Resumen: El TS afirma que no es necesario que se pronuncien sobre el valor de todas las pruebas sino que expongan los elementos de convicción en que se sustenta la duda que conduce a la absolución. A tal efecto recuerda que el deber de motivación también deriva de la previsión especifica contenida en el artículo 120.3 CE y con esa exigencia no se pretende satisfacer necesidades de orden puramente formal, sino permitir a los directamente interesados y a la sociedad en general conocer las razones de las decisiones de los órganos jurisdiccionales y facilitar el control de su racionalidad y de su corrección técnica. El citado precepto constitucional no excluye de su ámbito a las sentencias dictadas en el procedimiento del Tribunal del Jurado, si bien el hecho de que los jurados sean legos en derecho confiere al deber de motivación algunas singularidades. La singularidad de la motivación del veredicto del Jurado se enfatiza en la ley disponiendo que debe ser una "explicación sucinta". La expresión "sucinta" debe interpretarse como breve o compendiosa, aunque debe ser suficiente. Un veredicto, aunque parco en extensión, debe reputarse suficiente, si, atendidas las circunstancias del caso, y las concretas pruebas que fundamentan sus declaraciones, son suficientes para conocer el diseño probatorio en que los jurados hicieron descansar su convicción.
Resumen: Absuelve al acusado de la acusación por un delito de agresión sexual y de un delito de amenazas condicionales; mientras que le condena como autor de un delito leve de lesiones. Presunción de inocencia y prueba incriminatoria. Singulares dificultades probatorias en caso de delitos contra la libertad sexual al tratarse de delitos cometidos comunmente en la clandestinidad. Testifical de la denunciante como única prueba directa de cargo que no ofrece al tribunal una información verosimil de alcance incriminatorio. Mensajes de whatsapp que corroboran el relato del acusado y desmienten a la testigo de cargo. Principio de duda razonable. Delito de leve de lesiones cuya acreditación se extrae del propio relato de los hechos ofrecido per el acusado, adverado por los vestigios lesivos que presentaba la víctima. Eximente de legítima defensa y de estado pasional -obcecación- que no se tienen por acreditadas. Pena de multa y determinación de su importe económico sin constar información sobre la capacidad económica del acusado.
Resumen: Delito leve de maltrato. La intervención del fiscal es preceptiva en todos los juicios por delito leve pero puede excusar su asistencia en determinados supuestos, conforme a las instrucciones que dicte el Fiscal General del Estado. Las limitaciones físicas de la denunciada no excluyen su capacidad para acometer al vigilante. Las leves lesiones de la denunciada no evidencian un uso desproporcionado de la fuerza por el vigilante, sino que se explican por su participación en un forcejeo. No hay que confundir el dolo con la intención, el dolo propio del delito leve de maltrato se limita a agarrar y acometer. La legítima defensa exige la existencia de una agresión ilegítima.
Resumen: En el curso de la devolución de los hijos por el padre a la madre se produjo un enfrentamiento entre dos grupo de personas que terminaron siendo condenadas por delito básico de lesiones, delitos leves de lesiones y maltrato del 153 CP. Apela uno y otros, desestimando la AP todos los recurso. No es procedente alegar conjuntamente la vulneración del derecho la presunción de inocencia y el error en la valoración de la prueba. Las pruebas fueron correctamente valoradas entendiéndose plenamente destruida la presunción de inocencia de los condenados. En lo supuesto de riña mutuamente aceptada no cabe apreciar la eximente de legítima defensa. Se aplicó correctamente el artículo 151.1 y 3 CP: el condenado se excedió en su intención de separar a su expareja de su madre. No hay prueba para revocar la absolución por delito de amenazas de la expareja a la madre del apelante. En todo caso serían coetáneas al delito de lesiones por el que se la condenó y se trataría de una unidad de acción. El planteamiento de un recurso que pretenda revisar el fallo absolutorio no puede solicitar la condena, sino la nulidad, lo que no se ha hecho, aparte de que no se aprecia insuficiencia o falta de racionalidad en la motivación. La petición de agravación de la condena impuesta por el art. 153 no puede prosperar.
Resumen: Ámbito del recurso de casación tras la reforma introducida por la Ley 41/2015. Alcance del análisis en casación, cuando se alega vulneración del derecho a la presunción de inocencia. No incluye una sustitución de la valoración probatoria del órgano de instancia, sino la comprobación de la existencia de prueba, su práctica lícita y su análisis y valoración, conforme a las reglas de la lógica. Diferencia de su alcance entre el recurso de apelación y el de casación. El recurso de apelación se configura como un verdadera segunda instancia, como consecuencia del derecho de toda persona, condenada por delito, a que su causa sea sometida a un Tribunal Superior. Existencia de una motivación suficiente de la sentencia. Derecho a la tutela judicial efectiva. Contenido. Motivación de la pena. Supuestos en los que es necesario una motivación especial. Coherencia del grado de ejecución alcanzado con la reducción de la pena en un solo grado. Dolo de matar: dolo directo, dolo eventual. Criterio normativo del dolo eventual. Criterios jurisprudenciales más comunes para inferir la existencia de dolo de matar. Drogadicción: el simple consumo de sustancias estupefacientes, incluso cuando es habitual, no permite la aplicación de la atenuante. Es necesario acreditar la merma de las facultades a resultas de la ingesta. Legítima defensa: inexistencia de necesidad de autoprotección. Miedo insuperable: presupuestos de aplicación.
Resumen: En los procedimientos con doble instancia, como el del Tribunal del Jurado, el control casacional de las sentencias que les pongan término, no solo comporta realizar un control de legalidad referido a la interpretación y aplicación de la ley por los tribunales encargados de la apelación, sino que también puede ajustarse a revisar los juicios de inferencia que haya alcanzado el Jurado, a través del análisis que de esta cuestión haya efectuado el Tribunal de apelación en el caso de que el argumento hubiera sustentado el previo recurso devolutivo ante él. La circunstancia eximente de legítima defensa, en relación con su naturaleza de causa excluyente de la antijuricidad de la conducta, se basa en la existencia de una agresión ilegítima y en la necesidad de actuar en defensa de la persona o derechos propios o ajenos, a causa precisamente del carácter actual o inminente de esa agresión. Pero no existirá una auténtica agresión ilegítima que pueda dar paso a una defensa legítima cuando la agresión ya haya finalizado, ni tampoco cuando ni siquiera se haya anunciado su inmediato comienzo. El ataque puede ser igualmente alevoso cuando, aun habiendo mediado un enfrentamiento, se produce un cambio cualitativo en la situación. La apreciación de esta circunstancia cualificadora exige además, como elemento subjetivo e intencional, que el conocimiento y la voluntad del autor abarque no sólo el hecho de la muerte, sino el modo en que la alevosía se manifiesta.
Resumen: En los supuestos de prueba de carácter personal, la inmediación, aún cuando no garantice el acierto, ni sea por sí misma suficiente para distinguir la versión correcta de la que no lo es, es presupuesto de la valoración de las pruebas personales, de forma que la decisión del Tribunal de instancia, en cuanto a la credibilidad de quien declaró ante él, no puede ser sustituida por la de otro Tribunal que no la haya presenciado, salvo los casos excepcionales en los que se aporten datos o elementos de hecho no tenidos en cuenta adecuadamente en su momento, que puedan poner de relieve una valoración manifiestamente errónea que deba ser recogida. Riña mutuamente aceptada: no cabe apelar a la legítima defensa, plena o semiplena, ya que -como se dice- la base de la misma es la existencia de una agresión ilegítima, y ésta no es posible de admitir con tal carácter en una riña voluntariamente aceptada. La condena por el delito de amenazas ha de decaer ya que la valoración probatoria que conduce al juez de instancia es incorrecta y equivocada, no encontrando la argumentación al efecto, justificación alguna en un elemento de prueba. Los mensajes que se envían, a través de cualquier medio tecnológico, sea éste Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, tienen la consideración de documento privado, y como tal, cuando han sido impugnados, y no se haya podido constatar su validez, poseen un escaso valor probatorio.
Resumen: No es posible alcanzar una conclusión distinta a la reflejada por la juez de instancia, mostrándose la misma racional y lógica, que, por lógica y coherente, es compartida por la Sala. Así, la declaración del perjudicado aparece corroborada por dos partes médicos y por el informe médico forense. Se confirma la aplicación del art 114 CP y modera en un 30% la indemnización, en virtud de la propia conducta del perjudicado. Se considera correcta y ajustada a derecho la pena impuesta, teniendo en cuenta que es facultad del juzgador su concreta determinación, siempre dentro de los límites fijados por el Código Penal, solo revisable en la alzada cuando, de forma clara y notoria, infrinja la legalidad vigente, que no es el caso, al igual que acontece respecto a la cuota de multa impuesta (6 euros) por tratarse de la mínima cuantía en situaciones de más o menos normalidad. Siendo la no imposición de costas de la acusación particular, apartándose de la regla general, algo excepcional, lo que no es el caso, su actuación no puede entenderse superflua ni intrascendente, por lo que procede mantener su imposición.
Resumen: El Juzgado de Instrucción condenó al apelante como autor de un delito leve de lesiones en la persona de quien a su vez sus es condenado como autor de un delito similar respecto del recurrente. La AP estima parcialmente el recurso. No se observa error en la valoración de la prueba. Lo que la parte hace es sobre los mismos elementos de prueba llegar a conclusiones distintas que el juzgador sin acertar a revelar la falta de racionalidad o lógica de la fundamentación de la sentencia, que partir de una inicial discusión por motivo del tráfico que degenera en pelea sin estar claro quien inició la agresión. Por ello, tratándose de una riña mutuamente aceptada no cabe apreciar legítima defensa. Sí se estima el recurso al rebajarse a un mes la extensión temporal de la pena de multa impuesta por más ajustada al haber iniciado la discusión la otra parte. La sentencia motive la individualización que hace de la pena. No obstante, se mantiene el importe de la cuota diaria de la multa por proporcionada. Por la misma razón de haber iniciado el incidente la otra parte, con aplicación del art. 114 CP, se aminora la indemnización a pagar en un 40%.
Resumen: No consta en los antecedentes de hecho de la sentencia impugnada que por la defensa se plantease la posibilidad de aplicar la eximente de legítima defensa. Tampoco la sentencia analiza la concurrencia de la eximente, lo que evidencia que la eximente se formula por primera vez en la alzada. No es factible analizar aisladamente la parte del relato de hechos probados o fundamentación jurídica ni centrarse sólo en las expresiones para determinar si cabe apreciar la eximente de legítima defensa. De haberse advertido contradicción entre lo antes declarado y lo manifestado en juicio oral debió introducir las declaraciones en el acto de juicio oral y cuestionar la razón de la contradicción. Ciertamente los médicos forenses expresan la compatibilidad entre lesiones y el mecanismo causante, pero quien finalmente debe resolver a qué causa concretamente se deben las lesiones es la Magistrada sentenciadora.
