• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: LUIS MARIA DIEZ-PICAZO GIMENEZ
  • Nº Recurso: 3353/2016
  • Fecha: 03/12/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Estimación del recurso. De conformidad con precedentes análogos -RRCA 291, 312, 519, 634 y 1583, todos del 2015-, hasta cuya resolución preferente había quedado en suspenso la tramitación de este recurso, se declara la responsabilidad patrimonial del Estado legislador por los daños y perjuicios derivados de la aplicación del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos (IVMDH) creado por la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (Ley 24/2001) y anulado por la STJUE de 27 de febrero de 2014, circunscrita a la cantidad que fuera solicitada en vía administrativa y que se constituye como tope máximo a obtener de conformidad con las bases de cálculo resarcitorio que se establecen en la sentencia por mor del principio de igualdad respecto de supuestos similares, a saber y a fijar en ejecución: la resultante de adicionar la totalidad de cantidades abonadas como consumidor final durante la vigencia del tributo anulado durante los ejercicios reclamados, minorada por las cantidades ya hubiere podido percibir la recurrente por devolución de ingresos indebidos o por devoluciones del tramo autonómico respecto del gasóleo profesional por análogos ejercicios, más los intereses legales de la cantidad resultante desde el día de presentación de la reclamación administrativa hasta fecha de notificación de sentencia, con aplicación a partir de ese momento de los intereses de mora procesal.
  • Tipo Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: RAFAEL MOLINA YESTE
  • Nº Recurso: 594/2018
  • Fecha: 03/12/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: En el presente caso, por la parte recurrente se solicitó la rectificación de sus autoliquidaciones por el Impuesto sobre Sucesiones No Residentes, para aplicar las bonificaciones que la norma nacional reconoce a los residentes, y que no se aplica a los no residentes. En la sentencia se parte de los declarado por el TJUE de 3 de septiembre de 2014, en la que se pone de manifiesto la inadecuación al Derecho Comunitario de la no aplicación por parte de la Administración Española de los beneficios -bonificación del 99%, en ese caso, al tratarse de la Comunidad de Madrid- previstos en la normativa autonómica al hecho imponible producido; de forma que los efectos de la sentencia del TJUE de 3 de septiembre de 2014 resultan aplicables a los residentes en países no pertenecientes a la Unión. En consecuencia, no ha de tenerse en cuenta la exclusión de los países terceros ajenos al EEE en relación con el ámbito de aplicación de la disposición adicional segunda de la Ley 29/1987. De acuerdo en lo expuesto dicha doctrina resulta plenamente aplicable a un residente español con una causante no residente en territorio español. Por ello, estima la procedencia de la devolución de los ingresos indebidos. Se rechaza la prescripción, al tratarse de una nulidad de pleno derecho, al no haberse adaptado la normativa nacional al derecho comunitario; todo ello, conforme a las sentencias que cita.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: LUIS MARIA DIEZ-PICAZO GIMENEZ
  • Nº Recurso: 749/2016
  • Fecha: 03/12/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Ha lugar al recurso contencioso administrativo de responsabilidad patrimonial formulada por los daños y perjuicios derivados de la aplicación del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburo s creado por la Ley 24/2001, de 27 de diciembre. El debate procesal ya ha sido resuelto por la Sala en recursos semejantes, y por aplicación del principio de igualdad en la aplicación de la ley se estima el recurso con sustento en los mismos razonamientos jurídicos de recientes sentencias de la Sala. La Administración General del Estado deberá indemnizar, en concsecuencia, a la parte recurrente en la cantidad resultante de la aplicación de las bases fijadas en la sentencia.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Granada
  • Ponente: MIGUEL PEDRO PARDO CASTILLO
  • Nº Recurso: 417/2019
  • Fecha: 03/12/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Adjudicado el contrato de obra, el Ayuntamiento, a petición de la adjudicataria, aprobó un modificado del proyecto, sin modificación del precio. La contratista solicita una cantidad adicional por trabajos no contemplados en el proyecto, pero necesarios pasa su desarrollo y buen fin. Los trabajos y sus precios fueron aprobados por la Dirección Facultativa, no constando la firma de representante del Ayuntamiento. El pliego de cláusulas expresamente preveia que La realización por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa de la Administración contratante, aún [sic] cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la Dirección Facultativa, no generará obligación alguna para la Administración. Aunque la Dirección Facultativa la llevase el arquitecto municipal, este carecía de competencias para actuar en nombre del Ayuntamiento. Costas: en primera instancia no se condena por apreciar serias dudas de derecho, que sin embargo no se deducen del contenido de la Sentencia apelada, estimandose en este punto el recurso.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JESUS CUDERO BLAS
  • Nº Recurso: 44/2019
  • Fecha: 03/12/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Procedimiento de error judicial en relación con la sentencia de un juzgado unipersonal que desestimó el recurso deducido contra una resolución municipal que adjudicó un contrato a un determinado licitador en atención a la valoración de uno de los méritos establecidos en los pliegos (fomento del empleo). El procedimiento para la declaración de error judicial no es una tercera instancia o casación encubierta en la que el recurrente pueda insistir, ante otro Tribunal en el criterio y posición que ya le fue desestimado y rechazado anteriormente, sino que éste sólo puede ser instado con éxito cuando el órgano judicial haya incurrido en una equivocación manifiesta y palmaria en la fijación de los hechos o en la interpretación o aplicación de la Ley. No concurre en el caso la equivocación palmaria denunciada en la demanda de error judicial.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA DEL CAMINO VAZQUEZ CASTELLANOS
  • Nº Recurso: 664/2018
  • Fecha: 02/12/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Desestima esta sentencia un recurso contra una resolución administrativa que denegaba una reclamación de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Publicas en el ámbito sanitario, ello al entender que no existió un funcionamiento anormal del servicio. En concreto se sostiene que no hubo una mala praxis ni una infracción de la lex artis toda vez que hubo consentimiento informado correcto en relación a las complicaciones que pudieran derivarse de la operación de leucoplasia engrosamiento de CVD sufrió el reclamante. La sentencia añade que el demandante sufrió una complicación durante la cirugía, un sangrado de via aerea o hemoptisis, perfectamente descrita y aceptada en el consentimiento informado.
  • Tipo Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE LUIS GIL IBAÑEZ
  • Nº Recurso: 2336/2019
  • Fecha: 02/12/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: En el presente caso, el recurrente solicitó ante la Administración una indemnización por los daños derivados de la anulación judicial de la declaración de no aptitud en la prueba selectiva de promoción interna para la incorporación a la Escala de Oficiales de la Guardia Civil en el que participó. En la sentencia se parte de la normativa aplicable y de los requisitos jurisprudenciales que hacen viable la responsabilidad patrimonial, añadiendo la relativa sobre los efectos de las declaraciones de nulidad de las resoluciones administrativas. Se señala que, en principio, la nulidad declarada supone la existencia de un funcionamiento anormal, al haber excluido al recurrente de forma ilegal del proceso selectivo. Se centra, entonces, en la racionabilidad de la resolución anulada, declarando, conforme a lo sucedido, que carecía de dicho requisito, por lo que se ha producido un daño antijurídico. A continuación examina las partidas por las que se reclama la indemnización, y entiende que, en relación con los costes de vivienda, dada la posibilidad que tenía el recurrente de solicitar el internado en el Centro de Formación, dicho concepto no está justificado. Sobre las diferencias retributivas entre lo percibido y lo que dejó de percibir, al no haberse prestado los servicios, es improcedente. Se rechaza la indemnización por daño moral, en la forma sostenida por el recurrente, que lo relaciona por le hecho de compartir la formación con otros compañeros y por un curso de más duración.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA DEL CAMINO VAZQUEZ CASTELLANOS
  • Nº Recurso: 684/2018
  • Fecha: 02/12/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Esta sentencia considera que no existe responsabilidad patrimonial en la actuación de la administración, derivada de la anulación de un acto administrativo que contenía una sanción disciplinaria para la empleada pública recurrente.Considera la sentencia que la actuación administrativa se mueble dentro de los márgenes de lo razonable siendo así que la anulación de la misma fue por razones estrictamente jurídicas, teniendo en todo caso por acreditados los hechos imputados en el expediente disciplinario. Esa actuación administrativa considerada disconforme al derecho pero llevada cabo dentro de un margen de apreciación tolerable, impide que pueda calificarse como antijurídica, y por tanto susceptible de sostener una reparación del daño causado que el destinatario debe soportar.
  • Tipo Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA ALICIA SANCHEZ CORDERO
  • Nº Recurso: 768/2019
  • Fecha: 02/12/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: En el presente caso, se solicita una indemnización por el fallecimiento de hijo de la recurrente en un Centro Penitenciario, al entender que no se le prestó una asistencia sanitaria correcta, al no haber existido un diagnóstico precoz del cáncer de pulmón del interno, que abocó en su fallecimiento. En la sentencia se exponen los criterios jurisprudenciales sobre la normativa reguladora de la responsabilidad patrimonial, recogiendo, de forma especial, la referida a los supuestos de asistencia sanitaria a los internos de los Centros Penitenciarios. La actora se basa en la pérdida de oportunidad de haber podido hacer una detección con mayor antelación de la enfermedad padecida, y un tratamiento terapéutico adecuado si se hubiera puesto a disposición del interno un medio de conducción para las citas médicas acordadas con el Servicio Canario de Salud, en concreto, a tres pruebas de espirometría y gasometría de fechas que indica, que fueron canceladas por inasistencia al Hospital Insular de Las Palmas. Tras describir la asistencia sanitaria proporcionada al interno, declara que,no puede afirmarse que el haber acudido a la consulta de 03.02.2017 hubiera supuesto un diagnóstico precoz del cáncer que el tratamiento con quimioterapia o radioterapia hubiera podido curar, al menos, en el estado de la ciencia actual, el tratamiento se utiliza para retrasar su crecimiento y reducir los síntomas, pero no cura un cáncer de pulmón como el descrito por el forense, un carcinoma agresivo.
  • Tipo Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARGARITA ENCARNACION PAZOS PITA
  • Nº Recurso: 603/2016
  • Fecha: 02/12/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El recurrente solicitó una indemnización por los daños sufridos como consecuencia de un atropello por otro conductor mientras estaba en un punto de verificación de alcoholemia instalado por la Guardia Civil. Alega que resultó atropellado mientras se encontraba detenido, y ello debido a que no se tuvieron en cuenta por parte de los Agentes las mínimas condiciones de seguridad del actor, quien, como consecuencia de ello, sufre graves e irreversibles secuelas físicas y psíquicas, de tanta gravedad que incluso ha sido declarado incapaz. En la sentencia se parte de las normas reguladoras de la responsabilidad patrimonial y de la jurisprudencia que interpreta los requisitos que hacen viable dicha responsabilidad. Se expone que el conductor culpable del atropello fue condenado por sentencia penal firme, y de la que extrae los hechos probados, que vinculan a esta jurisdicción contencioso-administrativa. Examinadas las circunstancias en la que se produjo el atropello, declara que, la actuación temeraria del conductor fue la desencadenante del atropello, no la actuación de la Guardia Civil, lo que hace quebrar el nexo causal que requiere el funcionamiento anormal de la Administración. Añade que la compañía aseguradora del citado vehículo indemnizó con un millón de euros, superior a la propia cifra de 858.098,76€ fijada en la demanda para calcular la indemnización postulada de 190.000 euros; indemnización que determinó, en el ámbito del proceso penal, la renuncia a la vía civil.

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