Resumen: Acción directa del transportista frente al cargador principal. En primera instancia se estimó la demanda al considerar que era procedente la acción directa frente al cargador principal, aunque éste hubiera pagado al contratista porque cumple una función de garantía. La Audiencia estimó el recurso y desestimó la demanda al estimar que la acción directa del transportista efectivo es una modalidad de la acción directa del contrato de obra del CC, por lo que si el dueño ha pagado no cabe reclamación en su contra. La demandante interpone recurso de casación en el que alega que el pago hecho por el cargador principal al transportista intermedio no libera al cargador principal si no han sido pagados todos los intervinientes en la cadena de subcontratación. La sala estima el recurso reiterando la jurisprudencia sobre la acción directa del transportista efectivo contra el cargador y los intervinientes en la cadena subcontratación SSTS 644/2017 de 24 de noviembre y 248/2019 de 6 de mayo. En esta modalidad de acción directa, propia del contrato de transporte, no opera la limitación de que únicamente pudiera reclamarse lo que el cargador principal adeudara al intermediario así como que la finalidad de la norma era conceder una garantía en favor de los transportistas finales y subcontratistas intermedios, como parte económicamente más débil de la cadena transporte. El porteador efectivo puede reclamar al cargador el precio del transporte aunque este ya haya pagado al porteador.
Resumen: El crédito de la entidad que, en virtud del art. 42.2 ET, paga un crédito concursal salarial que una trabajadora tenía frente a la concursada (concesionaria de la prestación de unos servicios), tiene la consideración de crédito concursal, aunque el pago hubiera sido realizado después de la declaración de concurso. Desde el punto de vista del tratamiento de los créditos dentro del concurso, el derecho del Patronato a resarcirse frente a la concursada de los importes satisfechos no supone un nuevo crédito nacido después del concurso, sino la sustitución de este garante en la titularidad del crédito ya existente, que conserva su naturaleza concursal. La categoría de créditos contra la masa debe ser objeto de una interpretación restrictiva. La jurisprudencia ha concedido el mismo tratamiento a la acción del garante frente al concursado, sea la acción subrogatoria o la de reembolso. Esta doctrina es también aplicable a este caso, en que el garante que, después de la declaración de concurso, pagó un crédito salarial concursal, había asumido esa condición de garante por prescripción legal. La obligación frente al trabajador, al margen de cuándo surgiera su exigibilidad, nace con el nacimiento de las obligaciones salariales bajo las condiciones en que el art. 42.2 ET le atribuía la responsabilidad solidaria. El crédito concursal sigue siendo el mismo, aunque cambie el titular con derecho a reclamarlo.
Resumen: Determinación de si un crédito es concursal o contra la masa. El crédito de la entidad que, en virtud del art. 42.2 ET, paga un crédito concursal salarial que una trabajadora tenía frente a la concursada (concesionaria de la prestación de unos servicios), tiene la consideración de crédito concursal, aunque el pago hubiera sido realizado después de la declaración de concurso. Desde el punto de vista del tratamiento de los créditos dentro del concurso, el derecho del Patronato a resarcirse frente a la concursada de los importes satisfechos no supone un nuevo crédito nacido después del concurso, sino la sustitución de este garante en la titularidad del crédito ya existente, que conserva su naturaleza concursal. La categoría de créditos contra la masa debe ser objeto de una interpretación restrictiva. La jurisprudencia ha concedido el mismo tratamiento a la acción del garante frente al concursado, sea la acción subrogatoria o la de reembolso. Esta doctrina es también aplicable a este caso, en que el garante que, después de la declaración de concurso, pagó un crédito salarial concursal, había asumido esa condición de garante por prescripción legal. La obligación frente al trabajador, al margen de cuándo surgiera su exigibilidad, nace con el nacimiento de las obligaciones salariales bajo las condiciones en que el art. 42.2 ET le atribuía la responsabilidad solidaria. El crédito concursal sigue siendo el mismo, aunque cambie el titular con derecho a reclamarlo.
Resumen: Reiteración de doctrina sobre la acción directa del transportista efectivo frente al cargador principal cuando el porteador intermedio ha sido declarado en concurso. La acción directa del transportista efectivo (DA 6ª de la Ley 9/2013 de modificación de la LOTT) tiene un alcance mayor que la acción del art. 1597 CC y constituye una norma propia y específica del contrato de transporte terrestre; no es solo una acción directa tradicional, sino también una modalidad de garantía de pago suplementaria que puede ser reclamada con independencia de que el porteador principal hubiera o no satisfecho el porte al intermediario. La regulación legal de esta acción directa no contiene ninguna previsión que excepcione su aplicación en caso de concurso del porteador intermedio; los arts. 50.3 º y 51 bis.2 LC solo se refieren a la acción directa del art. 1597 CC, que es una acción diferente y que cumple otro fin. Si el cargador ha pagado al concursado, la acción directa queda al margen del proceso concursal; y si no ha pagado, tampoco afecta al concurso, pues la acción se dirige contra el garante ex lege de la deuda. Por ello, se desestima el recurso de casación, pues la declaración de concurso del porteador intermedio no impide el ejercicio de la acción directa del porteador efectivo frente al cargador principal y resulta improcedente hacer ningún pronunciamiento sobre la clasificación de un crédito en procedimiento distinto al concurso.
Resumen: De conformidad con los principios de unidad de doctrina, igualdad y seguridad jurídica, la Sala reitera lo declarado, entre otras, en la STS de 29/10/2020 (RCA 431/2019) que desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra el Acuerdo del Consejo de Ministros que inadmitió la reclamación de indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado Legislador, consecuencia de la aplicación de una norma declarada contraria al Derecho de la Unión Europea, con sustento en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 3 de septiembre de 2014 (asunto C- 127/2012), al considerar extemporáneo el ejercicio de la acción de responsabilidad conforme al art. 67.1 de la Ley 39/2015, que señala que "[...]el derecho a reclamar prescribirá al año de su publicación [...] en el "Diario Oficial de la Unión Europea" [...] de la sentencia que declare su carácter contrario al Derecho de la Unión Europea", tal y como también se señaló en STS de 19 de febrero de 2018 (rec. 62/2017), y se reiteró en las posteriores sentencias de 21 y 22 de marzo de 2018 (rec. 2893/2016 y 125/2016). Ahora bien, en el presente caso el TS estima el recurso considerando las peculiaridades del supuesto, singularmente porque la acción de responsabilidad no ha incurrido en extemporaneidad teniendo en cuenta que lo reclamado eran los importes no devueltos al recurrente una vez solicitada la devolución de los recargos en tiempo y forma.
Resumen: Se pronuncia sobre la cuestión relativa a la legalidad de la decisión, adoptada en el Acuerdo del Consejo de Ministros impugnado, según la cual la presentación de la reclamación patrimonial por responsabilidad patrimonial del Estado legislador (por aplicación de norma contraria al Derecho de la Unión Europea), no tuvo lugar dentro del plazo del año establecido en el actual art. 67.1, párrafo tercero, de la LPAC. Para ello, ratifica el criterio establecido por la Sala en las SSTS 1421/2020, de 29 de octubre (RCA 431/19) y 1473/2020, de 10 de noviembre de 2020 (RC 443/19), cuyo contenido esencial reproduce; criterio según el cual el dies a quo para el ejercicio de la acción es el de la fecha de la publicación de la STUE de 3/9/14, y no el de la publicación de la STS 242/18, de 19 de febrero, tanto por la claridad del art. 67.1 de la Ley 39/15, como porque la STS 242/18, de 19 de febrero no estableció ninguna "doctrina general" por la que la doctrina establecida en la STJUE de 3/9/14, se extienda, no sólo a los ciudadanos residentes en el ámbito de la UE o del Espacio Económico Europeo, sino también a los residentes de terceros países -ámbito que ya quedaba abarcado por la propia STJUE referida-, esto es, la STS 242/18, de 19 de febrero ni amplió, ni extendió ni formuló declaración alguna respecto de la doctrina contenida en la citada STJUE, así como tampoco moduló, matizó, perfiló o adaptó la doctrina allí establecida -y así se concluyó en la STS de 19/11/20, RC 6314/18-.
Resumen: Estima el recurso interpuesto contra el Acuerdo que inadmitió (por extemporánea) la solicitud de indemnización por responsabilidad patrimonial al Estado Legislador (por aplicación de norma contraria al Derecho de la UE), formulada por el recurrente, con sustento en la STJUE de 3/9/14 (asunto C-127/2012). Inicialmente, ratifica el criterio establecido en diversas SSTS, como la de 10/11/20, RC 443/2019, según el cual el dies a quo para el ejercicio de la acción es el de la fecha de la publicación de la STUE de 3/9/14, y no el de la publicación de la STS 242/18, de 19 de febrero, pues, en esencia, esta última ni amplió ni formuló declaración alguna respecto de la doctrina contenida en la citada STJUE -y así se concluyó p.ej. en la STS 1546/20, de 19 de noviembre, RC 6314/18-. Sin embargo, posteriormente, estima el recurso, iura novit curia, con base en otras circunstancias, respecto de las que las partes se pronunciaron, sin afectación, por tanto, del principio de contradicción, y sin indefensión alguna. Así, la sala -teniendo en cuenta la STS de 16/7/19, RC 810/19- no acepta el distinto trato dado a la solicitud (en plazo) del recurrente de rectificación de la autoliquidación con devolución de ingresos indebidos por el ISD, pues se accedió respecto de la cuota y sus intereses, mas no respecto de los recargos asimismo abonados, a los que se refería la reclamación de responsabilidad patrimonial, considerando que esa solicitud posibilitó que esta reclamación no fuera extemporánea.
Resumen: Devengo del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. Imposibilidad de girar la liquidación definitiva si al tiempo del devengo no se conoce cuál es el importe cierto de la base imponible. Finalidad recaudatoria de la liquidación provisional. Vinculación entre la liquidación provisional y la liquidación definitiva: no implica que si se ha optado por el coste estimado en la liquidación provisional (aplicación de módulos o índices), la comprobación administrativa de la que derivará la liquidación definitiva debe ceñirse a si ese coste estimado es correcto o no lo es con el fin de cuantificar la base imponible en la liquidación definitiva del ICIO. Posible modificación del método de cálculo empleado en la liquidación provisional.
Resumen: El Impuesto sobre Actividades que Inciden en el Medio Ambiente de la Comunidad Valenciana, creado por el artículo 154 de la Ley autonómica 10/2012, de 21 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y de Organización de la Generalidad Valenciana, respeta los límites que establecen los apartados 2 y 3 del artículo 6 LOFCA; no afecta a las competencias atribuidas al Estado en la Constitución; no infringe los principios constitucionales que rigen la imposición; y no vulnera el artículo 3 de la Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009 , sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad.
Resumen: Ha lugar al recurso de casación interpuesto por el Abogado del Estado contra sentencia que ordenó el reintegro de haberes retributivos hasta el límite de lo percibido en concepto de pensión de jubilación. Admitido en su día el recurso de casación para determinar qué procedimiento es aplicable para el reintegro en caso de duplicidad de percepciones (sueldos y pensiones), si el previsto en el RD 1134/1997 o bien el previsto en la Orden PRE/1064/2016, -el primero si procede reintegrar las pensiones, la segunda si lo que deben reintegrarse son los sueldos-, el TS resuelve que la única vía admisible para reintegrar los salarios será incoar un eventual procedimiento de revisión de oficio de esos actos declarativos de derechos que son las nóminas pagadas constante la relación de servicios, declarándolos lesivos e impugnándolos jurisdiccionalmente, y deberá ponderar especialmente las circunstancias personales de la afectada y el origen -entre judicial y administrativo- de una incompatibilidad sobrevenida, más la posible improcedencia del ejercicio de esa potestad de revisión de oficio.
