Resumen: Los rendimientos del trabajo generados con ocasión de la percepción de esa ayuda deben imputarse al ejercicio en el que la suma correspondiente se puso efectivamente a disposición de la contribuyente, lo cual aconteció cuando se extinguió su derecho a percibir la prestación por desempleo. Lo procedente era declarar en cada ejercicio la parte correspondiente a la cantidad total que le fue reconocida en concepto de subvención, conforme al cuadro unido a la póliza de seguros de la que es beneficiaria, donde se establece una clara distinción por meses y años de las cantidades que se perciben en concepto de renta anual temporal.
Resumen: Para la aplicación de la deducción pretendida, el sujeto pasivo debe acreditar que ocupa la vivienda como residencia habitual, a título de dueño, de manera efectiva y permanente y que, al tratarse de un beneficio fiscal, es a él al que corresponde la carga de la prueba. Además, la vivienda debe ser ocupada, al menos tres años, y debe iniciarse la residencia en ella en el plazo de doce meses desde su adquisición o desde la finalización de las obras de rehabilitación de la misma. La actora pretende en este recurso la aplicación de un beneficio fiscal y como tal, es necesario que se justifique la procedencia del mismo, ya que la carga de la prueba recae sobre el interesado que pretende dicho beneficio fiscal. Hay una ausencia de justificación documental que se produce por un motivo muy simple y es porque, entre toda la documentación aportada en el expediente administrativo, tanto con carácter previo a la liquidación, como con posterioridad, con la reclamación económico administrativa, no se aporta, precisamente, la escritura del préstamo hipotecario
Resumen: La sentencia tras declarar que la Ley del Impuesto declara exentos los rendimientos del trabajo percibidos por trabajos efectivamente realizados en el extranjero, refiere que la norma deja claro que las labores de que se trate deben efectuarse físicamente fuera del territorio de España por un trabajador por cuenta ajena; y resulta asimismo manifiesto que los trabajos deben tener en todo caso como destinatario a una entidad no residente en nuestro país o un establecimiento permanente situado fuera del mismo. Pero no reclama que dichos destinatarios de los trabajos del sujeto pasivo del IRPF sean los únicos beneficiarios de los mismos. Concretamente, no prohíbe que existan múltiples beneficiarios o/y que entre ellos se encuentre el empleador del perceptor de los rendimientos del trabajo. Como hemos dicho, este incentivo fiscal no está pensado en beneficio de las empresas o entidades sino de los trabajadores. el
Resumen: Respecta a la caducidad del procedimiento y su consecuencia de la prescripción del derecho a liquidar la deuda tributaria, en contra de lo que indica el actor en la demanda, consta en el expediente administrativo un certificado de remisión de la Dependencia Regional de Recaudación, de 30 de mayo de 2016, en el que se certifica que en esa fecha se remitió a la Dependencia Regional de Inspección la resolución del TEAR de 24 de noviembre de 2015. Se ha producido un retraso en la ejecución de la resolución pero que no produce caducidad alguna del procedimiento por lo que tampoco se produciría la prescripción del derecho a liquidar la deuda tributaria. El earn out se devengó en diferentes ejercicios, con posterioridad a la venta de las participaciones, al tratarse de una cantidad variable del precio de las mismas, supeditada al cumplimiento de determinadas condiciones y no era posible, por ello, la aplicación a esos ingresos de las reglas de valoración de los ingresos procedentes de las actividades económicas. Están bien calculados los intereses de demora, por cuanto el periodo que el actor entiende que no debió no debieron de imputarse intereses de sin embargo, como hemos visto más arriba, esa fecha que coincide con la del día del mes siguiente al de la recepción de la resolución por el TEAR, el 30 de mayo de 2016
Resumen: La Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas dispone que los funcionarios de la Organización están exentos de impuestos sobre los sueldos y emolumentos pagados por la Organización La pensión por jubilación se incluye dentro del término "emolumentos". La exención de las retribuciones percibidas durante el período de funcionario en activo, del cual se detrae la parte correspondiente a las pensiones, ya han sido compensadas con los impuestos nacionales. Las cantidades detraídas de las nóminas y con las que se conforman las aportaciones a la Caja Común de Pensiones, ya tributaron del modo indicado, por lo que no carece de lógica interpretativa que tales pensiones queden exentas de los impuestos nacionales.
Resumen: En la demanda se especifican una por una todas las facturas que la actora considera deducibles y que alega que no están incluidas en los DUAs de importación, y que se refieren a gastos de adquisición de la mercancía y gastos de transporte por avión de la misma, sin que en el acuerdo de liquidación se haga más que una referencia genérica a todas las facturas, máxime cuando la actora insiste en su deducción e individualiza todos los gastos de transporte de las mercancías, y acredita su contabilización, con lo que no es cierto que no justifique que son, en principio, gastos independientes. Resulta de todo punto imposible conocer cuáles fueron las razones que movieron a la AEAT a practicar la liquidación provisional y a negar la deducción de los gastos controvertidos en relación a cada una de las facturas individualmente considerada ante la ausencia total de motivación de la liquidación provisional y de la resolución del TEAR sobre este aspecto y de ahí que deba acodare la anulación de las mismas.
Resumen: El acto administrativo es la Resolución desestimatoria dictada por el TEAR de Illes Baleas desestimatoria de la reclamación económico administrativa interpuesta por el recurrente contra el Acuerdo de la AEAT referente a la solicitud de rectificación de la declaración de IRPF ejercicio 2014. El TS en su sentencia de 3 de octubre de 2018 dictada en el recurso de casación nº 4483/2017 interpreta el artículo 7 h) de la ley 35/2006 de la LIRPF fijando la doctrina legal de que "las prestaciones públicas por maternidad percibidas de la Seguridad Social están exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas".
Resumen: Ayudas previa a la jubilación ordinaria concedidas por la Generalidad Valenciana, destinadas a subvencionar parcialmente planes de prejubilación promovidos por las empresas o sus trabajadores. La sala declara que, en las particulares circunstancias del caso y teniendo en cuenta que la ayuda controvertida no era exigible por la adjudicataria en el momento de su reconocimiento, el artículo 14.1.a) LIRPF debe interpretarse -en este caso- en el sentido de que los rendimientos del trabajo generados con ocasión de la percepción de esa ayuda deben imputarse al ejercicio en el que la suma correspondiente se vaya poniendo efectivamente a disposición de la contribuyente, esto es, mensualmente durante los años 2012 a 2017.
Resumen: Responsabilidad solidaria de los administradores de sociedades de capital respecto de deudas contraídas con la Seguridad Social. Requisitos. Conforme a precedentes jurisprudenciales análogos, se fija como doctrina en caso de insolvencia que debería haber llevado a promover el concurso de acreedores, para que la TGSS acuerde la derivación de responsabilidad solidaria del administrador por no promover el concurso de acreedores se requiere constatar no sólo una situación fáctica de insolvencia y que el administrador ha incumplido los deberes legales que le incumben sino, además, que concurre la causa legal de disolución de la sociedad.
Resumen: La garantía que tienen los acreedores gananciales para satisfacer sus créditos se extiende también al cónyuge no deudor que responderá solidariamente con los bienes gananciales que se le adjudiquen. De no hacerse inventario o hacerse mal, bien por excluir bienes gananciales o porque las deudas gananciales no se incluyen "explícitamente", deviene para el cónyuge no deudor una consecuencia gravosa: pierde la protección o límite que para su responsabilidad le confiere el artículo 1401 en su regla explícita. Ya no ve limitada su responsabilidad a los bienes gananciales y los acreedores podrán ir contra su patrimonio propio ex artículo 1911 del Código Civil.
