Resumen: Responsabilidad patrimonial de la Administración Pública. Rotura de tubería de riego. La Sala recoge doctrina y jurisprudencia sobre la responsabilidad patrimonial por funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. Examen especial, doctrinal y jurisprudencial, del requisito de la relación de causalidad. Se examina el caso concreto, señalando que la parte no especifica en qué momento y por qué razón se produce el daño que reclama. Se recoge jurisprudencia sobre la carga de la prueba. Al no especificar la actora en qué punto y momento exacto se produce la rotura de la tubería, no esclarece la relación causal entre dicha rotura y los daños que afirma haber sufrido, como consecuencia de las obras realizadas por la Confederación Hidrográfica.
Resumen: Desestima esta sentencia un recurso contra una resolución administrativa que denegaba una reclamación de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Publicas en el ámbito sanitario, ello al entender que no existió un funcionamiento anormal del servicio en la intervención por dedos en gatillo que dieron lugar a una discapacidad funcional de una mano del recurrente. En concreto se sostiene que no hubo una mala praxis ni una infracción de la lex artis toda vez que hubo consentimiento informado correcto en relación a las complicaciones que pudieran derivarse de la operación que sufrió el reclamante.
Resumen: Desestima esta sentencia un recurso contra una resolución administrativa que denegaba una reclamación de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Publicas en el ámbito sanitario, ello al entender que no existió un funcionamiento anormal del servicio. En concreto se sostiene que no hubo un deficiente funcionamiento en relación con la vigilancia de la paciente que había sufrido un brote psicótico y ello en tanto en cuanto no existía un diagnóstico previo ni un tratamiento previo, pues la sintomatología inmediata al hecho no permitía prever una reacción como la que tuvo que fue sorpresiva al huir descontrolada cuando se encontraba en situación de realizar por el personal de enfermería una prueba de análisis precisamente para determinar su estado.
Resumen: La Sala estima el recurso de la Comunidad Autónoma de Cantabria, y desestima el recurso contencioso-administrativo. La competencia para la autorización, homologación y control de los medicamentos y productos sanitarios corresponde, única y exclusivamente, al órgano estatal con competencia para ello, cual es la Agencia Española de los Medicamentos y Productos Sanitarios. La responsabilidad pretendida del Servicio Cántabro de Salud no puede derivar de la adquisición, a través de un contrato de suministro, de un producto debidamente autorizado por la Agencia Española de los Medicamentos y Productos Sanitarios. No resulta posible la imposición al Servicio Cántabro de Salud un a modo de culpa in vigilando derivada de una supuesta competencia, complementaria de la competencia estatal de control. La Administración sanitaria -cuyos facultativos realizan correcta y adecuadamente una intervención quirúrgica de conformidad con la lex artis- no debe responder de las lesiones causadas a un paciente como consecuencia de la utilización de un producto sanitario defectuoso, cuya toxicidad se descubre y alerta con posterioridad a su utilización, previamente autorizada por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, debiendo la responsabilidad recaer en el productor o, en su caso, en la Administración con competencias para autorizar y vigilar los medicamentos y productos sanitarios, de concurrir las concretas circunstancias necesarias para ello.
Resumen: No puede ampararse en la ausencia de recepción o de conformidad con los bienes suministrados, que es una obligación exclusiva de la Administración, ni tampoco cabe que con motivo de la reclamación de pago se opongan deficiencias en los bienes cuando no consta que la Administración demandada haya ejercitado acciones para reclamar responsabilidad o la resolución del contrato por defectuoso cumplimiento del mismo, falta de entrega de determinados bienes o defectos de parte de ellos. Igualmente carece de relevancia en lo que respecta a la validez y eficacia de los referidos contratos, las fechas de los actos de la parte demandada con la corporación local cesionaria de los bienes inmuebles y de los muebles existentes en los mismos. Lo cierto es que ha quedado acreditada la realidad de la entrega de aquéllos sin que la Administración haya ejercitado durante el plazo de garantía las acciones que por razón de los vicios del material le concedía el art 298 Ley Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre(5) , por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
Resumen: Se estima parcialmente el recurso interpuesto revocando la Resolución impugnada por la que se declaró la caducidad del procedimiento de responsabilidad patrimonial y se inadmitió esa reclamación si bien, y en cuanto al fondo se desestima la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por la mercantil recurrente, titular de las autorizaciones de explotación de recursos de la Sección A "Sa Punta" y Ca'n Canonge en solicitud de una indemnización por los daños y perjuicios sufridos durante el periodo comprendido entre el día 1 de enero de 2007 y 31 de diciembre de 2014, en el que se le habían impedido la realización de trabajos de explotación no pudiendo explotar la zona Sa Punta y haber tenido que destinar las reservas de roca ornamental de la zona de explotación Ca's Canonge a la producción de triturados o granulados a la que se destinaba precisamente el mineral que se venía extrayendo de Sa Punta.Previamente a la reclamación presentada se había dictado sentencia en relación con la solicitud de expropiación de la porción de los terrenos necesarios para la ejecución de los trabajos formulada por la actora pretensión que fue estimada condenando a la administración a incoar dicho procedimiento siendo por ello,la falta de expropiación de la finca la que, conforme a la actora, produce el daño antijurídico,procedimiento que fue declarado caducado y rechazando por ello la Sala que dicha actuación haya causado un daño antijurídico susceptible de ser indemnizado.
Resumen: No se reconoce responsabilidad patrimonial alguno a cargo de la administración demandada porqué no se acreditado que la caída se haya producido al poner el pie entre el pedal del contenedor de basura y el escalón de la acera. Tampoco existe prueba alguna de las lesiones sufridas puesto que no hay parte de urgencias. Los partes médicos son posteriores. La carga de la prueba le corresponden estos casos a quien pretende la indemnización.
Resumen: Considera esta sentencia que no se está ante un supuesto de exención de responsabilidad pública, sino de consecuencias de el cumplimiento de una norma en concreto la que recoge el derecho al descanso del día posterior a siete días de guardia. En el caso decidido y en relación a los LAJ se les reconoce el derecho a un día de descanso tras siete continuados de guardia. Al no poder materializarse el derecho, se reconoce una compensación indemnizatoria sustitutoria por la cuantía de la retribución correspondiente a un día de trabajo normal, es decir, no en la cuantía de un día de guardia.
Resumen: Se desestima el recurso de apelación interpuesto frente a la sentencia de la instancia desestimatoria del recurso formulado y de la reclamación de responsabilidad patrimonial por los daños y perjuicios sufridos ante la deficiente asistencia sanitaria recibida durante el parto de su hijo lo que generó un sufrimiento fetal ocasionando las secuelas que ahora se reclaman. Se sustenta la apelación en el error en la valoración de la prueba al estimar la prescripción de la acción promovida fijando que las secuelas quedan establecidas en una fecha determinada sin tomar, en consideración,las posteriores prestaciones médicas y la sentencia de incapacidad dictada así como los tratamientos rehabilitadores. Se centra la Sala en la determinación de la posible extemporaneidad de la reclamación formulada al haberse dictado, en este sentido,la resolución administrativa impugnada no entrando a enjuiciar el fondo del asunto y solicitando,por ello la actora,la retroacción de las actuaciones con el fin de obtener un pronunciamiento sobre la reclamación planteada. Se invoca por el Tribunal la doctrina del TS sobre el dies a quo concretándose,el mismo, según la fecha de curación o estabilización de los daños sufridos y no, desde el momento en el que se dicte la sentencia declarando la incapacidad.Y acordándose únicamente la retroacción de actuaciones en aquellos supuestos en los que no se haya emitido el informe preceptivo del consejo jurídico consultivo.
Resumen: Considera esta sentencia que no se está ante un supuesto de exención de responsabilidad pública, sino de consecuencias de el cumplimiento de una norma en concreto la que recoge el derecho al descanso del día posterior a 24 horas de guardia. En el caso decidido y en relación a los Fiscales no se reconoce ese derecho al entender que no se acreditado que las 24 horas fueran de guardia presencial, o que en todo caso aún no siéndolo, la disponibilidad impidiera la realización de otra actividad, siendo así que la carga de la prueba corresponde a la reclamantes.
