• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: WENCESLAO FRANCISCO OLEA GODOY
  • Nº Recurso: 3070/2020
  • Fecha: 16/06/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Da respuesta a la cuestión de determinar la eventual procedencia de la acción de responsabilidad patrimonial en el marco de expedientes de revisión de oficio de contratos públicos, respecto al requisito de la antijuricidad de los daños irrogados al contratista como consecuencia de la tramitación de diversos expedientes de revisión de oficio ilegales, anulados judicialmente, cuando a pesar de ello, finalmente la Administración revisa el contrato y lo declara nulo. Centra el objeto del recurso en la antijuridicidad, vinculada a la ausencia de un deber del perjudicado de soportar el daño, y, teniendo en cuenta lo previsto en el art. 106.4 LPACA, la concreción de cuando exista dicho deber remite a las concretas circunstancias del caso, siendo obligado discriminar si es el propio perjudicado el que ha colaborado en la causa de nulidad. Concluye que: cuando en la adjudicación de un contrato se procede a la revisión de oficio por incurrir dicha adjudicación en causa de nulidad de pleno derecho, siempre que el contratista haya sido participe en los actos que sirven de presupuesto a esa declaración de nulidad, no puede considerarse que el daño que pudiera haberse ocasionado con la ejecución del contrato luego declarado nulo, sea antijurídico a los efectos de la responsabilidad patrimonial de la Administración contratante; tan siquiera los ocasionados con la previa tramitación de procedimientos de revisión de oficio que fueron anulados antes de la declaración definitiva de nulidad.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: OCTAVIO JUAN HERRERO PINA
  • Nº Recurso: 8368/2019
  • Fecha: 16/06/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Da respuesta a las dos preguntas planteadas en el auto de admisión. Respecto de la primera, tal y como aconteció en los RCAS 2486/19 y 2820/19, resuelve que: los mecanismos que permiten dar por cumplido el requisito estipulado en el art. 32.4 de la Ley 40/15, de 1 de octubre, a efectos de instar válidamente la acción de responsabilidad patrimonial prevista en dicho precepto comprenden todas aquellas formas de impugnación que, de una parte, pongan de manifiesto la disconformidad del interesado con el acto administrativo de aplicación cuestionando la constitucionalidad de la norma aplicada y, de otra, den lugar al control jurisdiccional plasmado en una sentencia firme en la que se valore la constitucionalidad de la norma que después es objeto de pronunciamiento por el Tribunal Constitucional. Y que entre estas formas de impugnación se encuentra la solicitud de revisión de oficio de los actos nulos de pleno derecho por responder a la aplicación de una norma que resulta inconstitucional y el correspondiente recurso jurisdiccional, interpuesto contra la resolución administrativa que desestimó un procedimiento de revisión por nulidad de pleno derecho, promovido contra la actuación que ocasionó el daño, que colma el requisito que fija el art.32.4.Respecto de la segunda, el dies a quo para el cómputo del plazo de cinco años establecido en el art. 34.1 es la fecha de notificación de la sentencia firme desestimatoria del recurso contencioso-administrativo a que se refiere el art. 32.4.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CESAR TOLOSA TRIBIÑO
  • Nº Recurso: 21/2020
  • Fecha: 15/06/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El cauce del error judicial no consiste en determinar el acierto o desacierto del órgano judicial sentenciador al resolver la cuestión litigiosa, sino sólo de determinar si su decisión es errónea en el cualificado, riguroso y estricto sentido y alcance que la jurisprudencia reseñada requiere.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA SOLEDAD GAMO SERRANO
  • Nº Recurso: 89/2020
  • Fecha: 10/06/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala confirma la sentencia dictada en la instancia por la que se venía a desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la desestimación por silencio de la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por la recurrente frente al Ayuntamiento por los daños que se afirman causados a consecuencia de la caída sufrida por la reclamante. Tras realizar una serie de consideraciones en relación con la responsabilidad de las Administraciones Públicas y afirmar que la carga de la prueba de los presupuestos que hacen nacer la responsabilidad indemnizatoria, salvo los supuestos de fuerza mayor o culpa de la víctima -que corresponde probar a la Administración-, recae en quien la reclama, concluye que en el supuesto presente lo transcedente no es acreditar las condiciones de la vía pública sino que una vez establecido tal hecho ha de probarse cumplidamente donde y como se produjo la caída siendo en extremo transcendente la prueba de la mecánica de esta, resultando a tal efecto netamente insuficientes los informes, dictámenes o partes médicos, los cuales sólo pueden acreditar la efectiva existencia de la lesión y su trascendencia o alcance pero constituyen, por su propia naturaleza y contenido, medios probatorios inidóneos para la acreditación de la forma concreta de causación de las lesiones a que los mismos se refieren (FD 4º).
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANGELES HUET DE SANDE
  • Nº Recurso: 2224/2020
  • Fecha: 10/06/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia dictada en casación declara que no basta con que se declare la vulneración de un derecho fundamental determinante de la anulación de una condena para entender producido, automáticamente, un error judicial, es necesario que tal vulneración ponga de manifiesto, y así se aprecie jurisdiccionalmente, "un error craso, evidente e injustificado" en los términos expuestos, y ello, cualquiera que sea el tribunal que haya declarado aquella vulneración. Y completando la doctrina sentada en la sentencia del TS de 2 de julio de 2019, cuando la razón de la revisión penal es una previa STEDH que declaró la vulneración de derechos fundamentales en el pronunciamiento revisado, la sentencia de revisión no constituye tampoco título de imputación bastante para instar directamente una reclamación de responsabilidad patrimonial por error judicial, siendo necesario que la existencia del mismo resulte de una valoración jurisdiccional de la concurrencia del error judicial. La aplicación de los anteriores razonamientos lleva a la Sala a la confirmación de la sentencia recurrida que se ajusta cabalmente a los mismos, pues la sentencia de revisión no declara expresamente la existencia de un error judicial, declaración que no es el objeto directo de dicho recurso extraordinario, sino por entender que no es posible deducir tal error judicial de sus consideraciones ni de la STEDH que se encuentra en su sustento.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: WENCESLAO FRANCISCO OLEA GODOY
  • Nº Recurso: 243/2020
  • Fecha: 09/06/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se suscita en el presente recurso una cuestión que ya ha sido objeto de pronunciamiento reiterado por la Sala relativa a la responsabilidad patrimonial del Estado legislador derivada del abono del impuesto de sucesiones, en aplicación de una normativa declarada contraria al derecho de la Unión Europea por sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 3 de septiembre de 2014, que señaló que el Reino de España había incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 63 TFUE y 40 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo de 2 de mayo de 1992, al permitir que se establezcan diferencias en el trato fiscal de las donaciones y las sucesiones entre los causahabientes y los donatarios residentes y no residentes en España. Se plantea ahora cuál ha de ser el plazo para el ejercicio de la acción de responsabilidad, reproduciendo la Sala la STS de 20 de mayo de 2021 (RCA 240/20) en cuanto que teniendo en cuenta que en este caso el plazo para el ejercicio de la acción de responsabilidad comienza con la fecha de la publicación (DOUE de 10 de noviembre de 2014) de la STUE de 3 de septiembre de 2014, siendo este el dies a quo desde el que se iniciaría el cómputo del plazo de año para el ejercicio de la acción de exigencia de responsabilidad patrimonial del Estado Legislador por vulneración del Derecho de la Unión Europea, resulta que en este caso la reclamación es extemporánea al ser formulada por la recurrente el 11 de diciembre de 2019.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CESAR TOLOSA TRIBIÑO
  • Nº Recurso: 20/2020
  • Fecha: 09/06/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala inadmite la demanda de error judicial promovida contra la sentencia dictada por un juzgado de lo contencioso-administrativo en un procedimiento abreviado. Aplica la doctrina jurisprudencial que ha declarado de forma constante que conforme al art. 293.1 f) LOPJ, en el proceso de declaración de error judicial no procede la demanda en tanto no se hayan agotado previamente los recursos previstos en el ordenamiento contra la resolución judicial a la que se imputa el error en cuestión; siendo criterio consolidado de la Sala que el requisito de haber agotado tales recursos incluye el incidente de nulidad de actuaciones, dado que iniciar un procedimiento específicamente destinado a declarar el error judicial no tiene sentido cuando la equivocada apreciación de los hechos o aplicación del derecho puede aún ser remediada dentro del proceso (en este sentido, v.gr., STS de 18 de junio de 2020, recurso núm. 39/2019, que incorpora una detallada exposición de resoluciones precedentes de esta Sala con similares consideraciones).
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: SEGUNDO MENENDEZ PEREZ
  • Nº Recurso: 6708/2019
  • Fecha: 07/06/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Examina la Sala la responsabilidad patrimonial del Estado legislador consecuencia de la aplicación de una norma con rango de Ley, posteriormente declarada inconstitucional, siendo el tema controvertido la determinación del dies a quo del plazo establecido en el art. 34.1, segundo párrafo, de la Ley 40/2015, que establece que en los casos de responsabilidad patrimonial del Estado Legislador,"[...]serán indemnizables los daños producidos en el plazo de los cinco años anteriores a la fecha de publicación de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley [...]". Resuelve el TS, reproduciendo lo declarado en pronunciamiento anterior sobre la misma cuestión (sentencia de 10 de marzo de 2021, RCA 2884/19) que el momento en el que se entiende que se ha producido un daño indemnizable por responsabilidad patrimonial del Estado Legislador, artículos 32.4 y 34.1 Ley 40/2015, es la fecha de la sentencia firme desestimatoria de un recurso, en cualquier instancia, contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que se hubiera alegado en el recurso la inconstitucionalidad declarada. Además, dicha sentencia debe haberse dictado y notificado dentro del plazo de los cinco años anteriores a la publicación en el BOE de la sentencia del Tribunal Constitucional declarando la inconstitucionalidad de la norma aplicada.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: SEGUNDO MENENDEZ PEREZ
  • Nº Recurso: 1566/2020
  • Fecha: 07/06/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala desestima el recurso. El plazo de prescripción se interrumpe siempre que el perjudicado ejercite acciones en defensa de su derecho que no sean manifiestamente inidóneas o improcedentes para lograr el resarcimiento del daño o perjuicio frente a la Administración responsable, pues es esto lo que resulta de la jurisprudencia muy reiterada. Confirmamos la sentencia de instancia, cuando con claridad, afirma: 'consideramos relevante el hecho de que existía un procedimiento judicial en marcha que podía corregir la injusticia de la que el apelante se sentía objeto. Es cierto que el recurso de casación no era obligatorio. Ahora bien, resulta excesivamente gravoso que se exija (tal y como pretende la Administración) a un ciudadano que renuncie a una vía judicial que ya está en marcha. Hemos de tener en cuenta que, de prosperar el recurso de casación, se habrían declarado nulas las liquidaciones y, por tanto, no se habría provocado daño alguno al ciudadano". Por tanto, la respuesta a la cuestión de interés casacional es: Dictada sentencia desestimatoria de un recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la desestimación administrativa de una solicitud de revisión de oficio, la interrupción de la prescripción de la acción de responsabilidad patrimonial iniciada con la solicitud, se mantiene hasta la fecha de la notificación de la sentencia que desestime recurso de casación interpuesto contra aquella.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA SOLEDAD GAMO SERRANO
  • Nº Recurso: 101/2020
  • Fecha: 04/06/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala, con confirmación de la sentencia de instancia, declara conforme a derecho la resolución municipal impugnada por la que se desestima la reclamación de responsabilidad patrimonial por los perjuicios dimanantes de la caída en la vía pública a consecuencia de la existencia de un socavón. Aún de admitirse la forma de causación de las lesiones descrita por la parte actora en su demanda, los daños cuyo resarcimiento pretende la recurrente provendrían de la falta de diligencia o cuidado exigibles en la deambulación, al haber tenido lugar la caída en la calzada y en hora que hubieran exigido extremar la precaución, falta de diligencia que provoca la ruptura del nexo de causalidad entre el evento lesivo y el funcionamiento de los servicios públicos. Existe un elemento que rompe el nexo causal; el propio comportamiento de la actora, que optó por andar por la calzada, espacio no habilitado normativamente para los peatones (FD 6º).

Parece que no tiene configurado el plugin para ver el pdf embebido... puede descargar la resolución aquí.