Resumen: A la pregunta formulada por la Sección Primera, esto es, determinar si, un contribuyente del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que percibe unos ingresos de una persona o entidad que está obligada a practicar la correspondiente retención y el ingreso en la Hacienda Pública puede deducirse las cantidades que debieron ser retenidas e ingresadas cuando, no habiéndose acreditado la práctica de la retención o el ingreso, el perceptor de la renta ostenta el 50 por 100 del capital de la persona o entidad pagadora y es administrador solidario de la misma, la Sección de Enjuiciamiento responde que un contribuyente del IRPF que percibe unos ingresos de una persona o entidad que está obligada a practicar la correspondiente retención y el ingreso en la Hacienda Pública puede deducirse las cantidades que debieron ser retenidas e ingresadas. Ciertamente, en el presente caso, los recurrentes eran partícipes del 50 por 100 del capital y administradores solidarios de la entidad que debió retener y no lo hizo, lo que podría haber supuesto, en su caso, la derivación de la responsabilidad a los mismos, pero ello no empece a que, como sostienen los recurrentes, retenedor y perceptores tengan distinta personalidad. Se estima, así, el presente recurso de casación.
Resumen: A la cuestión sobre la que se entiende existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consistente en determinar si resultan indemnizables, en el marco de un procedimiento de reclamación de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, los gastos de defensa jurídica asumidos por el expropiado durante el procedimiento expropiatorio que finalizó por el desistimiento del beneficiario de la expropiación; el TS responde que, con carácter general, no pueden estimarse como daño indemnizable, a los efectos de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas, tales gastos. Y ello por cuanto el asesoramiento o defensa jurídica en los procedimientos administrativos no es necesario (aunque pueda ser conveniente) dado que en éstos, a diferencia de lo que ocurre en los procesos judiciales, no existe una confrontación de partes enfrentadas por intereses que deben ventilarse en el mismo, sino que en su tramitación deben protegerse todos los derechos, protección que se encomienda a la Administración responsable de la tramitación del procedimiento. Recuerda el TS que el procedimiento administrativo constituye un mecanismo necesario para la adopción de los actos administrativos y, en su tramitación, es la propia Administración pública la que asume, como le viene impuesto, la defensa de todos los derechos e intereses que se ven afectados por el acto administrativo que se pretende adoptar con dicho procedimiento
Resumen: Se reitera la doctrina de la Sala a partir de la STS de 3 de octubre de 2019 (RC 262/18) fundada en la STC 59/2017, de 11 de mayo, que declaró inconstitucionales los artículos 107.1 y 107.2 a) del TRLHL en cuanto someten a tributación situaciones de inexistencia de incremento de valor en concepto de IIVTNU (Plusvalía). Por tanto, la acción de responsabilidad reposa sobre una cuestión probatoria, en cuanto se ha de acreditar la minusvalía patrimonial derivada de la transmisión del inmueble. Que no es lo que ocurre en el presente caso, pues el obligado tributario no ha aportado los elementos de prueba suficientes para entender acreditada la existencia de un decremento y minusvaloración patrimonial entre el momento de la adquisición y el de la transmisión del inmueble, falta o ausencia de acreditación de la minusvalía, o decremento, del valor que hace inviable su reclamación resarcitoria. En este sentido, no se han desvirtuado los valores que constan en la escritura de transmisión del inmueble: la presunción probatoria que se deduce de la escritura pública requería de una actividad probatoria de la recurrente, que no puede limitarse a esgrimir los valores escriturados, sino que venía obligada a contrastar que los valores de mercado expresados por el sujeto pasivo en la escritura de transmisión, eran realmente los valores de mercado correspondientes a la concreta finca. Por lo expuesto, se desestima el recurso contencioso-administrativo.
Resumen: Archivo diligencia informativa. Desestimación del recurso contencioso-administrativo. Legitimación del denunciante para intervenir en los procesos contencioso administrativos seguidos contra las decisiones del Consejo General del Poder Judicial que ordenan el archivo de las quejas en las que se instaba una actuación disciplinaria: se reconoce esa legitimación cuando lo pretendido no es la imposición de una sanción al Magistrado denunciado sino, únicamente y al margen del resultado a que se llegue, que el Consejo desarrolle una actividad de investigación y comprobación en el marco de las atribuciones que legalmente le corresponden. En este caso, se incoó el oportuno procedimiento y en el seno del mismo se llevaron a cabo las correspondientes actividades de investigación, analizando los hechos denunciados, dando lugar a una actividad encauzada a esclarecerlos que aparece ampliamente reflejada en el acuerdo objeto de recurso, emitiéndose los correspondientes informes en el seno de dicha actividad de investigación.
Resumen: No ha lugar al recurso contencioso administrativo interpuesto contra Acuerdo de la Mesa de la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados que resolvió el concurso para la provisión de la plaza de Jefe de Instalaciones Informáticas. La demanda se centra en la falta de la debida motivación y, en concreto, en la asignación de puntos pero para el TS la decisión impugnada está formalmente motivada, y lo que el recurrente hace es un juicio valorativo de idoneidad que no cabe sustituir en sede judicial, sin apreciarse que sea irracional o que incurra en arbitrariedad. A la vista de los informes del expediente se deduce que se valora del adjudicatario su idoneidad al haber pasado por tres Áreas de las cuatro existentes y especialmente por su actividad como Supervisor, lo que sugiere que como criterio se atiende a un cursus honorum o progresión en los puestos, más la actitud proactiva del adjudicatario, los puntos otorgados, lo que explica que la diferencia de los méritos entre el demandante y el que luego fue adjudicatario.
Resumen: Acción subrogatoria de la aseguradora del vehículo dañado contra el Consorcio, al carecer de seguro el causante. Extrajudicialmente, el Consorcio rechazó hacerse cargo del siniestro al considerar que, al tratarse de un todo riesgo, la compañía reclamante no era tercero perjudicado. En las dos instancias se siguió el mismo criterio para desestimar la demanda: la falta de legitimación activa de la demandante al no tener la condición legal de perjudicada. Corresponde al Consorcio de Compensación de Seguros indemnizar los daños en las personas y en los bienes, ocasionados con un vehículo que tenga su estacionamiento habitual en España, cuando dicho vehículo no esté asegurado. E indemnizar en supuestos de controversia entre el Consorcio y la entidad aseguradora acerca de quién debe indemnizar al perjudicado. La cuestión es si indemnizado el perjudicado por su compañía, puede estar subrogarse frente al Consorcio. La jurisprudencia se ha ocupado igualmente de indicar cuáles son los presupuestos normativos que condicionan el ejercicio exitoso de la acción subrogatoria, que concurren en este caso ya que se ha causado un daño por un vehículo no asegurado, la compañía del perjudicado indemnizó el daño y se subrogó en las acciones del perjudicado frente al Consorcio, y este está obligado a resarcir en caso de controversia acerca de quien debe hacerse cargo de indemnizar por dudas en cuanto a la existencia de cobertura (la compañía del causante rehusó el siniestro por negar su cobertura)
Resumen: Archivo de diligencia informativa. Tras rechazar que haya habido desviación procesal, desestima el recurso contencioso-administrativo. El recurso se dirige contra el archivo de una diligencia informativa, con la pretensión de que se indague una supuesta actuación negligente en un órgano judicial a los efectos de que se depure la eventual infracción disciplinaria, si se acreditase alguna, del titular de dicho órgano. Supuesta actuación negligente que el recurrente concreta en la falta de notificación de la sentencia condenatoria dictada por el magistrado titular del Juzgado de lo Penal nº 3 de Elche, cuando lo cierto es que consta en autos la diligencia de notificación de la referida sentencia efectuada por el agente de prisiones en fecha 11 de agosto de 2015, y consta asimismo el informe del Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Penal nº 3 de Elche en el que hace constar que la sentencia fue notificada a través del Servicio Común de Notificaciones y Embargos del Centro Penitenciario de Villena al recurrente el citado día 11 de agosto de 2015. Además, las notificaciones no son competencia de jueces y magistrados, sino de los Letrados de la Administración de Justicia.
Resumen: Tras exponer los presupuestos que, según la jurisprudencia del TJUE, son necesarios para apreciar la concurrencia de responsabilidad por vulneración del Derecho comunitario, la Sala recuerda la STJUE de 19/10/2017 en la que se clarificaba el alcance de la Directiva 2005/29/CE y, con ello, se ponía de manifiesto la necesaria adaptación del art. 14 LOCM, sin que los Estados puedan adoptar medidas más restrictivas que las definidas en esa misma Directiva. A este respecto, se recuerda que dicho art. 14 establecía una prohibición general de ofertar o realizar ventas de bienes con pérdida y unas excepciones a dicha prohibición basadas en criterios que no figuran en la propia Directiva; precepto que se mantuvo vigente más allá del plazo de transposición de la Directiva y solo se modificó, años después, a resultas de la citada sentencia del TJUE de 2017, que, resolviendo cuestión prejudicial, declara que la Directiva 2005/29/CE se opone a la norma nacional controvertida. Y la vulneración del Derecho comunitario se imputa directamente a la norma estatal -art. 14 LOCM-, que es la que desencadena y permite que la Comunidad Autónoma -cual es el caso-, pueda ejercitar el " ius puniendi" en relación con las previsiones de la Ley estatal en el marco de sus competencias autonómicas, incumplimiento que constituye el título de imputación de la responsabilidad patrimonial, cuya reparación corresponde por lo tanto al Estado.
Resumen: La Sala desestima el recurso. La interpretación que, en respuesta a la cuestión planteada en el auto de admisión, ha de fijarse en relación con el art. 67.1, párrafo segundo, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, es que el plazo de prescripción establecido en dicho precepto para las reclamaciones de responsabilidad patrimonial derivadas de la anulación por sentencia firme de una disposición de carácter general, de un año desde la notificación de la sentencia definitiva, no ha de considerarse interrumpido, o no iniciado, por la pendencia de un recurso de amparo interpuesto por el reclamante contra la sentencia desestimatoria de una previa solicitud de revisión de oficio de un acto de aplicación de la disposición anulada. Con arreglo a la interpretación que defendemos el recurso de casación ha de ser desestimado y confirmada la sentencia recurrida, porque la acción de responsabilidad estaba prescrita cuando fue ejercida por el recurrente. En efecto, la publicación de la sentencia que declaró la nulidad del art. 26.2 de la Norma Foral 8/1998 tuvo lugar en el Boletín Oficial de Gipuzkoa de 3 de febrero de 2015, de modo que el cómputo del plazo de un año para reclamar la responsabilidad patrimonial se iniciaba al día siguiente y expiraba el 3 de febrero de 2016.
Resumen: Archivo diligencia informativa. Desestimación del recurso contencioso-administrativo. No se desprende que concurra en la actuación del Juzgado ningún tipo de retraso injustificado o desatención, dado que, la imposibilidad de contacto de la denunciante con su hija vino motivada tanto por su falta de presentación en el punto de encuentro familiar, como por su posterior ingreso en prisión. El único retraso podría imputarse a la ausencia de respuesta al último de los escritos presentados, pero, con independencia de que uno anterior con similar objeto y petición, ya había sido desestimado, la conflictividad producida en la administración de justicia gallega no puede imputarse propiamente al normal desenvolvimiento de la actividad judicial.
