Resumen: Sobre la aplicación de esta agravante, tiene declarado la Sala II que se requiere que la condición de funcionario público, en sentido amplio, sea real y además se ponga al servicio del propósito criminal, aprovechándose así de las ventajas que el cargo le ofrezca para ejecutar el hecho delictivo con mayor facilidad y menor riesgo. Esta agravante encuentra su fundamento en el abuso de superioridad en el plano moral, utilizado en beneficio particular por el delincuente y requiere que se ponga el carácter público al servicio de los propósitos criminales. Lo decisivo será el uso del cargo para facilitar la conducta delictiva. Lo que hace falta es que la condición de funcionario o el carácter público del que se prevaliese el culpable sean reales y no ficticios. La agravante no podrá aplicarse en los delitos cometidos por los funcionarios públicos en el ejercicio de su cargo, pero sí cuando el sujeto abusa de su carácter público al margen de las funciones que desempeña en concreto como tal funcionario. El uso de la fuerza no puede ser la primera de las alternativas a emplear ante un caso concreto que requiera de la actuación policial, sino cuando esta es una alternativa sobre la que se han construido otras vías previas que han fracasado, o cuando la urgencia del caso exige y aconseja la inmediata intervención de la fuerza. Es cierto que los agentes pueden no disponer de tiempo en algunos casos, pero en estos es preciso analizar ex post si el uso de la fuerza estuvo justificado.
Resumen: La sentencia recurrida confirmó la apreciación de una eximente incompleta de legítima defensa. el TS analiza los presupuestos legal y jurisprudencialmente exigidos para apreciar la eximente plena reclamada. En particular, analiza la diferencia entre la provocación preordenada a lograr una agresión que justifique la reacción defensiva -que neutraliza la legítima defensa- y aquella otra que carece de dicha intención, pero que, de algún modo, puede provocar al agresor. Lo que obliga a identificar qué tipo de provocación, de esta segunda categoría, reduce o limita el efecto justificante. Para ello cabe atender a dos módulos de valoración: uno, que atiende a la relevancia de la acción provocadora, en especial sobre la esfera de los intereses o expectativas del agresor, para lo que deberá identificarse el grado de desaprobación, al menos, ético-social que merece. Otro, relativo a la previsibilidad, en términos tempo-espaciales, de la reacción del provocado. En el caso, no se aprecia una conexión espacio-temporal entre la provocación y la reacción defensiva, al darse tres episodios diferenciados. La conducta provocadora previa puede merecer un intenso reproche ético-social, incluso penal si se dieran notas de tipicidad. O, también, pudo haber provocado en el agresor arrebato, obcecación o estado pasional de entidad semejante que reduzca su culpabilidad y atenúe su reproche, según el artículo 21.3º CP, pero no puede valorarse para privar de plena justificación a una acción defensiva.
Resumen: Condena por delito de tentativa de asesinato del art. 139.1 y dos delitos agravados de lesiones de los arts. 147.1 y 148.1 y de un delito leve de lesiones del art. 147.2; tras una agresión súbita con arma blanca. Ánimo de matar.
Resumen: En un supuesto de una mutua agresión en la que ninguno de ellos se limitó a repeler la agresión de contrario, sino que intervino activamente en la agresión al otro, con un recíproco comportamiento agresivo, no es posible acoger la eximente de legítima defensa. La sola presencia de un cuchillo en el lugar de la disputa sin que se haya podido precisar quién lo empuñó en primer lugar, o si fue esgrimido por uno de los contendientes en relación con el otro, ni siquiera quién de ellos lo usó, impide acoger las agravantes solicitadas en relación con el uso de armas o abuso de superioridad. Concepto de domicilio común que debe ser objeto de prueba para la parte que interesa la agravante específica de haberse cometido los hechos en el domicilio de la víctima o en el domicilio común. Para condenar por el delito de quebrantamiento al haber acudido al domicilio de la víctima también debe constatarse quién residía habitualmente en ese domicilio, cuando la denunciante no ha comparecido al acto del juicio y se desconoce su versión de los hechos, lo que implica que se desconoce si fue ella quien acudió al domicilio del denunciado, o fue el denunciado el que, aún teniendo una medida de prohibición de acercamiento, la infringió acudiendo al que había sido el domicilio común. Inexistencia de forzamiento en la cerradura de acceso.
Resumen: Confirma la condena por delitos de coacciones y maltrato en el ámbito familiar, rebaja en dos grados la pena impuesta. El acusado cambió la cerradura de la vivienda familiar impidiendo la entrada de la otra acusada, con la que había mantenido una relación sentimental de veinte años, y de las hijas comunes; produciéndose una discusión entre ambos en la que se agredieron mutuamente, causándose lesiones. Por la acusada se alega la existencia de legítima defensa que requiere: 1) es aplicable tanto a la defensa de la persona como a la de sus derechos; 2) la agresión ha de ser objetiva y deberá suponer una efectiva puesta en peligro inmediato del bien jurídico protegido; 3) la agresión deberá provenir de una conducta humana ilegítima; 4) a defensa ha de ser necesaria y proporcionada a la agresión, debiendo ponderarse la importancia del bien jurídico protegido, gravedad del peligro, posibilidades reales de defensa y la propia condición humana del que se defiende, si se aprecia falta de proporcionalidad en los medios empleados para la defensa podrá apreciarse una eximente incompleta; y 5) inexistencia de provocación por parte del que se defiende que haya sido suficiente para desencadenar la agresión sufrida por el mismo. No se aprecia legítima defensa en los casos de riña mutuamente aceptada, al constituirse ambos en recíprocos agresores y no detectarse un ánimo exclusivamente defensivo, sino un predominante y recíproco propósito agresivo. Se aplica atenuante de dilaciones indebidas
Resumen: Delito de lesiones. En el curso de una discusión entre vecinos por un tema de humedades se produce un forcejeo entre ellos del que resultan con diferentes lesiones. Valoración de la prueba; la función del tribunal de apelación no consiste en revaluar la prueba sino revisar críticamente la valoración realizada por el tribunal de instancia, debiendo respetar todos aquellos aspectos que dependan exclusivamente de la inmediación. Acometimiento mutuo; la recíproca agresión elimina la legítima defensa al faltar el requisito de la agresión ilegítima al erigirse los contendientes en agresores recíprocos, pasando los resultados lesivos de ambos a ser consecuencia de la contienda asumida, desconectados de la necesidad de defensa, siendo indiferente quien comienza la agresión. No merece mayor consideración la diferencia de fuerza de uno u otro, ni el carácter aleatorio que el resultado pueda tener.
Resumen: La intención es la de agredir con la derivada previsibilidad del resultado lesional que en el cuerpo de la víctima pueda tener la agresión. Propinar un golpe a modo de agresión es evidentemente un delito de lesiones que se evalúa en base al resultado. No se trata de un golpe por imprudencia. No lo es cuando el agente le propina un golpe a la víctima, que le impactó en la mandíbula. Es evidente el ánimo en el sujeto activo. Agredió a la víctima sin justificación, porque no lo es un manotazo previo de ella. En modo alguno puede haber legítima defensa en el relato de hechos probados. La reacción fue desproporcionada. Un manotazo en la mejilla no puede responderse con un golpe en la mandíbula. No había esa necesidad defensiva en el agente. La conducta tuvo que ser de prudencia y de seguir el protocolo policial en estos casos y no de agresión. Se impone la pena accesoria del art. 56 CP de suspensión de cargo público, ya que no hay ajenidad entre golpe y la condición de agente, sino imbricación y conexión. Al no concurrir en la acción de la víctima una relación causal con la acción del acusado en la producción de su propio resultado lesivo no es posible aplicar el artículo 114 del código Penal que supone la posibilidad de moderar el importe de la cuantía de la indemnización cuando la víctima hubiere contribuido con su conducta a la producción del daño o perjuicio sufrido. Hay una correcta descripción suficiente de los hechos probados que permiten la subsunción en el tipo penal.
Resumen: La fiscalización a través del recurso de casación de los autos dictados por las Audiencias Provinciales o por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, además de en aquellos supuestos en los que se sostenga la falta de jurisdicción, no solo queda subordinada a que la resolución cuestionada acuerde el sobreseimiento libre del procedimiento iniciado para la eventual depuración de la responsabilidad criminal, sino a que se haya producido una imputación formal y fundada. Se hace así referencia a la necesidad de que se haya dictado auto de procesamiento para el caso del Procedimiento Ordinario; esta previa valoración judicial sobre la solidez de los indicios de responsabilidad que se ciernen sobre determinada persona encausada, está concretada en la decisión del artículo 779.1 de la LECRIM (48) para el procedimiento abreviado. El recurso de casación contra este tipo de resoluciones únicamente cabe por infracción de ley, lo que supone que cualquier cuestión ajena a ese marco casacional debe de ser expulsada de la discusión. La fase preliminar de un proceso penal, conocida con el nombre de sumario o de investigación sumarial, puede concluir legítimamente por una resolución distinta de la sentencia y, en especial, mediante auto de sobreseimiento. El artículo 637 de la LECRIM autoriza la adopción del sobreseimiento libre de la causa en tres supuestos distintos y el tercero de ellos viene referido a la exención de responsabilidad criminal de los procesados.
Resumen: Delito de lesiones; dos personas por enemistad o resentimiento hacia otras dos, las agreden armados de un hacha y un cuchillo, causándoles graves lesiones. Delito contra la administración de justicia; se sostiene sin éxito que esa agresión estuvo motivada por una actuación procesal previa derivada de una pelea anterior. Se condena a ambos agresores a sendos delitos de lesiones por las lesiones causadas a cada uno de sus oponentes. Miembro principal; aquel que desarrolla una actividad funcional independiente y relevante para la vida. Miembro no principal; el que gozando de las mismas condiciones, no es autónomo por hallarse al servicio de otros órganos principales y no resulta indispensable para la vida. Inutilidad; pérdida sustancial de su eficacia funcional. Coautoría: responden los que habiéndose puesto de acuerdo en la ejecución del hecho participan según el plan convenido; cada individuo aporta una contribución objetiva y causal para la obtención del resultado propuesto. Son coautores: todos los que participan en la ejecución del plan aunque su aportación no produzca por si sola el resultado apetecido; debe aplicarse respecto de todos los que ejercen una violencia similar; el acuerdo puede ser tácito e incluso surgir de forma adhesiva al sumarse al comportamiento de otro. Legitima defensa. Dilaciones indebidas: dilación indebida y extraordinaria; ocurra durante la tramitación de la causa; no guarde proporción con su complejidad; no sea atribuible al imputado .
Resumen: Existiendo una agresión recíproca no es posible acoger la eximente completa de legítima defensa como viene reiteradamente declarando la jurisprudencia del TS en relación con las riñas mutuamente aceptadas. La agravante específica del uso de armas en relación con el delito de lesiones entre miembros de una pareja o ex pareja requiere la acreditación, no solo de la presencia de un arma en el escenario en el que ocurrieron los hechos, sino quién portaba el arma, y por lo tanto, quién la utilizó frente al otro. Si no se han podido acreditar estas circunstancias no puede acogerse la agravante específica en favor de uno de los partícipes y en contra del otro. Y si tampoco se ha podido comprobar que el domicilio en el que ocurrieron los hechos fuera el domicilio exclusivo de uno de ellos y no del otro, tampoco es estimable esta agravante concreta del delito del art 153 CP en relación con uno de los acusados y no en cuanto al otro si es el domicilio común.
