Resumen: Los recursos deben tener interés casacional. Deberán ser inadmitidos los que carezcan de dicho interés (art. 889.2º), entendiéndose que el recurso tiene interés casacional, conforme a la exposición de motivos: a) si la sentencia recurrida se opone abiertamente a la doctrina jurisprudencial emanada del Tribunal Supremo, b) si resuelve cuestiones sobre las que exista jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales, c) si aplica normas que no lleven más de cinco años en vigor, siempre que, en este último caso, no existiese una doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo ya consolidada relativa a normas anteriores de igual o similar contenido. El empresario goza de la capacidad para adoptar las medidas que aseguren la adecuada utilización del material puesto a disposición del trabajador. Y este poder de dirección, imprescindible para la buena marcha de la organización productiva, no es ajeno a los derechos proclamados en los arts. 33 y 38 de la CE. Lo que garantiza el art. 18.1 CE es el secreto sobre nuestra propia esfera de vida personal, excluyendo que sean los terceros, particulares o poderes públicos, los que delimiten los contornos de nuestra vida privada. En cuanto a la delimitación de ese ámbito reservado, hemos precisado que la esfera de la intimidad personal está en relación con la acotación que de la misma realice su titular, habiendo reiterado este Tribunal que cada persona puede reservarse un espacio resguardado de la curiosidad ajena.
Resumen: El Juzgado de lo Penal condenó al acusado como autor de un delito de maltrato y un delito de amenazas en el ámbito de la violencia de género, un delito de maltrato en el ámbito de la violencia doméstica y un delito leve de injurias y vejaciones injustas, con ocasión con un incidente con su esposa y el hijo de ésta. Apela la sentencia, desestimando la AP su recurso. Que como prueba de cargo se dispusiera esencialmente sólo de la declaración de las víctimas no justifica la alegación de vulneración de la presunción de inocencia o el error en la valoración de de la prueba. Las manifestaciones de aquella gozan de verosimilitud, estando corroboradas con otras diligencias probatorias periféricas que les dotan de mayor credibilidad, como fueron las declaraciones de la mente policiales intervinientes en los partes médicos. Finalmente, la existencia de una mala relación entre los miembros del grupo familiar no se constituye como obstáculo para otorgar credibilidad a lo manifestado por la denunciante. En definitiva, se trata de una cuestión de valoración judicial de la credibilidad de la prueba personal practicada en el juicio oral, que corresponde en exclusiva al juzgador que el ha razonable suficiente y razonablemente su pronunciamiento condenatorio. Por ello, no procede estimar la legítima defensa alegada. Las penas impuestas son proporcionada, estando ampliamente motivada su imposición, al igual que en la indemnización.
Resumen: La legítima defensa es una conducta conforme a Derecho y, por tanto, constituye una causa de justificación que deberá ser reconocida por el Tribunal para exculpar al que se defiende, siempre que concurran en su conducta los requisitos legales. No sólo debe tenerse en cuenta la naturaleza del medio, en sí, sino también el uso que de él se hace y la existencia o no de otras alternativas de defensa menos gravosas en función de las circunstancias concretas del hecho. Se trata por tanto de un juicio derivado de una perspectiva "ex ante". No requiere la agravante de género un elemento subjetivo específico entendido como ánimo dirigido a subordinar, humillar o dominar a la mujer, pero sí que objetivamente, prescindiendo de las razones específicas del autor, los hechos sean expresión de ese desigual reparto de papeles al que es consustancial la superioridad del varón que adquiere así efecto motivador. Por ello bastará para estimarse aplicable la agravante genérica que el hecho probado de cuenta de tales elementos que aumentan el injusto, porque colocan a la mujer víctima en un papel de subordinación que perpetúa patrones de discriminación históricos y socialmente asentados; y en lo subjetivo, que el autor haya asumido consciente y voluntariamente ese comportamiento que añade el plus de gravedad. Primero hubo un enfrentamiento verbal y luego fue la víctima la que agredió con un cuchillo al sujeto activo, repeliendo éste la agresión. No puede hablarse de ataque por sorpresa.
Resumen: Revoca parcialmente la condena impuesta por Juez Penal a un acusado por los delitos de atentado y delito leve de lesiones. Interno en centro penitenciario que agrede a varios agentes de policía en el momento de realizar un traslado. Facultades revisorias del tribunal de apelación. Delito de atentado. El interés protegido con este delito no es individual sino colectivo, de forma que la conducta integradora del tipo penal debe tener la suficiente entidad como para menoscabarlo en grado que se perciba como un grave desprecio a las reglas básicas de ordenación de la convivencia que los agentes deben administrar de forma razonable. Acción violenta de acometimiento que permite diferenciar el delito de atentado de otras formas menos graves de afectación al bien jurídico. Acusado que ha sido diagnóstico de inteligencia límite y en el momento de los hechos, si bien sus capacidades cognoscitivas se encontraban preservadas en el sentido de conocer y comprender la ilicitud de los hechos, existió una alteración en el sentido de adecuar su conducta a esta comprensión. Apreciación como eximente incompleta, después de descartar la exención total de la responsabilidad.
Resumen: Se condena por delito leve de lesiones y se absuelve por delitos de detención ilegal y delito menos grave de lesiones. El acusado golpeó a la víctima (en cara y nuca) y posteriormente ambos montaron en el vehículo del acusado, conduciendo éste y circulando hasta que la víctima se bajo del mismo estando en marcha. No se considera probado que el acusado obligase a la víctima a entrar en su turismo y lo encerrara en el mismo para privarle de su libertad. Los hechos aparecen acreditados por la declaración de la víctima, considerando la AP. que la misma tiene credibilidad subjetiva, verosimilitud y persistencia. Se condena por delito leve de lesiones al no considerarse, según informe médico forense, tratamiento médico el collarín cervical (se colocó al lesionado con una finalidad sintomática y no curativa). No se acredita la comisión del delito de detención ilegal, ya que el mismo precisa de: a) un elemento objetivo, la privación de libertad deambulatoria de la persona, tanto encerrándola físicamente como deteniéndola o impidiendo su libertad de movimiento, privación de libertad que ha de ser ilegal; b) un elemento subjetivo, consiste en que la detención se realice de forma arbitraria injustificada, independientemente de los móviles del autor, siendo un delito intencional (no cabe la comisión por imprudencia). No se acredita la limitación de la libertad deambulatoria de la víctima. No se aprecia intoxicación etílica ni legítima defensa como atenuantes.
Resumen: Existiendo una discusión inicial, seguida de una agresión mutua con golpes simultáneos entre los implicados, no cabe hablar de legítima defensa incompleta. No es posible apreciar la legítima defensa en los supuestos de riñas mutuamente aceptadas. Sobre las costas impuestas de la acusación particular, la regla general es que procede su imposición. Es posible, además, acordar su compensación, sin que por ello se vulnere la doctrina general en materia de imposición de costas, por cuanto el derecho a resarcirse del importe de una condena en costas decretada en una resolución judicial, lo ostenta la parte a la cual se le ha reconocido se le abonen las costas del proceso y no al letrado que dirigió profesionalmente a aquella, constituyendo, pues, un derecho de crédito de la parte litigante a la que se le reconoce el mismo que, por tanto, es la legitimada para reclamarlo. El recurrente impugna también -ahora en su condición de acusación particular- la apreciación de la atenuante de reparación del daño. El motivo se desestima, en tanto que el otro acusado-perjudicado consignó el día anterior a la celebración del juicio oral (elemento cronológico),una cantidad coincidente con la que el Ministerio Fiscal solicitaba como indemnización y no difiere en demasía de la establecida en la sentencia (elemento sustancial).
Resumen: El acusado podía querer convencerse ilusamente de que eran mayores. Pero se trataría en todo caso, de una creencia, débil, frágil; tan frágil que conviviría necesariamente con la conciencia de que lo más probable es que fuesen menores. El error de que habla el art. 14 CP exige certeza, o quasi certeza: un conocimiento equivocado pero seguro. Si el sujeto actúa con dudas serias sobre la concurrencia de un elemento típico, que prefiere no llegar a conocer, no puede ser disculpado por ese error consciente; o, mejor, buscada situación de error. Es supuesto asimilable al dolo eventual: la sospecha de ilicitud excluye el error. El no querer despejar sus serias dudas, equivale a la conocida como ignorancia deliberada. La duda, no casa bien con el concepto de creencia errónea. Los razonamientos del recurso, en otro orden de cosas, se adentran en una materia de revaloración de pruebas de carácter personal (testifical) y de otros elementos (aspecto de las menores. rostro, facciones, timbre de la voz..) en que despliega un protagonismo muy significado la inmediación y, que, por tanto, escapan a la fiscalización en casación. Que unas menores perciban esas conductas -prostituirse por unos pocos euros- como algo trivial, supone el reflejo del negativo impacto que actuaciones como las del recurrente dejan en la formación de las menores. Que además se les remunere el favor carnal con droga agrava ese daño en su desarrollo formativo. Alguna repercusión reparatoria ha de tener ese daño moral.
Resumen: Del relato fáctico resultan los elementos del homicidio y de la alevosía, al resultar los elementos de la selección de un medio dirigido a producir la muerte sin riesgo para el autor y sin posibilidades de defensa. Las alegaciones sobre la existencia de los presupuestos de una legítima defensa carecen de base atendible, pues aparte de la trascripción de las declaraciones y periciales, en su integridad, ningún apartado permite una justificación de la acción en la legítima defensa. Se constata un error en la imposición de la medida de libertad vigilada en el delito de asesinato. La sentencia impone la medida de 7 años y 6 meses, pena que carece de cobertura legal. El art. 105 CP prevé la duración de la medida, con carácter general, de 5 años y de 10 años, cuando el Código expresamente lo prevea. La medida se impone de acuerdo al art. 140 bis, sin previsión expresa de 10 años, por lo que el límite máximo es el de 5 años de duración máxima. A tenor de lo señalado se sustituye la duración de la medida de libertad vigilada de 7 años y 6 meses impuesta, por la de 5 años.
Resumen: Confirma la sentencia de la Audiencia Provincial en la que se le condenaba al acusado como autor material de un delito continuado de agresión sexual y de un delito de maltrato sobre la mujer. Declaración de la víctima como prueba directa de alcance incriminatorio. Prueba periférica de corroboración del testimonio de la víctima. Informe pericial del médico forense y pericial psicológica. Delito de detención ilegal cometido en el marco de realización de un delito de agresión sexual. Jurisprudencia sobre las diversas modalidades en que ambos delitos pueden concurrir. En el caso el tribunal de apelación mantiene la unidad de reproche dispensada por la Audiencia, al estimar que la detención ilegal viene absorbida por las agresiones sexuales, acogiendo por ello la tesis del concurso de normas que se resuelve castigando exclusivamente por el delito de agresión sexual continuado. Continuidad delictiva en los delitos contra la libertad sexual.
Resumen: Se observa la concurrencia del principio de doble incriminación extradicional: se relata unos determinados hechos que en España tienen consistencia delictiva, por la vía del delito de estafa. Este Tribunal no puede entrar en el examen del fondo de los hechos que se imputan al reclamado. Las posibles dolencias que padezca en reclamado son materia de la ejecución de la extradición. Los defectos de tramitación en el procedimiento de Rusia deben resolverse por el Tribunal ruso. El riesgo a sufrir tratos inhumanos o degradantes se basan en afirmaciones genéricas, sin que consten amenazas concretas y verosímiles. La autoridad competente rusa ha ofrecido los compromisos legalmente convenidos. La desproporción punitiva existente en el tipo aplicable en el Estado reclamante no se aprecia, pues aunque las penas no son coincidentes, tampoco la desproporción de penas en abstracto y términos absolutos es abismal. Posibilidad de suspensión de la eventual materialización de la entrega mientras siga pendiente de resolución el expediente de asilo.
