Resumen: El elemento subjetivo del delito de homicidio no sólo es el "animus necandi" o intención específica de causar la muerte de una persona, sino el dolo homicida, que tiene dos modalidades: el dolo directo o de primer grado constituido por el deseo y la voluntad del agente de matar, a cuyo concreto objetivo se proyecta la acción agresiva, y el dolo eventual que surge cuando el sujeto activo se representa como probable la eventualidad de que la acción produzca la muerte del sujeto pasivo, aunque este resultado no sea el deseado, a pesar de lo cual persiste en dicha acción que obra como causa del resultado producido. Se exige para la aplicación de la eximente incompleta de miedo insuperable, la concurrencia de los requisitos de existencia de un temor inspirado en un hecho efectivo, real y acreditado y que alcance un grado bastante para disminuir notablemente la capacidad electiva. La legítima defensa absorbe al miedo insuperable, en cuanto ha de absorber esa situación psicológica de temor, que siendo evidentemente fundado y serio se erige en móvil de la respuesta defensiva y por ende justificativa de ésta. Concurrente el requisito de la agresión ilegítima, dada la conducta de las personas -no menos de cuatro- que acudieron a los alrededores de la caravana del acusado, en actitud agresiva, portando, algunos, objetos como palos, piedras y bates, que permitía temer un peligro real de acometimiento inminente, pero no concurre el requisito de la necesidad racional del medio empleado.
Resumen: La acusada, conductora de un automóvil, mantuvo una discusión con dos peatones en relación con un paso cebra, que degeneró en pelea, siendo condenada como autora de un delito de lesiones y otro leve de lesiones. A su vez una de las peatones condenada como autora de un delito leve de lesiones, siendo la otra absuelta. Apela la primera y la AP desestima su recurso. Toda la prueba de cargo se redujo a las opuestas versiones que dieron las tres acusadas y a los informes médicos. La existencia de una pelea mutuamente aceptada es acorde al resultado de la prueba practicada, sin que la conclusión de la juzgadora resulte irracional o ilógica, ni contraria a máximas de experiencia. La aplicación de tratamiento médico justifica la aplicación del art. 147.1 CP. No concurre la eximente de legítima defensa. Tratándose de un supuesto de riña mutuamente aceptada no se percibe el requisito de la agresión ilegítima.
Resumen: El relato fáctico declara la causación de unos hechos de apuñalamiento dirigido a órganos vitales respecto a los cuales no es admisible la consideración de un error por la no aplicación del delito de maltrato habitual, cuando lo que se refiere son dos acciones dirigidas a acabar con la vida de las víctimas a las cuales dirigió su acción clavando reiteradas veces el cuchillo que cogió de la cocina y que dirigió hacia zonas vitales de los cuerpos de las dos víctimas. En el hecho probado no hay ningún elemento fáctico que permita la consideración de presupuesto fáctico de legítima defensa pues, a salvo de las declaraciones del acusado, que el tribunal ha desechado de forma racional y lógica, no hay sustento fáctico de una actuación debida a una represión de una agresión ilegítima de su hijo, víctima en los hechos. De igual manera, no existe base alguna para firmar la situación de miedo insuperable, como circunstancia de atenuación que justifique o que permite declarar una inculpabilidad en la acción. Con respecto al abuso de superioridad, este resulta del empleo de medios dispuestos para la ejecución de la conducta como la mayor envergadura del acusado con respecto a sus víctimas, y de la convivencia existente entre el agresor y sus víctimas que configuran un espacio de superioridad en la realización del hecho y el empleo de un medio hábil para la producción del resultado. El ánimo de matar se evidencia en la actitud violenta del acusado.
Resumen: Causa que se sigue por Tribunal de Jurado, condenando el Tribunal por delito de asesinato con alevosía, concurriendo la agravante de parentesco y la agravante de género, así como autor de un delito de malos tratos sobre la mujer con la agravante de reincidencia. Declaración del acusado al finalizar la prueba, no implica una infracción procesal que le cause indefensión. Legítima defensa y concepto de agresión ilegítima. Relación de causalidad, doctrina de la imputación objetiva. Análisis del dolo eventual en el caso de una paliza propinada a una persona a la que se le golpea en la cabeza, es una conducta idónea para causar la muerte. Distinción entre el dolo eventual y la culpa consciente.
Resumen: La racionalidad en la valoración de la prueba a los efectos de comprobar la posible concurrencia de un error, implica que se haya ponderado tanto la prueba incriminatoria para el acusado, como aquella que se ha practicado a instancias de su defensa, pero este derecho no implica ni conduce a acoger la tesis defensiva de esa parte. Si lo que se aprecia en la instancia es una agresión recíproca habiendo resultado con lesiones ambos contendientes, lesiones que no son compatibles solo con un mecanismo de defensa de la agresión por parte del otro, y con independencia de quien fuera el primero en realizar el primer golpe o acometimiento, lo cierto es que ese primer golpe o acometimiento fue respondido por el otro con intención no solo de defenderse, sino de atacar a su vez. Esta apreciación de hechos impide estimar la concurrencia de ninguna circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, ni como eximente ni como atenuante simple. Malos tratos de violencia de género y violencia doméstica.
Resumen: Confirma la condena por delito leve de amenazas. El acusado amenazó a la víctima, madre de sus nietos y expareja de su hijo, con "rajarla a ella y a su familia de arriba a abajo". El delito de amenazas requiere el anuncio de un mal futuro proferido con seriedad realizado por el sujeto activo contra la víctima con la intención de provocar en ésta temor, bastando, como elemento subjetivo, que el autor de las amenazas profiera las expresiones con pleno convencimiento de su significado, no exigiéndose la existencia de un móvil especial. No se aprecia la eximente de legítima defensa, primero por ser cuestión nueva no planteada en la primera instancia (su admisión ahora privaría de contradicción a la otra parte y le causaría indefensión) y segundo no concurren los requisitos legalmente establecidos para su estimación. No se aprecia la atenuante de arrebato u obcecación que exige para su apreciación: a) una causa o estímulo, que ha de ser importante de modo que permita explicar (no justificar) la reacción delictiva; b) ha de haber proporcionalidad entre el estímulo y la reacción; c) ha de venir originado por el comportamiento precedente de la víctima; d) el motivo desencadenante no ha de ser repudiable desde el punto de vista socio-cultural; e) ha de producir alteración en el estado de ánimo del sujeto, de modo que quede disminuida su imputabilidad, sin llegar al trastorno mental transitorio; f) el transcurso de un tiempo excesivo entre el estímulo y la reacción excluye la atenuante
Resumen: Delito de resistencia; comprende la resistencia activa no grave o simple y la resistencia pasiva grave. Aunque es de carácter pasivo, puede concurrir alguna manifestación de violencia o intimidación, de tono moderado y características más bien defensivas y neutralizadoras, cual sucede, por ejemplo, en el supuesto del forcejeo del sujeto con los agentes de la autoridad. Agentes de la policía local sorprenden por la calle a una mujer con una botella y al tratar de quitársela, les insulta y lanza una patada a uno de ellos. No puede el Tribunal de apelación revisar la valoración de pruebas personales directas practicadas a partir, exclusivamente, de su fragmentaria documentación en el acta, vulnerando el principio de inmediación, o ponderar el rendimiento de cada medio de prueba para sustituir la convicción racionalmente obtenida por el Juez de instancia. Sólo cabrá constatar una vulneración del derecho a la presunción de inocencia cuando no haya pruebas de cargo válidas, cuando los órganos judiciales hayan valorado una actividad probatoria lesiva de otros derechos fundamentales o carente de garantías, o cuando no se motive el resultado de dicha valoración, o cuando por ilógico o insuficiente no sea razonable el iter discursivo que conduce de la prueba al hecho probado. La jurisprudencia exige para acoger el error en la apreciación de las pruebas, que exista en la narración descriptiva supuestos inexactos, que el error sea evidente, notorio y trascendente.
Resumen: La Audeincia Provincial condenó a los acusados como autores de un delito de lesiones dolosas, subtipo agravado de haber causado deformidad a la victima. Atenuante de reparación del daño. Uno de los acusados discute su participación en la agresión, pero el TSJ explica que su imputación en los hechos se basa en la declaración de la víctima. Concepto de deformidad. Alteración de la morfología nasal, con retracción palpebral inferior y una cicatriz malar derecha, todo ello en el rostro del perjudicado. Concepto de dilaciones indebidas. Atenuante de embriaguez que no se aprecia. Eximente de legítima defensa que tampoco se aprecia. La responsabilidad civil en el proceso penal se rige por el principio dispositivo. Incremento de la indemnización en un 30 por ciento sobre las cuantías del Baremo de tráfico, ya incluye la valoración del daño moral, y no procede un pronunciamiento independiente.
Resumen: Lesiones con instrumento peligroso. Se trata de una figura compleja, integrada por un delito básico con resultado naturalístico lesivo y por un tipo de peligro concreto, el generado por el uso del instrumento dotado de potencialidad lesiva idónea para irrogar lesiones claramente superiores a las producidas. Es necesario que, además de la lesión causada, se haya creado un peligro complementario para el bien jurídico protegido. La forma agravada sólo puede entrar en juego cuando se dan una serie de circunstancias, objetivas y subjetivas, que denotan, de manera inequívoca, el propósito del autor de convertir, un instrumento inicialmente inespecífico, en algo real y objetivamente peligroso. Es preciso que se trate de un arma, instrumento, objeto, medio, método o forma peligrosos objetivamente por su capacidad lesiva y que, además, hayan sido utilizados de forma concretamente peligrosas en el caso concreto. Naturalmente el dolo del autor debe abarcar el peligro creado con su acción. La agravación penológica recogida en el artículo 148 CP no se ha configurado por el legislador como imperativa, sino potestativa para el juzgador en función de las circunstancias del caso concreto, "atendiendo al resultado causado o riesgo producido". Dilaciones indebidas, plazo razonable. Motivación de la pena. Cuando se trata de fijar una pena en relación legal de alternatividad con otra de distinta naturaleza, el tribunal viene obligado ex artículo 72 CP a dar las razones de su opción.
Resumen: El carácter mínimo o insignificante de la lesión excluyente del concepto de "deformidad" debe ser aplicado con criterios especialmente rigurosos y restrictivos cuando la alteración afeante, visible e indeleble se localiza en el rostro de la víctima. Las cicatrices permanentes deben incluirse en el concepto de deformidad, incluso, con independencia de la parte del cuerpo afectada, siempre que siendo visibles tengan relevancia y alteren la configuración del sujeto pasivo. La deformidad grave es la que afecta de manera definitiva y relevante a la identidad del sujeto, y que afecta no sólo a su integridad corporal o a su salud sino a su propia identidad. Y esto es especialmente aplicable cuando la deformidad produce la desfiguración del rostro de modo ostensible y altera la configuración del sujeto, pues el rostro es la parte del cuerpo que define más específicamente la fisonomía corporal, aun cuando no pueda ser considerado como un miembro principal. Existió alevosía, ya que fue un ataque por la espalda y sorpresivo. La irregularidad concretada en omitir una resolución para ampliar el plazo de instrucción no aboca a la atenuante de dilaciones. El recurso de casación se da contra la sentencia del Tribunal Superior, por lo que todas aquellas cuestiones de la naturaleza que fueran, que se pudieron plantear ante el Tribunal Superior de Justicia y no se plantearon oportunamente el recurrente perdió la oportunidad procesal de hacerlo " per saltum" ante el Tribunal Supremo.
