Resumen: La Sala desestima el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia que desestima la pretensión de responsabilidad patrimonial sanitaria por retraso en el diagnóstico del cáncer gástrico. No existe prueba alguna que relacione los síntomas que la paciente presentaba meses antes con los que finalmente expuestos, si consta que los antecedentes familiares hubieran sido manifestados por la madre del recurrente. Ni cabe apreciar el error en la apreciación de la prueba por parte de la juzgadora "a quo" ni la hipotética demora en el diagnóstico habría sido determinante del daño finalmente producido, ya que, tal como se deriva del informe del perito judicial, lo decisivo fue el estadío avanzado de la patología neoplásica en el momento de acudir la paciente con los síntomas que presentaba cuando se le detecto. Los síntomas iniciales no eran elocuenes y fue tratada adecuadamente, sin que se aprecie error en la valoración de la prueba aun cuando se omitiera en la sentencia apelada la constancia de las apreciaciones de las peritos que informaron a instancia de la parte actora pues se da prevalencia a la pericial judicial especializada en oncología médica. La actuación médica en este caso ha sido acorde a los síntomas que presentaba la paciente, de modo que el estadio avanzado con que debutó el cáncer gástrico sólo hizo posible la cirugía paliativa.
Resumen: la cuestión sobre la que se entiende existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar el dies a quo del cómputo del plazo de prescripción de la acción de responsabilidad patrimonial por daños ocasionados por la anulación en sentencia de una licencia al amparo de la cual se ejecutó una obra, en supuestos en los que la obra permaneció legalizada por un planeamiento urbanístico posterior que también fue objeto de ulterior anulación.
Resumen: La Sala desestima el recurso. Sobre la primera cuestión relativa a la falta de acreditación de la inexistencia del incremento del valor de los terrenos y del alcance confiscatorio de las liquidaciones practicadas, el análisis de las alegaciones de ambas partes y la valoración conjunta de todo lo actuado permite alcanzar una doble conclusión: (i) que los razonamientos contenidos en el informe de la DGT -que fueron reproducidos y asumidos por el Consejo de Ministros en el acuerdo impugnado- no han sido eficazmente combatidos y desvirtuados por la parte actora; y (ii) que esos razonamientos revelan, sin género de dudas, que los criterios utilizados por la entidad de tasación y defendidos por la parte actora para calcular el valor inicial y final de los terrenos, a fin de realizar la comparación entre ambos, no se acomodan a la doctrina jurisprudencial establecida en esta materia. En cuanto a la segunda solicitud, relativa a la pretensión de que le fueran resarcidos los honorarios profesionales satisfechos por ella por el ejercicio de las acciones en vía judicial, pretensión que fue rechazada por el Consejo de Ministros, la parte actora ni siquiera se ha referido en la demanda a esta segunda cuestión. Por tanto, al no haber efectuado crítica alguna al acuerdo impugnado en relación con este extremo, procede rechazar de plano la pretensión de la recurrente de que le sean resarcidos los honorarios profesionales satisfechos por el ejercicio de acciones judiciales.
Resumen: Se estima parcialmente el recurso y,con ello,la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de la asistencia sanitaria recibida al someterse a una safenectomía por el Servicio de Angiología y Cirugía Vascular, causándole en dicha intervención una lesión iatrogénica,condenando a la administración a indemnizar a la recurrente con 15.000 euros por los daños morales causados por la ausencia del consentimiento informado para la intervención quirúrgica, sin que el documento aportado conste firmado y sin que la complicación sufrida, y que era posible por la naturaleza de la intervención, le fuera previamente explicada o,en su caso,de las posibles alternativas terapeúticas. Se rechaza la infracción de la lex artis por concluir la Sala,a la vista de la prueba practicada, que la intervención quirúrgica y la técnica empleada eran necesarias y adecuadas y la intervención se realizó conforme a la lex artis. Se desestima la pretensión fundada en el retraso en el diagnóstico de la neuralgia del nervio safeno interno para la que tampoco ha recibido la atención adecuada lo que motivó un retraso en el tratamiento de las lesiones y se rechaza,asimismo el nexo causal entre la operación y la neuropatía bilateral diagnosticada en la electromiografía ya que la cirugía se efectuó sólo en la extremidad inferior derecha cuando el nervio safeno interno es puramente sensitivo y proporciona la sensibilidad desde la rodilla hasta el tobillo.
Resumen: La sentencia resuelve un recurso contencioso-administrativo frente al acuerdo de la Comisión Permanente del CGPJ que desestima el recurso de alzada formulado contra un Acuerdo del Promotor de la Acción Disciplinaria que decretaba el archivo de la diligencia informativa contra un Juzgado de Violencia contra la Mujer. La sentencia aborda, en primer lugar, la legitimidad del denunciante. A tal efecto, recuerda la jurisprudencia en virtud de la cual los denunciantes tienen legitimación para que el procedimiento seguido haya colmado y culminado la investigación y comprobación de los hechos, pero no para que se abra un expediente disciplinario y se imponga, en su caso, una sanción (FJ 1º). Tras analizar el escrito de demanda, reputa que lo que en realidad está instando el recurrente es la incoación de un expediente disciplinario que queda fuera de su esfera de legitimación (FJ 2º). En segundo lugar, se analiza si el acuerdo de la Comisión Permanente se encuentra motivado o no, concluyendo que cumple los requisitos de motivación legalmente exigibles (FJ 3º). En consecuencia, se desestima el recurso con imposición de costas a la parte recurrente.
Resumen: Se desestima el recurso interpuesto y, con ello, la reclamación de responsabilidad patrimonial en solicitud de una indemnización de 192.592 € por los daños sufridos por la defectuosa asistencia sanitaria prestada al marido y padre de los recurrentes tras acudir en varias ocasiones al Complejo Asistencial Universitario de León "aquejado de molestias en el aparato digestivo", consultas que se iniciaron en el año 2014, y tras ser atendido por varios profesionales del sector, no fue hasta abril de 2016 cuando le diagnosticaron un carcinoma en el estómago y duodeno,con metástasis por el que falleció un año después. Se desestima el recurso interpuesto valorando para ello la prueba practicada y, en concreto, el informe del Inspector médico, ratificado a presencia judicial y en el que se concluye que la asistencia sanitaria prestada fue correcta y acorde a los síntomas del paciente en cada momento. Y todo ello al constar que en las consultas iniciales el paciente estaba aquejado de una infección por la bacteria del Helicobacter Pylori siéndole instaurado el correspondiente tratamiento y si bien dicha infección haya sido la probable causa del cáncer padecido por éste, el mismo le fue diagnosticado cuando fue posible sin que se acredite retraso alguno en el diagnóstico de dicha enfermedad siendo compatible la realización del diagnóstico, con la aparición de los síntomas de alarma sin que una detección más precoz hubiera variado el pronóstico o el curso de la enfermedad.
Resumen: Se estima parcialmente el recurso interpuesto y,con ello,la reclamación de responsabilidad patrimonial deducida reconociendo el derecho de la actora a ser indemnizada en 86.276,40 € por los daños sufridos por el fallecimiento de su esposo por infracción de la lex artis concretada en la infección nosocomial contraída en quirófano y/o en la Unidad de Cuidados Intensivos, en concurrencia con mala praxis quirúrgica e inexistencia de previo consentimiento informado, pretensión que ya había sido estimada parcialmente en sede administrativa al reconocer la vulneración de la lex artis por no haber recabado el consentimiento informado al paciente con carácter previo a la realización de la intervención quirúrgica reconociendo,por ello,una indemnización de 4.313,82 €.Se declara la existencia de un daño antijuridico habida cuenta que el fallecido era un paciente de riesgo que se sometía a una intervención programada,cirugía que se demoró hasta 12 horas debido a la rotura de la arteria iliaca y sin que, tras su ingreso en la UCI, se pautara tratamiento antibiotico alguno. Se estima parcialmente el recurso incrementando la indemnización concedida en sede administrativa, a la vista de la prueba practicada de la que se concluye partiendo del delicado estado del paciente antes de su ingreso y la complejidad de la intervención que se realizó de forma correcta la infracción de la lex artis al no dar importancia a la infección de la herida y no pautarle tratamiento alguno.
Resumen: Se desestima el recurso interpuesto y,con ello,la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada en solicitud de una indemnización de 150.000 euros por los daños y perjuicios sufridos tras la realización de una colecistectomía laparoscópica en la que sufrió complicaciones consistentes en la perforación de vesícula con inflamación del páncreas y el hígado por las que hubo de ser reintervenido resultando con la "secuela" de biloma residual en lecho quirúrgico y calificando, por ello, la asistencia sanitaria recibida como negligente con infracción de la lex artis. Se examina,en primer lugar la prescripción de la acción para reclamar al haber transcurrido el plazo de un año previsto por el art. 67.1 de la Ley 39/2015 acudiendo,para ello,al título de imputación esgrimido por la actora y los daños antijurídicos por los que se reclama constatando que,ni el Dictamen del Consejo Jurídico como la Orden resolutoria del expediente consideraron que la acción estaba prescrita manteniendo por ello la demandada una posición contraria a la mantenida en vía administrativa.Se rechaza la prescripción invocada atendiendo a la fecha en la que se determinó el alta definitiva del enfermo y aplicando el criterio pro actione. En cuanto al fondo se desestima el recurso interpuesto al concluir,de la prueba practicada que la intervención quirúrgica practicada estaba indicada y se realizó con la técnica adecuada produciéndose un riesgo propio de la misma sin infracción de la lex artis.
Resumen: Se desestima el recurso y la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por los daños sufridos por defectos en el consentimiento informado prestado para la intervención quirúrgica practicada de ligamento cruzado anterior y en la que se produjo una lesión severa del nervio femoral al producirse,durante la misma, una fractura en la rótula que motivó la sustitución de la técnica inicialmente empleada,artroscopia, por una cirugía a cielo abierto, con una duración superior y durante la cual se produjo la lesión por la que se reclama. Se rechaza,en primer lugar,la prescripción invocada a considerar que desde la fecha en la que se produjo la última consulta,que puede ser considerada como informe final de valoración pues en la misma se objetiva la lesión del nervio femoral y se entiende estabilizada la lesión hasta la interposición de la reclamación no había transcurrido el plazo de un año previsto por el art. 69 de la LPAC. En cuanto al fondo se desestima el recurso interpuesto al no acreditarse la necesaria relación de causalidad entre el tiempo de isquemia y la lesión del nervio femoral.y todo ello porque consta que la duración de la cirugía de reconstrucción del LCA fue inferior a 90 minutos sin que el tiempo de isquemia fuera superior al recomendado, atendiendo para ello a los informes periciales practicados coincidiendo,todos ellos en señalar que el tiempo de reparación por colocación de cerclaje fue extremadamente corto rechazando la mala praxis.
Resumen: Se declara la inadmisibilidad del recurso interpuesto frente a la desestimación presunta de la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por los daños y perjuicios sufridos por el recurrente, funcionario por oposición de la Diputación Provincial de Palencia, adscrito a los servicios sanitarios de la misma, nombrado Jefe del Servicio Médico de Anatomía Patológica del Hospital Provincial San Telmo como consecuencia del retraso imputable a la Administración en ofrecerle una plaza, una vez que solicitó el reingreso desde la situación de excedencia por interés particular en la que se encontraba desde el 8 de julio de 2005, y, en obtener la misma. al apreciar cosa juzgada. Considera el recurrente que se ha producido un supuesto de inactividad por parte de la administración al no contestar a las solicitudes presentadas. Destaca la Sala que el recurrente solicitó la excedencia por interés particular que le fue concedida sin reserva de puesto. En 2007, 2011 y 2015 presenta solicitudes solicitando el reingreso a una plaza de carácter estatutario concreta lo que le fue denegado al no existir ninguna plaza vacante en la categoría solicitada y debiendo solicitar, por ello,el reingreso al servicio activo. Se inadmite el recurso acogiendo la causa alegada por la administración demandada por constatar que en el procedimiento seguido previamente ante el Juzgado de lo contencioso nº 3 de Valladolid se dedujo idéntica pretensión de responsabilidad patrimonial que fue desestimada.
