Resumen: Estimación parcial de recurso contencioso administrativo contra acuerdo de la Comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial que impuso a la recurrente la sanción de suspensión de funciones por tiempo de seis meses, como responsable de una falta muy grave de retraso injustificado o reiterado del 417.9 de la LOPJ. Principios presunción de inocencia, tipicidad y culpabilidad. Reducción de la sanción por haber tenido en cuenta para graduar la sanción una previa sanción que no había alcanzado firmeza
Resumen: La Sala desestima el recurso. Tal como señala el Abogado del Estado, el recurrente prescinde en gran medida del tenor de la resolución de alzada que recurre, y objeta supuestas irregularidades en la tramitación del recurso de revisión que interpuso frente a la resolución de 7 de mayo de 2021 del Promotor de la Acción Disciplinaria de archivo de la diligencia informativa 83/2021, y arbitrariedad e incongruencia omisiva de la propia resolución de alzada. En lo que respecta al recurso de revisión, cuya inadmisión no ha sido impugnada formalmente en el presente recurso contencioso administrativo, debe señalarse que, tal como afirma la Comisión Permanente en su resolución de 30 de septiembre de 2021 que inadmitió dicho recurso, ni de la argumentación del actor ni de los documentos aportados se deduce error de hecho alguno que debiera conducir a la revisión de la decisión desestimatoria del recurso de alzada de 12 de agosto de 2021. En cuanto a lo que se aduce respecto a la propia resolución de alzada, que es la resolución contra la que se dirige este recurso contencioso administrativo, está perfectamente motivada y la imputación de arbitrariedad carece de todo fundamento. Dicha respuesta motivada expone las diversas cuestiones que plantean los escritos del recurrente, sobremanera reiterativos y desordenados, y les da una respuesta fundada en derecho, por lo que tampoco se puede sostener que no hayan dado respuesta a las cuestiones planteadas en la alzada.
Resumen: La Sala propone que se determine si constatada una utilización abusiva en los nombramientos de un funcionario interino, el afectado tiene o no derecho a indemnización en caso de cese, por qué concepto y en qué momento, y si es procedente una aplicación analógica del Real Decreto-Ley 14/2021, de 6 de julio.
Resumen: Liquidación de gananciales de matrimonio fallecido para determinar los bienes que se atribuyen a la herencia yacente del esposo en pago de su cuota. Los cónyuges otorgaron capitulaciones, pero no liquidaron la sociedad. Desestimación de los recursos por infracción procesal (la denuncia de incongruencia omisiva requiere que se haya pedido el complemento de la sentencia; sólo una motivación ilógica o arbitraria podría ser revisada a través de este recurso; no hay tercera instancia en los procesos civiles ni cabe confundir valoración con carga de la prueba). Desestimación del recurso de casación de los demandados. La deuda ha de quedar a cargo del patrimonio que se beneficia de la actividad en cuyo desarrollo se contrajo y en este caso la actividad inmobiliaria desarrollada por el marido -que generó una condena penal- redundaba en beneficio común. El art. 1366 CC no justifica que la sociedad de gananciales retenga todo el beneficio de una actividad que generó daños indemnizables. Se estima el recurso de casación del demandante. Se plantea qué debe incluirse en el activo cuando se han enajenado de bienes gananciales después de la disolución. En el caso, se trataba de una venta de acciones válida, y no cabe incluirlas en el activo, pero si el precio fue percibido por el esposo y no se empleó en gastos comunes, procedería incluir un crédito contra el esposo por su importe actualizado. Aquí la inclusión no es posible: no ha sido solicitada ni se conoce el destino del precio
Resumen: Se desestima el recurso de apelación confirmando la sentencia desestimatoria de la instancia y de la responsabilidad patrimonial formulada por daños y perjuicios sufridos tras la anulación del PGOU de El Campello por sentencia judicial. Se desestima el recurso en la instancia al declarar que dicha anulación judicial no ha supuesto un incumplimiento de las obligaciones municipales derivadas del Convenio Urbanístico de 2006 ni tampoco un incumplimiento de tal Convenio con anterioridad a la anulación del Plan General de manera que la actora, durante un periodo de 5 años pudo promover el correspondiente Programa de Actuación Integrada que incluyera entre las cargas de urbanización el derecho al reintegro del coste de los gastos soportados de forma anticipada por la urbanización de viario repercutiendo así entre los propietarios del Sector tales costes; sin que tal falta de actuación pueda resultar imputable a la Administración.Se desestima el recurso de apelación interpuesto diferenciando entre la reclamación según sea por responsabilidad contractual o extracontractual e invocando principio de la indisponibilidad de las potestades de planeamiento por vía convencional sin que la actora reclame sobre el incumplimiento del convenio sino por la anulación judicial del PGOU y sin que en el presente supuesto concurran los presupuestos para declarar la responsabilidad patrimonial al haber sido llevadas a cabo las determinaciones del Convenio de 2006 en la modificación del PGOU de 2011.
Resumen: Se estima en su integridad el recurso interpuesto y,con ello,la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada condenando a la administración a indemnizar a las recurrentes en 50.000 euros,para cada una de ellas, por los daños sufridos como consencuencia de la decisión de la demandada de declarar a las demandantes,cuando eran menores de edad, en situación de desamparo asumiendo su tutela medida que las actoras califican como,extremadamente gravosa, incumpliendo los principios de necesidad y proporcionalidad y que además se produjo de forma injustificada y arbitrariamente optando,por el peor de los recursos, el internamiento residencial, cuando era una medida que, atendiendo a la situación familiar existente, no era necesaria ni proporcionada. Sostienen las recurrentes que no concurría la situación de especial gravedad y que además la medida se puso en marcha de forma traumática causando un daño innecesario y rompiendo la confianza de la familia en los servicios sociales.Se estima el recurso interpuesto destacando que es la madre la que pide acogerse al programa de intervención familiar para que la ayudaran a marcar pautas y normas, siendo a raíz de un incidente de las niñas con la madre,contado por las menores y sin recabar la audiencia de la madre por lo que se concluye que existe una situación de desprotección motivo por el cual se inicia el expediente de protección a menores que se califica como desproporcionado,sin que ninguno de los implicados fuera escuchado.
Resumen: Infracción por resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de la Administración tributaria. Interpretación del artículo 203.6.b) 1º LGT que establece en un porcentaje de hasta el 2 por 100 de la cifra de negocios del sujeto infractor, sin que pueda ser inferior a una cantidad mínima ni superar un importe máximo delimitado en la propia Ley: 1º) no permite al aplicador de la norma -ni la Administración ni los Tribunales de Justicia- establecer una sanción pecuniaria intermedia dentro de estos límites máximo y mínimo, que atienda al examen de la conducta y de la culpabilidad del expedientado, esto es, graduando proporcionalmente la sanción. Por el contrario, la norma no permite tales márgenes de apreciación, al disponer que, en todo caso, es la cifra de negocios el único elemento la que ha de tomarse en consideración exclusiva para cuantificar la sanción. 2) Ello sin perjuicio de la posibilidad de reducir la sanción en los términos del art. 203.6. 6º LGT, que exige unas circunstancias de cumplimiento tardío de los requerimientos que no concurren en el presente caso. 3º) Tal doctrina, ceñida por necesidad al caso enjuiciado, lo es sin perjuicio de que quedan imprejuzgados los posibles aspectos interpretativos acerca del tipo sancionador y de la culpabilidad que pudieran suscitar dudas sobre el artículo 203.6.b) 1º LGT, en la medida en que no colisionen con lo declarado en esta sentencia y en la STC 74/2022, de 14 de junio,
Resumen: La Sala desestima el recurso de apelación interpuesto contra sentencia que a su vez desestima totalmente las pretensiones anulatorias actoras, con respecto a la resolución de 13.8.20 del Ayuntamiento de Tarragona desestimatoria en reposición del recurso en tal sentido entablado por los recurrentes contra la previa resolución de tal Corporación local de 7.4.20 que ordena el derribo, en el plazo de un me, de la construcción e instalaciones efectuadas en una finca propiedad de los apelantes. Señala la Sala que el recurso de apelación no puede considerarse una mera reiteración de los argumentos vertidos en la primera instancia sino un proceso especial impugnativo, con plena jurisdicción, autónomo e independiente, de la sentencia dictada en primera instancia, tendente a depurar el resultado procesal obtenido por tal sentencia, mediante la adecuada valoración de los hechos, elementos probatorios y fundamentos jurídicos esgrimidos en la sentencia de instancia, constatando si ha existido o no alguna infracción del ordenamiento jurídico, es decir, observando que la sentencia de instancia no haya incurrido en contradicción, arbitrariedad, irrazonabilidad (que la valoración de las pruebas haya sido contraria a la razón o a la lógica) o en incongruencia. Y conlcuye la Sala en que en modo alguno podemos entender que la Sentencia de instancia padezca de error de Derecho alguno en cuanto a valoración de la prueba pericial.
Resumen: Se desestima el recurso de apelación confirmando la sentencia desestimatoria de la instancia y de la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por los daños sufridos por el recurrente, policía local, en el accidente de tráfico ocurrido estando de servicio cuando circulaba con su motocicleta al impactar con una isleta de refugio de peatones y mástil metálico situada en el espacio que delimita los carriles de los dos sentidos de circulación de una avenida de Palma de Mallorca. Se sustenta la demanda en que la causa del accidente se debió al estado inacabado y falto de señalización de las obras de construcción de la mencionada isleta, con deficiente iluminación pública, y con señalización horizontal confusa en la calzada. Circunstancias que provocaron que el ahora apelante no advirtiese la presencia de la isleta e impactase contra la misma sufriendo la caída que derivó en las lesiones y secuelas por las que se reclama.Se desestima el recurso en la instancia al considerar, que la causa del accidente,es completamente imputable a la víctima. Se desestima el recurso de apelación previa valoración de la prueba practicada, ratificando la valoración realizada en la instancia al quedar acreditado que la obra,contra la que colisionó,ya estaba concluida careciendo de sentido colocar señales de advertencia. Se rechaza igualmente que la deficiente iluminación de la calle excluyera que el recurrente debiera atemperar la velocidad confirmando la responsabilidad del recurrente.
Resumen: A la cuestión de interés casacional planteada referida a si para la adopción de las medidas fitosanitarias previstas en el artículo 18 de la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de sanidad vegetal (LSV), y, en concreto, las establecidas en la letra b), se requiere o no de una previa existencia de plaga, la Sala responde declarando que las medidas que se autorizan en dicho precepto requieren o bien la declaración de plaga o el riesgo fundado y motivado sobre su existencia. En tales supuestos, la potestad administrativa se vincula a una situación de hecho, sin concreta imputación, consistente en la mera existencia de plaga o, en palabras de la Ley, al " riesgo de que se produzca" (art. 14), desvinculándose esa situación de las concretas actuaciones de particulares. Ahora bien, en el supuesto enjuiciado, la sentencia recurrida estima en parte el recurso, reduciendo la sanción de multa impuesta por la infracción grave y reconociendo el derecho del recurrente a ser indemnizado por los daños y perjuicios ocasionados por la destrucción del material vegetal que se ordenó en la mencionada resolución, y ello, como bien razona la sentencia recurrida, porque tratándose esta última de una sanción de naturaleza accesoria prevista en el art. 60 LSV, debió acudir a este precepto la Administración para adoptar dicha decisión y no al art. 18, que contempla dicha medida de destrucción como una potestad general de las previstas en la LSV.
