Resumen: La Sala estima el recurso y el contencioso- administrativo. Atendiendo al cómputo del término inicial del plazo y la fecha de publicación de la sentencia que declaró la inconstitucionalidad de la norma foral, ha de entenderse que la reclamación recurrente cumple también el requisito temporal establecido en el referido art. 34.1, párrafo segundo, por lo que procede estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra el acuerdo del Consejo de Gobierno Foral de la Diputación Foral de Guipúzcoa de 3 de octubre de 2017 [de 5 de septiembre de 2017 en este recurso 1750/2019] que desestimó reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado Legislador por la anulación del art. 30.2 de la Norma Foral 10/2006, de 29 de diciembre por sentencia del Tribunal Constitucional 203/2016 de 1 de diciembre, que se anula por ser contrario al ordenamiento jurídico, y declarar el derecho del recurrente a la indemnización, en tal concepto de responsabilidad patrimonial del Estado legislador.
Resumen: La Sala admite el recurso. La cuestión que presenta interés casacional consiste en determinar si el "sobreseimiento libre" a que se refiere el art. 294.1 LOPJ comprende no solo los supuestos que contempla el art. 637 LECrim., sino también los previstos en el art. 675 LECrim., y, especialmente, por lo que aquí interesa, el sobreseimiento libre por prescripción del delito. Identificar como normas jurídicas que, en principio, será objeto de interpretación, art. 294.1 LOPJ en relación con los arts. 637 y 675 LECrim, todo ello a la luz de las SSTC 85/19, 1257/19 y 130/19.
Resumen: Se admite el recurso al plantearse cuestión idéntica a la suscitada en supuestos análogos anteriores en los que ya ha recaído sentencia estimatoria y en los que se declara que debe accederse a la indemnización de los daños y perjuicios reclamados porque la única interpretación que cabe hacer del artículo 294 LOPJ es la supresión de la exigencia de condicionar la indemnización, en los supuestos de haber sufrido privación de libertad ilegítima, a la " inexistencia del hecho imputado (o) por esta misma causa" se haya dictado auto de sobreseimiento libre, con independencia de los motivos en que se funde dicha absolución, y esa corrección en sede de constitucionalidad del precepto, unido al hecho de que, por pura lógica, haber sufrido una prisión preventiva con ulterior absolución del delito imputado comporta un daño que ha de ser indemnizado, en la generalidad de los supuestos.
Resumen: La Sala desestima el recurso. La similitud que se pretende por la Diputación recurrente entre el artículo 32.4 de la LSP ---requiriendo haber obtenido, previamente, una "sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño"-- no resulta de aplicación a los supuestos de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas, derivada de la anulación de una norma reglamentaria (prevista en el artículo 67), debiendo insistirse en que lo determinante de la responsabilidad patrimonial prevista en el artículo 67.1, párrafo segundo, es la anulación de un acto o disposición de carácter general; y nada más. Por ello, si el recurrente ha formulado una acción de nulidad frente a la Administración tributaria y todavía pende ---en relación con la desestimación de la misma--- un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, no puede iniciarse el cómputo correspondiente a la exigencia de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas hasta la conclusión y resolución del citado recurso de casación, pues la finalidad de este es comprobar la legalidad de la doctrina establecida por la sentencia de instancia ---en los términos expresados--- y en la que, a través de la acción de nulidad (revisión de oficio), se comprobaba, a su vez, la legalidad de la liquidación en su día practicada; liquidación que se fundaba en una norma foral sobre cuya legalidad podían existir dudas, como luego se confirmaría.
Resumen: Multa por la comisión de una falta grave de realización de una actividad sin obtener la previa autorización de compatibilidad. Desestimación del recurso. No se estima la caducidad alegada, pues no se puede incluir, como pretende la parte recurrente, el plazo empleado en la resolución del recurso de alzada interpuesto. No hay un derecho absoluto a obtener la compatibilidad, pues está subordinado a su autorización por el Consejo General del Poder Judicial, que es el que "podrá" valorar las circunstancias concurrentes para su concesión de o denegación. Se sanciona por el ejercicio de una actividad sin la previa y expresa autorización de compatibilidad, por lo que no resulta trascendente a estos efectos la circunstancia de valoración o no de la afectación del servicio. La sanción impuesta no ha infringido la exigencia de culpabilidad, dado que el recurrente era conocedor de que no podía iniciar el ejercicio de la docencia sin contar con la previa compatibilidad.
Resumen: La Sala desestima el recurso. La Administración sanitaria -cuyos facultativos realizan correcta y adecuadamente una intervención quirúrgica de conformidad con la lex artis- no debe responder de las lesiones causadas a un paciente como consecuencia de la utilización de un producto sanitario defectuoso, cuya toxicidad se descubre y alerta con posterioridad a su utilización, previamente autorizada por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, debiendo la responsabilidad recaer en el productor o, en su caso, en la Administración con competencias para autorizar y vigilar los medicamentos y productos sanitarios, de concurrir las concretas circunstancias necesarias para ello. Ningún título de imputación de la responsabilidad patrimonial permite exigir esta del Servicio... de Salud, bien por algún incumplimiento de las obligaciones derivadas de la legislación de contratos públicos, o bien por la omisión del algún control del producto al que estuviera obligado.
Resumen: No ha lugar al recurso de casación interpuesto por la Generalidad de Cataluña contra sentencia que, estimando el recurso contencioso administrativo, reconoció a un Mosso de Escuadra el derecho a la indemnización, reconocido en vía penal, por las lesiones sufridas en una intervención efectuada en su condición de funcionario público, cuyo condenado a satisfacerla fue declarado insolvente por el mismo Juzgado de lo penal. El TS reitera su doctrina: las lesiones y perjuicios sufridos por los agentes de policía como consecuencia de acciones ilícitas de las personas sobre las que ejercen, sin dolo o negligencia por su parte, las funciones que son propias de su cargo deben ser resarcidos por la Administración, mediante el principio del resarcimiento o de indemnidad, principio general que rige para los empleados públicos.
Resumen: Se desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por responsabilidad patrimonial del Estado legislador al no apreciarse la exigencia esencial para el reconocimiento de responsabilidad patrimonial del Estado legislador en un caso como el de autos, pues el Impuesto del incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana grava el incremento de valor que experimenten dichos terrenos y se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier título o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos (art. 104.1 del TRLHL).Por tanto, es la inexistencia de ese incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana lo que ha de acreditar, como exigencia esencial, quien, en un caso como el de autos, solicita la declaración de responsabilidad patrimonial del Estado legislador como consecuencia de la inconstitucionalidad de los arts. 107.1, 107.2.a) y 110.4 de ese Texto Refundido. A esa conclusión nos conducen los siguientes elementos de juicio: i) las alegaciones de la actora en su escrito inicial de demanda. ii) el dictamen pericial aportado por la actora al expediente administrativo, ni otros análisis, métodos de esa naturaleza que demostrarán a su vez, desde la exigible comparación, un decremento de aquel valor del suelo al tiempo de la transmisión.
Resumen: La sala desestima el recurso de casación interpuesto frente a una sentencia que estimó la acción directa del transportista efectivo frente al cargador principal para hacer efectivo el coste del transporte, aunque este último hubiera pagado al porteador intermedio, luego declarado en concurso y que precisamente el hecho de haber pagado el principal al contratista hacía que este procedimiento no tuviera incidencia alguna en el concurso, sin perjuicio de la acción de regreso que pudiera nacer. La sala confirma esta sentencia. La acción directa del transportista efectivo (DA 6ª de la Ley 9/2013 de modificación de la LOTT) tiene un alcance mayor que la acción del art. 1597 CC y constituye una norma propia y específica del contrato de transporte terrestre, para ser, no solo una acción directa tradicional, sino también una modalidad de garantía de pago suplementaria que puede ser reclamada con independencia de que el porteador principal hubiera o no satisfecho el porte al intermediario. La regulación legal de esta acción directa no contiene ninguna previsión que excepcione su aplicación en caso de concurso del porteador intermedio; los arts. 50.3 º y 51 bis.2 LC solo se refieren a la acción directa del art. 1597 CC, que es una acción diferente y que cumple otro fin. Si el cargador ha pagado al concursado, la acción directa queda al margen del proceso concursal; y si no ha pagado, tampoco afecta al concurso, pues la acción se dirige contra el garante ex lege de la deuda.
Resumen: La sala desestima el recurso de casación interpuesto frente a una sentencia que estimó la acción directa del transportista efectivo frente al cargador principal para hacer efectivo el coste del transporte, aunque este último hubiera pagado al porteador intermedio, luego declarado en concurso, y que precisamente el hecho de haber pagado el principal al contratista hacía que este procedimiento no tuviera incidencia alguna en el concurso, sin perjuicio de la acción de regreso que pudiera nacer. La sala confirma esta sentencia. La acción directa del transportista efectivo (DA 6ª de la Ley 9/2013 de modificación de la LOTT) tiene un alcance mayor que la acción del art. 1597 CC y constituye una norma propia y específica del contrato de transporte terrestre, para ser no solo una acción directa tradicional, sino también una modalidad de garantía de pago suplementaria que puede ser reclamada con independencia de que el porteador principal hubiera o no satisfecho el porte al intermediario. La regulación legal de esta acción directa no contiene ninguna previsión que excepcione su aplicación en caso de concurso del porteador intermedio; los arts. 50.3 º y 51 bis.2 LC solo se refieren a la acción directa del art. 1597 CC, que es una acción diferente y que cumple otro fin. Si el cargador ha pagado al concursado, la acción directa queda al margen del proceso concursal; y si no ha pagado, tampoco afecta al concurso, pues la acción se dirige contra el garante ex lege de la deuda.
