Resumen: El Tribunal dice que no concurren los elementos necesarios para apreciar la eximente de legítima defensa, ya sea como completa o como incompleta, al encontrarnos ante una discusión recíproca, mutuamente aceptada por las partes, que conllevó el paso desde una discusión verbal a un acometimiento físico reciproco, lo que excluye su aplicación, ya que la jurisprudencia ha venido declarando que todo acto de discusión y de acometimiento mutuo, y recíprocamente aceptado excluye la idea de agresión ilegítima generadora de la legítima defensa, por entender que los contendientes se convierten en recíprocos agresores, lo que da lugar a una vía de hecho, y por tanto, no cabe apelar a la legítima defensa, plena o semiplena, al faltar la ilegitimidad de la agresión. Por otra parte, afirma que la ponderación de la prueba testifical depende sustancialmente de la percepción directa que, de su producción, hayan tenido los Juzgadores o Tribunales de instancia. Por tanto, si el Órgano de Instancia considera más verosímil el relato de hechos ofrecido por el testigo, incluso dada la aptitud silente/ausente de los coacusados, y se apoya tanto en el análisis pormenorizado de sus declaraciones, como en el resto del material probatorio, siendo así que no se advierte arbitrariedad alguna en los razonamientos del Juzgador a la hora de analizar los elementos que el Recurrente considera dudosos, es por lo que tal pronunciamiento ha de ser respetado.
Resumen: El Juzgado de Menores impuso al menor enjuiciado las medidas de ocho meses de tareas socio educativas como autor de un delito menos grave de lesiones del artículo 147.1 CP. La AP desestima su recurso. El testimonio de la víctima fue prueba de cargo suficiente para entender destruida la presunción de inocencia del menor, habiendo sido correctamente valorada. Que hubiera habido un forcejeo entre ambas partes no implica que las lesiones sufridas por la víctima sean achacables a quien recurre, Sin que sea apreciable la legítima defensa que se invoca. Carece de fundamento la invocación del principio in dubio pro reo puesto que el juzgador decidió condenar sin expresar duda alguna, razonando al contrario adecuadamente la sentencia.
Resumen: Uno de los acusados acometió a los otros dos, haciendo uso de una botella de vidrio rota, causando a ambos lesiones por las que necesitaron tratamiento médico. No se considera acreditado que éstos agredieran, a su vez, al primero. Valoración de la declaración del coimputado: jurisprudencia constitucional y europea sobre la condición del coimputado y el valor de esta prueba. Dolo lesivo. Concepto de tratamiento médico como elemento calificador de las lesiones. Una botella de vidrio rota en un instrumento peligroso. No se aprecia deformidad en una cicatriz que no constituye una irregularidad física relevante. No puede valorarse el instrumento peligroso como agravante de abuso de superioridad y como elemento para construir el tipo agravado de lesiones. Reincidencia. Dilaciones indebidas. El carácter doloso de las lesiones se ha de tener en cuenta para establecer la indemnización.
Resumen: No se niega la mayor fidelidad de la documentación mediante videograbación que la realizada por escrito, pero, aun siendo así, tampoco la primera ha sido considerada por el TC como suficiente a los efectos de suplir la inmediación imprescindible a los efectos de valoración de la prueba, pues entendió que el referido mecanismo no soluciona, en puridad, el problema, por cuanto que la esencia de la inmediación es el contacto directo con el material probatorio, y éste solo lo tiene el juez ante cuya presencia se practica la prueba. La formulación de los hechos que han de incluirse en el objeto del veredicto habrá de responder a una articulación lógica interna, de modo que las proposiciones alternativas o mutuamente excluyentes se relacionan entre sí con la advertencia expresa de tal alternatividad o relación lógica. No concurre la alevosía, no estaba presente la sorpresa o lo inesperado de la acción, ni la eliminación de todos los medios de defensa posible. El principio in dubio pro reo solo se justifica en aquellos casos en los que el tribunal haya planteado o reconocido la existencia de dudas en la valoración de la prueba sobre los hechos y las haya resuelto en contra del acusado. Falta la base a partir de la cual se trata de construir la atenuante de arrebato, que es esa violenta agresión que se dice haber padecido por parte de la familia ofendida y que no ha quedado acreditada. Rechazo de la aplicación del tipo atenuado, pues el arma se utilizó para una finalidad ilícita.
Resumen: La Audiencia confirma la sentencia que condenó al menor como autor de los delitos de robo con intimidación, atentado a policía y lesiones. Se descarta el cuestionamiento que se hace en el recurso a la suficiencia de la prueba rechazando que la persecución policial no estuviese amparada en sus funciones propias dado que lo hacían en cuanto perseguían al menor por la comisión de un delito y no por motivo de desamparo. Se destaca el valor de la inmediación en la práctica de la prueba pues permite al Tribunal acceder a algunos aspectos de las pruebas personales que resultan irrepetibles, y que pueden influir en la valoración, de forma que la decisión de instancia, en cuanto a la credibilidad de quien declara ante él, aunque debe basarse expresamente en aspectos objetivos, no puede ser sustituida por la de otro Tribunal que no las haya presenciado, salvo los casos excepcionales en los que se aporten datos o elementos de hecho no tenidos en cuenta adecuadamente en su momento que puedan poner de relieve una valoración manifiestamente errónea que deba ser corregida. Se cuestiona también la existencia del delito de atentado pues la actuación de los agentes policiales era legítima, pues la persecución y detención del menor se lleva a cabo al ser requeridos por el delito de robo en el que había participado el menor, no puede hablarse ni de legítima defensa, al faltar el requisito de la agresión ilegítima, ni de estado de necesidad, al no concurrir los requisitos del mismo.
Resumen: El Juzgado de lo Penal condenó a los dos acusados como autor cada uno de un delito básico de lesiones en la persona del otro. La AP desestima el recurso interpuesto por uno de ellos por no apreciar el error en la valoración de la prueba denunciado. La sentencia realiza una suficiente y acertada valoración de la practicada en el juicio oral sin que el juzgador explicite duda alguna acerca del resultado de las pruebas del plenario. Quedó claramente demostrado que se trató de una riña mutuamente aceptada excluyente, por tanto, de la alegación de una legítima defensa.
Resumen: Estamos ante dos delitos diferentes, con dos bienes jurídicos distintos. No existe identidad de hecho entre dos comportamientos -matar y tenencia ilícita de armas-, que atacan a bienes jurídicos diversos porque en ambos sea utilizado un mismo instrumento, sin que la valoración del uso del mismo, subsumiendo los diferentes comportamientos en sendos subtipos, cualificados por el medio usado, implique una doble valoración y, mucho menos si como ocurre en este caso el uso de arma solo se tiene en cuenta para individualizar la pena del delito tenencia ilícita de la misma.
Resumen: Con ocasión de la entrega de una menor para el ejercicio del derecho de visitas, los progenitores inician un forcejeo y se agreden mutuamente, resultando ambos con lesiones. Delito de maltrato en el ámbito de la violencia de género y delito de maltrato en el ámbito de la violencia doméstica. Aunque ambos se presentan como víctimas, resulta acreditada la presencia en ambos, de lesiones, producidas en un contexto de riña mutuamente aceptada. Presunción de inocencia y error en la valoración de la prueba: la sentencia de apelación rechaza ambos motivos de recurso.
Resumen: El Tribunal considera que sólo cabe revisar la apreciación probatoria hecha por el/la Juez de instancia: a) cuando aquélla apreciación no dependa sustancialmente de la percepción directa o inmediación que el Juez tuvo con exclusividad, es decir, cuando no dependa de la credibilidad de los testimonios o declaraciones oídos solamente por el Juzgador; b) cuando con carácter previo al proceso valorativo no exista prueba objetiva de cargo válidamente practicada, en cuyo caso se vulnera el principio de presunción de inocencia; c) cuando un ponderado y detenido examen de las actuaciones ponga de relieve un manifiesto y claro error del Juzgador de instancia de tal magnitud -razonamiento absurdo, ilógico, irracional o arbitrario- que haga necesaria, empleando criterios objetivos y no interpretaciones discutibles y subjetivas, una modificación de los hechos declarados probados en la sentencia. Labor de rectificación esta última que además, como ya indicamos, será más difícil cuanto más dependa la valoración probatoria a examinar de la percepción directa que se tiene en la instancia, pero no imposible cuando las pruebas valoradas se hayan practicado sin observancia de los principios constitucionales o de legalidad ordinaria.
Resumen: El núcleo sustancial de la legítima defensa radica en que una persona, en un momento determinado, lejos de la posibilidad de ser amparado por los mecanismos de protección del Estado, se ve como sujeto pasivo de una agresión injustificada e ilegítima y no tiene otra posibilidad para defender su vida o su integridad que valerse de una respuesta proporcionada con el propósito de garantizar su defensa. Pero en supuestos de riña mutuamente aceptada no cabe aplicar la eximente de legítima defensa. En este escenario de pelea recíprocamente consentida, los contendientes se sitúan al margen de la protección penal al ser actores provocadores cada uno de ellos del enfrentamiento, de suerte que cuando el resultado lesivo se produce como efecto de una pelea originada por un reto lanzado o aceptado, que da lugar a las vías de hecho, no cabe apelar a la legítima defensa plena o semiplena ya que la base de la misma es la existencia de una agresión ilegítima y ésta no es posible de admitir con tal carácter en riña voluntariamente aceptada.
