• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO JESUS FONSECA-HERRERO RAIMUNDO
  • Nº Recurso: 1158/2020
  • Fecha: 18/02/2021
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: Precisa la Sala Tercera del Tribunal Supremo que la cuestión que reviste interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar: 1) si la Administración puede imponer unilateralmente la prórroga de un contrato en virtud del interés público que justifica la adopción de la misma, y 2) si es posible inaplicar los pliegos de cláusulas administrativas particulares o de prescripciones técnicas que rigen un determinado contrato cuando los mismos vulneren o contradigan lo dispuesto en la legislación de contratos del sector público y la parte interesada en su nulidad o anulabilidad no los impugnó en su momento. Y ello considerando que concurre el supuesto de interés casacional consistente en la contradicción de sentencias de distintos Tribunales Superiores de Justicia en relación con la cuestión controvertida. Se añade que resulta necesario esclarecer tal cuestión jurídica por trascender del caso objeto del proceso y proyectarse sobre el ámbito de la defensa de la competencia y el principio de enriquecimiento injusto en el ámbito de la contratación pública.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: OCTAVIO JUAN HERRERO PINA
  • Nº Recurso: 8043/2019
  • Fecha: 17/02/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala desestima el recurso. La cuestión de interés casacional señalada en el auto de admisión incide en la cuantificación de los daños y perjuicios causados a los particulares por la actividad administrativa, en adecuada relación de causalidad, en un caso concreto de demora en la finalización de las obras de urbanización, planteando si a los efectos de cuantificar el perjuicio irrogado como consecuencia de la responsabilidad patrimonial de la Administración por la demora en la finalización de obras de urbanización, resulta lícito objetivar el mismo mediante su equiparación con los intereses legales devengados por las cuotas de urbanización satisfechas hasta la recepción definitiva de tales obras o, en todo caso, deviene exigible acreditar ad casum la existencia de un perjuicio efectivo, individualizado y evaluable. Pues bien, a los efectos de cuantificar el perjuicio irrogado como consecuencia de la responsabilidad patrimonial de la Administración por la demora en la finalización de obras de urbanización, resulta exigible acreditar ad casum la existencia de un perjuicio efectivo, individualizado y evaluable, que puede venir determinado por los intereses legales devengados por las cuotas de urbanización satisfechas sin que esta se lleve a cabo hasta años después de lo establecido, con una demora significativa y relevante en la disposición de las parcelas debidamente urbanizadas.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CESAR TOLOSA TRIBIÑO
  • Nº Recurso: 6/2020
  • Fecha: 17/02/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia a la que se imputa el error no fue recurrida en casación. Se solicitó la rectificación que fue desestimada. De la cadencia de hechos resulta, con toda evidencia, que la demandante no dio cumplimiento al requisito procesal del referido artículo 293.1 f) LOPJ, pues pudiendo haber promovido recurso de casación contra la sentencia no lo hizo, ni desarrolló ningún otro hipotético medio de impugnación (salvo un escrito de rectificación de errores materiales que carecía manifiestamente del menor fundamento, por cuanto que lo que se pretendía a través de él era una reconsideración total de la fundamentación jurídica y fallo de la sentencia, que trascendía ampliamente de la modesta y limitada finalidad de un escrito de rectificación, pareciendo más bien que a través de él se buscaba sortear fraudulentamente el vencimiento ya producido del plazo de impugnación casacional de dicha sentencia). Ahora, en la demanda de error judicial, la parte ni siquiera intenta justificar su actuación, pues guarda total silencio sobre esta cuestión. Procede inadmitir la demanda.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: DIEGO CORDOBA CASTROVERDE
  • Nº Recurso: 389/2019
  • Fecha: 15/02/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Orden IET/359/2016, de 17 de marzo, por la que se establecen las obligaciones de aportación al Fondo Nacional de Eficiencia Energética en el año 2016. Desestimación del recurso contencioso-administrativo. La norma establece la posibilidad de corregir en el ejercicio siguiente las posibles inexactitudes o errores que se hubiesen podido producir en el cálculo de las aportaciones correspondientes al 2014; al margen de este ajuste, ni las Órdenes tienen por objeto rectificar las contribuciones de ejercicios pasados, ni existe previsión legal que les obligue a ello. Cuando se recurren las diferentes Órdenes pueden impugnarse las contribuciones previstas para ese ejercicio y en todo caso la rectificación de la cantidad pagada en el ejercicio anterior, lo que no resulta admisible es impugnar las contribuciones correspondientes a ejercicios pasados. El pretendido exceso de aportación al que se refiere la recurrente, no produciría un enriquecimiento injusto de la Administración, sino una disminución de las correlativas aportaciones de los demás sujetos obligados. No se ha acreditado la desigualdad invocada; además, la igualdad solo opera en la legalidad.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE MARIA DEL RIEGO VALLEDOR
  • Nº Recurso: 307/2019
  • Fecha: 15/02/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Inactividad reglamentaria en la que incurre el Gobierno, consistente en la ausencia de previsión reglamentaria e incumplimiento de desarrollo normativo expresamente establecido por la Directiva 2013/55/UE. Se solicita la creación del reglamento oportuno por el que se incluya o reconozca a las especialidades de ingeniería informática e ingeniería técnica informática en el espacio de reconocimiento reglamentario de cualificaciones profesionales. Tras desestimar las causas de inadmisión del recurso invocadas de contrario, se desestima el recurso contencioso-administrativo. El control jurisdiccional de las omisiones reglamentarias, que es de carácter restrictivo, es viable en los dos casos siguientes: i) cuando la omisión reglamentaria constituya un incumplimiento de una obligación expresamente prevista por la ley y ii) cuando esa omisión reglamentaria suponga la creación implícita de una situación jurídica contraria al ordenamiento jurídico; y las Directivas 2005/36/CE y 2013/55/UE que la parte recurrente estima vulneradas por la omisión reglamentaria del Gobierno, en realidad no tratan de cuales son las profesiones reguladas en cada Estado miembro, ni menos aún imponen a los Estados miembros ninguna obligación sobre las profesiones que deben ser objeto de regulación. No hay infracción del principio de igualdad.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: INES MARIA HUERTA GARICANO
  • Nº Recurso: 5676/2020
  • Fecha: 12/02/2021
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: Auto de admisión; determinar si la declaración de nulidad de contratos celebrados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, constituye título jurídico para reclamar a la Administración -por vía de la responsabilidad patrimonial- el importe de las facturas emitidas y no pagadas por los servicios efectivamente prestados con base en los contratos declarados nulos, o, por el contrario, nos encontramos ante un supuesto de responsabilidad contractual. Identificar como normas jurídicas que, en principio, serán objeto de interpretación, los artículos 148 y 149, 9.3, 24, 103 y 106 CE, en relación con el artículo 102.4 Ley 30/92, de 26 de noviembre, y artículo 106.4 Ley 39/15, de 1 de octubre, y 218 LEC, y 248.3 LOPJ.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANGELES HUET DE SANDE
  • Nº Recurso: 7141/2019
  • Fecha: 11/02/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala estima el recurso y parcialmente el contencioso-administrativo. A la cuestión que presenta interés casacional objetivo, debemos responder que, tras la STC 8/17 de 19 de enero, tomando en cuenta la nueva redacción del art. 294.1 LOPJ en la que desaparece la mención 'por inexistencia del hecho imputado o por esta misma causa haya sido dictado auto de sobreseimiento libre', en todos los supuestos de absolución por cualquier causa o de sobreseimiento libre, el perjudicado tiene derecho a la indemnización. Y conforme a los criterios y pautas reflejados en la sentencia, tendremos que valorar, desde una perspectiva global, el daño moral producido por la estancia en prisión, teniendo en cuenta su duración (93 días), así como las consecuencias personales que el ingreso en prisión produjo y que han quedado justificadas por el recurrente en los términos expresados, valorando, asimismo, la especial aflicción que el concreto delito imputado (agresión sexual) supuso, circunstancias que valoramos globalmente en 5.000 euros
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE DIAZ DELGADO
  • Nº Recurso: 5407/2019
  • Fecha: 11/02/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Los artículos 65 y 77.1 y 5 del Real Decreto Legislativo 2/2004 y el artículo 4 del Real Decreto Legislativo 1/2004, deben ser interpretados en el sentido de que los mismos no se oponen ni obstan a que, recurriéndose liquidaciones por IBI y para obtener su anulación, en supuestos en los que concurren circunstancias excepcionales sobrevenidas, análogas o similares a las descritas anteriormente (modificación por sentencia firme de la clasificación urbanística del suelo afectado), el sujeto pasivo pueda discutir la valoración catastral del inmueble, base imponible del impuesto, incluso en los casos en los que tal valoración catastral ha ganado firmeza en vía administrativa. La anulación judicial de un acuerdo de asignación de valores catastrales individualizados por falta de constancia, defectos o cualquier otro vicio del estudio de mercado del expediente de aprobación de la ponencia de valores, efectuada por un Tribunal respecto a otro propietario, no resulta extensible al resto de sujetos pasivos del municipio en cuestión, con ocasión de la impugnación de las liquidaciones del Impuesto sobre Bienes inmuebles, cuando no han recurrido la ponencia de valores o la asignación de valores catastrales individualizados.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JESUS CUDERO BLAS
  • Nº Recurso: 1115/2020
  • Fecha: 11/02/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Carece de eficacia de cosa juzgada material respecto de liquidaciones del Impuesto sobre Bienes Inmuebles posteriores (como la que constituye el acto enjuiciado en este proceso) la decisión anterior, adoptada por el tribunal competente para enjuiciar la gestión tributaria, por la que se anula una liquidación de dicho impuesto por defectos formales de la Ponencia Valores. Tal decisión no impide que el órgano judicial competente para enjuiciar esa misma Ponencia de Valores determine en el recurso dirigido frente a la misma -con plena cognición- si ésta es o no conforme a Derecho, incluida, lógicamente, la concurrencia o no de aquellos defectos formales. No es posible anular la liquidación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles por defectos de la Ponencia de Valores -constatados en procesos referidos a otros contribuyentes- cuando, como sucede en el caso que analizamos, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha declarado ajustada a derecho dicha Ponencia en sentencia firme
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Girona
  • Ponente: FERNANDO LACABA SANCHEZ
  • Nº Recurso: 104/2021
  • Fecha: 10/02/2021
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: Formulada demanda por una entidad aseguradora en la que ejercita acción subrogatoria frente a la aseguradora del vehiculo responsable del siniestro, en reclamación de los pagos realizados por desplazamientos en ambulancia y por la atención médica dispensada a la conductora vehiculo asegurado que entiende no incluidos en convenio que impida su repetición frente al causante, se dicto auto que acoge la declinatoria y declara la falta de jurisdicción de este Juzgado por acuerdo sumisión a arbitraje, que es recurrido. La resolución de segunda instancia considera que la jurisdicción civil es compententente porque la cuestión suscitada queda al margen del solución arbitral contemplada Convenio Marco de Asistencia Sanitaria derivada de accidentes de tráfico, pues la Comisión de Vigilancia y Arbitraje prevista en el Convenio discrepancias tiene por objeto la resolución de discrepancias las que se susciten entre aseguradoras y centros adheridos y no entre dos aseguradoras como es el caso; en cuanto a la reclamación de gastos por vía de acción subrogatoria considera que es posible pues la prohibición de reclamación contenida en el Convenio se refiere a la asistencia en centros médicos adheridos al convenio pero no como en el caso cuando la asistencia se ha recibido en centro médico no adherido sin perjuicio de la posiblidad de cuestionamiento de la necesidad de asistencia en Centro no adherido.

Parece que no tiene configurado el plugin para ver el pdf embebido... puede descargar la resolución aquí.