Resumen: Acción compleja que da lugar a varios delitos ( Incendio, maltrato animal, maltrato familiar, injurias, vejaciones leves, amenazas, coacciones) tras una fuerte discusión de pareja cuya prueba de discute en el recurso, manteniéndose lo resuelto en la instancia ante al motivación de las pruebas e inferencias existentes.
Resumen: En el delito de robo con violencia, si la que se ejerce es connatural a la dinámica comisiva de la sustracción, por inherente al robo, no ha de llevar mayor reproche que el que corresponda por este, y solo cuando haya una sobreabundancia en el despliegue de esa violencia, merecerá un mayor reproche, en cuyo caso habrá que valorar la intensidad de esa sobreabundancia, porque si la misma es menor, de manera que no alcanza la autonomía como para definir un delito distinto, cabrá hablar de abuso de superioridad en el delito de robo, debido a su relación con la violencia, pero si esa violencia, por su mayor sobreabundancia, permite dar sustantividad propia a otro delito en que se vea afectado un bien jurídico personal, al ser éste el que justifica la aplicación de la agravante, a él le deberá ser aplicada, sin que quepa nueva aplicación al delito patrimonial. Tener en cuenta dos veces esa misma circunstancia, cuando es igual su fundamento en ambos casos, supone una reduplicación con perjudiciales efectos, que no es tolerable. Es, en el elemento violencia, por ser lo que afecta al bien jurídico personal, donde se ha de atender a la hora de decidir sobre la aplicación de la agravante de abuso de superioridad, por más que estemos ante un delito patrimonial, lo que no han hecho las sentencias de instancia y apelación, para si, en función su intensidad, ésta alcanza la autonomía como para dar sustantividad a un delito propio, aplicar la agravante en éste solo y no en los dos.
Resumen: Recurso de casación contra sentencias dictadas en segunda instancia por las Audiencias Provinciales: naturaleza y límites. Delito de lesiones con instrumento peligroso: necesidad de que el mismo aparezca debidamente descrito en el relato de hechos probados. Expulsión de extranjeros como sustitución de la pena privativa de libertad impuesta: exigencias normativas, proporcionalidad y motivación. Riña mutuamente aceptada y legítima defensa.
Resumen: La convicción del tribunal sentenciador se conformó partiendo de suficiente prueba de cargo -declaración del ofendido corroborada por el resto de elementos de juicio, consistentes en documental, las propias manifestaciones del recurrente y las declaraciones de dos testigos-. Los pretendidos documentos a los que el recurrente alude para fundamentar su recurso por error facti -declaraciones y acta de juicio- carecen de la condición de documento a efectos casacionales y de literosuficiencia, además de no contradecir la narración fáctica de la sentencia combatida. El relato de hechos probados cumple todos los requisitos del tipo apreciado: la condición militar de ambos sujetos y la relación de subordinación entre ellos; la reiterada amenaza del inferior hacia el superior -de grave entidad, habida cuenta de la agresiva actitud del inferior y el contexto en que se produjo- y que, aunque viniera precedida de una pluralidad de insultos e injurias, se considera como una sola conducta cometida en unidad de acción, por lo que queda absorbida en una sola figura delictiva; y el dolo genérico. Con su conducta, el recurrente atentó contra los diversos bienes jurídicos protegidos: la dignidad y honor del superior, su tranquilidad personal, seguridad e integridad física, y la disciplina. No concurre legítima defensa, al no haber precedido ninguna agresión ilegítima. Tampoco concurre la reparación del daño, pues las disculpas del recurrente no fueron espontáneas, sino a sugerencia del mando.
Resumen: El acusado accionó los 4 fuegos al máximo, como así los encontraron los agentes de la Guardia Civil, y como también fue observado por la dotación de Bomberos que ha depuesto en el plenario, con dos sartenes encima con aceite que resultaron calcinadas, siendo este el punto de origen del incendio al apreciarse la sombra en forma de V invertida.Por otro lado, la existencia de este peligro potencial de daños graves a la integridad física de los moradores del inmueble, no solo se deriva de dicho dato, sino que los desperfectos ya habían tenido lugar en la propia vivienda, en el techo, en la campana extractora, en los azulejos, lo que supone que se produjo el delito del art.351.1 CP. Y junto a ello, otros de maltrato animal., mMalos tratos en el ámbito de la violencia sobre la mujer, Injurias y vejación leve
Resumen: Se confirma la condena en primera instancia por delito leve de amenazas. El acusado acude a una fiesta/encuentro sexual organizada por el denunciante en su domicilio quien, tras una discusión, le pide que abandono el mismo al encontrarse el acusado bajo la influencia alcohólica o de drogas, a lo que el acusado responde agresivamente, exhibe un cuchillo y le dice "te voy a matar, te voy a buscar. El condenado apelante alega la legítima defensa, alegación no realizada en primera instancia a cuyo Juicio Oral no compareció el acusado. Se plantea la posibilidad de invocar cuestiones o pretensiones nuevas en la segunda instancia. El recurso en segunda instancia debe circunscribirse al examen de los errores legales que pudo cometer el juzgador de instancia al enjuiciar los temas que las partes le plantearon, sin que "ex novo" y "per saltum" se puedan formular alegaciones fácticas o jurídicas no formalmente planteadas ni debatidas por las partes. Sin embargo se admite dicha posibilidad cuando se trate de infracciones de preceptos constitucionales que puedan ocasionar materialmente indefensión y cuando sean preceptos penales sustantivos favorables al reo, aunque no hayan sido invocados en la instancia si su aplicabilidad se deriva de los hechos probados, como la apreciación de una atenuante, debiendo constar en la sentencia todos los requisitos exigibles para la atenuante. Dichas circunstancias no concurren en el caso, correspondiendo la alegación y prueba al acusado apelante.
Resumen: Recuerda la sentencia que la aplicación de la eximente completa del artículo 20.1 del Código Penal es oportuna cuando se acredite que el sujeto activo padece una anomalía o alteración psíquica que le impida comprender la ilicitud de su conducta o de actuar conforme a esa comprensión. Nuestra jurisprudencia ha considerado que la drogadicción produce efectos exculpatorios cuando se anula totalmente la culpabilidad, lo que puede acontecer bien porque el drogodependiente actúa bajo la influencia directa del alucinógeno que anula de manera absoluta el psiquismo del agente, bien cuando el drogodependiente actúa bajo la influencia de la droga dentro del ámbito del síndrome de abstinencia. En la eximente incompleta, la influencia de la droga también puede manifestarse por la ingestión inmediata de la misma, o porque el hábito generado con su consumo lleve a la ansiedad, a la irritabilidad o a la vehemencia incontrolada del drogodependiente y como manifestación de una personalidad conflictiva. La circunstancia atenuante del artículo 21.2 del Código Penal es apreciable cuando el culpable actúe a causa de su grave adicción a las sustancias. La atenuante se configura por la incidencia de la adicción en la motivación de la conducta criminal en cuanto realizada "a causa" de aquella. No puede solicitarse la modificación de la responsabilidad criminal por el simple hábito de consumo de drogas. Legítima defensa: ha de partirse del elemento básico de la agresión ilegítima.
Resumen: Los recursos deben tener interés casacional. Deberán ser inadmitidos los que carezcan de dicho interés (art. 889.2º), entendiéndose que el recurso tiene interés casacional, conforme a la exposición de motivos: a) si la sentencia recurrida se opone abiertamente a la doctrina jurisprudencial emanada del Tribunal Supremo, b) si resuelve cuestiones sobre las que exista jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales, c) si aplica normas que no lleven más de cinco años en vigor, siempre que, en este último caso, no existiese una doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo ya consolidada relativa a normas anteriores de igual o similar contenido. El empresario goza de la capacidad para adoptar las medidas que aseguren la adecuada utilización del material puesto a disposición del trabajador. Y este poder de dirección, imprescindible para la buena marcha de la organización productiva, no es ajeno a los derechos proclamados en los arts. 33 y 38 de la CE. Lo que garantiza el art. 18.1 CE es el secreto sobre nuestra propia esfera de vida personal, excluyendo que sean los terceros, particulares o poderes públicos, los que delimiten los contornos de nuestra vida privada. En cuanto a la delimitación de ese ámbito reservado, hemos precisado que la esfera de la intimidad personal está en relación con la acotación que de la misma realice su titular, habiendo reiterado este Tribunal que cada persona puede reservarse un espacio resguardado de la curiosidad ajena.
Resumen: El Juzgado de lo Penal condenó al acusado como autor de un delito de maltrato y un delito de amenazas en el ámbito de la violencia de género, un delito de maltrato en el ámbito de la violencia doméstica y un delito leve de injurias y vejaciones injustas, con ocasión con un incidente con su esposa y el hijo de ésta. Apela la sentencia, desestimando la AP su recurso. Que como prueba de cargo se dispusiera esencialmente sólo de la declaración de las víctimas no justifica la alegación de vulneración de la presunción de inocencia o el error en la valoración de de la prueba. Las manifestaciones de aquella gozan de verosimilitud, estando corroboradas con otras diligencias probatorias periféricas que les dotan de mayor credibilidad, como fueron las declaraciones de la mente policiales intervinientes en los partes médicos. Finalmente, la existencia de una mala relación entre los miembros del grupo familiar no se constituye como obstáculo para otorgar credibilidad a lo manifestado por la denunciante. En definitiva, se trata de una cuestión de valoración judicial de la credibilidad de la prueba personal practicada en el juicio oral, que corresponde en exclusiva al juzgador que el ha razonable suficiente y razonablemente su pronunciamiento condenatorio. Por ello, no procede estimar la legítima defensa alegada. Las penas impuestas son proporcionada, estando ampliamente motivada su imposición, al igual que en la indemnización.
Resumen: La legítima defensa es una conducta conforme a Derecho y, por tanto, constituye una causa de justificación que deberá ser reconocida por el Tribunal para exculpar al que se defiende, siempre que concurran en su conducta los requisitos legales. No sólo debe tenerse en cuenta la naturaleza del medio, en sí, sino también el uso que de él se hace y la existencia o no de otras alternativas de defensa menos gravosas en función de las circunstancias concretas del hecho. Se trata por tanto de un juicio derivado de una perspectiva "ex ante". No requiere la agravante de género un elemento subjetivo específico entendido como ánimo dirigido a subordinar, humillar o dominar a la mujer, pero sí que objetivamente, prescindiendo de las razones específicas del autor, los hechos sean expresión de ese desigual reparto de papeles al que es consustancial la superioridad del varón que adquiere así efecto motivador. Por ello bastará para estimarse aplicable la agravante genérica que el hecho probado de cuenta de tales elementos que aumentan el injusto, porque colocan a la mujer víctima en un papel de subordinación que perpetúa patrones de discriminación históricos y socialmente asentados; y en lo subjetivo, que el autor haya asumido consciente y voluntariamente ese comportamiento que añade el plus de gravedad. Primero hubo un enfrentamiento verbal y luego fue la víctima la que agredió con un cuchillo al sujeto activo, repeliendo éste la agresión. No puede hablarse de ataque por sorpresa.
