Resumen: Revoca y anula la sentencia dictada por el Juez de Instrucción en que había condenado a un denunciado como autor de un delito leve de amenazas y a otro denunciado le había absuelto de la acusación de lesiones. Ambos denunciados coinciden en un parking público y el primero de ellos dirige al otro diversos reproches al tiempo que esgrime una hoz y le ataca, momento en que el segundo denunciado interpone una caja contra la que impacta la hoz, provocando la caída al suelo del agresor y unas lesiones por las que cura en doce días. Derecho a la tutela judicial efectiva y a obtener una resolución fundada. Integración de los hechos probados con los contenidos fácticos introducidos en la fundamentación jurídica de la sentencia. Ausencia de toda consideración fáctica sobre el origen causal de las lesiones sometidas a juicio. La Audiencia no està en condiciones de suplir las omisiones advertidas en la sentencia recurrida sobre el razonamiento que ha llevado a la absolución por el delito de lesiones. Eximente de legítima defensa que late bajo la decisión absolutoria pero no se explicita en la sentencia recurrida. Nulidad para nueva redacción de la sentencia por el mismo juez que la firma.
Resumen: Si bien las pérdidas dentarias son susceptibles de ser calificadas como de deformidad en el art. 150 CP, se hace preciso comprobar, en cada caso concreto, las modulaciones a ese criterio en función de las posibilidades de reparación ordinaria, no dificultosa y sin riesgo, teniendo en cuenta que el concepto de reparación accesible no dificultosa no debe impedir la aplicación del criterio general, pues todas las pérdidas pueden ser susceptibles de reparación. Los puntos de vista jurídicos sobre la deformidad se polarizan entre la pérdida de sustancia corporal que tiene incidencia en el derecho fundamental a la integridad física, proclamado en el art. 15 de la Constitución, y lo antiestético que comporta el concepto jurídico de deformidad, pero con características de permanencia. Las eximentes y atenuantes deben ser acreditadas: los déficits probatorios no deben resolverse a favor del reo, sino en favor de la plena responsabilidad penal. Presunción de inocencia: el tribunal de apelación debe valorar la prueba desde el triple aspecto de verificar la existencia de prueba válida, prueba suficiente y prueba debidamente razonada y motivada, todo ello en garantía de la efectividad de la interdicción de toda decisión arbitraria prescrita en el artículo 9.3 de la Constitución Española. Debe producirse el triple examen: " juicio sobre la prueba", " juicio sobre la suficiencia" y el " juicio sobre la motivación y su razonabilidad".
Resumen: La acusada fue citada juicio con cumplimiento de todas las garantías legales, siendo informada de forma expresa de que se le citaba en condición de denunciada, de que podía acudir asistida de letrado y proponer la prueba que tuviera por conveniente, solicitando la citación de testigos o que se aportara testimonio del juicio en el que la denunciante habría sido condenada por agredirla a ella, de modo que si no solicitó prueba alguna, no se puede hacer responsable de ello al Juzgado. Ciertamente, la agresión mutua podía haber dado lugar a una sola causa y una sola sentencia, pero no se produce nulidad alguna por el hecho de que se hayan seguido dos procedimientos separados en los que se analice la responsabilidad de cada una de ellas. No existe cosa juzgada, con la primera sentencia no se resuelve la totalidad de las responsabilidades del incidente. Ambas sentencias resultarían plenamente compatibles y se trataría de una agresión mutua, una auténtica pelea aceptada por ambas y no puede admitirse que alguna de ellas actuara en una especie de legítima defensa.
Resumen: Si la prueba de cargo practicada no es concluyente para llevar a la certeza del hecho acusado y de la culpabilidad de la persona contra la cual se formula la acusación, el principio in dubio pro reo impone la libre absolución del acusado. La declaración de la víctima contiene los elementos jurisprudencialmente exigidos para constituir prueba de cargo apta para enervar el principio de presunción de inocencia. No consta acreditado por ningún medio de prueba practicado en el acto del juicio oral que la intervención del acusado sobreviniese como efecto necesario y proporcionado a una previa agresión ilegítima o situación de inminente peligro derivada de la actuación del denunciante. La norma es la condena en las costas ocasionadas a la acusación particular y la excepción es excluirlas, si bien solo se imponen por mitad por lo ocurrido respecto al delito de amenazas objeto de la acusación particular.
Resumen: Se condena por delito de asesinato intentado. Hay dolo homicida que se infiere del empleo de un cuchillo tipo machete, que se introdujo, y perforó, en la zona del hemitórax y escasa distancia del corazón, llegando a alcanzar este órgano vital, la trayectoria de la herida era de abajo a arriba y desde fuera a dentro, y el arma atravesó las costillas, la pleura y llegó al corazón. El acusado no podía descartar el riesgo de muerte subsiguiente a su acción concreta de peligro al atacar a su hermano con un cuchillo tipo machete, siendo adecuada para causarla, lo que determina que, al menos, por dolo eventual. Concurrió alevosía, pues la víctima no tuvo posibilidad alguna de defensa del ataque. No hay legítima defensa por no haber agresión previa. Se aprecia una atenuante analógica con la de obcecación al probarse una situación de conflicto personal y familiar que tuvo incidencia en la situación emotiva del acusado. No hay confesión, pues el acusado ofreció una versión no concorde con la probada. No hay reparación del daño, pues la suma dada no supone especial esfuerzo. Aunque la duración total del procedimiento fue de tres años y poco más de seis meses, no medió paralización relevante ni injustificada para apreciar dilaciones indebidas. Concurre la agravante de parentesco por la relación entre acusado y víctima, que eran hermanos. Se condena al pago de las costas de la acusación particular cuya actuación no fue superflua.
Resumen: En los hechos declarados probados sólo se describe una acción de hurto, por lo que no pueden ser calificados ni penados como un delito continuado, que exige pluralidad de acciones u omisiones a tenor del art 74.1 CP, por lo que no se puede aplicar dicha disposición. Dada la entrega por parte del apelante del teléfono de su madre que acababa de sustraer, estima el Tribunal de aplicación al caso la excusa absolutoria que alega el recurrente, debiendo ser absuelto el acusado del delito de hurto, de cuya ejecución desistió. Para que la defensa sea legítima, tiene que haber precedido una agresión ilegítima. Las lesiones causadas por el recurrente carecen de toda justificación, y son constitutivas del delito leve de lesiones por el que ha sido condenado a tenor del art 147.2 CP, que ha sido correctamente aplicado por el magistrado juez de instrucción, en sentencia que ha se confirma en este punto.
Resumen: Se confirma la sentencia que condena por delito leve de lesiones. El Tribunal de apelación no puede revisar la valoración de las pruebas personales directas practicadas bajo los principios de inmediación y contradicción - testificales, periciales, declaraciones de los imputados o coimputados y reconocimiento judicial - a partir exclusivamente de su fragmentaria documentación en el acta del juicio oral, vulnerando dichos principios, o ponderar el valor respectivo de cada medio válido de prueba para sustituir la convicción racionalmente obtenida por el Juzgado de instancia. La declaración de la víctima es prueba apta para destruir la presunción de inocencia. No hay base para apreciar una situación de legítima defensa que ha de probarse con la misma intensidad que el hecho principal y la alegue como circunstancia impeditiva u obstaculizadora de la responsabilidad criminal. La posibilidad de huida, cierta y no peligrosa, en si misma no subsana la ilegitimidad de la agresión inicial, ni se constituye como exigencia necesaria de exclusión de la legítima defensa.
Resumen: Cuando en el recurso de apelación se combate la apreciación de la prueba practicada, la función del juez de apelación tiene que limitarse, por lo general, a examinar la regularidad procesal, validez de la prueba practicada y el apoyo probatorio que tienen las afirmaciones que se recogen en la misma. La valoración de la prueba efectuada por el juez de instancia únicamente debe ser rechazada cuando, o bien no se motiven las razones para llegar al fallo de la resolución, sea cual sea su sentido, o bien dicha motivación sea ilógica, irracional o se evidencie un claro error del juzgador a quo tan elemental y de magnitud que necesariamente lleve a una modificación del relato de hechos probados de la resolución apelada por la existencia de técnicas valorativas contrarias a las exigencias de la presunción de inocencia o del principio in dubio pro reo. El elemento central de la legítima defensa es la necesidad de actuar en defensa, situación en la que se encuentra el sujeto ante una agresión ilegítima actual o inminente. El codazo no se trató de un acto defensivo para zafarse, excluyéndose así la posibilidad de apreciar circunstancia eximente o modificativa de la responsabilidad alguna.
Resumen: La inmediación aunque no garantice el acierto permite que el juzgador acceda o valore algunos aspectos de la prueba personal irrepetibles e influyentes. No corresponde al órgano de la segunda instancia volver a examinar la prueba practicada mediante una mera audición de la grabación del juicio, al contrario, la prueba se llevó a cabo en unidad de acto con pleno respeto a las garantías procesales, y por la magistrada-juez se examina y valora la misma de modo correcto, minucioso y coherente. La eximente de legítima defensa se funda en la necesidad de autoprotección, lo que se puede resumir en dos factores o premisas: una agresión ilegitima y la necesidad de defenderse por parte de quien sufre la agresión. En la causa, tales presupuestos no se pueden inferir del factum de la sentencia recurrida, es el apelante el que se dirige a los ocupantes del coche, también el denunciado y apelante golpea a uno de ellos, el acometimiento es mutuo y recíprocamente aceptado lo que excluye la aplicación de la eximente.
Resumen: Hubo prueba de cargo correctamente valorada en lo atinente a la causación de delito de lesiones, dado que el quebranto corporal precisó para curar de tratamiento médico. La lesión precisó sutura, incluso la colocación teórica de los puntos "stir-strip ", supone, sino puntos de sutura, sí tratamiento médico al existir un inicial pegamento tisular y posterior cura local. Para apreciar la eximente de legítima defensa deben concurrir los requisitos de agresión legítima y su existencia puede ser actual o inminente;necesidad racional del medio empleado para impedir o repeler la agresión y falta de provocación suficiente por parte del que se defiende.Resulta acreditado que fue el denunciante quién se acercó al denunciado, no al contrario, que se acercó con la intención de agredirle, procediendo el denunciado a poner las manos delante de su cuerpo en posición defensiva, iniciándose un manoteo en el curso del cual el denunciante se causó las lesiones. En estos hechos es de aplicación la eximente de legítima defensa, porque existe una agresión ilegítima entendida como riesgo inminente para su persona al dirigirse el denunciante hacia él diciéndole que le iba a pegar y en clara aptitud y disposición de hacerlo. El forcejeo que hubo con las manos o manoteo, no puede entenderse como asunción de la pelea ni equiparar a una situación de riña mutuamente aceptada. Se estima el recurso y se absuelve por concurrir la eximente indicada.
