Resumen: Es cierto que en el ámbito militar no está prevista la segunda instancia penal, lo que sería conveniente que abordara el legislador para cumplir los compromisos internacionales asumidos por España. Sin embargo, mientras tanto, el recurso de casación -entendido en un sentido amplio y permitiendo que en él se analicen las quejas relativas a vulneración de derechos fundamentales- está funcionando como una forma de segunda instancia. La alegación relativa a la legítima defensa no es una cuestión nueva, pues ya fue planteada en el juicio oral. Aunque la sentencia recurrida apreció la atenuante muy cualificada de provocación por parte del superior que hubiera producido arrebato u obcecación en el sujeto -art. 10. CPM-, del relato de hechos probados se desprende que concurren todos los requisitos de la circunstancia eximente de legítima defensa prevista en el art. 20.4.º CP: concurre la agresión ilegítima por parte del superior, ya que este invadió el "espacio vital" del guardia civil condenado, gritándole y encarándose a él tan cerca que salivaba en su cara, lo que, por constituir un ataque y una degradación de la dignidad personal, no se está obligado a soportar; el medio empleado para repeler tal intromisión -un empujón con las dos manos en el pecho que desplazó al superior, al menos, un metro, sin causarle lesión- fue proporcionado a la importancia de la agresión sufrida; también concurre el requisito de falta de provocación por parte del agente.
Resumen: No existe agresión ilegítima cuando se dan situaciones de riña mutuamente aceptada. Los dos contendientes se encaran. No se puede ignorar que anteriormente ya habían mantenido una disputa dos grupos de personas, de los que cada uno de ellos formaban parte. Resulta irrelevante quien, en el curso de esa discusión o encaramiento, pasó primero de las palabras a los hechos. Además, el recurrente durante el curso de la discusión utiliza un instrumento peligroso, como es el botellín, produciendo un cambio cualitativo en la situación de los contendientes, y todo ello permite descartar que actuara con el único fin de repeler la agresión, existiendo en su comportamiento un predominante propósito agresivo. En cualquier caso, no estaría justificada una agresión tan violenta como la llevada a cabo por el recurrente. No concurre la existencia de un estado jurídico de defensa o estado de necesidad defensiva como consecuencia de una agresión ilegítima. El ánimo defensivo no legitima cualquier comportamiento externo defensivo, sino sólo los que sean necesarios, es decir que cumplan con el requisito de la necesidad racional del medio empleado.
Resumen: El principio acusatorio no impide que el Tribunal configure los detalles del relato fáctico de la sentencia según las pruebas practicadas en el juicio oral, siempre que respete la identidad sustancial del hecho imputado. La sujeción de la condena a la acusación no puede ir tan lejos como para impedir que el órgano judicial modifique la calificación jurídica de los hechos enjuiciados, en el ámbito de los elementos que han sido o han podido ser objeto de un debate contradictorio. Es indudable que existe la necesaria homogeneidad entre el delito de malos tratos del art 147.3 y el delito de lesiones agravadas del art 148 CP. Ambos son delitos de lesiones que afectan al mismo bien jurídico y vienen configurados por la existencia de hechos lesivos. La existencia de una riña mutuamente aceptada resulta del relato de hechos probados, lo que excluye la existencia de la causa de justificación de legítima defensa en sus dos facetas de completa o incompleta, al faltar el requisito sine qua non, básico y fundamental y de prioritaria valoración, de la agresión ilegítima. La ausencia de lesiones físicas no excluye la existencia de los golpes. La actuación conjunta es suficiente para afirmar la autoría y el mero hecho de forcejear, aunque no hubiese dado golpes, sería constitutivo de los malos tratos. Respecto de la acción consistente en golpear con un vaso causando una herida, no cabe duda del acierto de su condena a tenor del art 148.1 CP.
Resumen: La sentencia apelada no valora la declaración prestada por el perjudicado en fase de instrucción, sino que se basa en la declaración prestada en el plenario junto con la restante prueba practicada (testifical y documental), por lo que con independencia de que la letrada del acusado hubiera podido o no estar presente en su día en la declaración prestada por el perjudicado en fase de instrucción mediante auxilio judicial, el resultado práctico hubiera sido el mismo. Mal se compagina decir que la prueba no existe para seguidamente discutir la valoración de la prueba que se ha declarado inexistente. La prueba no puede existir y dejar de existir al mismo tiempo. No cabe apreciar la legítima defensa, pues si ambos forcejearon y se agarraron, las lesiones que se derivaron de tal situación entran dentro del concepto de riña mutuamente aceptada para el que, desde siempre, la jurisprudencia ha excluido la legítima defensa en cualquiera de sus grados. Ni el tiempo de pendencia para la celebración de un juicio oral, ni el tiempo total de duración de la causa -desde que el acusado declara como investigado hasta que se dicta sentencia en primera instancia pasan exactamente 11 meses- muestran la extraordinaria demora que exige la atenuante, en su configuración más básica.
Resumen: Legítima defensa. La vía del error de derecho exige respeto total a la declaración de hechos probados. La agresión ilegítima se imputa a todos los participantes, que acudieron al lugar de los hechos pertrechados con cuchillos y pistolas. Presunción de inocencia: ámbito de control en casación. Compre la existencia de prueba bastante, lícitamente obtenida y practicada y valorada con arreglo a las reglas de la ley a las máximas de la experiencia. Existencia en el caso de prueba bastante. Correcta inferencia de la existencia de dolo eventual o indirecto. Modalidades de dolo: dolo directo o de primer grado y dolo eventual. Concepto de dolo. La modalidad de dolo en el que se busca el resultado no excluye otro concepto normativo. Dolo eventual: teorías del consentimiento y de la probabilidad. Teoría de la imputación objetiva. Admisión del dolo eventual en la tentativa. Dolo eventual y error. Correcta disminución de la pena en un solo grado por la concurrencia de la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas. Se justifica en la gravedad de los hechos. Error en la apreciación de la prueba: requisitos. Concepto de documento. Exclusión de la prueba personal, constituida por las declaraciones de testigos, peritos e imputado. Desistimiento. Inexistencia en el relato de hechos probados de base fáctica adecuada para su apreciación. No hay abandono voluntario de la actividad delictiva. Tipos de desistimiento. Tentativa: elementos y modalidades. Tentativa acabada e inacabada.
Resumen: Está vedada la nueva valoración de pruebas personales por el Tribunal que no las haya presenciado con la debida inmediación. Pero el informe de la médica forense sobre las lesiones apreciadas a uno de los lesionados, no se corresponde, ni con el relato de hechos probados, en el que se describen agarrones, empujones, puñetazos, patadas, pero no agresión con un cuchillo; ni con la información médica que le precede. No hubo intervención de ningún cuchillo, utilización de instrumento peligroso que no se menciona por ninguna de las partes, ni es objeto de las acusaciones formuladas, que hubieran dado lugar al delito de lesiones agravadas del art 148.1 CP. No se pueda establecer con la necesaria certeza que exige el principio de presunción de inocencia, que las lesiones sufridas hubieran precisado de un tratamiento médico, duda que debe resolverse a favor del reo por aplicación de la regla in dubio pro reo, debiendo calificarlas como delito leve del art 147.2 CP, al no constar acreditado que precisaran para su curación de tratamiento médico, imponiendo la pena mínima para los dos acusados. No concurre el necesario requisito de agresión ilegítima, más allá de un exceso verbal realizada por una persona con una discapacidad del 65% y con poca salud, frente a la envergadura y fortaleza que se aprecia en los recurrentes.
Resumen: De las propias declaraciones de los intervinientes, reconocimiento de los hechos por la ahora recurrente, examen de la grabación vídeo gráfica aportada y reproducida en el plenario, además de los partes de asistencia médica inicial e informe forense que acredita la realidad de las lesiones, la conclusión a la que se llega en la alzada no es otra que la de entender plenamente acreditados los hechos que se recogen en el relato fáctico de la resolución recurrida. Faltan los requisitos de la agresión ilegitima y provocación suficiente, necesarios para apreciar la legitima defensa, tanto completa como incompleta. Admitida la existencia de un incidente entre las partes con intercambios verbales entre ellos, del relato de hechos se deriva que el recurrente se aproximó al perjudicado cuando este se encontraba en su vehículo y le agarró por la camiseta a la altura del pecho y lo zarandeó bruscamente con el resultado lesivo que consta. No es válido cualquier clase de estímulo para causar una atenuación de la responsabilidad penal y la jurisprudencia ha venido excluyendo el arrebato en las reacciones desproporcionadas o coléricas, ni tampoco se ha acreditado ofuscación de conciencia alguna. No constando la disponibilidad económica de la recurrente y teniendo en cuenta que la cuota de 6€ se halla muy próxima al mínimo, debe mantenerse la cuota-día de la multa fijada.
Resumen: Agresión mutua o recíproca entre ambas partes, en el ámbito de la violencia intra familiar. Es irrelevante que la prueba practicada no permita establecer cuál de los implicados inició la agresión, cuando ambos superan la actuación meramente defensiva. Ambas conductas mantiene su condición ilícita de forma independiente, aunque confluyan en el tiempo y en un resultado plural. La legítima defensa queda excluida en los casos de riña mutuamente aceptada como es el caso.
Resumen: Se confirma la condena por delito de lesiones y maltrato en violencia de género. Hubo prueba de cargo correctamente valorada. El testimonio de la víctima es prueba apta para condenar. La declaración de la testigo y la valoración probatoria que realiza la Jueza en su sentencia reúne las condiciones necesarias para su confirmación al no resultar absurda o irracional por lo que no ha de ser corregida en el ámbito del recurso de apelación. Se alega por el recurrente que la mujer no formuló denuncia contra su persona y al faltar ese requisito hay que absolver.La acción de golpear o maltratar de obra a quien sea o haya sido esposa, o mujer que esté o haya estado ligada al autor por una análoga relación de afectividad, aún sin convivencia, o a persona especialmente vulnerable que conviva con él, se sanciona como delito menos grave, que constituye un precepto especial por razón de los sujetos pasivos.Es por ello que, la concurrencia de las normas que plantea el recurrente se ha de resolver por aplicación del precepto especial sobre el general. La imposición de la pena de prohibición de aproximación en la extensión fijada y la prohibición de comunicación es correcta. No hay base para apreciar legítima defensa. Las circunstancias eximentes o modificativas de la responsabilidad criminal deben quedar probadas con igual exigencia que el hecho delictivo mismo y que los elementos constitutivos de las mismas deben ser probadas por quien las alega.
Resumen: Homicidio intentado, diferencia con lesiones. No hay desistimiento voluntario. Se alcanzó un grado de ejecución que, de no mediar asistencia médica urgente, hubiera determinado la muerte, y no hubo un acto positivo para tratar de enervar el riesgo creado. Cuestiones planteadas ex novo en la casación. Atenuante de confesión. No concurre: el acusado omitió un dato sustancial, el empleo de un arma en la agresión, uno de los factores que apuntalan la calificación de los hechos como delito de homicidio intentado y no lesiones. Reparación del daño. No incluye la fianza personal, suma destinada a garantizar la disponibilidad y presencia del acusado en el proceso, de manera que quien la constituyó la pierde si una vez requerido, no presenta al afianzado que hubiere eludido el llamamiento judicial sin alegar justa causa que se lo hubiera impedido. Función aseguradora que perdura incluso hasta después de sentencia, si esta resulta condenatoria, y hasta el momento en que el acusado, ya penado, se presente para el cumplimiento de la pena. En definitiva, no es una suma de la que al comienzo de la vista el penado pudiera disponer. Por lo que ninguna virtualidad cabe otorgar a las manifestaciones del letrado ofreciendo el importe de la fianza personal para reparar el daño, más allá que la de un mero ofrecimiento, de otro lado incierto, que queda fuera del ámbito de aplicación de la atenuante del 21. 5 CP. Rebaja penológica de la tentativa.
