Resumen: Lo que la ley exige para anular una sentencia absolutoria cuando la acusación alega error en la valoración de la prueba: será preciso justificar "insuficiencia o falta de racionalidad en la motivación fáctica", "apartamiento manifiesto de las máximas de experiencia" u "omisión de todo razonamiento sobre alguna o algunas de las pruebas practicadas que pudieran tener relevancia o cuya nulidad haya sido improcedentemente declarada". En el caso, el escrito de recurso no realiza ninguna alegación con esa estructura ni contenido, no procediendo en consecuencia tener por cumplida la solicitud de anulación de la sentencia que la norma requiere. En cuanto a la solicitud de condena por no concurrir la eximente de legítima defensa que la sentencia aprecia, no se puede condenar cuando el fundamento básico de la apelación es el error de hecho, no siendo el de derecho más que una consecuencia derivada del anterior, dado que en estos casos la sentencia solo puede ser anulada previa solicitud de parte que no ha tenido lugar (lo solicitado ha sido la condena), ni siquiera en forma implícita que permita al tribunal, sin actuar contra legem, encauzar por la vía de la nulidad la solicitud de condena.
Resumen: De manera incongruente se pide en primer lugar la absolución de los apelantes y subsidiariamente la anulación de la sentencia cuando de concurrir causa para esto último se supone que no habrían concurrido los requisitos mínimos para el dictado de una sentencia válida y, en consecuencia, no cabría el examen y modificación que exigirían el primer pronunciamiento. Sólo cuando la omisión del derecho a la última palabra ha supuesto una efectiva privación de un medio de defensa con contenido real será planteable un desenlace anulatorio. La vulneración del derecho a la última palabra no se debe configurar como una mera infracción formal desvinculada de la comprobación de que se ha generado una indefensión material. Argumentar sobre esa indefensión material es carga procesal del recurrente. Solo habrá indefensión material con relevancia cuando no sea descartable que el trámite omitido hubiera sido decisivo en términos de defensa, en el sentido de que hubiera podido determinar un fallo diferente. En el presente caso la defensa y el fiscal se limitan a exponer la significación del derecho a la última palabra pero en momento alguno especifican qué hubiese podido ser distinto de haber mediado dicho trámite. No cabe asociar racionalmente un eventual ataque a la propiedad por medio de la ocupación ilegal de un inmueble con el uso motu propio de la fuerza física.
Resumen: Tras la reforma operada por la L 41/2015, la casación ha de ir dirigida a satisfacer las exigencias necesarias de seguridad jurídica y del principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley, a través de la función nomofiláctica, esto es, fijar la interpretación de la ley para asegurar la observancia de ambos principios, propiciando que la ley se aplique por igual a todos los ciudadanos y que la aplicación de la norma penal sea previsible. El quebrantamiento de forma por denegación de prueba exige: a) que la prueba se propusiera en tiempo y forma; b) que fuera pertinente; c) que fuera necesaria; d) que su práctica sea posible; e) que el resultado de tal medio de prueba resulte relevante; f) que se exteriorice, en el momento procesal oportuno, la protesta. Cuando se alega vulneración del derecho a la presunción de inocencia, la función de esta Sala consiste en verificar que el Tribunal de instancia contó con la suficiente prueba de signo acusatorio y la participación en él del acusado para dictar un fallo condenatorio; así como de que esa prueba fue obtenida y practicada conforme a la ley. La citación del acusado a una vista para ser oído personalmente antes de la decisión del recurso ni es compatible con la naturaleza del recurso de casación, ni está prevista en La Ley
Resumen: Es cierto que en el ámbito militar no está prevista la segunda instancia penal, lo que sería conveniente que abordara el legislador para cumplir los compromisos internacionales asumidos por España. Sin embargo, mientras tanto, el recurso de casación -entendido en un sentido amplio y permitiendo que en él se analicen las quejas relativas a vulneración de derechos fundamentales- está funcionando como una forma de segunda instancia. La alegación relativa a la legítima defensa no es una cuestión nueva, pues ya fue planteada en el juicio oral. Aunque la sentencia recurrida apreció la atenuante muy cualificada de provocación por parte del superior que hubiera producido arrebato u obcecación en el sujeto -art. 10. CPM-, del relato de hechos probados se desprende que concurren todos los requisitos de la circunstancia eximente de legítima defensa prevista en el art. 20.4.º CP: concurre la agresión ilegítima por parte del superior, ya que este invadió el "espacio vital" del guardia civil condenado, gritándole y encarándose a él tan cerca que salivaba en su cara, lo que, por constituir un ataque y una degradación de la dignidad personal, no se está obligado a soportar; el medio empleado para repeler tal intromisión -un empujón con las dos manos en el pecho que desplazó al superior, al menos, un metro, sin causarle lesión- fue proporcionado a la importancia de la agresión sufrida; también concurre el requisito de falta de provocación por parte del agente.
Resumen: No existe agresión ilegítima cuando se dan situaciones de riña mutuamente aceptada. Los dos contendientes se encaran. No se puede ignorar que anteriormente ya habían mantenido una disputa dos grupos de personas, de los que cada uno de ellos formaban parte. Resulta irrelevante quien, en el curso de esa discusión o encaramiento, pasó primero de las palabras a los hechos. Además, el recurrente durante el curso de la discusión utiliza un instrumento peligroso, como es el botellín, produciendo un cambio cualitativo en la situación de los contendientes, y todo ello permite descartar que actuara con el único fin de repeler la agresión, existiendo en su comportamiento un predominante propósito agresivo. En cualquier caso, no estaría justificada una agresión tan violenta como la llevada a cabo por el recurrente. No concurre la existencia de un estado jurídico de defensa o estado de necesidad defensiva como consecuencia de una agresión ilegítima. El ánimo defensivo no legitima cualquier comportamiento externo defensivo, sino sólo los que sean necesarios, es decir que cumplan con el requisito de la necesidad racional del medio empleado.
Resumen: El principio acusatorio no impide que el Tribunal configure los detalles del relato fáctico de la sentencia según las pruebas practicadas en el juicio oral, siempre que respete la identidad sustancial del hecho imputado. La sujeción de la condena a la acusación no puede ir tan lejos como para impedir que el órgano judicial modifique la calificación jurídica de los hechos enjuiciados, en el ámbito de los elementos que han sido o han podido ser objeto de un debate contradictorio. Es indudable que existe la necesaria homogeneidad entre el delito de malos tratos del art 147.3 y el delito de lesiones agravadas del art 148 CP. Ambos son delitos de lesiones que afectan al mismo bien jurídico y vienen configurados por la existencia de hechos lesivos. La existencia de una riña mutuamente aceptada resulta del relato de hechos probados, lo que excluye la existencia de la causa de justificación de legítima defensa en sus dos facetas de completa o incompleta, al faltar el requisito sine qua non, básico y fundamental y de prioritaria valoración, de la agresión ilegítima. La ausencia de lesiones físicas no excluye la existencia de los golpes. La actuación conjunta es suficiente para afirmar la autoría y el mero hecho de forcejear, aunque no hubiese dado golpes, sería constitutivo de los malos tratos. Respecto de la acción consistente en golpear con un vaso causando una herida, no cabe duda del acierto de su condena a tenor del art 148.1 CP.
Resumen: La sentencia apelada no valora la declaración prestada por el perjudicado en fase de instrucción, sino que se basa en la declaración prestada en el plenario junto con la restante prueba practicada (testifical y documental), por lo que con independencia de que la letrada del acusado hubiera podido o no estar presente en su día en la declaración prestada por el perjudicado en fase de instrucción mediante auxilio judicial, el resultado práctico hubiera sido el mismo. Mal se compagina decir que la prueba no existe para seguidamente discutir la valoración de la prueba que se ha declarado inexistente. La prueba no puede existir y dejar de existir al mismo tiempo. No cabe apreciar la legítima defensa, pues si ambos forcejearon y se agarraron, las lesiones que se derivaron de tal situación entran dentro del concepto de riña mutuamente aceptada para el que, desde siempre, la jurisprudencia ha excluido la legítima defensa en cualquiera de sus grados. Ni el tiempo de pendencia para la celebración de un juicio oral, ni el tiempo total de duración de la causa -desde que el acusado declara como investigado hasta que se dicta sentencia en primera instancia pasan exactamente 11 meses- muestran la extraordinaria demora que exige la atenuante, en su configuración más básica.
Resumen: Legítima defensa. La vía del error de derecho exige respeto total a la declaración de hechos probados. La agresión ilegítima se imputa a todos los participantes, que acudieron al lugar de los hechos pertrechados con cuchillos y pistolas. Presunción de inocencia: ámbito de control en casación. Compre la existencia de prueba bastante, lícitamente obtenida y practicada y valorada con arreglo a las reglas de la ley a las máximas de la experiencia. Existencia en el caso de prueba bastante. Correcta inferencia de la existencia de dolo eventual o indirecto. Modalidades de dolo: dolo directo o de primer grado y dolo eventual. Concepto de dolo. La modalidad de dolo en el que se busca el resultado no excluye otro concepto normativo. Dolo eventual: teorías del consentimiento y de la probabilidad. Teoría de la imputación objetiva. Admisión del dolo eventual en la tentativa. Dolo eventual y error. Correcta disminución de la pena en un solo grado por la concurrencia de la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas. Se justifica en la gravedad de los hechos. Error en la apreciación de la prueba: requisitos. Concepto de documento. Exclusión de la prueba personal, constituida por las declaraciones de testigos, peritos e imputado. Desistimiento. Inexistencia en el relato de hechos probados de base fáctica adecuada para su apreciación. No hay abandono voluntario de la actividad delictiva. Tipos de desistimiento. Tentativa: elementos y modalidades. Tentativa acabada e inacabada.
Resumen: Está vedada la nueva valoración de pruebas personales por el Tribunal que no las haya presenciado con la debida inmediación. Pero el informe de la médica forense sobre las lesiones apreciadas a uno de los lesionados, no se corresponde, ni con el relato de hechos probados, en el que se describen agarrones, empujones, puñetazos, patadas, pero no agresión con un cuchillo; ni con la información médica que le precede. No hubo intervención de ningún cuchillo, utilización de instrumento peligroso que no se menciona por ninguna de las partes, ni es objeto de las acusaciones formuladas, que hubieran dado lugar al delito de lesiones agravadas del art 148.1 CP. No se pueda establecer con la necesaria certeza que exige el principio de presunción de inocencia, que las lesiones sufridas hubieran precisado de un tratamiento médico, duda que debe resolverse a favor del reo por aplicación de la regla in dubio pro reo, debiendo calificarlas como delito leve del art 147.2 CP, al no constar acreditado que precisaran para su curación de tratamiento médico, imponiendo la pena mínima para los dos acusados. No concurre el necesario requisito de agresión ilegítima, más allá de un exceso verbal realizada por una persona con una discapacidad del 65% y con poca salud, frente a la envergadura y fortaleza que se aprecia en los recurrentes.
Resumen: De las propias declaraciones de los intervinientes, reconocimiento de los hechos por la ahora recurrente, examen de la grabación vídeo gráfica aportada y reproducida en el plenario, además de los partes de asistencia médica inicial e informe forense que acredita la realidad de las lesiones, la conclusión a la que se llega en la alzada no es otra que la de entender plenamente acreditados los hechos que se recogen en el relato fáctico de la resolución recurrida. Faltan los requisitos de la agresión ilegitima y provocación suficiente, necesarios para apreciar la legitima defensa, tanto completa como incompleta. Admitida la existencia de un incidente entre las partes con intercambios verbales entre ellos, del relato de hechos se deriva que el recurrente se aproximó al perjudicado cuando este se encontraba en su vehículo y le agarró por la camiseta a la altura del pecho y lo zarandeó bruscamente con el resultado lesivo que consta. No es válido cualquier clase de estímulo para causar una atenuación de la responsabilidad penal y la jurisprudencia ha venido excluyendo el arrebato en las reacciones desproporcionadas o coléricas, ni tampoco se ha acreditado ofuscación de conciencia alguna. No constando la disponibilidad económica de la recurrente y teniendo en cuenta que la cuota de 6€ se halla muy próxima al mínimo, debe mantenerse la cuota-día de la multa fijada.
