Resumen: Se desestima el recurso interpuesto y,con ello,la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por mala praxis en la atención médica prestada a un paciente durante la práctica de una intervención quirúrgica con motivo del tumor que presentaba en el pulmón y que había sido objeto de sucesivas revisiones desde su aparición, produciéndose el fallecimiento al día siguiente y solicitando,los recurrentes una indemnización de 101.200 euros por los perjuicios sufridos. Se desestima el recurso interpuesto a partir de la prueba practicada concretada en los distintos informes periciales aportadas. En el informe pericial del recurrente se concluye afirmando la mala praxis médica al practicarse la intervención sin conocer realmente las características del tumor. Frente a la prueba de los recurrentes se destaca el informe emitido por la Inspección médica en el que se rechaza la infracción de la lex artis en relación con la indicación y el tratamiento quirúrgico realizado atendido el diagnóstico de la masa tumoral maligna detectada en la pared torácica derecha.Consta igualmente el consentimiento informado firmando por el paciente y la realización correcta de la cirugía, no siendo acordes las técnicas propuestas por la parte actora habida cuenta de la ubicación del tumor. De la totalidad de la prueba practicada se descarta una posible pérdida de oportunidad y se concluye que el tratamiento prestado al paciente fue, en todo momento acorde a la lex artis.
Resumen: Se desestima el recurso interpuesto y,con ello,la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por los daños y perjuicios derivados de la asistencia sanitaria prestada al recurrente por parte de la Clínica Universitaria de Navarra, en virtud de concierto sanitario, tras la intervención quirúrgica practicada con motivo de la lumbalgia crónica que padecia consistente en estenosis de canal lumbar y mala praxis que se produce, a su vez, en relación con el seguimiento posterior a dicha intervención. Se desestima el recurso interpuesto a partir del examen de la prueba practicada concretada en el informe y declaración de la inspectora médica así como el informe y declaración del médico especialista en valoración del daño corporal junto con otros médicos,entre ellos el que realizó una segunda intervención quirúrgica a la recurrente. A partir del análisis de la doctrina sobre la carga de la prueba y el consentimiento informado y la relación de los defecto de éste con mala praxis y la correlativa responsabilidad patrimonial se concluye declarando que en el presente supuesto no se produce defecto alguno en el consentimiento prestado para la intervención quirúrgica que le fue practicada al recurrente, sin que de la prueba practicada se aprecie vulneración de la lex artis o práctica inadecuada en la intervención quirúrgica realizada y si bien la evolución posterior fue mala en ningún caso puede imputarse a una mala praxis,ni tampoco en el tratamiento posterior a dicha intervención
Resumen: Desestima esta sentencia un recurso contra una resolución administrativa que denegaba una reclamación de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Publicas en el ámbito sanitario, ello al entender que no existió un funcionamiento anormal del servicio. En concreto se sostiene que no hubo una mala praxis ni una infracción de la lex artis toda vez que hubo consentimiento informado correcto en relación a las complicaciones que pudieran derivarse de la atención en relación con la espondilodiscitis que sufrió el reclamante.
Resumen: Se estima parcialmente el recurso interpuesto y,con ello la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada frente a la Resolución de la Consellería de sanidad en la que se reconocía la existencia de responsabilidad sanitaria y se indemnizaba al recurrente en 7.898'7 euros atendiendo,para ello,al informe de la Comisión de Valoración del Daño Corporal, en consonancia con la ey sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor al considerar,en sede administrativa,que había que valorar la diferencia de repercusión funcional del paciente que provocó el retraso de 24 horas en el diagnóstico y tratamiento de su patología.Frente a ello la Sala, con estimación parcial del recurso interpuesto concreta la cuantía total de la indemnización en 8.687 al considerar aplicable el actor de corrección de 789 euros, si bien refiere que como dichas cifras están actualizadas a 2014, los intereses legales se calcularan desde el 1 de enero de 2015.El recurso se sustenta en la aplicación del Anexo del Baremos incorporado a la Ley precitada sustentándose,su pretensión,en el informe pericial aportado sobre la valoración de los perjuicios sufridos.La discrepancia entre las partes se centra en determinar el grado de insuficiencia cardiaca padecida por el actor,rechazando la Sala que deba indemnizarle por la totalidad de la secuela sufrida.Que por ello se considera ponderada la indemnización fijada que tan solo se corrige con la aplicación del factor de corrección.
Resumen: El hecho de que haya sido anulado envía judicial la obligación de prestar aval, no supone necesariamente el reconocimiento del derecho a sido indemnizado gastos producidos por la prestación de esas garantías. Entiende la sentencia que el ayuntamiento tenia un cierto margen de apreciación en la interpretación del artículo 108,1 b) LSCM y, en concreto, la previsión que en el mismo se contiene a propósito de la constitución de las garantías a favor del Municipio " con carácter previo al comienzo de las obras de la etapa respectiva". Más allá de que la decisión de no devolver los avales resultase ulteriormente anulada en vía judicial, es lo cierto que la valoración efectuada por el municipio se desenvolvió dentro de los márgenes de la razonabilidad que le eran exigibles, por lo que no nace derecho a la indemnización alguno.
Resumen: Dilucidar si la doctrina del TJUE, contenida en la Sentencia de 3 de septiembre de 2014 (C-127/12), se aplica a ciudadanos de Estados que no sean residentes en la Unión Europea ni en el Espacio Económico Europeo, como es el caso de Suiza, por cuanto que el artículo 63 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europa prohíbe las diferencias de trato fiscal en las sucesiones - particularmente respecto de bienes inmuebles ubicados en España- en función de la residencia de los causantes o causahabientes. La doctrina del TJUE establecida en su sentencia de 3 de septiembre de 2014 se aplica a ciudadanos que no sean residentes en alguno de los Estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, como aquí sucede, ya que el artículo 63 del TFUE , en materia de libre circulación de capitales -título o rúbrica que, conforme a la reiterada jurisprudencia de la Unión, engloba la sucesión hereditaria-, prohíbe las diferencias de trato fiscal en las sucesiones o donaciones -particularmente respecto de bienes inmuebles ubicados en España- en función de la residencia de los causantes o los causahabientes. 2) No es admisible que, pese a la situación en el territorio de una comunidad autónoma de los bienes heredados, la cual prevea beneficios fiscales en el ámbito objetivo de la regulación complementaria autorizada en las normas de cesión del impuesto, no pueda gozar de tales beneficios el heredero por razones de no residencia en un Estado miembro de la UE o del EEE.
Resumen: La Sala desestima el recurso de apelación y la adhesión contra la sentencia que desestimó el recurso de responsabilidad patrimonial de la entidad que presentó el proyecto de plan parcial anulado y las licencias amparadas en él. Alegada la prescripción de la acción, se desestima por ser la fecha de inicio del cómputo el de la sentencia que confirma la nulidad del plan parcial en el Tribunal Supremo. No concurre el presupuesto del daño antijurídico, al ser la conducta de la propia sociedad perjudicada determinante en la producción del daño sufrido cuya indemnización reclama en la demanda, por lo que falta uno de los presupuestos y requisitos legales necesarios para que nazca la responsabilidad patrimonial de la Administración. Es en la tipología de la edificación elegida por la empresa promotora donde se encuentra el origen de la nulidad que afectó posteriormente al plan parcial y que el hecho de que, sobre este instrumento de planeamiento, recayera la aprobación del Ayuntamiento no permite desplazar la total responsabilidad a la administración pública, siendo de aplicación el principio general de riesgo y ventura, máxime cuando en este caso el vicio era del proyecto presentado por la mercantil. La decisión discrecional de la Administración se mantuvo dentro de los términos de lo razonable y así se razonó, por lo que el daño no es antijurídico.
Resumen: La revocación de la concesión está justificada por el incumplimiento acreditado de sus obligaciones por parte del concesionario. El periodo de pago voluntario del canon había vencido a la fecha en que se incoa el expediente para revocar la concesión. El pliego de condiciones contemplaba, ante incumplimientos graves, la imposición de penalidades contractuales o la resolución del contrato, por lo que la Diputación pudo optar por la resolución. La realización de mejoras por el concesionario, aun no amortizadas, no justifica el incumplimiento de sus obligaciones, ni supone enriquecimiento injusto de la Administración.
Resumen: Se estima el recurso interpuesto y,con ello,la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada ante Ibermutuamur por los daños y perjuicios sufridos por una negligencia médica consistente en no haberle pautado en el informe de alta, tras la intervención quirúrgica a que fue sometido, ningún anticoagulante/antiagregante preventivo a consecuencia de lo cual sufrió una trombosis venosa profunda y un tromboembolismo pulmonar. Se examina con caracter previo por la Sala la alegación de prescripción formulada por la demandada y ello al considerar que cuando se presentó la reclamación de responsabilidad ya había transcurrido más de un año desde la estabilización de las secuelas. Se desestima esta primera cuestión considerando que no ha transcurrido el plazo de un año tras la fecha en la que se da de alta definitiva al paciente,comprobando que es asintomático, y la fecha de presentación de la reclamación. En cuanto al fondo se estima el recurso interpuesto atendiendo a las reglas generales sobre carga de la prueba y,en concreto el informe aportado por el recurrente del que, a juicio de la Sala ha quedado plenamente acreditado el daño sufrido concretado en las dos trombosis sufridas tras su intervención quirúrgica sin que se le pautara la administración de anticoagulante alguno quedando, igualmente acreditada, la relación causal necesaria con los daños sufridos siendo la mejor estrategia para reducir las complicaciones posoperatorias pautar dichos anticoagulantes.
Resumen: Se desestima el recurso interpuesto y,con ello,la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada,en solicitud de una indemnización de 143.900 euros por las lesiones y secuelas derivadas del olvido de una gasa durante la intervención quirúrgica practicada al recurrente en el Hospital Universitario de Son Dureta.Se sustenta la demanda en la deficiente asistencia sanitaria prestada al recurrente como consecuencia de la gasa referida lo que impidió una correcta evolución de sus dolencias y una considerable pérdida de peso,hasta que fue nuevamente intervenido 7 años después.Previamente se interpuso una denuncia penal frente al cirujano que fue archivada. Se desestima el recurso interpuesto,a la vista de la prueba practicada constituida por los diferentes informes médicos centrando así,en el núcleo de la controversia en dilucidar si existió una mala praxis en la actuación sanitaria prestada por el servicio de cirugía general y digestiva del Hospital consistente en el oblito de un elemento textil durante la intervención quirúrgica practicada,extremo éste que queda acreditado a partir de la segunda intervención quirúrgica a la que fue sometido. A partir de lo anterior se rechaza que dicha negligencia haya ocasionado en el enfermo una serie de consecuencias lesivas para su salud que la Administración deba indemnizar.Y todo ello sin que se acredite que las mismas fueran por el olvido referido o por las patologías crónicas que venía padeciendo el recurrente.
