Resumen: La Sala reitera la doctrina fijada por la sentencia de 28 de marzo de 2019 (RCA/3774/2017), en el sentido de que en la expresión "rendimientos del trabajo percibidos por trabajos efectivamente realizados en el extranjero" contenida en el artículo 7.p) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, deben entenderse comprendidos los rendimientos de trabajo percibidos por el trabajador que correspondan a los días de desplazamiento al país de destino o de regreso a España. Se estima, así, el recurso de casación, como también el recurso contencioso-administrativo, con lo cual se anulan los actos administrativos recurridos.
Resumen: Regularización en el IS por no considerarse gastos deducibles los intereses de un préstamo para la compra de participaciones propias para amortizarlas, con consiguiente reducción del capital social. Operación realizada con la finalidad de proporcionar una restitución de aportaciones a los socios. Se pretende la interpretación del art. 14.1.e) de la LIS de 2004, y en concreto el concepto de liberalidad y la exigencia de correlación entre gastos e ingresos para la posibilidad de deducción, en el sentido si tal correlación juega sólo en el ámbito de la expresada letra e) -es decir, como salvedad o excepción a la noción de donativo o liberalidad- o como exigencia estructural, más general. Suscita las mismas cuestiones que los RRCA 3454/2019 (auto de 28 de octubre de 2019; ECLI:ES:TS:2019:11112A) y RCA5309/2020.
Resumen: Reiterando lo expresado en supuestos análogos ya admitidos, la cuestión que se considera presenta interés casacional consiste en determinar: i) cuáles son los mecanismos que permiten dar por cumplido el requisito estipulado en el artículo 32.4 de la Ley 40/15, a efectos de instar válidamente la acción de responsabilidad patrimonial prevista en dicho precepto, y si la falta de impugnación del acto administrativo de aplicación de la norma declarada inconstitucional que, en consecuencia devino firme, constituye un impedimento procedimental para la aplicación del citado precepto, o si, por el contrario, se entiende cumplido el requisito por el ejercicio de una acción de revisión de oficio en la que se alegó expresamente la inconstitucionalidad de la norma, y ii) en relación con el requisito del plazo máximo de cinco años señalado en el art. 34.1, párrafo segundo, de la Ley 40/15, determinar en qué momento se entiende que debe haberse producido el daño para que éste pueda ser considerado indemnizable: si en la fecha de notificación de las liquidaciones tributarias giradas en aplicación del precepto posteriormente declarado inconstitucional, o en la fecha de notificación de la sentencia firme desestimatoria del recurso contencioso-administrativo que el artículo 32.4 Ley 40/15 (34) exige haber interpuesto contra dichas liquidaciones.
Resumen: Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Rendimientos del trabajo. Determinación de a quién corresponde probar la realidad de los gastos de desplazamiento que justifican la no sujeción al tributo de las dietas de locomoción, manutención y estancia. No es al empleado al que corresponde probar la realidad de los desplazamientos y gastos de manutención y estancia a los efectos de su no sujeción al IRPF, sino que la Administración -para su acreditación- deberá dirigirse al empleador en cuanto obligado a acreditar que las cantidades abonadas por aquellos conceptos responden a desplazamientos realizados en determinado día y lugar, por motivo o por razón del desarrollo de la actividad laboral.La condición de trabajador/administrador del perceptor de la dieta no determina per se que sea este el que deba acreditar la realidad de los desplazamientos o de los gastos de manutención y estancia aunque, en atención a las circunstancias del caso, tal extremo pueda tener incidencia en la concreta acreditación del presupuesto de hecho determinante de la no sujeción de las sumas percibidas como dietas. El planteamiento de la parte recurrente ha sido acogido en las sentencias de la Sección Segunda de esta Sala Tercera del Tribunal Supremo dictadas el 18 de mayo (RCA 4002/2018:ES:TS:2020:954) y el 15 de octubre de 2020 (RCA/5926/2018: ES:TS:2020:3275).
Resumen: La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en:Determinar si, la pérdida patrimonial originada como consecuencia de la ejecución de una sentencia que condena a la devolución de un bien inmueble con la consiguiente indemnización por incumplimiento contractual debe integrarse en la base imponible general o especial en el impuesto sobre la renta de las personas físicas.
Resumen: Impuesto sobre sociedades. Determinar si, con el fin de aplicar el régimen de incentivos fiscales para las entidades de reducida dimensión, a efectos de calcular el importe neto de la cifra de negocios de un grupo de sociedades, se ha de computar o no el importe neto de la cifra de negocios de las actividades económicas de la persona física, con condición de empresario o profesional, que ostente el control del grupo. Asunto directamente relacionado con RCA/4798/2020.
Resumen: La interpretación de los artículos 38.1 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, y 41 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, cuando la reinversión se materializa en una vivienda que se halla en fase de construcción, es la de que el plazo de dos años establecido reglamentariamente para reinvertir es aquel del que dispone el contribuyente, y debe contarse desde la transmisión de su vivienda, bastando a tal efecto -para dar cumplido el requisito- con que en dicho plazo reinvierta el importe correspondiente, sin necesidad de que adquiera el dominio de la nueva vivienda, mediante su entrega material, o de que la construcción de ésta haya ya concluido.
Resumen: La Sala da respuesta a la cuestión de interés casacional suscitada en el auto de admisión, partiendo de la inicial STS 911/18, de 4 de junio (RC 1721/17), que sirvió de punto de referencia de otras ulteriores, y reproduciendo las declaraciones de la Sala sobre este debate, condensadas en la reciente STS 35/21, de 21 de enero (RC 7153/18). Así, insiste en que la DA2ª Ley 8/2012, de 30 de octubre, responde a la moderación de los aranceles notariales y registrales que son de aplicación en los supuestos de traspasos de activos financieros o inmobiliarios como consecuencia de operaciones de saneamiento y reestructuración de entidades financieras que se regulan en dicha Ley, no conteniendo la citada DA una modificación de carácter general y permanente del RD 1427/1989, por lo que no resulta por ello procedente extender la aplicación de la referida norma a cualquier operación de reestructuración de entidades financieras. Concluye que las transmisiones de activos que han de devengar los honorarios arancelarios registrales liquidados a que se refieren las resoluciones aquí revisadas, no pueden entenderse integradas en un proceso de saneamiento y reestructuración de entidades financieras, a las que se refiere la DA 2ª de la Ley de 2012, por lo que la liquidación de los derechos arancelarios debe realizarse conforme a la regla general establecida en el Reglamento Hipotecario.
Resumen: Sostiene la Sala que el litigio suscitado es sustancialmente igual a otros ya resueltos por esta misma Sala y Sección. Así, en los recursos de casación 2400/2018, 8079/2018, 35/2019, 805/2019, 2297/2019, 3091/2019, 4630/2019, 5243/2019 y 7908/2019, entre otros, se dictaron sentencias en las que afirmaba que la operación de fusión por absorción entre Barclays Bank, S.A. y Caixabank, S.A. (año 2015) no fue una de saneamiento y reestructuración, con la consecuencia de no ser aplicable a la misma el régimen jurídico arancelario establecido en la Disposición adicional segunda de la Ley 8/2012 y sí el previsto con carácter general en el Reglamento Hipotecario, en particular en su art. 611, y en las normas del Real Decreto 1427/1989, de 17 de noviembre, que aprueba los Aranceles de los Registradores de la Propiedad. Régimen, este segundo, al que se sujetó, precisamente, la minuta girada a Caixabank, S.A, por el Registrador de la Propiedad recurrente. Por ello, en aquellas sentencias, al igual que ahora, se estimaron recursos de casación que eran sustancialmente iguales al presente.
Resumen: Requisitos de la reinversión en la construcción de la futura vivienda habitual. La adquisición jurídica de la vivienda (finalización de las obras) ha de tener lugar en el plazo de dos años posteriores o anteriores a la transmisión, siendo indiferente el momento del inicio de la construcción. Disonancia del auto de admisión con los preceptos aplicados en la sentencia y con los hechos establecidos en ella.
