• Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Oviedo
  • Ponente: LUIS ALBERTO GOMEZ GARCIA
  • Nº Recurso: 128/2020
  • Fecha: 09/04/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: No puede obviarse que el proceso de disolución y liquidación de la sociedad debe acogerse y respetar unas pautas establecidas para que cualquier tercero hubiere conocido de esa circunstancia y, en consecuencia, pudiera dirigir sus actuaciones al liquidador de la misma. Y, esencialmente que ese proceso garantice una liquidación ordenada del activo para hacer frente a las deudas existentes. En el caso de autos no consta la inscripción del Acuerdo de disolución de la sociedad en el Registro Mercantil, ni su publicación. Tampoco consta que se hayan nombrado liquidadores, con cese del Administrador, y se haya seguido el procedimiento ordenado de liquidación, con el resultado final de esta. Por ello, no cabe acoger el argumento exculpatorio que se articula en el escrito de demanda, frente a la evidencia palmaria del incumplimiento de los deberes del buen administrador que correspondía cumplir al recurrente, lo que conduce a la desestimación del recurso.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Cáceres
  • Ponente: DANIEL RUIZ BALLESTEROS
  • Nº Recurso: 49/2021
  • Fecha: 08/04/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La prueba pericial está incorporada a los autos, admitida y su contenido fue valorado junto al resto de material probatorio obrante en los autos. Se estima innecesario que el perito comparezca ante el Juzgado o Tribunal para ratificar su informe y explicarlo. Carece de lógica que sea la propia parte actora que encargó el dictamen, solicitó al perito sobre qué extremos quería que informara y tuvo la oportunidad de examinar el contenido del dictamen antes de presentarlo con la demanda a fin de completarlo o pedir al perito alguna ampliación, la que pida que el perito se ratifique en el mismo. La no apertura del trámite de conclusiones fue aceptada por la parte recurrente, sin que se le haya causado indefensión. Dicho trámite solo habría dado lugar a un retraso en la resolución del proceso y a una reiteración de las alegaciones ya efectuadas. No se aporta prueba que permita a la Sala tener por probado el juicio clínico que hace la parte actora y que se basa en su propio criterio pero no en una decisión científica. El dictamen pericial de parte carece de los elementos técnico-científicos para acreditar la existencia de mala praxis. Principio del vencimiento en la imposición de las costas. El que se recurra contra un acto presunto no es una causa para no imponer las costas procesales.
  • Tipo Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FRANCISCO DIAZ FRAILE
  • Nº Recurso: 634/2020
  • Fecha: 08/04/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Responsabilidad patrimonial por funcionamiento de los servicios públicos. Prueba de evaluación para ejercicio de la Abogacía. Publicación de lista de admitidos y excuidos en que consta el DNI del reclamante. La Sala aprecia desviaxción procesal de parte de los pedimtnetos de la demanda, al no haber sido objeto de la previa via administrativa. LA Sala considera que la publicación del DNI del reclamante constituye un funcinamiento anormal de los servicios públicos. Se concede indemnización por daño moral en cuantía de 5.000 euros, más intereses legales desde la reclamación
  • Tipo Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: BERTA MARIA SANTILLAN PEDROSA
  • Nº Recurso: 941/2018
  • Fecha: 08/04/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La mercantil recurrente impugna la resolución dictada por la Administración tributaria que rechazó la solicitud de devolución de ingresos indebidos en relación a las cuotas de IVA soportadas, teniendo en cuenta que había emitido facturas rectificativas como consecuencia de la retrocesión de la operación mercantil que había dado lugar al devengo del IVA. La Sala toma en consideración la existencia de un previo procedimiento de comprobación limitada y analiza el alcance que cabe atribuir al mismo a la vista de lo dispuesto en el artículo 140 de la LGT. Y finalmente estima solo en parte el recurso al considerar que la devolución del importe que reclama ya se obtuvo por la vía del ajuste y de la rectificación en su autoliquidación.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Cáceres
  • Ponente: CARMEN BRAVO DIAZ
  • Nº Recurso: 204/2020
  • Fecha: 08/04/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La anulación de actos o disposiciones administrativas no presupone el derecho a la indemnización. Cuando se trata de responsabilidad patrimonial por anulación de disposiciones y actos administrativos es necesario examinar si la actuación debe considerarse como razonable y razonada, en el sentido de que existiendo elementos discrecionales o concepto jurídicos indeterminados, la Administración se ha atenido a dichas potestades de manera razonable, por más que, a la postre, no se ajuste a la legalidad plasmada en la resolución que anula dicha actuación. En el caso examinado, la declaración del municipio de Cáceres como Zona de Gran Afluencia Turística permitía a los comercios abrir los primeros domingos de los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio y octubre. La Junta de Extremadura dictó Resolución que revocó dicha medida que fue recurrida ante el TSJ de Extremadura que confirmó la actuación administrativa que finalmente fue anulada por el TS al estimar el recurso de casación. Se valora en la sentencia que el TSJ de Extremadura confirmó la Resolución de la Junta de Extremadura, que el TS admitió el recurso de casación por la existencia de interés casacional, dejando constancia de que era una cuestión que no había sido tratada anteriormente por dicho órgano, y que no hubo condena en costas por la existencia de dudas de Derecho. Por todo ello, se concluye que no se trató de una actuación administrativa arbitraria ni palmariamente contraria al ordenamiento.
  • Tipo Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: LUCIA ACIN AGUADO
  • Nº Recurso: 100/2019
  • Fecha: 07/04/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Responsabilidad patrimonial por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia. Prisión preventiva. Examen de la evolución jurisprudencial sobre la materia. Especial énfasis en la sentencia del Tribunal Constitucional de 19 de junio de 2019, que introduce una nueva redacción del artículo 294 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Se concluye que procede indemnizar al recurrente, si bien se examinan las distintas partidas o conceptos que se reclaman y se concede la correspondiente indemnización. Voto particular.
  • Tipo Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: LUCIA ACIN AGUADO
  • Nº Recurso: 50/2019
  • Fecha: 07/04/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Responsabilidad patrimonial por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia. Prisión preventiva. Examen de la evolución jurisprudencial sobre la materia. Especial énfasis en la sentencia del Tribunal Constitucional de 19 de junio de 2019, que introduce una nueva redacción del artículo 294 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Se concluye que no procede indemnizar al recurrente, toda vez que el sobreseimiento de la casua ha sido provisional. La Sala desestima la pretensión de indemnización por una cuestión estrictamente procesal, dado el carácter provisional del sobreseimiento cuya eficacia se limita a suspender el curso de las actuaciones contra el solicitante, resaltando que es la naturaleza no definitiva del pronunciamiento judicial lo que justifica la no concesión de la indemnización.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Valladolid
  • Ponente: JAVIER ORAA GONZALEZ
  • Nº Recurso: 1136/2019
  • Fecha: 06/04/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se desestima la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada en reclamación de los daños y perjuicios sufridos, cuantificados en el abono de una indemnización de 765.868,68 € tanto por la anulación judicial del Plan Parcial del Área Homogénea AH-1 "Prado Palacio" como por la eliminación por vía de hecho de las Áreas Homogéneas existentes en el vigente PGOU de Valladolid, entre ellas la citada AH-1 (también por la exacción indebida de las cuotas abonadas por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles).Se examina y estima,con caracter previo,el defecto legal en el modo de proponer la demanda,causa de inadmisibilidad que se estima en relación con la administración autonómica demandada y ello al haber sido solicitado,en el suplico de la demanda únicamente,la anulación del Decreto recurrido del Ayuntamiento de Valladolid sin referencia alguna a la administración autonómica.Se desestima, en cuanto al fondo,el recurso interpuesto habiéndose ya pronunciado la Sala sobre dos recursos similares y ello atendiendo a los motivos que conllevaron la declaración de nulidad del acuerdo por el que se aprobó el plan parcial referido concluyendo que,el acuerdo recurrido no justifica la conveniencia de desarrollar el sector o de su transformación ampliando el suelo con destino residencial. Se rechaza por ello que el plan, declarado nulo pueda ser considerado como un título administrativo habilitante de obras y actividades sin que el plan parcial tenga naturaleza jurídica de acto administrativo.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Palma de Mallorca
  • Ponente: PABLO DELFONT MAZA
  • Nº Recurso: 163/2020
  • Fecha: 06/04/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se estima el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del Juzgado, que ha estimado el recurso y ha impuesto que se admita la reclamación de responsabilidad patrimonial, referente a aquello por lo que fueron declaradas nulas las Normas Subsidiarias, concretamente en cuanto clasificaron como suelo urbano por consolidación un núcleo urbano, desembocándose con ello en la nulidad de diversas licencias de obras en su momento otorgadas por el Ayuntamiento. Anteriormente, la Administración autonómica había inadmitido una anterior solicitud de responsabilidad patrimonial por esos hechos, con la resolución del procedimiento que nunca llegó a iniciarse para resolver en cuanto al fondo esa misma reclamación. Pero no debe entenderse por resolución del procedimiento aquella que, como la del caso, inadmitiendo la reclamación, impide así incluso el inicio del procedimiento de responsabilidad patrimonial. Por ello, el recurso contencioso-administrativo interpuesto frente a una resolución que no agota la vía administrativa incurre en causa legal de inadmisión. Pero la sentencia ahora apelada no examina la causa de inadmisión referida, ni tampoco la estima ni la desestima. Esa incongruencia de la sentencia apelada también es señalada en el recurso de apelación y, en definitiva, lo sustancial es que la resolución de inadmisión que se adoptó por esa razón no agotaba la vía administrativa porque ni podía terminar un procedimiento que no se llegó a iniciar ni tampoco resolvía el fondo.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Palma de Mallorca
  • Ponente: PABLO DELFONT MAZA
  • Nº Recurso: 113/2019
  • Fecha: 06/04/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El objeto del presente recurso contencioso-administrativo es la resolución del TEAR de Illes Balears, en adelante TEARIB, de 31/01/2019, por la que se desestimaba la reclamación contra la resolución del Gerente Regional del Catastro de no alterar la descripción catastral del inmueble denegando de ese modo la solicitud presentada por la Sra. Inmaculada el 26/07/2016, referente a que dicha finca, pese a figurar catastrada como urbana, era una finca rústica. El fundamento de la resolución recurrida se resume en que aunque la parcela se ubique según el planeamiento en una zona rústica, debe ser valorada, a efectos catastrales, como urbana, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 24 del RDL 1/2004, que prescribe que la determinación del valor catastral ... se efectuará mediante la aplicación de la correspondiente ponencia de valores, estando, por tanto, la Gerencia, obligada a atenerse estrictamente a sus disposiciones. Considera la Sala que ha de estarse a la real clasificación del bien, pues no se puede justificar que a efectos fiscales se otorgue al inmueble un valor muy superior al que deriva del TRLS, obligando al contribuyente a soportar en diversos tributos una carga fiscal superior, mientras que resulta comparativamente infravalorado a efectos reparcelatorios, expropiatorios y de responsabilidad patrimonial.

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