Resumen: Se desestima el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del Juzgado, que estima el recurso contencioso planteado por la Administración insular contra la resolución municipal que concede la licencia de obra para la construcción de 105 viviendas, locales y garajes, que se anula. En el litigio lo que importa no es tanto si los terrenos estaban clasificados como urbanos en las NNSS, que lo estaban, como si disponían de los servicios en las condiciones necesarias para permitir la edificación proyectada. La sentencia apelada sostiene que no contaban con todos los servicios, lo que manifiesta que resulta necesaria la condición de solar para la obtención de licencia de edificación en suelo clasificado como urbano. Los informes y las fotografías reflejan claramente la inexistencia de aceras pavimentadas en muchos tramos o en estado tan deteriorado que impide apreciar pavimento alguno. También consta que, al tiempo de concederse la licencia, no existía red de suministro de agua en condiciones que permitiesen atribuir la condición de solar a las parcelas sobre las que se concedió la licencia. Por ello, por incumplir el proyecto con los requisitos legales, no procedía la concesión de la licencia y por ello se desestima el recurso de apelación.
Resumen: Se desestima el recurso interpuesto y,con ello,la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por los daños y perjuicios sufridos por el fallecimiento de una paciente como consecuencia de la negligente actuación de los servicios sanitarios y, en concreto, por parte de la Unidad de Psiquiatría, responsable del cambio de medicación (la administración de quetiapina) que provocó su fallecimiento. Se sustenta la demanda en que la paciente ingresó en el Hospital como consecuencia de una caída casual con dolor en la región lumbar cierto deterioro cognitivo y agitación. Tras varios días de ingreso se solicita su traslado,por vía de urgencias,a la unidad de psiquiatria,siendo bueno el estado de la salud de la paciente y falleciendo,cuatro días después por la administración de un medicamento a pesar de las numerosas alergias que presentaba la paciente. Se desestima el recurso interpuesto,previa valoración de la prueba practicada por considerar que ninguno de los informes aportados, ni los emitidos por los peritos,especialmente la perito judicial, avalan su tesis y ello al concluir,especialmente dicho informe, que la paciente presentaba una patología depresiva crónica sin que conste seguimiento alguno de su salud mental,siendo acorde a los protocolos médicos,el tratamiento que se le pautó por parte del servicio de psiquiatria y sin que exista evidencia científica alguna entre el uso de dicho medicamento y el infarto agudo de miocardio que sufrió.
Resumen: Desestimación presunta del requerimiento formulado por el Presidente de la Xunta de Galicia al Consejo de Ministros para las adopción de las medidas necesarias para compensar a la Comunidad Autónoma de Galicia por el desfase financiero producido en la liquidación del IVA correspondiente al ejercicio de 2017. Rechaza que el recurso se dirija a combatir una liquidación que devino firme y que el mismo sea extemporáneo. No acoge la pretensión de nulidad del Real Decreto 596/2016, de 2 de diciembre, que tiene un carácter técnicamente neutro respecto del sistema de financiación de las CC.AA., y cuyo cuestionamiento no se fundamenta en la ilegalidad de ninguna de sus disposiciones, no vulnerando los principios constitucionales que regulan el sistema de financiación de las CC.AA. de régimen común ni el principio de lealtad institucional. Por último, considera que el desequilibrio derivado de la aplicación de la metodología instaurada por el Real Decreto 596/2016, de 2 de diciembre, determinó la vulneración del derecho a la autonomía financiera de la Comunidad Autónoma, pues es notoria la disfunción que se deriva del hecho de que las entregas a cuenta se le abonasen en doce mensualidades y, en cambio, en la liquidación definitiva se atendiese únicamente a la recaudación de IVA correspondiente a once mensualidades, debiendo compensarse por la diferencia entre lo liquidado y lo que habría resultado de computar en la liquidación la recaudación del IVA de doce mensualidades.
Resumen: El error que denuncia el demandante de existir, nunca merecería los calificativos de craso, patente, palmario e incontestable, pues su eventual apreciación requiere inevitablemente de un prolijo y laborioso examen del expediente administrativo y de las actuaciones de instancia. De la lectura de la sentencia aquí concernida se evidencia que las conclusiones alcanzadas por el Tribunal, en torno a la prescripción a la que la demandante se refiere una y otra vez, no pueden reputarse disparatadas, ilógicas, irrazonables o absurdas, sino que, por el contrario, fueron resultado de un proceso lógico razonado. Por tal razón, no pueden ser ahora cuestionadas en el procedimiento de revisión por error judicial, que no se configura como un cauce procesal impugnatorio que permita un nuevo examen de la prueba practicada en el pleito de instancia, ni enjuiciar el acierto o desacierto del órgano jurisdiccional al dictar su resolución.
Resumen: Lo que muestra la demanda es una discrepancia de la recurrente frente a la valoración de la prueba efectuada por la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo. Sin embargo -aduce- no puede afirmarse en modo alguno que dicha valoración haya sido incorrecta, arbitraria, irrazonable o caprichosa, y mucho menos aún que quede evidenciada la existencia de error judicial. Por otra parte, la demanda es inadmisible porque no se ha cumplido la exigencia legal del artículo 293.1 LOPJ, de agotar, con carácter previo a la formulación de la demanda, los recursos establecidos por el ordenamiento jurídico; dado que contra la sentencia de apelación no se anunció el pertinente recurso de casación. Puntualiza el Fiscal que no es excusa para salvar la falta de preparación del recurso de casación la supuesta falta de argumentos para sostener el interés casacional objetivo, pues la jurisprudencia ha señalado que la apreciación del interés casacional corresponde al Tribunal Supremo, y las conjeturas sobre la falta de interés que puedan hacerse las partes no pueden servir para dejar de promover dicho recurso cuando resulta procesalmente viable.
Resumen: Se trata de determinar cómo debe computarse el plazo del art. 67.1 párrafo 2 de la Ley 39/15 (similar al art. 142.4 de la Ley 30/92), teniendo en cuenta el iter procedimental seguido por el recurrente originario desde que se llevara a cabo la actuación administrativa -las liquidaciones- sustentada en la disposición general luego declarada nula -art. 26.2 de la Norma Foral 8/1998 anulada por STS de 23/10/14 (publicada el 3/2/15)- que se considera causante del daño reclamado hasta que se presenta la solicitud de reparación del mismo, y, más concretamente, precisar el posible efecto interruptivo que el camino seguido por el recurrente -que, antes de la publicación de la STS, interpuso recurso de amparo en relación con las liquidaciones practicadas- haya podido producir en el cómputo del citado plazo. Fija la siguiente interpretación:en las concretas circunstancias del caso, la interposición de un recurso de amparo antes de que produzca efectos generales la sentencia anulatoria de la disposición general que ha sustentado la actividad administrativa causante del daño interrumpe el plazo anual de prescripción establecido en el art. 67.1 párrafo 2 de la Ley 39/2015 (y antes el art. 142.4 de la Ley 30/92) para las reclamaciones de responsabilidad patrimonial derivadas de la anulación por sentencia firme de una disposición de carácter general, cuando aquel recurso no fuera manifiestamente inidóneo o improcedente para reparar el daño o perjuicio frente a la Administración responsable.
Resumen: La cuestión que reviste interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia a juicio de la Sala Tercera consiste en determina si procede indemnización en concepto de lucro cesante en los supuestos de la nulidad del contrato. Y si bien es cierto que la STS, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Séptima, de 11 de enero de 2013 (recurso de casación núm. 5082/2010), resuelve un supuesto similar, se estima necesario confirmar, matizar o aclarar el pronunciamiento existente.
Resumen: Se estima parcialmente el recurso interpuesto y,con ello,la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por el retraso en el diagnóstico que se produjo y,en consecuencia,del tratamiento necesario para el cáncer de próstata que padecía un paciente lo que determinó una pérdida de oportunidad de supervivencia. Se estima parcialmente el recurso interpuesto tras reproducir la doctrina sobre los presupuestos de la responsabilidad sanitaria y a partir del examen y valoración de la prueba practicada y obrante en el expediente administrativo, prueba de la que se constata que desde abril de 2017, fecha en la que el paciente es remitido por su médico de atención primaria al servicio de urgencias por presentar patología urológica hasta octubre de ese mismo año no se le diagnostica el carcinoma que presentaba iniciándose,en junio de 2018 tratamiento con quimioterapia y produciéndose, su fallecimiento, un mes después. Se concluye, por la Sala, que ha quedado debidamente acreditado el retraso en el diagnóstico del cáncer de próstata que padecía el paciente y todo ello sin que,a pesar de los síntomas que presentaba,como era el aumento de la próstata, se le realizara una biopsia urgente lo que,a su vez supuso una demora en la aplicación del tratamiento. Igualmente constan las quejas de los familiares por el retraso en la obtención de los resultados de la biopsia realizada y todo ello sin que dicha demora,quede justificada atendida la prioridad del cáncer que padecía.
Resumen: La Sala estima el recurso de apelación interpuesto contra sentencia que a su vez desestimó el interpuesto contra la resolución municipal de 6 de noviembre de 2.015, estimando la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por Dª. María Cristina y D. Jesus Miguel por daños y perjuicios derivados de la fijación del precio justo de la finca NUM000 del proyecto de tasación conjunta de la unidad de actuación 13 del Plan especial de reforma interior Diagonal-Poble Nou. Señala la sala que si bien no todo daño causado por la administración ha de ser reparado, se considera como auténtica lesión resarcible aquella que reúna la calificación de antijurídica, en el sentido de que el particular no tenga el deber jurídico de soportar los daños derivados de la actuación administrativa, debiendo existir también un nexo causal entre el funcionamiento normal o anormal del servicio público y el resultado lesivo o dañoso producido, insistiendo en la exoneración de responsabilidad para la administración, a pesar del carácter objetivo de la misma, cuando es la conducta del propio perjudicado, o la de un tercero, la única determinante del daño producido, aunque hubiese sido incorrecto el funcionamiento del servicio público. Y añade que las resoluciones administrativas a las que la parte imputa el daño, son resoluciones firmes e incluso, en su caso, confirmadas por sentencia judicial también firme, que como tales despliegan sus efectos y obligan al interesado a estar a su contenido.
Resumen: Oficina Judicial. Orden del Mijnisterio de Justicia que crea una Unidad administrativa. Previsión del Real Decreto Ley 1/2020 (Covid-19). Negociación colectiva. La Sala recoge doctrina y jurisprudencia sobre la negociación colectiva en el marco de la creación de unidades administrativas no integradas en la Oficina Judicial. Necesidad de un proceso de negociación colectiva real y efectivo, con las organizaciones sindicales más representativas. Vulneración del derecho a la Libertad Sindical. Improcedencia de indemnizar al Sindicato recurrente, los daños morales solo pueden predicarse de personas físicas afectadas.
