Resumen: Se desestima el recurso contencioso interpuesto contra la decisión municipal de inadmisión de la solicitud de modificación del Plan Especial de Reforma Interior. La solicitud pretendía con ello permitir la implantación de un área comercial de proximidad en la manzana, teniendo en cuenta ue la manzana completa es propiedad de la mercantil solicitante, siendo desestimada esta pretensión al no cumplir con las normas urbanísticas previstas en el planeamiento superior para el Plan Especial. En principio, realmente no existe un derecho de los interesados a que un instrumento de planeamiento, o programa de actuación integrada, o aislada, o sus instrumentos de desarrollo, sean tramitados por la Administración, pero lo que existe es un derecho de iniciativa y de participación de los ciudadanos, pues la ley concede a los particulares simplemente la facultad de promover planes y actuaciones de transformación urbanística, pero sin que sus propuestas vinculen a la Administración. Pero los informes técnicos municipales son negativos, ya que el uso comercial exclusivo en parcela que se plantea no está previsto en el planeamiento superior, y además su implantación supondría una distorsión en la calidad urbana del entorno del nuevo espacio residencial, por lo que el proyecto de modificación no resulta admisible para su tramitación.
Resumen: la sentencia del juzgado desestimó el recurso contencioso contra el acuerdo de la Comisión Territorial de autorización de uso excepcional en suelo rústico para la construcción de un aeródromo de uso restringido. Se impugna que no se tuvo acceso al documento técnico al no publicarse en la web del Ayuntamiento ahora apelado ni en su sede electrónica, de manera que entiende que no se ha garantizado el derecho de información constituyendo una causa de nulidad de pleno derecho. El segundo de los motivos de impugnación y que contradice lo establecido en la sentencia apelada es el referido a considerar que se trata de un uso prohibido o no autorizado por la normativa urbanística municipal de ámbito provincial y entender que no se ha justificado de manera suficiente el interés púbico. En cuanto a lo primero, no hay duda de que el anuncio por el que se sometió el expediente de autos a información pública fue publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León, en el diario la Opinión-El Correo de Zamora y en el tablón de anuncios de la plataforma "espublico gestiona". En cuanto a lo segundo, que la autorización de usos excepcionales en suelo rústico viene regulada en el artículo 23.2 LUCyL y más en concreto con lo previsto en su apartado c) que alude a infraestructuras en general que justifiquen un interés público, aunque sea un aeródromo privado
Resumen: Se desestima el recurso de apelación interpuesto contra el auto del Juzgado, que deniega la medida cautelar de suspensión interesada contra el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento por el que se aprueba definitivamente el cambio de sistema de ejecución de la Unidad de Ejecución. El auto explica que una sentencia que pudiera estimar las pretensiones de la parte demandante traería consigo la restitución de la situación generada por lo que en ningún caso la no suspensión haría perder la finalidad legítima al recurso. La escueta petición de suspensión de la actuación recurrida por la recurrente adolece de la mínima acreditación respecto a la circunstancia alegada de que la ejecución pudiera perjudicar gravemente el interés público o en qué medida se genera daño al interés privado. La decisión municipal justifica el cambio de sistema de forma extensa y pormenorizada, haciendo para ello referencia a aspectos tales como las dilaciones, incumplimientos de plazos pactados, interpretación unilateral de acuerdos o la incapacidad de la Junta de Compensación para poder llevar a cabo las obligaciones inherentes al sistema de compensación. La elección del sistema de ejecución descarta el de ejecución forzosa y se decanta por el de expropiación forzosa por convenio.
Resumen: La Sala desestima el recurso de apelación interpuesto contra sentencia que declaró ser conforme a derecho la denegación municipal de abastecimiento de agua potable y saneamiento a unas viviendas. A juicio del Tribunal no nos encontramos frente a viviendas que cuenten con licencia, pues se trata de viviendas cuyos titulares no han acreditado poseerla. Ni se aportan ni se ha solicitado la oportuna certificación al respecto. Quiere significarse con ello que en principio no se trataría de viviendas cuya ilegalidad sea sobrevenida, pues en el tiempo en que fueron construidas el suelo era no urbanizable, no permitiendo pues, tal tipo de construcciones. La problemática no debe situarse en si las edificaciones se hallan fuera de ordenación o en situación asimilada a esta, ya que lo que justifica la denegación del servicio público es el carácter del suelo en que se ubican, es decir su carácter no urbanizable, además de especialmente protegido y ubicado en Paraje Natural. Por lo demás no se trataría de una simple acometida sino de obras de instalación de infraestructura inexistente para su conexión con otra existente, lo que excede de la previsión legal que contiene el art. 174 de la LISTA para edificaciones fuera de ordenación.
Resumen: La Sala estima en parte el recurso de apelación y acuerda la devolución a una de las partes apeladas de la cantidad de 82.854,65 euros que fue abonada al Ayuntamiento en concepto de materialización del aprovechamiento municipal sustituida por su equivalente en metálico, incrementada con los intereses desde la fecha de la declaración de nulidad del Proyecto de Reparcelación; y se desestima respecto a la reclamación efectuada por el otro apelado. A juico del Tribunal si la reparcelación carece de efectos jurídicos desde su inicio ello afecta tambien a los acuerdos posteriores y singularmente el Convenio regulador de la adquisición de aprovechamientos al Ayuntamiento, pues carece de sentido que si la propia Administración actuante ha declarado la nulidad del Proyecto, con los referidos efectos, continúe vigente en el aspecto relativo a la adquisición de los aprovechamientos urbanísticos, que es lo que fundamenta la solicitud de los recurrentes y el posterior recurso contencioso-administrativo. Consecuencia de ello, en principio, es que los recurrentes tengan derecho a la devolución de un aprovechamiento urbanístico que adquirido a la Administración actuante no van a poder materializar, pero de dicha regla han de exceptuarse los propietarios que, como la otra parte apelada ya habían consumido, esto, es materializado íntegramente tanto el aprovechamiento que le otorgaba el Proyecto de Urbanización como el que fue adquirido al Ayuntamiento mediante el aludido Convenio.
Resumen: La Sala estima en parte el recurso y anula el Acuerdo del Jurado Provincial, fijando nuevo justiprecio expropiatorio por la constitución de servidumbre de paso sobre una finca. La Sala no acoge el valor del suelo que propone la actora, pues el informe de valoración que constituye la Hoja de Aprecio va firmado por la recurrente y por su Letrado, pero no por técnico competente. No siendo suficiente para desvirtuar la presunción de acierto de la resolución recurrida, careciendo de justificación documental. Igualmente el rendimiento propuesto por el recurrente en su hoja de aprecio es excesivo e injustificado. En cuanto a la tasa de capitalización se mantiene la que señala el Jurado pues aunque aplica el índice corrector declarado nulo por el T.S., resulta más beneficiosa que la que se propone en la Hoja de Aprecio. ambién se mantiene el factor de localización que señala el Jurado (1,04), ya que la Hoja de Aprecio no motiva el que propone (2), sin que siquiera se desglosen los componentes u1, u2 y u3 que lo conforman.La Sala incrementa el porcentaje del valor de la servidumbre de gaseoducto constituida al 100% del valor del suelo conforme acordó en casos similares y viene reconociendo la jurisprudencia. No procede indemnización por demérito al no quedar justificado el perjuicio ni la necesidad, teniendo en cuenta la condición de suelo rural que no se ve afectado por tal limitación. Procede indemnización del 10% en concepto de ocupación temporal y se mantiene la del arbolado.
Resumen: La Sala desestima el recurso de apelación interpuesto contra sentencia que a su vez desestimó el recurso contencioso-administrativos interpuesto frente al Concello de Nigrán y la resolución de su alcalde, de 25 de abril de 2023 que desestima el recurso potestativo de reposición presentado contra la resolución de 3 de junio de 2019 en la que se acuerda el cese del uso de una vivienda unifamiliar transformada en ocho apartamentos en la rúa Lourido Beiramar 4, Monte Lourido San Pedro, Nigrán. Señala la Sala que el recurso de apelación tiene por objeto la depuración de un resultado procesal obtenido en la instancia de tal modo que el escrito de alegaciones del apelante ha de contener una crítica de la sentencia impugnada que es la que debe servir de base para la pretensión sustitutoria de pronunciamiento recaído en primera instancia. Y añade que en el recurso de apelación se transmite al Tribunal "ad quem" la plena competencia para revisar y decidir todas las cuestiones planteadas, por lo que no puede revisar de oficio los razonamientos de la sentencia apelada, al margen de los motivos esgrimidos por el apelante como fundamento de su pretensión, que requiere, la individualización de los motivos opuestos, a fin de que puedan examinarse dentro de los límites y en congruencia con los términos en que esta venga ejercitada, sin que baste con que se reproduzcan los fundamentos utilizados en la primera instancia.
Resumen: La Sala desestima el recurso interpuesto contra la resolución 19-11-2020 que aprueba definitivamente el Plan de ordenación urbanística municipal, de Blanes. Señala la Sala que el análisis de si un plan de ordenación urbanístico municipal es distinto a otro posible, por razón de clasificar unos terrenos como suelo urbanizable no delimitado en lugar de su alternativa como suelo urbanizable delimitado, es una atribución que no es propia de las ciencias que estudia la ingeniería agrónoma, y en cambio sí es una función prevalentemente de la arquitectura, lo que se deja aquí dicho no al efecto de ninguna discusión de competencia entre Colegios o colegiados, sino como entendimiento de la falta de técnica y de precisión en que se sustenta la demanda. Y añade que en absoluto cabe presumir que el suelo fuera consolidado de acuerdo con la ordenación urbanística anterior, lo que requería que estuviesen "urbanizados de acuerdo con las determinaciones establecidas en el planeamiento urbanístico, o en cualquier caso, si éste no las especifica, que dispongan de los servicios urbanísticos básicos (...) y confronten con una vía que cuente con alumbrado público y esté íntegramente pavimentada, incluida la zona de paso de peatones". Este es un estado de hecho que la demanda no acredita. Y no justificándose la condición de consolidación, es consecuencia reglada que tenga este suelo urbano la condición de no consolidado.
Resumen: La Sala desestima el recurso de apelación interpuesto contra auto por el que se desestima la pretensión cautelar presentada contra la orden de demolición de la vivienda unifamiliar, sita. Santiago de Compostela,. Señala la Sala que dada la especialidad de la materia de que se trata, existe un interés público en el restablecimiento de la legalidad urbanística y en la no persistencia de una construcción que ha sido ejecutada sin la preceptiva autorización. Y no cabe afirmar que la ejecución del acto administrativo comporte la pérdida de la finalidad del recurso, ya que no resulta irreversible la ejecución de la orden de demolición recurrida, ello por consecuencia de la compensación económica y la posible reconstrucción que pudiera hacerse al efecto en el caso de estimación del recurso contencioso administrativo. Es cierto que en determinados supuestos de demoliciones la Jurisprudencia ha entendido que llevarlas a cabo podría determinar perjuicios de imposible o muy difícil reparación, asimilables a la pérdida de la finalidad legítima del recurso; pero se refieren, en lo relativo a viviendas, que constituyen el domicilio habitual del interesado, lo que no es el caso que nos ocupa. Y añade que no se justifica esa pretendida apariencia de buen derecho, dado que precisa de un mayor estudio, en el pleito principal y con plenas posibilidades de defensa por ambas partes, y en este caso no se aprecia que sea evidente.
Resumen: Se estima el recurso de apelación formulado contra el auto del Juzgado, que desestima la solicitud de adopción de medida cautelar de suspensión del acto, Resolución del ayuntamiento que acuerda la demolición y restitución del terreno a su estado originario, auto que se revoca, con sus pensión del acto recurrido. Toda orden de demolición por su propia naturaleza implica destrucción de riqueza material, por lo que, si se ejecuta antes de la culminación del proceso pendiente en el que ha de decidirse acerca de su procedencia y legalidad, puede dar lugar, en el caso de que quede revocada posteriormente a perjuicios de muy difícil reparación. Por ello cuando se trata de un supuesto de demolición de obras siempre se ha accedido a la suspensión de la ejecución del acto administrativo, aun en ejecución sustitutoria, dado que pudiera darse en caso de que existieran motivos, en abstracto, para la estimación del recurso que no pueden evaluarse en la pieza de medidas cautelares es procedente la suspensión solicitada.
