Resumen: En instancia se anula por error en el consentimiento -déficit informativo- la suscripción por cliente minorista de las órdenes de compra de los certificado de depósito para acciones con restitución recíproca de las cantidades percibidas. En apelación, la Sala examina la normativa aplicable (Ley del Mercado de Valores en su versión de la Ley 47/2007) que impone a las entidades de inversión, a la hora de comercializar productos complejos, el deber de diligencia y transparencia, y los deberes de información frente a los clientes no profesionales y por ello deben realizar un test de conveniencia o de idoneidad, siendo carga de la entidad bancaria acreditar que se proporcionó la información adecuada con la suficiente antelación. En el caso existió una labor de asesoramiento por el banco, en cuanto que sus empleados realizaron recomendaciones individualizadas respecto de un determinado producto financiero ofertado a concretos clientes. No consta que hubiera esa información precontractual, más allá de las afirmaciones interesadas de la empleada de la entidad, que no pueden suplir el rastro documental que exige la normativa expuesta, lo que determina la nulidad por vicio de consentimiento. Se estima el recurso en cuanto a la acción de responsabilidad contractual respecto de las contrataciones del 2018 por no apreciar incumplimiento en la información, ni en la modificación de los términos del contrato -sistema de negociación-, ni tampoco se acreditan los daños pues mantienen los CDA.
Resumen: Se ejercita acción pretendiendo la declaración de nulidad del contrato de suscripción de los Bonos Subordinados por error vicio del consentimiento, así como de los posteriores derivados de este, concretamente el contrato de canje y el contrato de depósito, en cuanto negocios conexos, alegando error vicio del consentimiento y la obligación de restituir la inversión realizada. La sentencia de instancia estima la demanda. El tribunal de apelación concluye que la parte demandante carece de legitimación para reclamar, dado que la Directiva 2014/59/UE y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea establecen que los accionistas deben asumir las pérdidas derivadas de la resolución de entidades de crédito, excluyendo la posibilidad de ejercer acciones de nulidad o responsabilidad contra la entidad sucesora. No se hace imposición de costas por ser una cuestión dudosa en derecho.
Resumen: Nulidad por error de productos financieros: adquisición de títulos de Certificados de Depósitos para Acciones de Triodos Bank. La demandada no incumplió sus obligaciones precontractuales, proporcionó al demandante la información adecuada en cuanto a las características y riesgos de la inversión, no se incumplieron los elementos esenciales del contrato; precio, liquidez y mercado, pues la suspensión de facilitar las transacciones en el mercado interno no constituyó ningún incumplimiento contractual. Se desestima igualmente la acción de resolución por infracción del deber de información. El incumplimiento, por su propia naturaleza, debe venir referido a la ejecución del contrato, mientras que aquí el defecto de asesoramiento habría afectado a la prestación del consentimiento. Podía ejercitarse una acción de indemnización de daños y perjuicios basada en el incumplimiento de los deberes inherentes al test de idoneidad y a la consiguiente información a prestar al cliente minorista, siempre que de dicho incumplimiento se hubiera derivado el perjuicio que se pretende sea indemnizado. Y en el caso el riesgo aún no se ha materializado y la causalidad se rompe si es necesario que el demandante autorice la negociación en el mercado libre para que se produzca.
Resumen: La obligación de la entidad financiera de dar al cliente información completa y explicación suficiente y detallada de las operaciones bancarias realizadas en el ámbito de la relación obligatoria que les liga, deriva de lo establecido, en primer lugar, por la normativa protectora de consumidores y usuarios , de la normativa reguladora del mercado de valores, y de lo establecido por la Orden 2899/2011, del Ministerio de Economía y Hacienda, de 28 octubre, de transparencia y protección de servicios bancarios. Se ha acreditado que la entidad demandada emitió certificado de la cuenta de ahorro y del depósito a plazos del que era titular la causante , y el saldo de ambos, con la identificación de los contratos y su saldo a dicha fecha, por loq que se ha cumplido el deber de información. Ningún movimiento han podido tener dichas cuentas al haber fallecido la titular y tener conocimiento de ello la entidad bancaria, desde la fecha de emisión del certificado. No existe ninguna duda de que los actores son herederos testamentarios de titular y concurren a la herencia de dicha causante con otros herederos que han aceptado su herencia. Todos ellos constituyen una comunidad hereditaria con una cuota de participación en la misma. Dicha cuota de participación en la comunidad hereditaria no les da derecho a los actores a exigir del banco la entrega del 50%, al no haber existido concreta partición y adjudicación hereditaria con aceptación de todos los integrantes de la comunidad hereditaria.
Resumen: Demanda de nulidad por error vicio de la adquisición de preferentes del Banco Popular canjeadas por bonos. La sentencia de primera instancia estimó la demanda y declaró la nulidad por error en el consentimiento de las operaciones de suscripción y compra de acciones efectuada por el demandante; la Audiencia Provincial revocó la resolución. Recurre en casación la demandante y la Sala desestima el recurso. Declara que el ejercicio de la acción de nulidad está condicionado por una circunstancia previa que afecta a la propia existencia de la acción, que ha sido negada por la sentencia del TJUE de 5 de mayo de 2022 en esta clase de acciones formuladas por accionistas del Banco Popular. Añade que, si como afirma el TJUE, la Directiva 2014/59 impide el ejercicio de una acción de responsabilidad o de una acción de nulidad contra la entidad de crédito emisora del folleto, o contra la entidad que lo suceda con posterioridad a la adopción de la decisión de resolución, desaparece ese presupuesto esencial de la acción ejercitada en la demanda. Estas circunstancias privan a las pretensiones del demandante del fundamento que hubieran podido tener si no se hubiera producido la resolución del banco, ya que la sala, por mandato del art. 4 bis LOPJ, debe aplicar la doctrina del TJUE, que tiene carácter vinculante, de modo que tales pretensiones nunca podrían ser estimadas. Se estima la casación, lo que determina la estimación del recurso de apelación y la desestimación de la demanda.
Resumen: La sala analiza la operación de colocación por el banco Santander del producto denominado valores Santander en el marco de su participación de una oferta pública de adquisición de un banco. La sala rechaza la prescripción de la acción de responsabilidad contractual ejercitada, porque entiende que el plazo prescriptivo no pudo empezar a correr hasta que el cliente pudo apercibirse en toda su extensión del quebranto económico sufrido, lo que no sucede hasta la venta con pérdida de las acciones objeto de conversión. El perjuicio es la pérdida producida por consecuencia de la diferencia entre la cantidad invertida y lo recuperado con la venta de las acciones.
Resumen: Los valores litigiosos deben ser calificados como un producto financiero complejo, en los términos de la legislación del mercado de valores, porque: (i) el precio de reembolso no es conocido de antemano, (ii) el inversor puede perder todo o parte de lo invertido y (iii) su valor último depende del valor de otro producto (derivado). Semejanza entre los valores Santander y los bonos necesariamente convertibles en acciones. El carácter complejo y arriesgado obliga a la entidad financiera comercializadora a suministrar al inversor no profesional una información especialmente cuidadosa, de manera que le quede claro que, a pesar de que en un primer momento su aportación de dinero tiene similitud con un depósito remunerado a tipo fijo o con un préstamo, a la postre implica la adquisición obligatoria de capital del banco y, por tanto, puede suponer la pérdida de la inversión. La documentación (folleto y tríptico) no era suficientemente expresiva y completa, pues no advertía debidamente de los riesgos de la inversión. Incluso aunque se hubiera entregado tal información, no pudo serlo con antelación suficiente porque el tríptico había sido registrado en la CMNV el día anterior a la presunta entrega y las conversaciones con los demandantes. La entidad no realizó la conducta exigida por la normativa sectorial, de suministrar a los demandantes, con suficiente antelación, información clara, imparcial y no engañosa, sobre las características del producto financiero y sus riesgos.
Resumen: La sentencia analizada resuelve recurso de apelación interpuesto contra la dictada en primera instancia, que desestimó la demanda presentada para reclamar indemnización por el daño alegado por el demandante a consecuencia de la pérdida del valor de las acciones canjeadas por obligaciones subordinadas emitidos por Banco Popular. El tribunal de apelación desestimó el recurso y confirmó la sentencia recurrida. El tribunal considera correcta la apreciación de oficio de la falta de legitimación activa porque no se puede reconocer un derecho a quien no es titular suyo. Expone el tribunal la jurisprudencia establecida por el TJUE y por la Sala 1.ª del Tribunal Supremo en relación con la falta de legitimación de los accionistas para reclamar responsabilidad por la pérdida de valor de sus acciones por decisión adoptada por la autoridad de resolución competente en relación con la entidad financiera sometida a resolución. Ni el accionista puede reclamar por la pérdida de valor de acciones cuya amortización fue acordada por la autoridad de resolución.
Resumen: Adquisición de acciones del Banco Popular. Acción de indemnización de daños y perjuicios por incumplimiento de las obligaciones de información que contempla la Ley del Mercado de Valores. Recurre el banco demandado. Modificación en el orden de resolución de los recursos. La sala estima el recurso de casación. El ejercicio de esta acción está condicionado por una circunstancia previa que afecta a la propia existencia de la acción, que ha sido negada por STJUE de 5 de mayo de 2022 (C-410/20). Según esta sentencia, la Directiva 2014/59 se opone a que, con posterioridad a la amortización total de las acciones de una entidad de crédito objeto de un proceso de resolución, como fue el caso del Banco Popular, quienes hayan adquirido acciones en el marco de una OPS, emitida antes del inicio del proceso de resolución, ejerciten acciones de responsabilidad por folleto o acciones de nulidad del contrato de suscripción de acciones que, habida cuenta de sus efectos retroactivos, conllevan efectos restitutorios. Con ello desaparece el presupuesto esencial de la acción ejercitada en la demanda. Estas circunstancias privan a las pretensiones del demandante del fundamento que hubieran podido tener si no se hubiera producido la resolución del banco, ya que la sala debe aplicar la doctrina del TJUE, que tiene carácter vinculante. No procede la imposición de las costas procesales ya que la situación creada es equivalente, a estos efectos, a la carencia sobrevenida de objeto
Resumen: Acción de indemnización de daños y perjuicios ocasionados por la comercialización de dos productos financieros complejos (estructurados), con infracción de las obligaciones de información prevista en la normativa pre-MiFID, en un caso en que el banco desarrolló una labor de asesoramiento en esta contratación. La sentencia de primera instancia estimó íntegramente la demanda, por apreciar un incumplimiento grave de los deberes de información al asesorar la contratación de los dos productos estructurados y valoró el perjuicio en la suma reclamada; fue confirmada en apelación. El recurso de casación se refiere a los efectos de la estimación de la acción y la determinación de la indemnización. El perjuicio susceptible de indemnización, una vez ha quedado firme la apreciación de que el banco incurrió en responsabilidad al comercializar este primer producto estructurado, viene determinado por el quebranto económico sufrido, representado por el importe de la inversión menos el valor de lo obtenido (las acciones de BBVA) al tiempo del vencimiento, de acuerdo con la cotización en ese momento, y los rendimientos económicos obtenidos antes del vencimiento. Lo acaecido con posterioridad, se entiende que es a riesgo y ventura de los demandantes, si pudiendo vender en ese momento deciden mantener durante un tiempo la titularidad de las acciones. Se desestima el recurso de casación interpuesto por el banco demandado.
