Resumen: La alegación de error valorativo no puede traducirse de forma automática en la primacía de la propia e interesada valoración de la parte apelante sobre la alcanzada de forma más objetiva por la juez de la instancia. Tras reconocer que ambas partes mantienen versiones contradictorias respecto de lo que sucedió ese día, el juzgador otorga más credibilidad a la declaración de la denunciante, aplicando para ello los criterios de interpretación establecido de manera reiterada por la jurisprudencia para considerar prueba de cargo suficiente la sola declaración de la víctima. No se ha justificado qué ventaja o beneficio injustificado podría obtener la denunciante con su versión incriminatoria, al margen de que resulte condenada quien, según ella, le ha causado un mal. El deseo de justicia derivado del sufrimiento generado por el propio hecho delictivo, no puede calificarse en ningún caso de motivación espuria que pueda viciar la credibilidad de la declaración de la víctima. El juzgador no ha demostrado duda alguna a la hora de considerar cómo se produjeron los hechos que ha declarado probados, y el Tribunal no aprecia razones por las cuales aquel debería haber dudado respecto de la realidad de dichos hechos. El hecho de que la denunciante hubiera pretendido, en su caso, colarse en la fila de caja para que la cobraran a ella antes que a la denunciada, no puede justificar una posterior agresión por parte de la denunciada.
Resumen: Apelar la sentencia del Juzgado de lo Penal el condenado como autor de un delito de lesiones con empleo de medio peligroso, desestimando la AP su recurso. Se rechaza la prescripción alegada tanto por no haber sido invocada en la primera instancia como por no concurrir su fundamento temporal. Quedó plenamente demostrada la realidad de la lesione y que fueron causadas golpeando la víctima con un tornillo metálico de 35 cm de longitud y 2 cm de diámetro, así como que el acusado fue el autor de la agresión, sin que se disponga de prueba de descargo que acredite su versión. Por ello carece de fundamento la invocación de la eximente de legítima defensa al no estar probado que fuera agredido por el luego lesionado y sus dos amigos. La misma falta de soporte probatorio se aprecia en relación a la alegada atenuante de estado pasional. En cuanto al atenuante dilaciones indebidas la causa tuvo paralizado un largo lapso de tiempo por constituirse el recurrente ignorado paradero y el retraso en el enjuiciamiento tras ser capturado se debió a dos suspensiones del juicio señalado no imputables al Juzgado. La pena es impuesta con sujeción al marco tecnológico, en su mínima expresión.
Resumen: La alteración se encuentra en el rostro del perjudicado siendo visible y permanente, por lo que tiene entidad para producir desfiguración o fealdad. La respuesta de uno de los acusados a una pretendida provocación habría sido claramente desproporcionada respecto del primer puñetazo y claramente innecesaria respecto del segundo puñetazo, cuando ya habían intervenido terceras personas a separar. Para el caso de que esa supuesta agresión existiese, esta fue de muy leve entidad de tal modo que ni dejó rastro objetivo o al menos objetivable, ni el propio acusado consideró que fuese digna de respuesta penal. La toxifrenia alegada no habría quedado acreditada por cuanto ninguna actividad probatoria fue efectuada tendente a acreditar que el acusado obró bajo la influencia de bebidas alcohólicas o cualquier otra sustancia que afectase a sus facultades de conocimiento y voluntad en la realización de los hechos. No sólo no concurren circunstancias que permitan a la sala valorar un especial esfuerzo reparador, sino que, además, si bien sólo uno de los acusados pidió perdón por los hechos, lo cierto es que en todo momento alegó que su conducta se debió a una provocación previa de la víctima merecedora de su respuesta en legítima defensa, y el otro acusado siempre negó los hechos, aplicándose la reparación del daño como atenuante simple. No se ha encontrado paralizado de manera significativa el procedimiento en ningún momento. El ataque diferenciado excluye el abuso de superioridad.
Resumen: La parte apelante no ha evidenciado error objetivo alguno en que haya incurrido el juez a quo, limitándose a exponer su personal y obviamente parcial e interesada valoración de las pruebas. No se trata de comparar la valoración probatoria efectuada por el Tribunal y la que sostiene la parte recurrente, sino de comprobar la racionalidad de aquella y la regularidad de la prueba utilizada. Resulta incuestionable que existe prueba de cargo, válidamente obtenida y correctamente valorada por el juez a quo suficiente para justificar la condena del acusado. Es absolutamente inviable la apreciación de la legítima defensa que se pretende al no haber quedado acreditado el elemento esencial de dicha circunstancia, esto es, la agresión ilegítima. Tampoco se ha acreditado que tuviera sensiblemente disminuidas o afectadas sus capacidades cognoscitivas y volitivas como se exige para apreciar la eximente incompleta que se postula. Para la consideración como cualificada de las dilaciones se exige que además de indebida, sea extraordinaria. No fue un vaso, ni una botella, pero si un cuadro de cristal o con cristal, cuya potencial capacidad para herir gravemente es innegable, más si se rompe simultáneamente sobre la cara o la cabeza de la víctima, siendo ésta la parte del cuerpo a la que se tiró dicho cuadro.
Resumen: El Tribunal de apelación debe limitarse a valorar la razonabilidad de los argumentos de la sentencia y si conto con prueba de cargo licita y suficiente razonada de forma adecuada. Declaración de la victima, doctrina jurisprudencial. Consecuencia de su doble papel como victima y testigo. Aptitud como prueba de cargo. Parámetros de control orientativos: ausencia de razones de incredibilidad; verosimilitud; y persistencia y firmeza. Confrontación del testimonio con los elementos periféricos de corroboración. Legitima defensa; exigencia de prueba.
Resumen: La cuestión estriba en la suficiencia de la prueba, y en la racionalidad de la inferencia sentada por la instancia. En suma, todo se reduce a determinar si el apelante golpeó con una vara en la mano izquierda a la víctima. Basta con constatar el resultado lesivo apreciado en esta, para formular una respuesta afirmativa, sin resquicio a la duda razonable. Este dato robustece la declaración de la víctima, que resulta creíble a fuer de persistente y corroborado objetivamente. A partir de ahí, como cualquier hipótesis de legítima defensa es descartable (en el mejor de los casos para el apelante, el suceso se enmarcaría en una riña mutuamente aceptada, que la excluye) y no procede modificar el relato de hechos probados, dado que la pretensión del recurrente, legítima pero voluntarista y subjetiva, es sustituir el imparcial criterio judicial, por el suyo propio. El delito leve de amenazas quedaría absorbido por el delito leve de lesiones, a tenor del art 8.4º CP. El apelado aprovecha el trámite de traslado del recurso de apelación para mostrar su desacuerdo con la sentencia apelada y solicitar su libre absolución. La pretensión así expuesta tiene que ser rechazada de plano, y la causa de inadmisión juega como causa de desestimación.
Resumen: Los dos acusados pelearon entre sí causándose recíprocamente lesiones, siendo condenados por el Juzgado de Instrucción como autor cada uno de un delito leve de lesiones en la persona del otro. Ambos recurren, estimando la AP parcialmente el recurso de uno de ellos. La prueba fueron contundentes al acreditar la pelea mantenida por ambos recurrentes. Tratándose de una riña mutuamente aceptada no cabe hablar de eximente de legítima defensa, ni siquiera con el carácter de putativa. La sentencia explicar razonablemente por qué las multas impuestas son distintas: uno de los acusados reconoció los hechos. El daño moral reclamado por uno de los apelantes fue correctamente rechazada, aparte de no estar probado, por inconcreción de la petición: no puede dejarse al tribunal la valoración de su existencia ni su cuantificación. Por el contrario se estima el otro recurso eliminando la condena al pago de la indemnización que por arreglo de pieza dentaria se fijase en ejecución de sentencia, ya que la sentencia estableció que no hubo rotura de diente que precisara tratamiento alguno.
Resumen: El Tribunal recuerda que en lo relativo a la valoración de las pruebas personales, hace referencia a la reiterada doctrina jurisprudencial de que "en la ponderación de las declaraciones personales (acusado, víctima, testigos) se debe distinguir un primer nivel dependiente de forma inmediata de la percepción sensorial, condicionado a la inmediación y por tanto ajeno, en principio, al control en vía de recurso por un Tribunal superior que no ha contemplado la práctica de la prueba; y un segundo nivel, en el que la opción por una u otra versión de los hechos no se fundamenta directamente en la percepción sensorial derivada de la inmediación, sino en una elaboración racional o argumentativa posterior, que descarta o prima determinadas pruebas aplicando las reglas de la lógica, los principios de la experiencia o los conocimientos científicos
Resumen: Si se ha practicado pruebas suficiente para enervar la presunción de inocencia, como lo fueron las declaraciones testificales del menor lesionado y otros. Ni tales testigos ni el resto de los que declararon en la audiencia corroboraron, en modo alguno, la versión de los hechos ofrecida por el menor expedientado, según la cual habría sido agredido directamente con patadas y puñetazos por parte del lesionado y por el grupo de amigos de este último. La versión de los hechos del recurrente no cuenta con otro respaldo que sus propias declaraciones autoexculpatorias, que se ven desmentidas por las declaraciones de todos los testigos que acudieron al acto de la audiencia, al relatar todos ellos la existencia de un puñetazo que, sin prácticamente cruzar palabra, habría propinado el apelante al otro, sin agresión previa alguna por parte de este último ni de sus amigos. No resulta así de aplicación la legítima defensa alegada. El principio in dubio pro reo no obliga a dudar a los órganos judiciales, sino, simplemente, a dictar sentencia absolutoria cuando albergan una duda razonable sobre la verdad histórica de los hechos que son objeto de acusación o sobre la intervención en ellos del acusado. En el relato de hechos probados de la sentencia apelada no se recoge la práctica del deporte de boxeo olímpico ni su influencia en la lesión causada, y tampoco consta que hubiese utilizado ninguna técnica propia del mismo en la agresión que materializó sobre la víctima.
Resumen: La agresión con un arma blanca frente a dos personas, atacados individualmente, asestando dos golpes a cada uno, en zonas que albergan órganos vitales, tórax izquierdo y abdomen, donde penetra hasta el hígado, heridas que hubieran sido mortales sino se produce una atención médica rápida, revela en un juicio lógico y racional la existencia de ese ánimo de matar, que reprocha el recurrente. En los hechos probados de la sentencia recurrida, no figura ninguna alusión a esa supuesta embriaguez o drogadicción, que aunque pudiéramos tomarla incluso como posible, dada la fiesta a la que acudía el recurrente y sus amigos, es lo cierto que no basta con tal impregnación sino con la determinación en el control de sus impulsos, impidiéndole la comprensión de la ilicitud de su acción, o de actuar conforme a dicha comprensión. La reparación tiene que ser total, o al menos, si es parcial, suficientemente relevante, ya que en caso contrario no generaría un resarcimiento mínimamente acorde a los fines que se persiguen. Los hechos tuvieron lugar en mayo de 2018 y el acusado no desembolsó suma dineraria alguna hasta más de dos años después. La suma de 4.800 euros equivale sólo a la sexta parte de la cantidad que ya entonces se reclamaba y que se correspondía con la entidad de los perjuicios causados, proporción ésta que lleva a negar la necesaria relevancia a la aportación para que se considere procedente la aplicación de la circunstancia atenuante.
