Resumen: El Juzgado de lo Penal condenó al acusado como autor de un delito de lesiones agravadas por empleo de instrumento peligroso. Apela la sentencia, estimando la AP su recurso parcialmente. No se aprecian razones para aplicar la invocada eximente de legítima defensa ni siquiera como incompleta. Aún cuando la agresión la iniciase el perjudicado, de lo que no hay prueba directa, por la diferente constitución física de ambos implicados, el acusado pudo por su mayor envergadura y fuerza hacerse con el bastón que portaba y le agredió cuando yo no era necesaria defensa alguna. Tampoco hay base para apreciar un arrebato obcecación. No obstante, las sala tiene en cuenta las circunstancias concurrentes al determinar la pena, que fue impuesta en el máximo de la mitad inferior para reducirla al mínimo, manteniendo el importe de la indemnización.
Resumen: Ya se valoró en la instrucción la posible intervención en los hechos de la persona cuya ausencia determina la solicitud de nulidad: su llamada a juicio lo fue sólo en su calidad de testigo sin que pudiera ser citado por hallarse en ignorado paradero (no obstante haberse procedido con anterioridad al juicio, a la práctica de diligencias por la Policía Judicial para determinar su actual domicilio al objeto de su citación), por lo que, únicamente cabría la lectura de sus declaraciones (art. 730 LECrim o reiterar la práctica de la diligencia conforme a lo dispuesto en el artículo 790.3 de la LECrim, no concurriendo, por tanto, los supuestos a que se refiere el art. 238 de la LOPJ. El trastorno límite de la personalidad no es considerado acreditado en la sentencia, pues el informe forense establece que "el explorado presente las capacidades intelectivas y volitivas dentro de la normalidad" y que "no existía una disminución del componente volitivo-pulsional del psiquismo, y, que, de haber existido, debió ser de muy leve entidad. Tampoco hubo prueba de que estuviera embriagado. Abuso de superioridad: se desprende de la llevanza de una navaja de 20 cm junto al hacer salir a la víctima del citado local para hablar, la cual desconoce las intenciones del agresor y que porte una navaja máxime con dichas dimensiones, y enseguida acometerla con dicho instrumento que llevaba preparado, seccionándole directamente el cuello a la víctima.
Resumen: Se confirma la sentencia que condena por delito de lesiones. Hubo prueba de cargo correctamente valorada. En situaciones de mutuo acometimiento y recíproca agresión se elimina la existencia de la causa de justificación de legítima defensa en sus dos facetas de completa o incompleta, al faltar el requisito de la agresión ilegítima reiterada con sus caracteres de actual, inminente, imprevista y de suficiente y eficiente. Cuando la acción de uno sobrepasa los límites de la aceptación expresa o tácita en cuanto a modos o medios, haciendo acto de presencia ataques desmedidos o armas peligrosas, con los que no contaba, supuesto en el que puede surgir la situación de legítima defensa en la riña aceptada, que no concurre en el supuesto. Se está no solo ante una disputa mutuamente aceptada, sino incluso propiciada activamente por uno de los contendientes, que por tanto lejos de ser denostada es por él alentada pretendiendo luego ampararse en una acción defensiva, sin que una vez que se produzca la contienda se produzcan resultados lesivos desproporcionados, o el empleo de medios que provoquen un notorio desequilibrio entre los contendientes.
Resumen: La riña mutuamente aceptada, que no se discute, excluye la legítima defensa. No pueden trasladarse las condiciones del testimonio de la víctima, como prueba de cargo, para valorar la declaración exculpatoria de quien, además de víctima, es acusada. La reparación del daño debe proceder del acusado, por lo que no es apreciable en caso de fianzas o conductas impuestas por la administración o pagos efectuados por aseguradoras.
Resumen: Se condena por delito de lesiones agravado por deformidad. El acusado, con ánimo de mermar la integridad física, arrancó de un mordisco parte de la falange distal del dedo pulgar izquierdo del perjudicado, lo que exigió para su sanación tratamiento medio quirúrgico provocándole su amputación parcial. No hay legítima defensa, puesto que no existe una agresión ilegítima que justificara la acción del acusado, estando ante una riña mutuamente aceptada, lo que excluye dicha legítima defensa pretendida en ninguna de sus formas. La presencia de un trastorno límite de personalidad, no unido a otras anomalías relevantes, supondría una simple anomalía psíquica, una simple alteración anormal del carácter o de la personalidad que no afecta, por sí sola, a la capacidad de comprender la desaprobación jurídico penal y la capacidad de dirigir el comportamiento de acuerdo con esa comprensión. Se aprecia la eximente incompleta de drogadicción, dada la existencia subyacente del trastorno de personalidad junto a su adicción prolongada a las sustancias estupefacientes y la influencia de dichas sustancias al tiempo de los hechos, afectó de forma relevante a su capacidad volitiva en cuanto a refrenar su impulsividad agresiva. No consta alteración emocional del acusado, por lo que no cabe apreciar una atenuante de arrebato.
Resumen: Se condena por delito de lesiones agravado por deformidad. La deformidad estriba en una imperfección estética que rompe la armonía facial y es por tanto visible y permanente. En el caso, las lesiones sufridas por la víctima y las secuelas derivadas afectan de forma evidente a su imagen física al estar situados en el rostro. Se absuelve del delito de atentado porque la víctima no es agente de la autoridad. No tienen tal condición los empleados de la empresa ferroviaria, que se limitan a comprobar si se ha abonado el billete de transporte. No se aprecia el delito de amenazas que queda absorbido por el delito de lesiones agravadas. Cuando las amenazas coinciden con el inicio de la ejecución del mal amenazado dan lugar a un concurso aparente de leyes a resolver con el criterio de la consunción, de manera que deben considerarse absorbidas por éste. Se absuelve del delito leve de estafa porque el hecho de no pagar el billete de transporte no genera el uso de engaño elemento típico de dicho delito. Se aprecia la atenuante analógica simple de legítima defensa, dado que existió una agresión previa e ilegítima que determinó la reacción agresiva del acusado. No se aprecia dilaciones indebidas. La demora en alcanzar la sanidad de la víctima no constituye dilación. Se aprecia la atenuante de reparación del daño. Aunque la cantidad entregada sea de menor cuantía concurre dicha atenuación, pues a la vista de la escasez de recursos esos pagos indican un sincero ánimo de reparar.
Resumen: Se confirma la condena por delito leve de lesiones. Hubo prueba de cargo correctamente valorada. Si bien el tribunal de apelación puede valorar el acervo probatorio con la misma libertad de criterio que en la fase anterior, la revisión de la valoración probatoria del juez de instancia tiene las lógicas limitaciones de la ausencia de inmediación. Así, tratándose exclusivamente de pruebas personales, solamente se podrá examinar su origen, validez y regularidad procesal, si las conclusiones que el juez ha obtenido resultan congruentes con los resultados probatorios y si se ajustan a los criterios generales de razonamiento lógico según reglas de experiencia comúnmente admitidas. La sentencia no aprecia una agresión previa, que requiere la eximente de legítima defensa. En todo caso, la prioridad de la agresión es indiferente en los supuestos de riña mutuamente aceptada porque en tales casos no puede darse una legítima defensa recíproca. El mayor número de la parte contraria o su supuesta mayor corpulencia no justifica la conducta de la recurrente ni acredita la legítima defensa.
Resumen: Consignándose como probado que ambos acusados se enzarzaron en una pelea en la que se agredieron mutuamente, no hay base para la aplicación de la eximente de legítima defensa. En ese escenario de pelea recíprocamente consentida, los contendientes se sitúan al margen de la protección penal al ser actores provocadores cada uno de ellos del enfrentamiento. Aunque la falta de proporcionalidad podría dar lugar a una eximente incompleta, detecta el Tribunal también ausencia de ánimo de defensa, porque se prolongó indebidamente la reacción por el apelante, llegando a ser una auténtico acometimiento sobre el contrario, exceso este que excluye la eximente de legítima defensa, completa o incompleta. Es cierto que uno de los apelantes no introdujo el hacha en la pelea, pero se sirvió de ella ampliamente, incardinándose así su acción, un plus de peligrosidad concreta, y en el resultado, un mayor riesgo de afectar al bien jurídico de la integridad física. Sumando peligro y resultado, no puede caber duda de lo correcto que resulta la tipificación según el art 148.1º CP. Excluida la eximente, la cláusula de compensación de responsabilidades civiles se mantiene incólume, a fuer de imperativo legal (art 1195 CC).
Resumen: El tribunal dispuso de prueba suficiente para enervar la presunción de inocencia, sin que resulte aplicable el in dubio pro reo, pues el tribunal no revela duda alguna respecto de los hechos que declara probados. La denegación de prueba no conculcó el derecho del recurrente, al ser los medios propuestos irrelevantes para el esclarecimiento de los hechos. La responsabilidad civil por daño moral no resulta revisable en casación, al haberse fijado conforme a las bases normativas y sin incurrir en error notorio. No concurre irracionalidad en el proceso deductivo del tribunal sentenciador, que considera que las lesiones se produjeron de forma imprudente, al haberse propinado el golpe con la mano abierta y no con el puño cerrado. El intangible relato de hechos probados -conforme al cual, los recurrentes se agredieron mutuamente- integra el tipo del art. 49 CPM 2015, que exige la misma intensidad en el maltrato que la exigida en los arts. 42 y 46 CPM 1985, por lo que el delito se consuma por el mero acto agresivo realizado en acto de servicio y con conocimiento de la recíproca condición militar de los agentes, bastando que concurra dolo genérico. No concurre legítima defensa, al tratarse de una riña recíprocamente aceptada. Ante la falta de doble instancia penal en el ámbito militar, la casación penal en la que se invoque presunción de inocencia ha de permitir la revisión de la sentencia condenatoria en cuanto a la culpabilidad y la participación en los hechos del autor.
Resumen: Si se ha sido practicado prueba de utilidad suficiente para entender desvirtuada la presunción de inocencia y dicha prueba ha sido correctamente valorada. Aunque los acusados de un lado y el lesionado y sus acompañantes dan versiones distintas sobre lo sucedido, en realidad la determinación de cuál de los dos grupos partieron los primeros insultos carecen de relevancia por cuanto este dato no conforma la atenuante de legítima defensa alegada por el recurrente. Se requiere que la legítima defensa se ejercite frente a una agresión actual. Por tanto, si ya ha sido consumada, la reacción posterior no cabe considerarla como una legítima defensa, sino como una venganza, como en los casos donde el agresor una vez consumada su agresión abandona el lugar del hecho, y la víctima le dispara por la espalda. El dolo eventual no requiere ningún elemento volitivo sino sólo el intelectivo o cognoscitivo de la representación del resultado típico como acaecimiento eventual, de modo que si el sujeto actúa considerando ese resultado, no solo como posible sino además como probable, es decir con determinado grado elevado de posibilidad, lo hará con dolo eventual.
