Resumen: Desestima esta sentencia un recurso contra una resolución administrativa que denegaba una reclamación de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Publicas en el ámbito sanitario, ello al entender que no existió un funcionamiento anormal del servicio. En concreto se sostiene que no hubo una mala praxis ni una infracción de la lex artis toda vez que hubo consentimiento informado correcto en relación a las complicaciones que pudieran derivarse de la operación de leucoplasia engrosamiento de CVD sufrió el reclamante. La sentencia añade que el demandante sufrió una complicación durante la cirugía, un sangrado de via aerea o hemoptisis, perfectamente descrita y aceptada en el consentimiento informado.
Resumen: En el presente caso, el recurrente solicitó ante la Administración una indemnización por los daños derivados de la anulación judicial de la declaración de no aptitud en la prueba selectiva de promoción interna para la incorporación a la Escala de Oficiales de la Guardia Civil en el que participó. En la sentencia se parte de la normativa aplicable y de los requisitos jurisprudenciales que hacen viable la responsabilidad patrimonial, añadiendo la relativa sobre los efectos de las declaraciones de nulidad de las resoluciones administrativas. Se señala que, en principio, la nulidad declarada supone la existencia de un funcionamiento anormal, al haber excluido al recurrente de forma ilegal del proceso selectivo. Se centra, entonces, en la racionabilidad de la resolución anulada, declarando, conforme a lo sucedido, que carecía de dicho requisito, por lo que se ha producido un daño antijurídico. A continuación examina las partidas por las que se reclama la indemnización, y entiende que, en relación con los costes de vivienda, dada la posibilidad que tenía el recurrente de solicitar el internado en el Centro de Formación, dicho concepto no está justificado. Sobre las diferencias retributivas entre lo percibido y lo que dejó de percibir, al no haberse prestado los servicios, es improcedente. Se rechaza la indemnización por daño moral, en la forma sostenida por el recurrente, que lo relaciona por le hecho de compartir la formación con otros compañeros y por un curso de más duración.
Resumen: Esta sentencia considera que no existe responsabilidad patrimonial en la actuación de la administración, derivada de la anulación de un acto administrativo que contenía una sanción disciplinaria para la empleada pública recurrente.Considera la sentencia que la actuación administrativa se mueble dentro de los márgenes de lo razonable siendo así que la anulación de la misma fue por razones estrictamente jurídicas, teniendo en todo caso por acreditados los hechos imputados en el expediente disciplinario. Esa actuación administrativa considerada disconforme al derecho pero llevada cabo dentro de un margen de apreciación tolerable, impide que pueda calificarse como antijurídica, y por tanto susceptible de sostener una reparación del daño causado que el destinatario debe soportar.
Resumen: En el presente caso, se solicita una indemnización por el fallecimiento de hijo de la recurrente en un Centro Penitenciario, al entender que no se le prestó una asistencia sanitaria correcta, al no haber existido un diagnóstico precoz del cáncer de pulmón del interno, que abocó en su fallecimiento. En la sentencia se exponen los criterios jurisprudenciales sobre la normativa reguladora de la responsabilidad patrimonial, recogiendo, de forma especial, la referida a los supuestos de asistencia sanitaria a los internos de los Centros Penitenciarios. La actora se basa en la pérdida de oportunidad de haber podido hacer una detección con mayor antelación de la enfermedad padecida, y un tratamiento terapéutico adecuado si se hubiera puesto a disposición del interno un medio de conducción para las citas médicas acordadas con el Servicio Canario de Salud, en concreto, a tres pruebas de espirometría y gasometría de fechas que indica, que fueron canceladas por inasistencia al Hospital Insular de Las Palmas. Tras describir la asistencia sanitaria proporcionada al interno, declara que,no puede afirmarse que el haber acudido a la consulta de 03.02.2017 hubiera supuesto un diagnóstico precoz del cáncer que el tratamiento con quimioterapia o radioterapia hubiera podido curar, al menos, en el estado de la ciencia actual, el tratamiento se utiliza para retrasar su crecimiento y reducir los síntomas, pero no cura un cáncer de pulmón como el descrito por el forense, un carcinoma agresivo.
Resumen: El recurrente solicitó una indemnización por los daños sufridos como consecuencia de un atropello por otro conductor mientras estaba en un punto de verificación de alcoholemia instalado por la Guardia Civil. Alega que resultó atropellado mientras se encontraba detenido, y ello debido a que no se tuvieron en cuenta por parte de los Agentes las mínimas condiciones de seguridad del actor, quien, como consecuencia de ello, sufre graves e irreversibles secuelas físicas y psíquicas, de tanta gravedad que incluso ha sido declarado incapaz. En la sentencia se parte de las normas reguladoras de la responsabilidad patrimonial y de la jurisprudencia que interpreta los requisitos que hacen viable dicha responsabilidad. Se expone que el conductor culpable del atropello fue condenado por sentencia penal firme, y de la que extrae los hechos probados, que vinculan a esta jurisdicción contencioso-administrativa. Examinadas las circunstancias en la que se produjo el atropello, declara que, la actuación temeraria del conductor fue la desencadenante del atropello, no la actuación de la Guardia Civil, lo que hace quebrar el nexo causal que requiere el funcionamiento anormal de la Administración. Añade que la compañía aseguradora del citado vehículo indemnizó con un millón de euros, superior a la propia cifra de 858.098,76€ fijada en la demanda para calcular la indemnización postulada de 190.000 euros; indemnización que determinó, en el ámbito del proceso penal, la renuncia a la vía civil.
Resumen: Responsabilidad patrimonial por funcionamiento de la Administración de Justicia. Prisión preventiva. La Administración desestima la reclamación. Sentencia absolutoria dictada por un Juzgado de lo Penal. Examen de la evolución doctrinal y jurisprudencial sobre la responsabilidad de la Administración por prisión preventiva injusta. Artículo 294 LOPJ tras la sentencia del Tribunal constitucional 85/2019. Procedencia de la responsabilidad. Examen de la cuantía de la indemnización. Privación de libertad de 461 días, 12.000 euros.
Resumen: Resolución de contrato de concesión administrativa para la construcción, conservación y explotación de la autopista de peaje. La relevancia de las fianzas incautadas a efectos del cálculo de la "responsabilidad patrimonial de la Administración" ha de valorarse en la fase de liquidación de la concesión. Pérdida de objeto de este recurso contencioso-administrativo en lo atinente a la incautación de la fianza de construcción.
Resumen: Se desestima el recurso interpuesto y,con ello,la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por mala praxis en la atención médica prestada a un paciente durante la práctica de una intervención quirúrgica con motivo del tumor que presentaba en el pulmón y que había sido objeto de sucesivas revisiones desde su aparición, produciéndose el fallecimiento al día siguiente y solicitando,los recurrentes una indemnización de 101.200 euros por los perjuicios sufridos. Se desestima el recurso interpuesto a partir de la prueba practicada concretada en los distintos informes periciales aportadas. En el informe pericial del recurrente se concluye afirmando la mala praxis médica al practicarse la intervención sin conocer realmente las características del tumor. Frente a la prueba de los recurrentes se destaca el informe emitido por la Inspección médica en el que se rechaza la infracción de la lex artis en relación con la indicación y el tratamiento quirúrgico realizado atendido el diagnóstico de la masa tumoral maligna detectada en la pared torácica derecha.Consta igualmente el consentimiento informado firmando por el paciente y la realización correcta de la cirugía, no siendo acordes las técnicas propuestas por la parte actora habida cuenta de la ubicación del tumor. De la totalidad de la prueba practicada se descarta una posible pérdida de oportunidad y se concluye que el tratamiento prestado al paciente fue, en todo momento acorde a la lex artis.
Resumen: Se desestima el recurso interpuesto y,con ello,la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por los daños y perjuicios derivados de la asistencia sanitaria prestada al recurrente por parte de la Clínica Universitaria de Navarra, en virtud de concierto sanitario, tras la intervención quirúrgica practicada con motivo de la lumbalgia crónica que padecia consistente en estenosis de canal lumbar y mala praxis que se produce, a su vez, en relación con el seguimiento posterior a dicha intervención. Se desestima el recurso interpuesto a partir del examen de la prueba practicada concretada en el informe y declaración de la inspectora médica así como el informe y declaración del médico especialista en valoración del daño corporal junto con otros médicos,entre ellos el que realizó una segunda intervención quirúrgica a la recurrente. A partir del análisis de la doctrina sobre la carga de la prueba y el consentimiento informado y la relación de los defecto de éste con mala praxis y la correlativa responsabilidad patrimonial se concluye declarando que en el presente supuesto no se produce defecto alguno en el consentimiento prestado para la intervención quirúrgica que le fue practicada al recurrente, sin que de la prueba practicada se aprecie vulneración de la lex artis o práctica inadecuada en la intervención quirúrgica realizada y si bien la evolución posterior fue mala en ningún caso puede imputarse a una mala praxis,ni tampoco en el tratamiento posterior a dicha intervención
Resumen: Desestima esta sentencia un recurso contra una resolución administrativa que denegaba una reclamación de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Publicas en el ámbito sanitario, ello al entender que no existió un funcionamiento anormal del servicio. En concreto se sostiene que no hubo una mala praxis ni una infracción de la lex artis toda vez que hubo consentimiento informado correcto en relación a las complicaciones que pudieran derivarse de la atención en relación con la espondilodiscitis que sufrió el reclamante.
