Resumen: El recurrente imputa la responsabilidad a la Sala Segunda del TS, al TC y al CGPJ, a cada uno por razones distintas, aunque todas relacionadas entre sí: la lesión padecida a consecuencia de haberse visto privado indebidamente de su cargo de magistrado durante cuatro años y medio. EL TS desestima la reclamación por las siguientes razones: 1) la imputación dirigida contra la Sala Segunda del TS no puede prosperar pues no se ha seguido el cauce establecido en el art. 293 LOPJ, y ello pese anular el TC la sentencia condenatoria dictada por dicha Sala del TS; ii) tampoco la dirigida contra el TC por los daños derivados de la excesiva duración del recurso de amparo y ello porque el cauce procedimental para exigir la responsabilidad al TC está establecido en el art. 32.8 Ley 40/2015, y no se ha acreditado haberse dirigido al TC para instar la declaración formal de la existencia de un funcionamiento anormal en la tramitación de su recurso de amparo; y iii) finalmente, no cabe imputar al CGPJ los daños referidos a la privación de su condición de magistrado, ni, en consecuencia, cabe reclamar al respecto indemnización alguna al CGPJ, dado que su pretensión de que le fueran reconocidos los derechos administrativos y económicos vinculados a la condición de magistrado desde el 27 de agosto de 2013 fue expresamente denegada por el Tribunal Supremo en la sentencia en la que acordó únicamente su rehabilitación como magistrado con efectos desde la fecha de la sentencia.
Resumen: Sanción por desatención en el ejercicio de los deberes judiciales. La adopción del acuerdo de 15 de noviembre pudo suscitar dudas al actor sobre si el mismo modificaba o no la resolución sancionadora, por lo que el plazo para recurrir debe computarse desde que fue notificada dicha resolución. En lo demás se desestima el recurso, confirmando la legalidad de la sanción impuesta. No ha habido indefensión alguna, pues el recurrente sí presentó alegaciones frente a la propuesta de resolución, sin que exista razón alguna para aventurar de que no fuesen tenidas en cuenta al dictar la resolución sancionadora. Es inherente a las tareas materiales que incumben a los jueces y magistrados la de trasladar la correspondiente minuta al personal auxiliar de la oficina judicial para que confeccione en su totalidad el texto definitivo de las resoluciones judiciales, con obligación de la utilización de las nuevas tecnologías. No existe necesidad de homologación de los medios ofimáticos para la obligación de su utilización. En ningún caso los padecimientos que le afectan justifican la entrega de minutas ininteligibles, y se le han proporcionado diversos medios y soluciones técnicas que han sido rechazadas. No se aplica una mixtura de tipos disciplinarios, pues es claro que se aplica única y exclusivamente el tipo de desatención judicial, sin que haya habido una aplicación extensiva del citado tipo. No se infringe en principio de culpabilidad ni el de legalidad sancionadora y seguridad jurídica.
Resumen: A resultas de indemnizar a los propietarios de la comunidad asegurada por el incendio ocurrido en un piso de la misma, la aseguradora de dicha comunidad de propietarios formuló demanda contra el propietario-comunero del piso incendiado ejercitando la acción subrogatoria del art. 43 LCS. La demanda se desestimó en primera instancia, pero fue estimada en apelación, con el razonamiento de que el daño causado era susceptible de ser imputado jurídicamente al demandado y que la responsabilidad civil derivada del incendio no estaba cubierta por la póliza. Rechazo de los motivos de inadmisibilidad: en el escrito de interposición se identifica perfectamente la norma infringida y se cita la jurisprudencia del TS, con respeto a la base fáctica. Presupuestos y requisitos de la acción subrogatoria del art. 43 LCS. En virtud del fenómeno subrogatorio, el crédito que adquiere la compañía de seguros es derivativo; proviene del asegurado- y es idéntico; el mismo que ostenta este último contra el tercero causante del daño-. Por consiguiente, su ejercicio se encuentra subordinado a las mismas exigencias legales que condicionan el derecho del asegurado frente al tercero. Entre sus límites se encuentra que no puede perjudicar al asegurado. La subrogación exige que el asegurado y el causante del daño sean personas distintas, toda vez que la subrogación no es posible contra el propio asegurado. En este caso, el dueño del local incendiado era comunero, y por tanto, asegurado.
Resumen: Archivo diligencias previas. Tras rechazar la alegación de falta de legitimación activa, pues el escrito de demanda contiene alegaciones que hacen referencia, entre otros aspectos, al error en que incurrió la resolución recurrida y a al incongruencia consiguiente, se desestima el recurso. Baste leer el escrito de queja y denuncia para negar el error grave en la identificación del objeto de la queja refiriéndose dicho escrito también al negligente funcionamiento del Juzgado, siendo comprensible que el Promotor de la Acción Disciplinaria, tras identificar las cuestiones que por tener carácter jurisdiccional escapaban a la competencia del CGPJ, analizara acto seguido el procedimiento de incapacidad y sus piezas, la designación de la AMTA y el seguimiento de su actuación, el juicio especial de reintegro de la capacidad, el poder otorgado el día 5 de diciembre de 2016, el procedimiento de formación de inventario n.º 1716/2017, y la transformación en contencioso del inventario de bienes. Asimismo, los razonamientos que son de ver en la resolución del Promotor llevan a rechazar la imputación de incongruencia. Los demás motivos se desestiman porque lo que muestran es una distinta y muy subjetiva interpretación de los hechos por la parte recurrente, sin que de ella resulte objetivamente que la interpretación y valoración de los mismos por el Promotor de la Acción Disciplinaria y luego por la Comisión Permanente del CGPJ incurran en falta de lógica, error patente o arbitrariedad.
Resumen: ¿La solicitud de devolución de ingresos indebidos de una autoliquidación es cauce adecuado para cuestionar la autoliquidación practicada por un contribuyente -que ha procedido a ingresar en plazo las cuantías por él calculadas en cumplimiento de sus obligaciones tributarias, a fin de no ser sancionado por dejar autoliquidar e ingresar en plazo-, cuando entienda indebido el ingreso tributario derivado de tal autoliquidación al considerarlo contrario a la Constitución o al Derecho de la Unión Europea? Suscita las mismas cuestiones que los RRCA/3524/2020, 3590/2020, 3887/2020, 3892/2020, 4036/2020, 4066/2020, 4087/2020, 4144/2020 y 4087/2020. Además, el planteamiento de la parte recurrente ha sido acogido en dos sentencias de la Sección Segunda de esta Sala Tercera del Tribunal Supremo de 12 de julio de 2021 (RRCA 4066/2020 y 4087/2020).
Resumen: ¿La solicitud de devolución de ingresos indebidos de una autoliquidación es cauce adecuado para cuestionar la autoliquidación practicada por un contribuyente -que ha procedido a ingresar en plazo las cuantías por él calculadas en cumplimiento de sus obligaciones tributarias, a fin de no ser sancionado por dejar autoliquidar e ingresar en plazo-, cuando entienda indebido el ingreso tributario derivado de tal autoliquidación al considerarlo contrario a la Constitución o al Derecho de la Unión Europea? Suscita las mismas cuestiones que los RRCA/3524/2020, 3590/2020, 3887/2020, 3892/2020, 4036/2020, 4066/2020, 4087/2020, 4144/2020 y 4087/2020. Además, el planteamiento de la parte recurrente ha sido acogido en dos sentencias de la Sección Segunda de esta Sala Tercera del Tribunal Supremo de 12 de julio de 2021 (RRCA 4066/2020 y 4087/2020).
Resumen: A la cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar cuál ha de ser el régimen jurídico aplicable ante una reclamación de responsabilidad formulada por un concesionario de dominio público portuario a los efectos tanto de determinar el plazo de prescripción para el ejercicio de la acción ejercitada, como para dilucidar la procedencia o no de la indemnización reclamada, responde el TS que lo relevante es determinar el título de imputación que sustenta el ejercicio de la acción resarcitoria. Y así, en este caso, en cuanto a la reclamación por deficiencias en el suministro eléctrico, el daño no se vincula al título concesional, sino a la prestación de un servicio de suministro eléctrico que la Autoridad Portuaria proporciona a todos los concesionarios del puerto, por lo que en este supuesto nos movemos en el ámbito de la responsabilidad patrimonial de la Administración, por lo que procede la aplicación del régimen jurídico de ésta (daño continuado). En cambio, respecto a la otra reclamación relativa a la pérdida de tráficos derivada de la no instalación de punto de control fitosanitario, no existe daño causalmente imputable a la Autoridad Portuaria pues las cláusulas de la concesión no imponían asumir compromiso alguno a la Autoridad Portuaria en relación con la instalación de los puntos de control fitosanitario dado que esta no es la competente para la autorización de los mismos.
Resumen: Responsabilidad patrimonial. Inadmisión de demanda de error judicial por extemporaneidad, determinación del vencimiento del plazo de tres meses establecido en la LOPJ. Cómputo del plazo para presentar la misma desde la fecha de notificación de la providencia de inadmisión del recurso de casación preparado frente a la sentencia a la que se imputa el error. Consideración en el cómputo del plazo de interposición de la suspensión de plazos procesales (RD 436/2020, de 14 de marzo) y su posterior alzada (RDL 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia)
Resumen: El juzgado desestima el acto presunto de la reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta contra el Concello de A Coruña como consecuencia de la aprobación definitiva de la Revisión y Adaptación del PERI de la ciudad vieja y pescadería, Documento de enero de 2015, como consecuencia de la vinculación singular derivada de la aprobación del PEPRI aprobado en el año 2015, por la pérdida de edificabilidad y de volumen construibles y por imponer limitaciones en las actuaciones a desarrollar en el edificio como consecuencia de la protección integral, que suponían a su vez, una minoración del valor del inmueble. La jurisprudencia viene determinando que la restricción del aprovechamiento no se establece en términos de comparación con el aprovechamiento de idéntica finca en planeamientos anteriores, sino que se produce en relación con el aprovechamiento que se reconoce a los restantes suelos de la zona o ámbito homogéneo de que forma parte. la parte apelante ni patrimonializó los aprovechamientos urbanísticos, ni soportó vinculación ni limitación singular en lo referente a la altura ni al nivel de catalogación del edificio; por lo que no puede considerarse que se haya establecido una vinculación o limitación singular con restricción del aprovechamiento urbanístico, sino que se trata de determinaciones generales que les impusieron limitaciones y deberes propios de la ordenación urbanística a los inmuebles del mismo entorno.
Resumen: La rectificación de una autoliquidación -y la consiguiente devolución de ingresos indebidos- sí es cauce adecuado para cuestionar la autoliquidación practicada por un contribuyente -que ha procedido a ingresar en plazo las cuantías por él calculadas en cumplimiento de sus obligaciones tributarias, a fin de no ser sancionado por dejar autoliquidar e ingresar en plazo-, cuando entienda indebido el ingreso tributario derivado de tal autoliquidación al considerarlo contrario a la Constitución o al Derecho de la Unión Europea.
