Resumen: La consecuencia de la relación precedente esta la estimación de la demanda sin aceptar las objeciones realizadas por la Administración demandada sobre la correcta realización de la prestación, pues presupone la misma y, en todo caso no puede ampararse en la ausencia de recepción o de conformidad con los bienes suministrados, que es una obligación exclusiva de la Administración, cuando con motivo de las reclamaciones del contratista no consta que la Administración demandada haya ejercitado acciones para reclamar responsabilidad o la resolución del contrato por defectuoso cumplimiento del mismo a falta de entrega de determinados bienes o con defectos otra parte de ellos. Igualmente carece de relevancia en la validez y eficacia de los referidos contratos, las fechas de los actos de la parte demandada con la corporación local cesionaria de los bienes inmuebles y muebles existentes en los mismos.
Resumen: Se inadmite la demanda de error judicial por falta de agotamiento de los recursos previstos en el ordenamiento jurídico. El mejor argumento que utiliza la parte recurrente para excusar la falta de interposición del recurso de casación es que se vulneró por la Sala de instancia el artículo 24 de la Constitución Española, al no haber aplicado la norma vigente en el momento de la liquidación cuestionada. Sin embargo, según el régimen legal de recursos aplicable, era preceptiva la previa interposición del recurso de casación antes de acudir al incidente de nulidad de actuaciones.
Resumen: Archivo de diligencia informativa. Desestimación del recurso por omisión del requisito de procedibilidad establecido en el artículo 418.6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El recurso se funda en una queja ocasionada por la inclusión en una resolución judicial de unas expresiones que el recurrente consideró ofensivas e improcedentes, pero el recurrente no procedió en los términos del precepto, conforme al cual el CGPJ sólo puede actuar en relación con la queja mediante el correspondiente procedimiento indagatorio a cargo del Promotor de la Acción Disciplinaria y, en su caso, mediante un procedimiento disciplinario, "previo testimonio deducido o comunicación remitida por el tribunal superior respecto de quien dictó la resolución, y que conozca de la misma en vía de recurso".; y en el presente caso, el recurrente formuló directamente la queja ante el CGPJ y luego, tras el citado acuerdo del Promotor de la Acción Disciplinaria, recurrió en alzada y, al ser desestimada ésta, interpuso el presente recurso contencioso administrativo.
Resumen: Archivo de información previa sin incoar expediente disciplinario. Inadmisión del recurso. El recurrente carece de legitimación activa para interponer recurso contencioso administrativo por el archivo de la diligencia informativa abierta a raíz de escrito de denuncia presentado por persona distinta y sin haber acreditado un derecho o interés propio. No consta que se haya interpuesto el preceptivo recurso de alzada contra el acuerdo de archivo del Promotor de la Acción Disciplinaria, por lo que no se ha agotado la vía administrativa. El recurso sería en todo caso extemporáneo.
Resumen: Se desestima el recurso interpuesto y con ello la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por mala praxis médica e infracción de la lex artis con motivo de la asistencia sanitaria prestada al marido de la recurrente, tras una caída casual, siendo intervenido quirúrgicamente 4 días después y falleciendo poco después de ser intervenido.Son dos las cuestiones examinadas en el recurso,por un lado, la posible negligencia médica o actuación contraria a la lex artis y,en segundo lugar,la deficiente atención en la sala de reanimación y la no detección de la hemorragia,con posterioridad a la intervención de la forma más inmediata posible lo que hubiera permitido actuar con mayor premura.Se examina por la Sala la prueba practicada concretada en los distintos informes médicos para concluir declarando que la causa del fallecimiento,tal y como señala el informe forense, no es concluyente apuntando a varias etiologías,todas ellas accidentales.Por otro lado, el dictamen emitido por tres especialistas señala que lesión que provocó la complicación quirúrgica era difícilmente evitable y sin que ello suponga una mala praxis por parte de los cirujanos.Asimismo el informe emitido por la Inspección médica rechaza la existencia de un mala praxis por un diagnóstico incorrecto y sin que el fallecimiento del paciente permita derivar responsabilidad por culpa extracontractual faltando,una prueba fehaciente que permita rebatir los anteriores informes. Se desestima el recurso interpuesto.
Resumen: Se estima el recurso interpuesto contra el acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de noviembre de 2015, por el que se desestima la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por los daños y perjuicios derivados de la aplicación del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos creado por la Ley 24/2001, anulando la expresada resolución por su disconformidad a Derecho. En este sentido, la Administración General del Estado deberá indemnizar a la recurrente en la cantidad reclamada, pudiendo descontar las cantidades abonadas por la Administración, por los ejercicios reclamados, cuando, al momento de efectuarse el pago de la indemnización por responsabilidad, el recurrente ya hubiera percibido lo reclamado, en su caso, por devolución de ingresos indebidos o por las devoluciones del tramo autonómico respecto del gasóleo profesional, derivadas del referido impuesto. También se ordena el abono de los intereses legales de la cantidad reclamada, como se viene aplicando reiteradamente por la Sala en sus pronunciamientos de estos últimos años.
Resumen: Estimación del recurso. De conformidad con precedentes análogos -RRCA 291, 312, 519, 634 y 1583, todos del 2015-, hasta cuya resolución preferente había quedado en suspenso la tramitación de este recurso, se declara la responsabilidad patrimonial del Estado legislador por los daños y perjuicios derivados de la aplicación del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos (IVMDH) creado por la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (Ley 24/2001) y anulado por la STJUE de 27 de febrero de 2014, circunscrita a la cantidad que fuera solicitada en vía administrativa y que se constituye como tope máximo a obtener de conformidad con las bases de cálculo resarcitorio que se establecen en la sentencia por mor del principio de igualdad respecto de supuestos similares, a saber y a fijar en ejecución: la resultante de adicionar la totalidad de cantidades abonadas como consumidor final durante la vigencia del tributo anulado durante los ejercicios reclamados, minorada por las cantidades ya hubiere podido percibir la recurrente por devolución de ingresos indebidos o por devoluciones del tramo autonómico respecto del gasóleo profesional por análogos ejercicios, más los intereses legales de la cantidad resultante desde el día de presentación de la reclamación administrativa hasta fecha de notificación de sentencia, con aplicación a partir de ese momento de los intereses de mora procesal.
Resumen: En el presente caso, por la parte recurrente se solicitó la rectificación de sus autoliquidaciones por el Impuesto sobre Sucesiones No Residentes, para aplicar las bonificaciones que la norma nacional reconoce a los residentes, y que no se aplica a los no residentes. En la sentencia se parte de los declarado por el TJUE de 3 de septiembre de 2014, en la que se pone de manifiesto la inadecuación al Derecho Comunitario de la no aplicación por parte de la Administración Española de los beneficios -bonificación del 99%, en ese caso, al tratarse de la Comunidad de Madrid- previstos en la normativa autonómica al hecho imponible producido; de forma que los efectos de la sentencia del TJUE de 3 de septiembre de 2014 resultan aplicables a los residentes en países no pertenecientes a la Unión. En consecuencia, no ha de tenerse en cuenta la exclusión de los países terceros ajenos al EEE en relación con el ámbito de aplicación de la disposición adicional segunda de la Ley 29/1987. De acuerdo en lo expuesto dicha doctrina resulta plenamente aplicable a un residente español con una causante no residente en territorio español. Por ello, estima la procedencia de la devolución de los ingresos indebidos. Se rechaza la prescripción, al tratarse de una nulidad de pleno derecho, al no haberse adaptado la normativa nacional al derecho comunitario; todo ello, conforme a las sentencias que cita.
Resumen: Ha lugar al recurso contencioso administrativo de responsabilidad patrimonial formulada por los daños y perjuicios derivados de la aplicación del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburo s creado por la Ley 24/2001, de 27 de diciembre. El debate procesal ya ha sido resuelto por la Sala en recursos semejantes, y por aplicación del principio de igualdad en la aplicación de la ley se estima el recurso con sustento en los mismos razonamientos jurídicos de recientes sentencias de la Sala. La Administración General del Estado deberá indemnizar, en concsecuencia, a la parte recurrente en la cantidad resultante de la aplicación de las bases fijadas en la sentencia.
Resumen: Procedimiento de error judicial en relación con la sentencia de un juzgado unipersonal que desestimó el recurso deducido contra una resolución municipal que adjudicó un contrato a un determinado licitador en atención a la valoración de uno de los méritos establecidos en los pliegos (fomento del empleo). El procedimiento para la declaración de error judicial no es una tercera instancia o casación encubierta en la que el recurrente pueda insistir, ante otro Tribunal en el criterio y posición que ya le fue desestimado y rechazado anteriormente, sino que éste sólo puede ser instado con éxito cuando el órgano judicial haya incurrido en una equivocación manifiesta y palmaria en la fijación de los hechos o en la interpretación o aplicación de la Ley. No concurre en el caso la equivocación palmaria denunciada en la demanda de error judicial.
