Resumen: Remisión a la sentencia de 9 de febrero de 2022 (casación 4769/2020). Cesión de uso o puesta a disposición de unos vehículos automóviles. En las circunstancias del presente caso, los rendimientos del capital mobiliario en especie del artículo 25.1.d) LIPRPF, cuya percepción responda a la existencia de una operación vinculada, deben valorarse de acuerdo con la normativa del impuesto de sociedades, a tenor de lo dispuesto en el artículo 41 LIRPF.
Resumen: Remisión a la sentencia de 14 de julio de 2021 (rec. 3895/2020). Criterios fijados: 1) La Administración tributaria no puede comprobar, liquidar o sancionar a un obligado tributario tomando como fundamento fáctico de la obligación fiscal supuestamente incumplida los documentos o pruebas incautados en el registro practicado en el domicilio de terceros, cuando tales documentos fueron considerados nulos en sentencia penal firme. 2) El exceso de los funcionarios de la Administración tributaria sobre lo autorizado en el auto judicial es contrario a derecho y debe ser controlado por el propio juez, sin que la infracción de dicho trámite deba perjudicar al afectado por él. 3) Se consideran hallazgos casuales los documentos referidos a sujetos, impuestos y ejercicios distintos a aquéllos para los que se obtuvo la autorización judicial de entrada y registro y, por tanto, supeditados a la licitud y regularidad del registro de que se trate, lo que afecta tanto a su adopción y autorización como al modo de efectuarse su práctica. 4) La acreditación de que la prueba obtenida, como hallazgo casual, no es la misma utilizada en la ulterior regularización y sanción, a efectos de determinar el alcance y extensión de la prueba nula, es carga que corresponde a la Administración, dado su deber de identificar y custodiar pertinentemente la prueba obtenida en un registro, máxime si pertenece o afecta a terceros. En consecuencia, se declara haber lugar al recurso de casación.
Resumen: La sentencia reitera la doctrina fijada en sentencias previas por la que el plazo de tres meses previsto en el artículo 209.2 LGT para el inicio de un procedimiento sancionador, derivado de la comisión de una infracción tributaria, no resulta de aplicación en caso de incumplimiento de un deber formal de presentación en plazo de una declaración tributaria, en particular no es aplicable en el caso de presentación extemporánea de la declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero. Adicionalmente, la sentencia la conformidad o disconformidad a derecho de las sanciones, desde la perspectiva del Derecho de la Unión Europa y en relación con ello señala que, conforme la STJUE de 27 de enero de 2022, Comisión/España (C-788/19, EU:C:2022:55), el régimen sancionador de la D.A. 18.2 de la LGT (redacción de la Ley 7/2012) consistente en una multa pecuniaria fija por cumplimiento tardío -sin requerimiento previo de la Administración- de la obligación de declarar bienes y derechos en el extranjero vulnera las obligaciones que le incumben al Reino de España, en virtud de los artículos 63 TFUE y 40 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, sobre libre circulación de capitales, dado que tales sanciones resultan desproporcionadas respecto a las sanciones previstas en un contexto puramente nacional. En su virtud, se declara haber lugar al recurso de casación y, entrando sobre el fondo, anula las sanciones por infracciones muy graves impuestas.
Resumen: Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de los ejercicios 2008, 2009 y 2010. Residencia fiscal. Determinar si un órgano judicial o administrativo puede prescindir del contenido de un certificado de residencia fiscal emitido por las autoridades fiscales de un país que ha suscrito con España un Convenio, cuando dicho certificado se extiende a los efectos del Convenio. Aclarar si, a los efectos de analizar la existencia de un conflicto de residencia entre dos Estados, es posible rechazar el contenido de un certificado de residencia expedido por las autoridades fiscales del otro Estado contratante en el sentido del CDI, o la validez del referido certificado debe ser presumida, no pudiendo ser su contenido rechazado, precisamente por haberse suscrito el referido CDI. Dilucidar si, es posible que un Estado firmante de un CDI, de forma unilateral, pueda enjuiciar la existencia de un conflicto de residencia, prescindiendo de la aplicación de las normas específicas suscritas en el referido CDI para estos casos. Concretamente, si, en presencia de un conflicto de residencia, es necesario acudir a las normas previstas para su solución en el CDI, requiriendo para ello de una interpretación autónoma y separada de las normas internas que alberguen conceptos similares. Más específicamente, si la "regla de desempate" prevista en el artículo 4.2 CDI, consistente en el "centro de intereses vitales" es equiparable al concepto de "núcleo de intereses económicos" del artículo 9.1.b) LIRPF
Resumen: IRPF. Pagos a cuenta. Reafirmar, reforzar, completar o, en su caso, cambiar o corregir la doctrina jurisprudencial sobre el derecho del sujeto pasivo y la obligación de la Administración tributaria de contemplar en la liquidación del IRPF que en su caso dicte, la deducción por las retenciones que se debieron practicar, pero no se practicaron, por parte del pagador de las rentas.
Resumen: La Sala desestima el recurso interpuesto contra la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional por la que ser desestimó la reclamación económico administrativa interpuesta contra el acuerdo de sanción por IRPF, se rechaza la existencia de indefensión por la actuación ante la Administración de un tercero sin apoderamiento y se rechaza la existencia de caducidad del procedimiento, así como respecto de la liquidación se indica que la regularización tributaria no sólo se ha tenido en cuenta que no se trataba del ejercicio de actividades separadas, sino una actividad conjunta, y que por imposibilidad de determinar los rendimientos por estimación directa, se acudió a la estimación indirecta, habiendo descubierto la Inspección ingresos en efectivo con naturaleza de ganancia patrimonial no justificada, así como respecto de la vulneración de los principios de culpabilidad, mala fe, motivación y proporcionalidad de las sanciones, que no concurre dicha vulneración ya que existe ocultación puesto que el obligado tributario era sabedor de que no existían actividades independientes de cada uno de los cónyuges, sino que lo que realmente se ha producido es la existencia de una comunidad de bienes y al tributar como lo hizo, como actividad independiente a la de su cónyuge, su finalidad fue ingresar en la Hacienda Pública unos importes, sin que exista tampoco vulneración del derecho a no inculparse, dado que la simulación se ha fundado en indicios concluyentes.
Resumen: IRPF. Base imponible. Gastos deducibles. Determinar si los intereses de demora e intereses suspensivos son gastos deducibles en el IRPF. Esta cuestión con interés casacional ha sido admitida, para el Impuesto sobre Sociedades, por autos de 16 de enero de 2019 (RCA 3071/2019; ECLI:ES:TS:2020:231A), 14 de febrero de 2020 (RCA/5094/2019; ECLI:ES:TS:2020:1452A) y 28 de mayo de 2020 (RCA/463/2020; ECLI:ES:TS:2020:3350 y RCA/558/2020; ECLI:ES:TS:2020:3333A). Además, el planteamiento de la parte recurrente en estos autos ha sido acogido en la sentencia de la Sección Segunda de esta Sala Tercera del Tribunal Supremo de 8 de febrero de 2021 (RCA/3071/2019).
Resumen: Modelo 720. Efecto retroactivo del art. 39.2. LIRPF. Prescripción. Sala Primera del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 27 de enero de 2022 en el asunto C-788/19, Comisión Europea c. Reino de España. Alegaciones.
Resumen: 1) No cabe denegar la rectificación de autoliquidación del IRPF con fundamento en la presunción de que no está sometida a prescripción la tributación de ganancias patrimoniales no justificadas por rendimientos imputables a bienes y activos en el extranjero objeto de información tardía de la obligación estipulada en la disposición adicional 18ª LGT, ya que imputación de la ganancia al último ejercicio no prescrito equivale a la prohibida imprescriptibilidad de la facultad de regularización y consiguiente sanción, vulneradora del derecho a la libre circulación de capitales, así como a los principios de seguridad jurídica y proporcionalidad. 2) Resulta de la STJUE de 27 de enero de 2022, asunto C-788/19, en lo que concierne a la presunción de ganancia patrimonial de imprescriptible regularización, que se vulneran las obligaciones que incumben a España, en virtud de los artículos 63 TFUE y 40 del Acuerdo sobre el EEE en relación con el régimen estatuido en la Ley 7/2012, "al disponer que el incumplimiento o el cumplimiento imperfecto o extemporáneo de la obligación informativa relativa a los bienes y derechos situados en el extranjero tiene como consecuencia la imposición de las rentas no declaradas correspondientes al valor de esos activos como «ganancias patrimoniales no justificadas» sin posibilidad, en la práctica, de ampararse en la prescripción. 3) La doctrina del TJUE sobre la improcedencia de la regularización, en el IRPF, es trasladable a la solicitud de rectificación.
Resumen: IRPF. Pagos a cuenta. Reafirmar, reforzar, completar o, en su caso, cambiar o corregir la doctrina jurisprudencial sobre el derecho del sujeto pasivo y la obligación de la Administración tributaria de contemplar en la liquidación del IRPF que en su caso dicte, la deducción por las retenciones que se debieron practicar, pero no se practicaron, por parte del pagador de las rentas.
