Resumen: La Sala entiende aplicable al caso la doctrina del TS sentada sobre los intereses de demora abonados por la Agencia Tributaria al efectuar una devolución de ingresos indebidos que declara no están sujetos al IRPF. La Sala concluye que la doctrina reseñada es aplicable al supuesto de autos porque lo relevante no es quién abona los intereses de demora, si la Administración o una entidad bancaria, sino su naturaleza y finalidad que es exactamente la misma; esto es, tienen naturaleza indemnizatoria y pretenden compensar al contribuyente la indisponibilidad de cantidades debidas, en este caso, como complemento de la acción de restitución de las prestaciones de las partes (Banco y la aquí recurrente).En consecuencia, no es conforme a derecho la liquidación practicada por la Administración, pues imputa al contribuyente los intereses percibidos del Banco como ganancia patrimonial, en los términos expuestos, por lo que debe de ser anulada.
Resumen: El actor insta la nulidad de pleno derecho de la sanción impuesta por vulnerar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 24.1 de la Constitución Española y por haberse prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido ex artículo 217.1.e) de la LGT. Asiste la razón a la parte actora cuando pone de manifiesto que, contra el acuerdo sancionador, interpuso un recurso de reposición que fue tramitado y resuelto por el TEARM de forma acumulada con la reclamación económico- administrativa formulada contra la desestimación del recurso de reposición interpuesto contra el acuerdo de liquidación.Ahora bien, se trata de una actuación conforme a derecho pues, la nueva redacción del artículo 230 de la LGT es de aplicación a las reclamaciones y recursos interpuestos desde su entrada en vigor, que tuvo lugar el 12 de octubre de 2015, esto es, con anterioridad a la interposición del recurso de reposición contra el acuerdo sancionador de autos. Por consiguiente, la acumulación del recurso de reposición con la reclamación económico-administrativa interpuesta contra el acuerdo de liquidación (confirmado en reposición) del que deriva el acuerdo sancionador es conforme a derecho, lo que conlleva la desestimación de las alegaciones del recurrente.
Resumen: Derechos Fundamentales. Alcance de la responsabilidad conjunta y solidaria de los miembros de la unidad familiar en la tributación conjunta del IRPF, y si la declaración de responsabilidad conjunta y solidaria de los menores de edad sin rentas es o no contraria al artículo 14 CE.
Resumen: La controversia se circunscribe a los efectos de la condición de no residente de la contribuyente en relación con la devolución de las retenciones indebidamente soportadas en el ámbito del IRPF, pues la Administración desestima su petición y la remite a la presentación del Modelo 210 en el ámbito del Impuesto sobre la Renta de No Residentes. La Administración reconoce la condición de no residente de la interesada a quien, no obstante, remite a la presentación del Modelo 210 a los efectos de liquidar el Impuesto sobre la Renta de no Residentes y obtener así la devolución de las cantidades indebidamente soportadas a cuenta del IRPF. La Sala señala que carece de toda lógica que para obtener la devolución de las retenciones indebidamente soportadas a cuenta del IRPF, la AEAT remita a la contribuyente a la presentación del Modelo para la declaración de rentas de no residentes, máxime cuando consta que la devolución se ha hecho directamente efectiva en casos análogos de otros obligados tributarios lo que, sin duda, conculca el principio de igualdad. Y concluye la Sala que la Administración debió aplicar el principio de regularización íntegra y proceder a la devolución de las cantidades indebidamente soportadas sin remitir a la contribuyente a la presentación de otra declaración en un impuesto diferente, lo que le provoca indefensión.
Resumen: El caso que nos ocupa es diferente al abordado en nuestra sentencia de 21 de marzo de 2021, rec. cas. 5596/2019, en la que se declara que si bien dicho precepto "no prohíbe que los trabajos efectivamente realizados fuera de España consistan en labores de supervisión o coordinación, sin embargo esas tareas de supervisión y coordinación con los representantes de otros Estados miembros que valoraba la sentencia, no resultan comparables con las propias de la dirección y control que se ejercen por un consejero que representa a la matriz en la entidad no residente, pues no se trata de una prestación personal del miembro del Consejo de Administración, sino del ejercicio de los poderes de dirección y supervisión propios de la entidad matriz". En respuesta a la cuestión con interés casacional declaramos que, en las circunstancias concurrentes en la presente ocasión, la exención prevista en el artículo 7.p) LIRPF sí puede aplicarse a los rendimientos percibidos por los administradores y miembros de los Consejos de Administración.
Resumen: IRPF. El el debate consiste en analizar si, para la aplicación de la exención por reinversión a efectos del IRPF, resulta suficiente que la contribuyente haya ostentado la nuda propiedad de la vivienda que se transmite, durante una parte del plazo continuado de, al menos, tres años o, por el contrario, se exige su pleno dominio durante todo ese tiempo. La doctrina que fija la sentencia es la siguiente: la exención de la ganancia patrimonial obtenida con ocasión de la transmisión de la vivienda habitual del contribuyente, siempre que el importe total obtenido por la transmisión se reinvierta en la adquisición de una nueva vivienda habitual, regulada en el art. 38 de la LIRPF, requiere que la vivienda transmitida haya constituido su residencia habitual durante el plazo continuado de, al menos, tres años continuados y que haya ostentando durante dicho periodo el pleno dominio de la misma, sin que la nuda propiedad resulte título suficiente a tales efectos."
Resumen: Determinar si, en el marco de un procedimiento de regularización motivado por la apreciación de la existencia de simulación y en la que se imputan a una persona física como rendimientos del trabajo los ingresos de una entidad interpuesta de la que es socio mayoritario y administrador solidario, puede admitirse la deducibilidad por parte del obligado al pago del IRPF de unas retenciones que no fueron practicadas por las sociedades pagadoras.
Resumen: Se reitera la doctrina fijada en la STS de 29 de marzo de 2022 (rec. 3679/2020). Las subvenciones no reintegrables se imputan temporalmente conforme a las normas contables. En el caso de las subvenciones de capital concedidas para adquirir activos o cancelar pasivos, deben imputarse como ingresos del ejercicio en proporción a la dotación a la amortización efectuada en ese periodo para los citados elementos o, en su caso, cuando se produzca su enajenación, corrección valorativa por deterioro o baja en balance (norma 18ª PGC). La opción tributaria que el contribuyente haya ejercitado por el criterio de caja no impide la aplicación de la regla anterior ni existe infracción del artículo 119.3 LGT por el hecho de que, quien haya optado por el criterio de cobro o caja aplique la regla especial contenida en la Norma de valoración nº 18 del PGC, pues tal decisión no supone una revocación de la opción, sino la selección preferente de una lex specialis.
Resumen: Determinar si, en los supuestos de solicitud de rectificación de la autoliquidación, para la aplicación de la reducción prevista en el artículo 32.1 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, a través del cauce contemplado en el artículo 126.2 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria, es admisible exigir al contribuyente en las actividades económicas en las que los ingresos se determinan de forma obligatoria por arancel, teniendo en cuenta únicamente la cuantía del asunto, e independientemente del tiempo dedicado por el profesional, un esfuerzo probatorio adicional para poder aplicar tal reducción, concretado en la obligación de soportar, conforme al artículo 108.4 LGT, la carga de la prueba de los hechos que pretende rectificar.
Resumen: Admisión. Determinar cómo se ha de aplicar el índice corrector del 0,90 por 100 para empresas de pequeña dimensión con hasta dos trabajadores en el método de estimación objetiva del IRPF: si de forma nominal, es decir, únicamente cuando se cuente con un máximo de dos trabajadores contratados a la vez o, por el contrario, en función de las horas anuales prorrateadas por trabajador.
