Resumen: Agresión mutua o recíproca entre ambas partes, en el ámbito de la violencia intra familiar. Es irrelevante que la prueba practicada no permita establecer cuál de los implicados inició la agresión, cuando ambos superan la actuación meramente defensiva. Ambas conductas mantiene su condición ilícita de forma independiente, aunque confluyan en el tiempo y en un resultado plural. La legítima defensa queda excluida en los casos de riña mutuamente aceptada como es el caso.
Resumen: Se confirma la condena por delito de lesiones y maltrato en violencia de género. Hubo prueba de cargo correctamente valorada. El testimonio de la víctima es prueba apta para condenar. La declaración de la testigo y la valoración probatoria que realiza la Jueza en su sentencia reúne las condiciones necesarias para su confirmación al no resultar absurda o irracional por lo que no ha de ser corregida en el ámbito del recurso de apelación. Se alega por el recurrente que la mujer no formuló denuncia contra su persona y al faltar ese requisito hay que absolver.La acción de golpear o maltratar de obra a quien sea o haya sido esposa, o mujer que esté o haya estado ligada al autor por una análoga relación de afectividad, aún sin convivencia, o a persona especialmente vulnerable que conviva con él, se sanciona como delito menos grave, que constituye un precepto especial por razón de los sujetos pasivos.Es por ello que, la concurrencia de las normas que plantea el recurrente se ha de resolver por aplicación del precepto especial sobre el general. La imposición de la pena de prohibición de aproximación en la extensión fijada y la prohibición de comunicación es correcta. No hay base para apreciar legítima defensa. Las circunstancias eximentes o modificativas de la responsabilidad criminal deben quedar probadas con igual exigencia que el hecho delictivo mismo y que los elementos constitutivos de las mismas deben ser probadas por quien las alega.
Resumen: Homicidio intentado, diferencia con lesiones. No hay desistimiento voluntario. Se alcanzó un grado de ejecución que, de no mediar asistencia médica urgente, hubiera determinado la muerte, y no hubo un acto positivo para tratar de enervar el riesgo creado. Cuestiones planteadas ex novo en la casación. Atenuante de confesión. No concurre: el acusado omitió un dato sustancial, el empleo de un arma en la agresión, uno de los factores que apuntalan la calificación de los hechos como delito de homicidio intentado y no lesiones. Reparación del daño. No incluye la fianza personal, suma destinada a garantizar la disponibilidad y presencia del acusado en el proceso, de manera que quien la constituyó la pierde si una vez requerido, no presenta al afianzado que hubiere eludido el llamamiento judicial sin alegar justa causa que se lo hubiera impedido. Función aseguradora que perdura incluso hasta después de sentencia, si esta resulta condenatoria, y hasta el momento en que el acusado, ya penado, se presente para el cumplimiento de la pena. En definitiva, no es una suma de la que al comienzo de la vista el penado pudiera disponer. Por lo que ninguna virtualidad cabe otorgar a las manifestaciones del letrado ofreciendo el importe de la fianza personal para reparar el daño, más allá que la de un mero ofrecimiento, de otro lado incierto, que queda fuera del ámbito de aplicación de la atenuante del 21. 5 CP. Rebaja penológica de la tentativa.
Resumen: El TS recuerda su doctrina relativa al derecho a la presunción de inocencia. La idea de que las contradicciones en el testimonio que puedan prestar varios testigos han de conducir, siempre y en todo caso, a una sentencia absolutoria, por imperativo del derecho constitucional a la presunción de inocencia, no se sostiene. El juicio de autoría no exige, como presupuesto de legitimidad, que los testigos sean contestes en sus respectivas versiones acerca de cómo sucedieron los hechos objeto de enjuiciamiento. Es el Tribunal a quo ante quien se practican las pruebas quien ha de valorar esas contradicciones. Cuestión distinta es que la opción por uno u otro relato esté o no apoyada por elementos corroboradores que afiancen la inferencia probatoria proclamada por el órgano sentenciador. Asimismo, y respecto del caso concreto, afirma que esos dos testigos -el lesionado y su novia- no comparecieron en juicio. El hecho de no resucitar sus declaraciones, lejos de ser censurable, constituye un criterio del Tribunal a quo que viene impuesto por el canon constitucional del derecho a la presunción de inocencia y no puede ser reprochable la supuesta omisión del deber del Tribunal de valorar una prueba testifical que sólo constaba en las diligencias previas, inicialmente incoadas para la investigación del hecho.
Resumen: Salvo supuestos en que se constate irracionalidad o arbitrariedad, el cauce casacional por infracción del derecho a la presunción de inocencia no está destinado a suplantar la valoración del Tribunal sentenciador de las pruebas apreciadas de manera directa, ni realizar un nuevo análisis crítico del conjunto de la prueba practicada para sustituir la valoración del Tribunal sentenciador por la del recurrente o por la de la Sala Segunda, siempre que el Tribunal de Instancia haya dispuesto de prueba de cargo suficiente y válida, y la haya valorado razonablemente. Recuerda que solo en supuestos específicos puede efectuarse en casación la revisión de la cuantía indemnizatoria: 1) cuando se rebase o exceda lo solicitado las acusaciones; 2) cuando se fijen defectuosamente las bases correspondientes; 3) cuando quede patente una evidente discordancia entre las bases y la cantidad señalada como indemnización; 4) cuando se establezcan indemnizaciones que se aparten de modo muy relevante de las señaladas ordinariamente por los Tribunales en supuestos análogos; 5) en supuestos de error notorio, arbitrariedad de la cuantía fijada; 6) en los supuestos de aplicación necesaria del Baremo, cuando se aprecia una defectuosa interpretación del mismo; y 7) en los supuestos dolosos, o imprudentes ajenos a la circulación, en los que el Baremo solo es orientativo, cuando el Tribunal señale expresamente que establece las indemnizaciones conforme al baremo, y sin embargo lo aplique defectuosamente.
Resumen: La alevosía no puede resultar del hecho de que, alcanzada la víctima, el recurrente comience a golpearla en la cabeza hasta hacerla caer al suelo y, una vez allí, sin solución de continuidad, continúe golpeándola de la misma forma hasta causarle la muerte, pues se trata de un caso de continuidad en la agresión sin cambios cualitativos respecto de la forma no alevosa en que se inició. No siendo los hechos probados suficientemente expresivos respecto de la situación en la que se inicia esta segunda fase de la agresión, hemos de entender que la situación de indefensión a la que se hace referencia en la sentencia es una consecuencia de los primeros golpes propinados, que conducen a la víctima hasta el muro, aprovechando entonces que cae al suelo y que queda atrapado entre los agresores y el muro, para continuar la agresión hasta el final. Esos hechos no permiten la apreciación de la alevosía, pues la agresión no se inicia de forma alevosa y la ausencia de posibilidades de defensa es una consecuencia de la misma agresión, sin que concurra solución de continuidad ni un cambio cualitativo relevante. En el caso, la agresión se ejecutó por dos personas contra una y en unas circunstancias en las que pudieron conducir al agredido, golpeándolo, hasta un muro, donde, atrapado entre éste y los agresores, cayó al suelo, continuando aquellos con la agresión, aprovechando, por lo tanto, la situación de inferioridad existente desde un principio. Es de apreciar, pues, abuso de superioridad.
Resumen: No existe un derecho absoluto e incondicionado a que se practiquen todas las pruebas propuestas por las partes, ya que el derecho a la prueba no desapodera al Tribunal competente de su facultad para valorar, en cuanto a su admisión, la pertinencia de las propuestas rechazando las demás y, en cuanto a su práctica, la necesidad de las admitidas pero cuya realización efectiva plantea dificultades o dilaciones indebidas. No está obligado el Juez a admitir todos los medios de prueba que cada parte estime pertinentes a su defensa sino los que el Juzgador valore libre y razonablemente como tales y además que resulte relevante o útil. Dar más credibilidad a un testigo que a otro forma parte de la esencia misma de la función de juzgar y no supone, desde luego, violación del principio de igualdad. La versión del denunciante queda corroborada por la prueba testifical y documental aportada consistente en parte médico de la asistencia prestada después de los hechos y otros posteriores, que gozan de particular relevancia ya que en ellos se constata que las lesiones descritas son compatibles con la agresión denunciada. La legítima defensa fundada en la necesidad de autoprotección, como causa de justificación, se rige por el principio del interés preponderante. No consta la agresión ilegítima actual o inminente, previa a la actuación defensiva que se enjuicia. Tampoco consta la necesidad racional del medio empleado para impedir o repeler esa agresión.
Resumen: Error en la valoración de la prueba. Incumbe al juzgador de instancia la valoración de la prueba. En la valoración de la prueba de carácter personal es esencial la inmediación, pudiendo el juzgador de instancia otorgar más credibilidad a una versión que a otra, cuando existen dos bandos enfrentados como es el caso. Legítima defensa, requisitos: agresión ilegítima y necesidad de la defensa. No puede apreciarse en el caso, una pelea entre hermanos, en que los dos se enzarzaron en recíproca agresión.
Resumen: Quienes fueron pareja de hecho se agredieron recíprocamente siendo condenados por el Juzgado de lo Penal cada uno como autor un delito de maltrato en el ámbito familiar. El varón es absuelto del delito allanamiento de morada al igual que su acompañante, también a suelta de un delito leve de lesiones. Es acertada la conclusión de la juzgadora al apreciar que entre quienes fueron pareja hubo una disputa que degeneró en riña en la que ambos se agredieron recíprocamente, como se desprende de las declaraciones de los propios intervinientes y confirman los correspondientes dictámenes médicos. Invocada por la mujer la eximente de legítima defensa con base en un supuesto ilegítimo ataque a su morada, argumenta la Sala tanto la falta de prueba de la misma como que no fue invocada con anterioridad, aparte de tratarse de una circunstancia incompatible con el supuesto de riña mutuamente aceptada. No puede pedirse que se determine en ejecución de sentencia la valoración de los daños morales y psicológicos cuando ningún esmero se pone en explicar su fundamento.
Resumen: Se condena por delito de asesinato en grado de tentativa. La víctima fue atacada con un cuchillo de cocina clavado en el cuello y en la espalda. Las lesiones causadas, especialmente las que afectaron a la vena yugular y arteria carótida producidas por el primer acometimiento habrían causado la muerte de no haber sido atendido la víctima por los servicios de urgencia que llegaron al poco de la agresión. Esa forma de proceder permite inferir el dolo homicida. Concurre alevosía en su modalidad de súbita en el primer ataque realizado sobre la víctima, ya que se le clavó el cuchillo estando de espaldas, distraído mirando el teléfono y sin desconfiar de su agresor. La alevosía concurre tanto en el ejecutor material de la acción como también en los otros dos acusados que le acompañaron y planearon la acción que llevaron a cabo en unas circunstancias que tendían a evitar las posibles defensa del agredido. No se aprecia la de precio, recompensa o promesa, pues es menester que sea claramente el motor de la acción criminal, lo que no consta en el caso. Responden los tres acusados, pues existe un concierto previo de voluntades para llevar a cabo el hecho delictivo en el que hubo un reparto de papeles. No hay legítima defensa, puesto que la víctima sufrió una agresión ilegítima que no fue provocada. Se aprecia en una de las personas acusadas la agravante de parentesco por la relación de pareja sentimental con convivencia que mantenía con el agredido.
