Resumen: Estamos ante dos delitos diferentes, con dos bienes jurídicos distintos. No existe identidad de hecho entre dos comportamientos -matar y tenencia ilícita de armas-, que atacan a bienes jurídicos diversos porque en ambos sea utilizado un mismo instrumento, sin que la valoración del uso del mismo, subsumiendo los diferentes comportamientos en sendos subtipos, cualificados por el medio usado, implique una doble valoración y, mucho menos si como ocurre en este caso el uso de arma solo se tiene en cuenta para individualizar la pena del delito tenencia ilícita de la misma.
Resumen: Con ocasión de la entrega de una menor para el ejercicio del derecho de visitas, los progenitores inician un forcejeo y se agreden mutuamente, resultando ambos con lesiones. Delito de maltrato en el ámbito de la violencia de género y delito de maltrato en el ámbito de la violencia doméstica. Aunque ambos se presentan como víctimas, resulta acreditada la presencia en ambos, de lesiones, producidas en un contexto de riña mutuamente aceptada. Presunción de inocencia y error en la valoración de la prueba: la sentencia de apelación rechaza ambos motivos de recurso.
Resumen: El Tribunal considera que sólo cabe revisar la apreciación probatoria hecha por el/la Juez de instancia: a) cuando aquélla apreciación no dependa sustancialmente de la percepción directa o inmediación que el Juez tuvo con exclusividad, es decir, cuando no dependa de la credibilidad de los testimonios o declaraciones oídos solamente por el Juzgador; b) cuando con carácter previo al proceso valorativo no exista prueba objetiva de cargo válidamente practicada, en cuyo caso se vulnera el principio de presunción de inocencia; c) cuando un ponderado y detenido examen de las actuaciones ponga de relieve un manifiesto y claro error del Juzgador de instancia de tal magnitud -razonamiento absurdo, ilógico, irracional o arbitrario- que haga necesaria, empleando criterios objetivos y no interpretaciones discutibles y subjetivas, una modificación de los hechos declarados probados en la sentencia. Labor de rectificación esta última que además, como ya indicamos, será más difícil cuanto más dependa la valoración probatoria a examinar de la percepción directa que se tiene en la instancia, pero no imposible cuando las pruebas valoradas se hayan practicado sin observancia de los principios constitucionales o de legalidad ordinaria.
Resumen: El Tribunal de apelación debe limitarse a valorar la razonabilidad de los argumentos de la sentencia y si conto con prueba de cargo licita y suficiente razonada de forma adecuada. Declaración de la victima, doctrina jurisprudencial. Consecuencia de su doble papel como victima y testigo. Aptitud como prueba de cargo. Parámetros de control orientativos: ausencia de razones de incredibilidad; verosimilitud; y persistencia y firmeza. Confrontación del testimonio con los elementos periféricos de corroboración. Legitima defensa; exigencia de prueba.
Resumen: El Tribunal recuerda que en lo relativo a la valoración de las pruebas personales, hace referencia a la reiterada doctrina jurisprudencial de que "en la ponderación de las declaraciones personales (acusado, víctima, testigos) se debe distinguir un primer nivel dependiente de forma inmediata de la percepción sensorial, condicionado a la inmediación y por tanto ajeno, en principio, al control en vía de recurso por un Tribunal superior que no ha contemplado la práctica de la prueba; y un segundo nivel, en el que la opción por una u otra versión de los hechos no se fundamenta directamente en la percepción sensorial derivada de la inmediación, sino en una elaboración racional o argumentativa posterior, que descarta o prima determinadas pruebas aplicando las reglas de la lógica, los principios de la experiencia o los conocimientos científicos
Resumen: La agresión con un arma blanca frente a dos personas, atacados individualmente, asestando dos golpes a cada uno, en zonas que albergan órganos vitales, tórax izquierdo y abdomen, donde penetra hasta el hígado, heridas que hubieran sido mortales sino se produce una atención médica rápida, revela en un juicio lógico y racional la existencia de ese ánimo de matar, que reprocha el recurrente. En los hechos probados de la sentencia recurrida, no figura ninguna alusión a esa supuesta embriaguez o drogadicción, que aunque pudiéramos tomarla incluso como posible, dada la fiesta a la que acudía el recurrente y sus amigos, es lo cierto que no basta con tal impregnación sino con la determinación en el control de sus impulsos, impidiéndole la comprensión de la ilicitud de su acción, o de actuar conforme a dicha comprensión. La reparación tiene que ser total, o al menos, si es parcial, suficientemente relevante, ya que en caso contrario no generaría un resarcimiento mínimamente acorde a los fines que se persiguen. Los hechos tuvieron lugar en mayo de 2018 y el acusado no desembolsó suma dineraria alguna hasta más de dos años después. La suma de 4.800 euros equivale sólo a la sexta parte de la cantidad que ya entonces se reclamaba y que se correspondía con la entidad de los perjuicios causados, proporción ésta que lleva a negar la necesaria relevancia a la aportación para que se considere procedente la aplicación de la circunstancia atenuante.
Resumen: Acción compleja que da lugar a varios delitos ( Incendio, maltrato animal, maltrato familiar, injurias, vejaciones leves, amenazas, coacciones) tras una fuerte discusión de pareja cuya prueba de discute en el recurso, manteniéndose lo resuelto en la instancia ante al motivación de las pruebas e inferencias existentes.
Resumen: Aunque se invoca el derecho a la igualdad de armas, lo que verdaderamente se alega es error en la valoración de la prueba, mostrando una versión discrepante con la valoración realizada por la juez de instancia. Presunción de inocencia. La valoración de la prueba realizada en la instancia es acertada, por lo que no procede modificar el relato de hechos probados. Eximente de legítima defensa, requisitos. Atenuante de drogadicción. Las circunstancias modificativas de la responsabilidad deben estar acreditadas como el hecho mismo y no es aplicable el principio "in dubio pro reo".
Resumen: Apela la sentencia la defensa del menor condenado por el Juzgado de Menores por un delito básico de lesiones. La AP desestima el recurso, al que se adhirieron los otros dos menores condenados. La sentencia contiene una precisa, completa y amplia valoración de las pruebas, basando la condena especialmente en las declaraciones de todos los implicados y la realidad incuestionable de las lesiones causadas así como en su configuración y localización, descartándose razonablemente la legítima defensa (ninguno de los tres menores condenados padeció lesiones). Tampoco cabe hablar de un mero delito leve de lesiones puesto que para sanar las lesiones necesitaron -y aún pueden necesitar- tratamiento odontológico. La indemnización establecida es equitativa y ponderada a las circunstancias del hecho y de las lesiones, sin que la juzgadora estuviese obligada a aplicar el denominado baremo. En cuanto a las medidas de reforma impuestas están motivadas en la sentencia, que se basa especialmente en el informe del Equipo Técnico que aconseja para todos la medida de libertad vigilada.
Resumen: En el delito de robo con violencia, si la que se ejerce es connatural a la dinámica comisiva de la sustracción, por inherente al robo, no ha de llevar mayor reproche que el que corresponda por este, y solo cuando haya una sobreabundancia en el despliegue de esa violencia, merecerá un mayor reproche, en cuyo caso habrá que valorar la intensidad de esa sobreabundancia, porque si la misma es menor, de manera que no alcanza la autonomía como para definir un delito distinto, cabrá hablar de abuso de superioridad en el delito de robo, debido a su relación con la violencia, pero si esa violencia, por su mayor sobreabundancia, permite dar sustantividad propia a otro delito en que se vea afectado un bien jurídico personal, al ser éste el que justifica la aplicación de la agravante, a él le deberá ser aplicada, sin que quepa nueva aplicación al delito patrimonial. Tener en cuenta dos veces esa misma circunstancia, cuando es igual su fundamento en ambos casos, supone una reduplicación con perjudiciales efectos, que no es tolerable. Es, en el elemento violencia, por ser lo que afecta al bien jurídico personal, donde se ha de atender a la hora de decidir sobre la aplicación de la agravante de abuso de superioridad, por más que estemos ante un delito patrimonial, lo que no han hecho las sentencias de instancia y apelación, para si, en función su intensidad, ésta alcanza la autonomía como para dar sustantividad a un delito propio, aplicar la agravante en éste solo y no en los dos.
