• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: LUIS MARIA DIEZ-PICAZO GIMENEZ
  • Nº Recurso: 3672/2016
  • Fecha: 14/12/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Estimación del recurso. De conformidad con precedentes análogos -RRCA 291, 312, 519, 634 y 1583, todos del 2015-, hasta cuya resolución preferente había quedado en suspenso la tramitación de este recurso, se declara la responsabilidad patrimonial del Estado legislador por los daños y perjuicios derivados de la aplicación del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos (IVMDH) creado por la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (Ley 24/2001) y anulado por la STJUE de 27 de febrero de 2014, circunscrita a la cantidad que fuera solicitada en vía administrativa y que se constituye como tope máximo a obtener de conformidad con las bases de cálculo resarcitorio que se establecen en la sentencia por mor del principio de igualdad respecto de supuestos similares, a saber y a fijar en ejecución: la resultante de adicionar la totalidad de cantidades abonadas como consumidor final durante la vigencia del tributo anulado durante los ejercicios reclamados, minorada por las cantidades ya hubiere podido percibir la recurrente por devolución de ingresos indebidos o por devoluciones del tramo autonómico respecto del gasóleo profesional por análogos ejercicios, más los intereses legales de la cantidad resultante desde el día de presentación de la reclamación administrativa hasta fecha de notificación de sentencia, con aplicación a partir de ese momento de los intereses de mora procesal.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: LUIS MARIA DIEZ-PICAZO GIMENEZ
  • Nº Recurso: 3662/2016
  • Fecha: 14/12/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Estimación del recurso. De conformidad con precedentes análogos -RRCA 291, 312, 519, 634 y 1583, todos del 2015-, hasta cuya resolución preferente había quedado en suspenso la tramitación de este recurso, se declara la responsabilidad patrimonial del Estado legislador por los daños y perjuicios derivados de la aplicación del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos (IVMDH) creado por la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (Ley 24/2001) y anulado por la STJUE de 27 de febrero de 2014, circunscrita a la cantidad que fuera solicitada en vía administrativa y que se constituye como tope máximo a obtener de conformidad con las bases de cálculo resarcitorio que se establecen en la sentencia por mor del principio de igualdad respecto de supuestos similares, a saber y a fijar en ejecución: la resultante de adicionar la totalidad de cantidades abonadas como consumidor final durante la vigencia del tributo anulado durante los ejercicios reclamados, minorada por las cantidades ya hubiere podido percibir la recurrente por devolución de ingresos indebidos o por devoluciones del tramo autonómico respecto del gasóleo profesional por análogos ejercicios, más los intereses legales de la cantidad resultante desde el día de presentación de la reclamación administrativa hasta fecha de notificación de sentencia, con aplicación a partir de ese momento de los intereses de mora procesal.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: OCTAVIO JUAN HERRERO PINA
  • Nº Recurso: 447/2019
  • Fecha: 14/12/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: En este caso el daño indemnizable cuya reparación se solicita tiene como fundamento la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 107.1, 107.2 a) y 110.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales por sentencia del Tribunal Constitucional 59/2017, de manera que la existencia de un daño real y efectivo que el interesado no tenga el deber de soportar viene condicionada y determinada por el alcance de la declaración de inconstitucionalidad efectuada en dicha sentencia, en cuanto delimita el supuesto en el que no resulta exigible el gravamen impositivo en cuestión. Pues bien, sobre tal cuestión se ha pronunciado esta Sala, Sección Segunda, en sentencia 1163/2018, de 9 de julio (rec.6226/2017). En conclusión, solo resulta posible inaplicar el IIVTNU en la medida en que se someten a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor. A tal efecto, corresponde al sujeto pasivo del IIVTNU probar la inexistencia de una plusvalía real conforme a las normas generales sobre la carga de la prueba previstas en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. En el caso concreto resulta justificado el motivo de desestimación, dado que la parte efectúa el cálculo de la diferencia de valores tomando en consideración magnitudes de distinta naturaleza, heterogéneas, razón por la que se desestima el recurso.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: LUIS MARIA DIEZ-PICAZO GIMENEZ
  • Nº Recurso: 3676/2016
  • Fecha: 14/12/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Estimación del recurso. De conformidad con precedentes análogos -RRCA 291, 312, 519, 634 y 1583, todos del 2015-, hasta cuya resolución preferente había quedado en suspenso la tramitación de este recurso, se declara la responsabilidad patrimonial del Estado legislador por los daños y perjuicios derivados de la aplicación del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos (IVMDH) creado por la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (Ley 24/2001) y anulado por la STJUE de 27 de febrero de 2014, circunscrita a la cantidad que fuera solicitada en vía administrativa y que se constituye como tope máximo a obtener de conformidad con las bases de cálculo resarcitorio que se establecen en la sentencia por mor del principio de igualdad respecto de supuestos similares, a saber y a fijar en ejecución: la resultante de adicionar la totalidad de cantidades abonadas como consumidor final durante la vigencia del tributo anulado durante los ejercicios reclamados, minorada por las cantidades ya hubiere podido percibir la recurrente por devolución de ingresos indebidos o por devoluciones del tramo autonómico respecto del gasóleo profesional por análogos ejercicios, más los intereses legales de la cantidad resultante desde el día de presentación de la reclamación administrativa hasta fecha de notificación de sentencia, con aplicación a partir de ese momento de los intereses de mora procesal.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: LUIS MARIA DIEZ-PICAZO GIMENEZ
  • Nº Recurso: 3414/2016
  • Fecha: 14/12/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Ha lugar al recurso contencioso administrativo de responsabilidad patrimonial formulada por los daños y perjuicios derivados de la aplicación del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos creado por la Ley 24/2001, de 27 de diciembre. El debate procesal ya ha sido resuelto por la Sala en recursos semejantes, y por aplicación del principio de igualdad en la aplicación de la ley se estima el recurso con sustento en los mismos razonamientos jurídicos de recientes sentencias de la Sala. En consecuencia, la Administración General del Estado deberá indemnizar a la parte recurrente en la cantidad resultante de la aplicación de las bases de la sentencia.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: RAFAEL FERNANDEZ VALVERDE
  • Nº Recurso: 3629/2019
  • Fecha: 14/12/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala desestima el recurso de casación. Se considera producida la prescripción, al haber transcurrido el plazo de un año previsto en el artículo 67.1 de la LPAC, computado desde el 3 de febrero de 2015 (fecha en la que se publicó en el BOG la STS de 23 de octubre de 2014) hasta la fecha de la reclamación, de 23 de enero de 2017. Siendo ello así porque el citado plazo no puede considerarse interrumpido por la formulación de un recurso de amparo para ante el Tribunal Constitucional, al resultar claros los términos en los que se expresa el artículo 67.1, párrafo segundo, de la LPAC -cuya interpretación se nos reclama-, sin que resulte de aplicación --como día inicial- lo previsto en el párrafo 1 del mismo artículo, que señala que "el derecho a reclamar prescribirá al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifiesto su efecto lesivo". Y debemos ratificar la doctrina contenida en la STS 871/2020, de 24 de junio, y reiterar que el cómputo del plazo de un año, determinante de la responsabilidad patrimonial prevista en el artículo 67.1, párrafo segundo, se inicia en la fecha de la notificación de la sentencia (o, en su caso, desde su publicación, si se hubiera sido parte en el procedimiento de anulación) sin que dicho plazo pueda considerarse demorado, en su inicio, o suspendido, en su trascurso, por una solicitud de revisión de oficio de un acto de aplicación de la norma anulada, o por la formulación de un recurso de amparo.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA DEL CAMINO VAZQUEZ CASTELLANOS
  • Nº Recurso: 689/2018
  • Fecha: 11/12/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Desestima esta sentencia un recurso contra una resolución administrativa que denegaba una reclamación de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Publicas en el ámbito sanitario, ello al entender que no existió un funcionamiento anormal del servicio. En concreto se sostiene que no hubo una mala praxis ni una infracción de la lex artis. Las técnicas de diagnostico en relación a los síntomas que presentaba la paciente fueron correctos según considera la sentencia al a luz de la prueba pericial practicada.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: DIMITRY TEODORO BERBEROFF AYUDA
  • Nº Recurso: 4992/2020
  • Fecha: 11/12/2020
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: Determinar si, en la regularización efectuada al obligado a realizar pagos a cuenta, corresponde a la Administración tributaria justificar que el sujeto pasivo del IRPF al que se practicó dicho pago no ha tributado por la misma cantidad en su declaración de dicho impuesto, cuando la entidad pagadora tenga la consideración de ser una sociedad compuesta íntegra o mayoritariamente por miembros de una misma familia.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Murcia
  • Ponente: MARIA CONSUELO URIS LLORET
  • Nº Recurso: 309/2018
  • Fecha: 10/12/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se desestima el recurso y,con ello,la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada en reclamación de una indemnización de 196.938 € por los daños y perjuicios sufridos por la deficiente asistencia médica prestada y error en el diagnóstico de un paciente,tras acudir en dos ocasiones al centro de salud y al ser finalmente atendida en el Hospital se constató una insuficiencia renal aguda por la que falleció dos días después. Se desestima el recurso interpuesto a partir del examen de la prueba practicada integrada por los informes médicos resultando que,en una primera asistencia se le pautó tratamiento para el dolor,reiterándose dicha pauta, en una segunda asistencia y resultando que,al acudir al día siguiente al Hospital fue ingresada en la UCI con diagnóstico de sepsis de origen respiratorio produciéndose el fallecimiento al día siguiente por un shock séptico secundario a neumonía comunitaria.Se concluye que no ha quedado acreditado que la paciente presentara síntomas de infección respiratoria y,menos aún de neumonía,cuando fue asistida por primera vez.En la segundo ocasión que fue vista el diagnostico fue de "neuritis intercostal"sin que se apreciara ningún otro síntoma relevante y siendo la primera vez que se puso de manifesto que la paciente había presentado fiebre cuando acude a urgencias,no acreditándose la mala praxis sino una evolución muy desfavorable de la paciente a pesar de estar ingresada en urgenciasy sin que tampoco se aprecie pérdida de oportunidad.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANGELES HUET DE SANDE
  • Nº Recurso: 8022/2019
  • Fecha: 10/12/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala advierte que las dos cuestiones de interés casacional fijadas en el auto de admisión ya han sido resueltas, reproduciendo la doctrina establecida en la sentencia de 14-9-20, rec. 2486/19, primera en la que se abordaron. Así: los mecanismos que permiten dar por cumplido el requisito estipulado en el art. 32.4 de la Ley 40/15, de 1 de octubre, a efectos de instar válidamente la acción de responsabilidad patrimonial prevista en dicho precepto comprenden todas aquellas formas de impugnación que, de una parte, pongan de manifiesto la disconformidad del interesado con el acto administrativo cuestionando la constitucionalidad de la norma aplicada y, de otra, den lugar al control jurisdiccional plasmado en una sentencia firme en la que se valore la constitucionalidad de la norma que después es objeto de pronunciamiento por el Tribunal Constitucional. Y entre estas formas de impugnación se encuentra la solicitud de revisión de oficio de los actos nulos de pleno derecho por responder a la aplicación de una norma que resulta inconstitucional y el correspondiente recurso jurisdiccional, interpuesto contra la resolución administrativa que desestimó un procedimiento de revisión por nulidad de pleno derecho, promovido contra la actuación que ocasionó el daño, que colma el requisito que fija el art. 32.4; en cuanto al plazo del art. 34.1, párr. 2º, de la Ley 40/15, "daños producidos" alude a aquellos incuestionables y definitivos que no están sujetos o pendientes de revisión.

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