Resumen: Desestima esta sentencia un recurso contra una resolución administrativa que denegaba una reclamación de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Publicas en el ámbito sanitario, ello al entender que no existió un funcionamiento anormal del servicio, ya que no se acredita que hubiere una infracción de la “lex artis” a la que imputar el resultado dañoso invocado con motivo de la atención recibida en un centro sanitario de la órbita de la administración demandada. Ni hubo retraso en el diagnostico y asistencia al recurrente, ni deficiencia en la información suministrada sobre el proceso medico.
Resumen: En un caso como el examinado, en que la existencia y exigibilidad de la liquidación tributaria cuyo impago constituye la base de la declaración de responsabilidad subsidiaria, y que ha sido impugnada tempestivamente, como uno de los presupuestos para la responsabilidad tributaria subsidiaria, no puede ser calificado como una situación consolidada que impida la aplicación de los efectos declarados en la STC 182/2021, de 26 de octubre, que declara la inconstitucionalidad y nulidad de los arts. 107.1, segundo párrafo, 107.2 a ) y 107.4 TRLHL. Es por ello que, a los efectos de la declaración de responsabilidad subsidiaria, ex art. 43.1.c LGT que impugna el recurrente, la liquidación tributaria por Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana cuya deuda tributaria es objeto de la derivación de responsabilidad, es inválida y carente de eficacia por la inconstitucionalidad de las normas legales de cobertura para efectuar la liquidación, y no puede servir de fundamento y presupuesto para la declaración de responsabilidad subsidiaria.
Resumen: Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. Efectos declarados en la STC 182/2021, de 26 de octubre, que declara la inconstitucionalidad y nulidad de los arts. 107.1, segundo párrafo, 107.2 a) y 107.4 TRLHL. Inexistencia de situación consolidada que impida la aplicación de sus efectos cuando la liquidación haya sdo impugnada en plazo. Inexistencia de cuestión nueva. Efecto útil de la casación.
Resumen: En respuesta a la cuestión de interés casacional objeto planteada en el recurso (determinar sí el plan hidrológico puede implantar un régimen de caudales ecológicos estableciendo fechas concretas para su entrada en vigor, antes de acometer el proceso de concertación y la revisión de las concesiones afectadas) la Sala declara: i) la citada concertación es un método, no un resultado que exija un consenso final. El TR de la Ley de Aguas configura el caudal ecológico como una restricción que se impone a todos los efectos a los sistemas de explotación y no es considerado como un uso, por lo que una vez establecido el caudal de mantenimiento, el titular tiene la obligación de respetarlo. Por tanto, los planes hidrológicos pueden establecer una fecha cierta de obligado cumplimiento de los caudales de mantenimiento que determina sin necesidad de la previa revisión del título concesional. Y ii) procede la indemnización directamente, sin necesidad de revisar la concesión, si el titular de la concesión de aguas afectado por la imposición de los nuevos caudales ecológicos acredita que estos nuevos caudales le suponen unos daños y perjuicios reales, y no solo existe el derecho a indemnización en caso de la revisión de la concesión para su adecuación en los planes hidrológicos en cumplimiento del artículo 65.3 TRLA. En consecuencia, la sentencia recurrida aolica correctamente la normativa invocada como infringida, desestimándose el recurso interpuesto.
Resumen: Tras rechazar la causa de inadmisibilidad opuesta por la Abogacía del Estado relativa a la extemporaneidad de la demanda de error judicial, apreciando la Sala que, valorando las circunstancias del caso, sólo cabía concluir que el plazo para su formulación comenzó a correr a partir de la notificación de la resolución del Tribunal Constitucional que inadmitió el recurso de amparo, se estima la demanda de error judicial promovida contra sentencia y autos del TSJ de la Comunidad Valenciana, centrándose para ello en los errores de fondo denunciados por la recurrente. Recuerda en primer lugar la doctrina jurisprudencial uniforme sobre la naturaleza y funcionalidad del proceso por error judicial, resaltando como -en palabras de la STS 27/3/18, rec. 63/16- una demanda de esta índole sólo puede prosperar cuando la posible falta de adecuación entre lo que debió resolverse y lo que se resolvió sea tan ostensible y clara que cualquier persona versada en Derecho pudiera así apreciarlo, sin posibilidad de que pudiera reputarse acertada desde algún punto de vista jurídicamente defendible. A continuación, aprecia un error con tales características únicamente en uno de los puntos denunciados pues, contrariamente a lo que apreció la sala a quo, la pretensión de la demandante de indemnización equivalente al 25% del justiprecio por causa de la vía de hecho y ocupación ilegal realizada por el Ayuntamiento, no fue una cuestión nueva suscitada en la demanda y debió ser resuelta en la instancia.
Resumen: La rectificación de una autoliquidación -y la consiguiente devolución de ingresos indebidos-. Cauce adecuado para cuestionar la autoliquidación practicada por un contribuyente cuando entienda indebido el ingreso tributario derivado de tal autoliquidación al considerarlo contrario a la Constitución o al Derecho de la Unión Europea. Impuesto sobre la emisión de óxidos de nitrógeno a la atmósfera producida por la aviación comercial. Remisión a la sentencia núm. 1008/2021, de 12 de julio, RCA. 4066/2020.
Resumen: Se inadmite la demanda de error judicial promovida al ser de todo punto evidente que contra la sentencia a la que se imputa el error, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3 de Valladolid, no cabía recurso alguno, pues ni la limitada cuantía del pleito permitía la apelación, ni cabía tampoco casación, atendida la materia del litigio y el hecho de que se trataba de una sentencia desestimatoria (arts. 86.1 y 110 LJCA). Si la parte entendía que esa sentencia -no susceptible de recurso ordinario ni extraordinario- incurría en errores tan evidentes como para incardinarlos en el concepto del "error judicial", debió haber promovido entonces la correspondiente demanda, previa formulación del incidente de nulidad ante el propio Juzgado. Sin embargo, la parte no actuó de tal manera, sino que preparó un recurso de casación manifiestamente inviable, que fue correctamente tenido por no preparado mediante auto del Juzgado de 3 de mayo de 2021, en el que se indicó con todo acierto que la materia del pleito no era de las comprendidas en el art. 110.1 LJCA y además se trataba de una sentencia desestimatoria, no susceptible de extensión de efectos, de manera que no se daba el presupuesto de recurribilidad del art. 86.1.
Resumen: Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Procedimiento iniciado mediante declaración. Obligación de resolver. Plazos de resolución y efectos de la falta de resolución expresa. Aclarar, interpretando el artículo 104.5 LGT, en relación con lo previsto en el artículo 103.2 del mismo texto legal, si la declaración expresa y formal de caducidad transcurrido el plazo máximo legal para resolver en los procedimientos de gestión tributaria, tiene carácter facultativo u obligatorio para la Administración. Determinar si en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, en los supuestos en los que el contribuyente opte por presentar una declaración en lugar de una autoliquidación, las funciones inspectoras previstas en el artículo 141 LGT quedan condicionadas o limitadas de alguna manera y, en particular, si es necesario iniciar el procedimiento de inspección y liquidar antes de que transcurra el plazo de seis meses, o la Administración Tributaria debe dejar transcurrir el referido plazo para declarar formalmente la caducidad y luego iniciar el procedimiento inspector. En función de la respuesta que se dé a las anteriores preguntas, precisar si la falta de declaración expresa de caducidad de un procedimiento de gestión tributaria iniciado mediante declaración, relativo a un determinado concepto tributario (obligación tributaria o elemento de la obligación tributaria) y período impositivo, determina la invalidez del inicio de un ulterior procedimiento de inspección respecto de dicho concepto
Resumen: Recurso contencioso contra la resolución del Conseller de Hacienda, que desestima la reclamación económico-administrativa planteada frente la resolución del Subdirector General de Tributos por la que se acuerda denegar la solicitud actora de rectificación de la autoliquidación correspondiente al primer, segundo y tercer pago fraccionado del ejercicio 2014 del Impuesto sobre actividades que inciden en el medio ambiente, en su modalidad de producción de energía eléctrica. La mercantil actora IBERDROLA, recurre por lo que supone un supuesto de doble imposición por solapamiento del hecho imponible del IAMA-PEE (medio ambiente y Producción de energia electrica) con el del IVPEE (Impuesto valenciano de producción de energía eléctrica). Para el Tribunal , IAMA-PEE pretende una disuasión económica "quien contamina paga", y un estímulo para las energías renovables, que responde a políticas sectoriales distintas de las puramente recaudatorias. Se configura en consideraciones medioambientales, pues a diferencia de los tributos con finalidad fiscal como el IVPEE, en el IAMA-PEE su finalidad de conjunto no es crear una nueva fuente de ingresos públicos con fines estrictamente fiscales o redistributivos, ni gravar una manifestación de riqueza, sino disuadir a los sujetos pasivos de la realización de una determinada conducta, con con la intención de estimular ouna determinada actividad, en este caso, la producción de energía eléctrica de fuentes renovables.
Resumen: Atendida la regulación de la acción subrogatoria, es necesario determinar si el comunero causante de los daños es asegurado en la póliza comunitaria, puesto que la norma legal dispone que el asegurador no podrá ejercitar en perjuicio del asegurado los derechos en que se haya subrogado. Los precedentes jurisprudenciales ofrecen soluciones diferentes en función de las distintas circunstancias contractuales de las pólizas en cuyo fundamento reclamaba la aseguradora, de forma que el comunero tiene la condición de asegurado cuando tiene interés en el objeto del seguro según la propia definición del contrato, mientras que el comunero no tiene la condición de asegurado cuando no tiene tal interés por no estar cubierta la responsabilidad civil entre comuneros. La comunidad de propietarios tiene la cualidad de tomador del seguro y también la condición de asegurada respecto de los elementos comunes del inmueble; mientras que los copropietarios sólo serían asegurados respecto de sus elementos privativos si éstos fueran objeto de cobertura en la póliza (caso de aquellos contratos que cubran tanto los daños en elementos comunes como en elementos privativos). Regla general: a efectos de la responsabilidad por daños ejercida por vía de subrogación, el copropietario no es asegurado sino tercero responsable, salvo que otra cosa resulte de la propia póliza concertada por la comunidad. En el caso, el comunero demandado es tercero contra el que puede dirigirse la acción subrogatoria.
