre, con independencia de los motivos en que se funde dicha absolución, y esa corrección en sede de constitucionalidad del precepto, unido al hecho de que, por pura lógica, haber sufrido una prisión preventiva con ulterior absolución del delito imputado comporta un daño que ha de ser indemnizado, en la generalidad de los supuestos.
Resumen: Recurso contencioso-administrativo contra la Resolución del Conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se declara la existencia de un enriquecimiento injusto a favor de la Administración que debe pagar a la demandante la cantidad de 24.915Ž56€, sobre la base de que la demandante resultó adjudicataria en su día, del contrato "Servicio de Mantenimiento del jardín de la sede central de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte, suscribiéndose el contrato el 1-12-2014, comenzando su ejecución. Tiene razón la demandante en el sentido de que lo que se establece en el PPT son los trabajos a llevar a cabo, es decir se pacta la obtención de un resultado, pero es cierto también a la vista de la cláusula del pliego de condiciones, que para la obtención del mismo se establece, con carácter de unas mínimas horas de trabajo, de forma que si las mismas no son cumplidas, no puede afirmarse que el contrato se haya cumplido en sus propios términos, por lo que las objeciones que la Administración lleva a cabo respecto a estas facturas, deben ser acogidas. En segundo lugar, se plantea la cuestión relativa al concepto en que se pagan a la demandante 24.915,56 euros por el tiempo en que se prorroga el contrato por razones de interés público, que la Administración califica como enriquecimiento injusto y la demandante estima como contrato, con las diferencias en cuanto a los intereses que ello supone. La Sala considera que ha de regularse como contrato.
Resumen: Se estima el recurso de casación formulado en materia de responsabilidad patrimonial sanitaria en relación con la atribución a la Administración sanitaria de la responsabilidad patrimonial derivada de la utilización de un producto sanitario defectuoso, cuya toxicidad es alertada con posterioridad a su aplicación en una intervención quirúrgica. La Sala rechaza el argumento empleado por el TSJ de Cantabria y ello porque la competencia para la autorización, homologación y control de los medicamentos y productos sanitarios corresponde, única y exclusivamente, al órgano estatal con competencia para ello, cual es la Agencia Española de los Medicamentos y Productos Sanitarios. No resulta posible la imposición ---no puede atribuirse---, al Servicio Cántabro de Salud un a modo de culpa in vigilando derivada de una supuesta competencia, complementaria de la competencia estatal de control; esto es, no es exigible un -otro- control autonómico del producto, bien desde la perspectiva de la decisión de adquisición contractual del producto tóxico, bien desde la perspectiva de un supuesto complementario control técnico o médico del producto adquirido, debidamente autorizado y validado por la Agencia Española de los Medicamentos y Productos Sanitarios. En definitiva, ningún título de imputación de la responsabilidad patrimonial permite exigir esta del Servicio Cántabro de Salud.
Resumen: El recurrente argumenta que la exigencia del recurso de casación en su caso era irrazonable puesto que, dice insistentemente, no tenía ninguna posibilidad de ser admitido, dadas las cuestiones sobre las que iba a versar, determinantes de su falta de interés casacional. Este razonamiento no puede ser asumido. Si todo el sistema se basa, como se ha expuesto, en el amplio margen de apreciación del Tribunal de casación sobre la concurrencia o no del interés casacional, nadie puede suplantarle y, por tanto, no pueden arrogarse los interesados, ni otros órganos judiciales, esa atribución. Esto mismo es lo que dijo el Tribunal Superior de Justicia de Murcia en el Auto desestimatorio del recurso de reposición y es lo que determina, en última instancia, que sea razonable exigir la preparación del recurso de casación en todos los casos en que su admisibilidad dependa solo de la apreciación de dicho interés casacional objetivo para poder considerar firme la Sentencia a los efectos del artículo 241.1 LOP
