Resumen: Error en la penalidad impuesta: la reducción en caso de eximente incompleta en un grado es obligatoria. También concurre un error en la penalidad impuesta al condenado no recurrente. Acotación del ámbito del recurso de casación, en los casos, como el presente, en el que ha mediado, antes del recurso de casación, una fase de apelación. La casación es un remedio procesal especialmente dirigido a unificar la interpretación de la ley. El recurso de casación no puede consistir en la mera repetición de lo alegado en apelación. Ámbito de estudio de la vulneración del derecho a la presunción de inocencia. Presunción de inocencia: existencia de prueba bastante y de su valoración racional. Derecho a un proceso con todas las garantías: incompatibilidad de la defensa de los acusados. Incumbe al condenado no recurrente. Tribunal del Jurado: exclusión de dos de sus miembros. No se planteó la debida recusación en forma. Comentario hecho por el Magistrado Presidente: no afecta a las posibilidades defensivas del acusado. Tutela judicial efectiva: indemnización a una persona de la que se afirma que no era familiar del fallecido. Ese derecho fundamental no alcanza al cuestionamiento de un dato fáctico. Derecho al Juez predeterminado por la Ley: se instruyó el correspondiente incidente y las alegaciones carecen de fundamento para estimar la contaminación del Magistrado. Eximentes de estado de necesidad, legítima defensa y miedo insuperable: se fundamenta en una valoración parcial de la prueba.
Resumen: La ausencia de una prueba testifical admitida y no practicada, no determina la nulidad de la sentencia. La prueba debe ser valorada desde una perspectiva del conjunto del procedimiento y sometida a los criterios de pertinencia, utilidad, posibilidad y necesidad. El órgano de apelación no puede reemplazar la valoración de la prueba efectuada por el sentenciador, salvo casos de ilegalidad de la prueba, insuficiencia o falta de racionalidad o arbitrariedad en su análisis. Eximente de legítima defensa, requisitos; la riña mutuamente aceptada excluye la legítima defensa.
Resumen: El TS afirma que no es necesario que se pronuncien sobre el valor de todas las pruebas sino que expongan los elementos de convicción en que se sustenta la duda que conduce a la absolución. A tal efecto recuerda que el deber de motivación también deriva de la previsión especifica contenida en el artículo 120.3 CE y con esa exigencia no se pretende satisfacer necesidades de orden puramente formal, sino permitir a los directamente interesados y a la sociedad en general conocer las razones de las decisiones de los órganos jurisdiccionales y facilitar el control de su racionalidad y de su corrección técnica. El citado precepto constitucional no excluye de su ámbito a las sentencias dictadas en el procedimiento del Tribunal del Jurado, si bien el hecho de que los jurados sean legos en derecho confiere al deber de motivación algunas singularidades. La singularidad de la motivación del veredicto del Jurado se enfatiza en la ley disponiendo que debe ser una "explicación sucinta". La expresión "sucinta" debe interpretarse como breve o compendiosa, aunque debe ser suficiente. Un veredicto, aunque parco en extensión, debe reputarse suficiente, si, atendidas las circunstancias del caso, y las concretas pruebas que fundamentan sus declaraciones, son suficientes para conocer el diseño probatorio en que los jurados hicieron descansar su convicción.
Resumen: Absuelve al acusado de la acusación por un delito de agresión sexual y de un delito de amenazas condicionales; mientras que le condena como autor de un delito leve de lesiones. Presunción de inocencia y prueba incriminatoria. Singulares dificultades probatorias en caso de delitos contra la libertad sexual al tratarse de delitos cometidos comunmente en la clandestinidad. Testifical de la denunciante como única prueba directa de cargo que no ofrece al tribunal una información verosimil de alcance incriminatorio. Mensajes de whatsapp que corroboran el relato del acusado y desmienten a la testigo de cargo. Principio de duda razonable. Delito de leve de lesiones cuya acreditación se extrae del propio relato de los hechos ofrecido per el acusado, adverado por los vestigios lesivos que presentaba la víctima. Eximente de legítima defensa y de estado pasional -obcecación- que no se tienen por acreditadas. Pena de multa y determinación de su importe económico sin constar información sobre la capacidad económica del acusado.
Resumen: Delito leve de maltrato. La intervención del fiscal es preceptiva en todos los juicios por delito leve pero puede excusar su asistencia en determinados supuestos, conforme a las instrucciones que dicte el Fiscal General del Estado. Las limitaciones físicas de la denunciada no excluyen su capacidad para acometer al vigilante. Las leves lesiones de la denunciada no evidencian un uso desproporcionado de la fuerza por el vigilante, sino que se explican por su participación en un forcejeo. No hay que confundir el dolo con la intención, el dolo propio del delito leve de maltrato se limita a agarrar y acometer. La legítima defensa exige la existencia de una agresión ilegítima.
Resumen: En el curso de la devolución de los hijos por el padre a la madre se produjo un enfrentamiento entre dos grupo de personas que terminaron siendo condenadas por delito básico de lesiones, delitos leves de lesiones y maltrato del 153 CP. Apela uno y otros, desestimando la AP todos los recurso. No es procedente alegar conjuntamente la vulneración del derecho la presunción de inocencia y el error en la valoración de la prueba. Las pruebas fueron correctamente valoradas entendiéndose plenamente destruida la presunción de inocencia de los condenados. En lo supuesto de riña mutuamente aceptada no cabe apreciar la eximente de legítima defensa. Se aplicó correctamente el artículo 151.1 y 3 CP: el condenado se excedió en su intención de separar a su expareja de su madre. No hay prueba para revocar la absolución por delito de amenazas de la expareja a la madre del apelante. En todo caso serían coetáneas al delito de lesiones por el que se la condenó y se trataría de una unidad de acción. El planteamiento de un recurso que pretenda revisar el fallo absolutorio no puede solicitar la condena, sino la nulidad, lo que no se ha hecho, aparte de que no se aprecia insuficiencia o falta de racionalidad en la motivación. La petición de agravación de la condena impuesta por el art. 153 no puede prosperar.
Resumen: Ámbito del recurso de casación tras la reforma introducida por la Ley 41/2015. Alcance del análisis en casación, cuando se alega vulneración del derecho a la presunción de inocencia. No incluye una sustitución de la valoración probatoria del órgano de instancia, sino la comprobación de la existencia de prueba, su práctica lícita y su análisis y valoración, conforme a las reglas de la lógica. Diferencia de su alcance entre el recurso de apelación y el de casación. El recurso de apelación se configura como un verdadera segunda instancia, como consecuencia del derecho de toda persona, condenada por delito, a que su causa sea sometida a un Tribunal Superior. Existencia de una motivación suficiente de la sentencia. Derecho a la tutela judicial efectiva. Contenido. Motivación de la pena. Supuestos en los que es necesario una motivación especial. Coherencia del grado de ejecución alcanzado con la reducción de la pena en un solo grado. Dolo de matar: dolo directo, dolo eventual. Criterio normativo del dolo eventual. Criterios jurisprudenciales más comunes para inferir la existencia de dolo de matar. Drogadicción: el simple consumo de sustancias estupefacientes, incluso cuando es habitual, no permite la aplicación de la atenuante. Es necesario acreditar la merma de las facultades a resultas de la ingesta. Legítima defensa: inexistencia de necesidad de autoprotección. Miedo insuperable: presupuestos de aplicación.
Resumen: En los procedimientos con doble instancia, como el del Tribunal del Jurado, el control casacional de las sentencias que les pongan término, no solo comporta realizar un control de legalidad referido a la interpretación y aplicación de la ley por los tribunales encargados de la apelación, sino que también puede ajustarse a revisar los juicios de inferencia que haya alcanzado el Jurado, a través del análisis que de esta cuestión haya efectuado el Tribunal de apelación en el caso de que el argumento hubiera sustentado el previo recurso devolutivo ante él. La circunstancia eximente de legítima defensa, en relación con su naturaleza de causa excluyente de la antijuricidad de la conducta, se basa en la existencia de una agresión ilegítima y en la necesidad de actuar en defensa de la persona o derechos propios o ajenos, a causa precisamente del carácter actual o inminente de esa agresión. Pero no existirá una auténtica agresión ilegítima que pueda dar paso a una defensa legítima cuando la agresión ya haya finalizado, ni tampoco cuando ni siquiera se haya anunciado su inmediato comienzo. El ataque puede ser igualmente alevoso cuando, aun habiendo mediado un enfrentamiento, se produce un cambio cualitativo en la situación. La apreciación de esta circunstancia cualificadora exige además, como elemento subjetivo e intencional, que el conocimiento y la voluntad del autor abarque no sólo el hecho de la muerte, sino el modo en que la alevosía se manifiesta.
Resumen: En los supuestos de prueba de carácter personal, la inmediación, aún cuando no garantice el acierto, ni sea por sí misma suficiente para distinguir la versión correcta de la que no lo es, es presupuesto de la valoración de las pruebas personales, de forma que la decisión del Tribunal de instancia, en cuanto a la credibilidad de quien declaró ante él, no puede ser sustituida por la de otro Tribunal que no la haya presenciado, salvo los casos excepcionales en los que se aporten datos o elementos de hecho no tenidos en cuenta adecuadamente en su momento, que puedan poner de relieve una valoración manifiestamente errónea que deba ser recogida. Riña mutuamente aceptada: no cabe apelar a la legítima defensa, plena o semiplena, ya que -como se dice- la base de la misma es la existencia de una agresión ilegítima, y ésta no es posible de admitir con tal carácter en una riña voluntariamente aceptada. La condena por el delito de amenazas ha de decaer ya que la valoración probatoria que conduce al juez de instancia es incorrecta y equivocada, no encontrando la argumentación al efecto, justificación alguna en un elemento de prueba. Los mensajes que se envían, a través de cualquier medio tecnológico, sea éste Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, tienen la consideración de documento privado, y como tal, cuando han sido impugnados, y no se haya podido constatar su validez, poseen un escaso valor probatorio.
Resumen: Lo que la ley exige para anular una sentencia absolutoria cuando la acusación alega error en la valoración de la prueba: será preciso justificar "insuficiencia o falta de racionalidad en la motivación fáctica", "apartamiento manifiesto de las máximas de experiencia" u "omisión de todo razonamiento sobre alguna o algunas de las pruebas practicadas que pudieran tener relevancia o cuya nulidad haya sido improcedentemente declarada". En el caso, el escrito de recurso no realiza ninguna alegación con esa estructura ni contenido, no procediendo en consecuencia tener por cumplida la solicitud de anulación de la sentencia que la norma requiere. En cuanto a la solicitud de condena por no concurrir la eximente de legítima defensa que la sentencia aprecia, no se puede condenar cuando el fundamento básico de la apelación es el error de hecho, no siendo el de derecho más que una consecuencia derivada del anterior, dado que en estos casos la sentencia solo puede ser anulada previa solicitud de parte que no ha tenido lugar (lo solicitado ha sido la condena), ni siquiera en forma implícita que permita al tribunal, sin actuar contra legem, encauzar por la vía de la nulidad la solicitud de condena.
