Resumen: La sentencia analizada resuelve recurso de apelación interpuesto contra la dictada en primera instancia, que desestimó la demanda presentada para solicitar la nulidad de los contratos para adquisición de participaciones sociales de una entidad que invirtió en acciones de Banco Popular, que perdieron su valor al haber sido amortizadas por decisión de la autoridad de resolución bancaria (FROB) y, subsidiariamente, para solicitar indemnización por daños y perjuicios. El tribunal rechaza la legitimación pasiva de la demandada porque la entidad con la que contrató la demandante es otra persona jurídica diferente, pero sí admite su legitimación en relación con el contrato de préstamo contratado para financiar la adquisición de las acciones y la permuta financiera vinculada al préstamo. En relación con estos contratos, el tribunal aprecia caducidad de la acción ejercitada. En relación con la pretensión subsidiaria (responsabilidad por defectuosa información de los riesgos de inversión), considera el tribunal que no existe una relación de causalidad entre la información ofrecida por la entidad BPP y la pérdida económica sufrida por la empresa demandante, por lo que de una eventual defectuosa información no se deriva el daño por el que se reclama.
Resumen: Demanda de nulidad del clausulado multidivisa que consta estipulado en el contrato de préstamo hipotecario, con las consecuencias derivadas de su aplicación, reliquidación del préstamo y devolución de las cantidades percibidas en exceso y subsidiariamente de resolución del contrato en la parte referida al clausulado multidivisa con indemnización de daños y perjuicios. El juzgado de primera instancia desestimó la demanda y la Audiencia Provincial desestimó el recurso de apelación de la actora, al considerar probado que los prestatarios recibieron con carácter previo a la suscripción del contrato la información precisa sobre las características y riesgos de este tipo de préstamo por lo que las cláusulas objeto de litigio superan el control de transparencia. Interpuesto recurso extraordinario por infracción procesal, se estima este al concurrir incongruencia omisiva en la sentencia que no resuelve sobre la acción subsidiaria ejercitada sobre la acción de resolución e indemnización de daños, aunque luego se desestima, ya que, estando ante un préstamo multidivisa propiamente dicho, no puede apreciarse ningún incumplimiento de la demandada en fase de ejecución, excluyendo la exigibilidad a la entidad bancaria de las obligaciones de un servicio de inversión. Se estima el recurso de casación al remitirse a lo dispuesto en sentencias 613/2022, de 20 de septiembre y de pleno 418/2023 de 28 de marzo en cuanto al juicio de transparencia realizado sobre la cláusula multidivisa se refiere
Resumen: Demanda de nulidad del clausulado multidivisa que consta estipulado en el contrato de préstamo hipotecario, con las consecuencias derivadas de su aplicación, reliquidación del préstamo y devolución de las cantidades percibidas en exceso. El juzgado de primera instancia estimó la acción principal de la demanda, apreció que el clausulado objeto de la demanda no superaba el control de transparencia y declaró su nulidad. La Audiencia Provincial estimó el recurso de apelación del banco, considerando probado, en base en la prueba practicada, que la cláusula objeto de litigio se incorporó con transparencia. Interpuestos recursos de casación y extraordinario por infracción procesal, se estima este último al apreciar la incongruencia omisiva de la sentencia en lo que a la acción subsidiaria ejercitada sobre incumplimiento del contrato que luego desestima ya que, estando ante un préstamo multidivisa propiamente dicho, no puede apreciarse ningún incumplimiento de la demandada en fase de ejecución, excluyendo la exigibilidad a la entidad bancaria de las obligaciones de un servicio de inversión. Se estima el recurso de casación al remitirse a lo dispuesto en sentencias 613/2022, de 20 de septiembre y de pleno 418/2023 de 28 de marzo en lo que al juicio de transparencia realizado sobre la cláusula multidivisa se refiere.
Resumen: Demanda de nulidad por dolo de la orden de suscripción de acciones llevada a cabo por Bankia y como consecuencia de la misma, la de los contratos vinculados a dichas adquisiciones de acciones; subsidiariamente, la nulidad por error vicio en el consentimiento, con la condena a restituir a la demandante el importe total invertido de dichas acciones con sus intereses legales, quien a su vez restituirá a la demandada el importe de los rendimientos o dividendos percibidos y las acciones que tenga en su poder o el importe obtenido de su venta; subsidiariamente, la resolución de la orden y de los contratos referidos por incumplimiento; subsidiariamente, una acción de indemnización de daños y perjuicios y de forma subsidiaria, una acción de responsabilidad por folleto. En primera instancia se desestimó la demanda y recurrida en apelación se estimó el recurso y con él la demanda, declarando la nulidad de la orden de compra de acciones y ordenando la restitución de las prestaciones al apreciar el error invalidante del consentimiento derivado de la información contenida en el folleto de la OPS de Bankia. Interpuesto recurso de casación se desestima ante la falta de veracidad del folleto de emisión de la OPS que provocó un error excusable en la suscripción de acciones que vició su consentimiento.
Resumen: La sala desestima el recurso de casación de Bankia. Razona que la STJUE de 3 de junio de 2021 (asunto C-910/19), asumida por la sentencia de pleno 890/2021, ha despejado las dudas sobre la aplicabilidad de las previsiones legales sobre el folleto a los inversores cualificado. Es legítimo que los inversores cualificados invoquen la información contenida en dicho folleto y que, en consecuencia, puedan ejercitar las acciones legales pertinentes, aunque no sean sus destinatarios. Lo relevante, que habrá de ser analizado en cada caso concreto, es si el inversor cualificado en cuestión dispuso o pudo disponer de una información distinta de la contenida en el folleto. Se trata de comprobar lo que la doctrina ha denominado "capacidad de autotutela informativa". En el caso concreto, no consta que la demandante hubiera podido acceder a fuentes de información adicionales a las del folleto, ni tampoco que mantuviera con Bankia relaciones jurídicas o mercantiles que le hubieran permitido obtener esa información. Ni que pudiera acceder a información societaria interna de la demandada, más allá de lo reflejado en las cuentas anuales que deben ser objeto de publicación. Cuando en este caso la falta de veracidad del folleto informativo deriva de la falta de veracidad predicable de la información contable de la propia entidad incluida en dicho documento.
Resumen: La sentencia analizada resuelve recurso de apelación interpuesto contra la dictada en primera instancia, que estimó la demanda presentada para solicitar la nulidad del contrato de compra de bonos estructurados de acciones subyacentes del Banco Bilbao Vizcaya S.A. comercializado por Banca March S.A., con los efectos inherentes a dicha declaración de nulidad y la condena de la demandada a restituir el capital invertido e intereses legales. El tribunal de apelación estimó en parte el recurso interpuesto y acordó estimar sustancialmente la demanda, pero añadiendo que la parte actora ha de devolver a la demandada los dividendos brutos percibidos con anterioridad a la restitución de las acciones. Expone el tribunal los criterios jurisprudenciales sobre el error como vicio del consentimiento y causa de anulación del contrato. Para aplicarlos el tribunal valora la experiencia inversora de la demandante, a la que considera una pequeña inversora, y califica la prestación de servicios de inversión como de asesoramiento. Afirma el tribunal que el test realizado no contiene una auténtica evaluación al no contener advertencia alguna sobre la idoneidad de la inversión. El tribunal confirma la nulidad y los pronunciamientos de condena a restituir el capital invertido más intereses, pero revoca la sentencia para añadir que la demandante tiene que devolver los dividendos percibidos, que deben tomarse como brutos, y que el momento temporal final a considerar es el de reintegro de las acciones.
Resumen: Préstamo hipotecario. Cláusula multidivisa. Validez de la cláusula al superar el control de transparencia ya que el consumidor dispuso de la información precontractual necesaria para valorar y asumir el riesgo. Suficiencia del llamado documento de primera disposición al haberse entregado de modo completo antes de la celebración del contrato y haber informado expresamente, con ejemplos y explicaciones fáciles de entender, de que la apreciación de la divisa en la que han contratado el préstamo implica un incremento en la cuota y en el capital pendiente de amortizar; de que el contravalor en euros del capital pendiente puede superar el contravalor inicial del préstamo, situación que se describe en el cuadro con las simulaciones; en caso de optar el prestatario por un cambio de divisa, el riesgo sobre el capital vivo se materializa, es decir, habrá que estar al capital pendiente en euros en el momento en que se realiza el cambio, al igual que ocurre en el caso de amortización anticipada. La información proporcionada por la demandada sobre las características y los riesgos del producto fue suficiente y comprensible, con lo que las cláusulas contractuales impugnadas superan el control de transparencia lo que excluye el carácter abusivo de las mismas. La existencia de vicio en el consentimiento no puede dar lugar a la nulidad parcial del contrato de préstamo.
Resumen: OPS de Bankia. Acción de indemnización de daños y perjuicios del artículo 1101 del Código Civil ejercitada por un inversor cualificado. Existe la posibilidad de ejercitar tal acción en el caso de que el folleto de una OPS sea inveraz. Esta acción no deriva de una infracción de las obligaciones de información precontractual impuestas por la legislación del mercado de valores, sino de un incumplimiento por parte de Bankia de su obligación contractual de entregar aquello a lo que se había comprometido como objeto de la venta/suscripción. Diferencias con la acción de responsabilidad por folleto del artículo 28.3 LMV. Inversor cualificado. Doctrina establecida por la sentencia del TJUE de 3 de junio de 2021. Lo relevante, que habrá de ser analizado en cada caso concreto, es si el inversor institucional dispuso o pudo disponer de una información distinta de la contenida en el folleto. Habrá de tenerse en cuenta no solo la concreta información real que tuviera, sino también la información que hubiera debido tener de haber empleado el nivel diligencia que le es exigible como inversor profesional si, por su particular situación, podía haber tenido acceso a una información adicional a la del folleto. En el presente caso no constan medios adicionales de información o de relaciones con Bankia, ni se aprecia falta de diligencia. Prescripción de la acción: inexistencia. Nexo de causalidad entre el daño y la información contenida en el folleto. Importe de la indemnización. Intereses.
Resumen: La sentencia analizada resuelve recurso de apelación interpuesto contra la dictada en primera instancia, que estimó la demanda presentada para solicitar la nulidad de orden de compra de acciones de Banco Popular. El tribunal de apelación estimó el recurso de apelación y revocó la sentencia recurrida, con desestimación de la demanda por falta de legitimación pasiva de Banco Santander. Expone el tribunal los criterios establecidos por la jurisprudencia en relación con la legitimación activa de los compradores de acciones de entidad sometida a liquidación por la autoridad de resolución cuando esta acuerda la amortización de las acciones y reduce su valor a cero. El tribunal pone de manifiesto su potestad de apreciación de oficio de la falta de legitimación activa y aplica la jurisprudencia establecida proclamando la falta de legitimación activa de los demandantes.
Resumen: Acción de indemnización por los daños y perjuicios derivados de la compra de acciones en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB). En primera instancia se desestimó la demanda por cuanto se reclamó contra E&YSC, como asesor registrado, pero no atribuyéndole las funciones y obligaciones propias, sino otras de supervisión de actividad y de revisión de información, que no le corresponden. Recurrida en apelación se estimó parcialmente y revocó el pronunciamiento de condena en costas por su no imposición. Tras analizar el régimen normativo del asesor registrado concluyó que no cabía imputarle responsabilidad civil por el daño causado porque su deber no era proteger el patrimonio de los inversores. Interpuesto recurso de casación se estima. La Sala expone la regulación del asesor registrado del MAB y sostiene que la información a la que venía referida la actuación del asesor registrado estaba destinada no solo a la entidad rectora del MAB, sino también a los inversores. El asesor registrado no solo tenía funciones de asesoramiento y supervisión de la regularidad formal de la información que el emisor comunicaba al MAB sino también funciones de control de la misma. El asesor registrado fue negligente en el cumplimiento de las funciones asignadas al no realizar las actuaciones precisas para asegurarse de que la documentación comunicada al MAB reunía las exigencias de contenido, precisión y calidad y no omitía datos relevantes o inducía a confusión a los inversores.
