Resumen: Primero: determinar si la ganancia patrimonial derivada de la concesión de un derecho de opción de compra respecto de una agrupación de fincas se debe computar desde la adquisición del elemento patrimonial de la que deriva la opción o desde que se lleva a cabo la agrupación. Segundo: precisar si la expresión "sin que puedan exceder del valor de mercado", a que se refiere el artículo 36 de la vigente ley sobre el IRPF, supone o no una alteración sustantiva del régimen de valoración anterior. Pues bien, procede fijar la siguiente doctrina: la ganancia patrimonial derivada del ejercicio de un derecho de opción de compra respecto de una agrupación de inmuebles, se debe computar desde la adquisición de los inmuebles originarios, en este caso, desde 1996, fecha de su adquisición hereditaria, y no desde la fecha de la agrupación, sin perjuicio de la comprobación administrativa de dicha valoración.
Resumen: Aquién corresponde la carga de probar la realidad de los desplazamientos y gastos de manutención y estancia en restaurantes y hoteles y demás establecimientos de hostelería, si al empleador o al empleado, respecto de la exención relativa a las dietas y asignaciones para gastos de locomoción y gastos normales de manutención y estancia en establecimientos de hostelería, en relación con la determinación de los rendimientos íntegros del trabajo en la base imponible del IRPF.
Resumen: La solicitud de rectificación de la autoliquidación correspondiente a un ejercicio no afectado por la prescripción, como aquí el 2012-2013, que es posible, no permite que el contenido de esa rectificación consista en reconocer ex novo bases imponibles negativas supuestamente generadas en ejercicios prescritos y que no fueron incluidas por el obligado tributario en las autoliquidaciones de esos ejercicios prescritos, ya que no puede extendérsele el mismo plazo que la ley reconoce a la Administración tributaria como facultad para comprobar los ejercicios no afectados por la prescripción, por falta de norma expresa o de principio general que pueda decantarse de tal precepto. Esto es, la rectificación permite compensar bases imponibles negativas con las positivas del ejercicio, pero no crear también las bases negativas a efectos de tal compensación.
Resumen: Desestimación del recurso de casación. Imposibilidad de amparar un patrimonio como propio debido a un régimen de separación de bienes sobrevenido que no liquida el anterior régimen en el que figuraban deudas gananciales a satisfacer. Deudas pendientes a cargo de la sociedad de gananciales no liquidada que alcanzan la responsabilidad del cónyuge no deudor. No operación del limite de responsabilidad del cónyuge no deudor cuando se ha omitido el inventario en el que debió de operar el pasivo. Se fija como jurisprudencia que "respecto de las deudas para con la Seguridad Social generadas durante la vigencia del régimen económico de gananciales, cabe el embargo de sueldos y salarios del cónyuge no deudor adquiridos tras la modificación de dicho régimen económico matrimonial cuando no se haya procedido a la liquidación de la sociedad de gananciales, ni elaborado el correspondiente inventario, ni se adjudiquen bienes".
Resumen: Ilegalidad de las pruebas documentales recabadas en un registro efectuado en el domicilio de terceros que fueron considerados nulos en sentencia firme. Carga de la acreditación de la falta de coincidencia entre un hallazgo casual encontrado en el registro de un tercero y la prueba utilizada en la regularización tributaria y sanción: corresponde a la administración. Voto particular. Remisión a la STS, Sala de lo Contencioso, Sección: 2ª, 14/07/2021 (rec. 3895/2020).
Resumen: La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en: Precisar, a la luz del Protocolo de privilegios e inmunidades de las Comunidades Europeas y del Estatuto de los diputados al Parlamento Europeo, el alcance de la exención contemplada en el artículo 7.p) LIRPF a efectos de si puede aplicarse a las asignaciones abonadas por el Parlamento Europeo a sus diputados.
Resumen: La Sala responde así a la cuestión interpretativa que la Sección de Admisión propone: 1) La Administración tributaria no puede comprobar, liquidar o sancionar a un obligado tributario tomando como fundamento fáctico de la obligación fiscal supuestamente incumplida los documentos o pruebas incautados en el registro practicado en el domicilio de terceros, cuando tales documentos fueron considerados nulos en sentencia penal firme. 2) El exceso de los funcionarios de la Administración tributaria sobre lo autorizado en el auto judicial es contrario a derecho y debe ser controlado por el propio juez, sin que la infracción de dicho trámite deba perjudicar al afectado por él. 3) Se consideran hallazgos casuales los documentos referidos a sujetos, impuestos y ejercicios distintos a aquéllos para los que se obtuvo la autorización judicial de entrada y registro y, por tanto, supeditados a la licitud y regularidad del registro de que se trate, lo que afecta tanto a su adopción y autorización como al modo de efectuarse su práctica. 4) La acreditación de que la prueba obtenida, como hallazgo casual, no es la misma utilizada en la ulterior regularización y sanción, a efectos de determinar el alcance y extensión de la prueba nula, es carga que corresponde a la Administración, dado su deber de identificar y custodiar pertinentemente la prueba obtenida en un registro, máxime si pertenece o afecta a terceros. En consecuencia, se declara haber lugar al recurso de casación.
Resumen: IRPF. los recurrentes les fueron practicadas regularizaciones por el concepto tributario y ejercicios de referencia, modificándose los rendimientos netos obtenidos por la actora del ejercicio de la actividad profesional de la abogacía al incrementar los ingresos con la diferencia entre los ingresos bancarios comprobados y los ingresos bancarios facturados. Consideran los demandantes que únicamente existió un procedimiento inspector de carácter general, pero que la AEAT notificó el inicio del segundo para salvar la caducidad del primero y prescripción de algunos ejercicios. Sentado lo anterior, procede examinar la naturaleza, alcance y supuestos vicios del primer procedimiento y su trascendencia en el segundo, en cuanto se incorpora la documentación recabada en aquel. Pues bien, como la Administración fijó el alcance del primer procedimiento en la comprobación censal, basta examinar el contenido de la diligencia nº 1 y de la final para concluir que la documentación requerida y conclusiones alcanzadas exceden el límite de la investigación que marca el objeto señalado en el acuerdo de inicio y trámite de audiencia, lo que constituye una causa de anulabilidad de las liquidaciones impugnadas ya que se sustentan en la documentación recabada para la mera comprobación censal que de facto se amplió a otras obligaciones formales, como reconoce la propia Administración. Tal vicio genera la nulidad del procedimiento y, por ende, la imposibilidad de hacer viable el otro.
Resumen: El objeto de la compraventa es el negocio de expendeduría de tabacos, pactándose que la entrega del negocio no se haría hasta que se dispusiera de la autorización del Comisionado para el Mercado de Tabacos. La entrega de la cosa vendida no está vinculada al otorgamiento de la escritura pública sino que la propia escritura recoge otro requisito necesario para que se produzca la entrega y es que se disponga de la autorización administrativa, lo que tuvo lugar en el año 2013 que es cuando es imputable la ganancia patrimonial. La norma ha previsto que el valor de adquisición sea minorado con las amortizaciones correspondientes, con independencia de la efectiva consideración de éstas como gasto. El que la contribuyente no haya declarado las amortizaciones como gastos en las autoliquidaciones del IRPF no impide a la Administración cuando liquida la ganancia patrimonial no declarada minorar el valor de adquisición mediante el valor de dichas amortizaciones. Las amortizaciones responden a uno de los problemas fundamentales a los que tradicionalmente se ha enfrentado el Legislador del IRPF que ha sido el establecimiento de un mecanismo eficiente y justo para que el importe de las variaciones patrimoniales que se someten a gravamen por este tributo fuera el realmente obtenido, de forma que el efecto del paso del tiempo sobre el coste de adquisición pudiera eliminarse. No es posible entrar a conocer del Acuerdo sancionador debido a que la reclamación fue presentada fuera de plazo.
Resumen: El actor y otra persona son comuneros al 50% de una comunidad de bienes. Los dos comuneros procedieron en el ejercicio de 2012 a deducirse gastos por insolvencias cuando dicha deducción no podía realizarse hasta el año 2016. Sin embargo, no existe una identidad entra la situación de uno y otro comunero, ya que el otro comunero firmó Acta de conformidad, por la que regularizó su declaración de IRPF del ejercicio 2012, aumentando la base imponible al suprimir la deducción indebida que se había aplicado, y procedió a aplicar dicha deducción al ejercicio 2016, que era lo correcto, mientras que el ahora recurrente sí que mantuvo su declaración de IRPF de 2012 con la deducción que no le correspondía. Por ello, no es posible entender que existe ninguna vulneración del principio de confianza legítima o de la teoría de los actos propios, ya que la situación de uno y otro comunero no es la misma. Asimismo, el recurrente disfrutó en el IRPF 2012 de una deducción que no le correspondía hasta 2016, pero, pese a ello, la misma fue aplicada y, por lo tanto, no puede pretender ahora aplicársela de nuevo. Ello daría lugar a una situación injusta en la que el contribuyente se estaría beneficiando por duplicado de una deducción debido que la declaración del IRPF 2012 está agotada a todos los efectos, de manera que ni el actor puede modificar la misma para suprimir la deducción ni la AEAT puede comprobar dicho ejercicio a efectos de que se aumente la base imponible.
