Resumen: A la pregunta formulada por la Sección Primera, esto es, determinar si, un contribuyente del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que percibe unos ingresos de una persona o entidad que está obligada a practicar la correspondiente retención y el ingreso en la Hacienda Pública puede deducirse las cantidades que debieron ser retenidas e ingresadas cuando, no habiéndose acreditado la práctica de la retención o el ingreso, el perceptor de la renta ostenta el 50 por 100 del capital de la persona o entidad pagadora y es administrador solidario de la misma, la Sección de Enjuiciamiento responde que un contribuyente del IRPF que percibe unos ingresos de una persona o entidad que está obligada a practicar la correspondiente retención y el ingreso en la Hacienda Pública puede deducirse las cantidades que debieron ser retenidas e ingresadas. Ciertamente, en el presente caso, los recurrentes eran partícipes del 50 por 100 del capital y administradores solidarios de la entidad que debió retener y no lo hizo, lo que podría haber supuesto, en su caso, la derivación de la responsabilidad a los mismos, pero ello no empece a que, como sostienen los recurrentes, retenedor y perceptores tengan distinta personalidad. Se estima, así, el presente recurso de casación.
Resumen: Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. La eficacia de las notificaciones se encuentra estrechamente ligada a las circunstancias concretas del caso, lo que comporta inevitablemente un importante grado de casuismo en la materia, que exige que debamos partir del factum establecido en la sentencia recurrida. Resulta, pues, difícil juzgar en abstracto toda la casuística que la eficacia de las notificaciones puede producir, resultando, en consecuencia, muy complicado establecer una doctrina general. Se controvierte si la notificación de la resolución realizada el 10 de noviembre de 2016, respeta lo establecido en las normas que rigen en materia de notificaciones, así como la jurisprudencia que sobre las mismas ha recaído y, en consecuencia, es o no eficaz.
Resumen: Las ayudas percibidas al amparo del Real Decreto 196/2010, de 26 febrero, por el que se establecen medidas para facilitar la reinserción laboral así como el establecimiento de ayudas especiales a los trabajadores afectados por los expedientes de regulación de empleo 76/2000, de 8 de marzo de 2001 y 25/2001, de 31 de julio de 2001y, en particular, las cuantías adicionales concedidas para financiar la suscripción de un convenio especial con la Seguridad Social por la pérdida del nivel de cotización sufrida por los trabajadores como consecuencia de la pérdida de empleo, deben imputarse como rendimientos del trabajo del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas al ejercicio en el que se perciben.
Resumen: Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Interpretación del artículo 7.p) de la Ley del IRPF y de los artículos 16, 178, 179, 183.1 y 184.3 de la LGT. Delimitación de la controversia. No cabe controvertir la calificación jurídica de negocio simulado, al ser esta apreciación privativa del tribunal de instancia y no poder ser reexaminada en casación. La expresión «rendimientos del trabajo percibidos por trabajos efectivamente realizados en el extranjero» contenida en el artículo 7.p) LIRPF, no se puede aplicar a los rendimientos de la dirección y control propios de la participación en los Consejos de Administración de una filial en el extranjero, por lo que no dan derecho a la exención contemplada en el precepto. Estimada la existencia de actos o negocios simulados, a la vista de lo dispuesto en el artículo 16.3 LGT, procede, en su caso, la imposición de sanciones, sin que una interpretación razonable de la norma, amparada en el artículo 179.2. d) LGT, que excluye la responsabilidad, resulte operativa.
Resumen: Primero: determinar si la compensación percibida por el comunero, a quien no se adjudica el bien cuando se disuelve un condominio, determina o no la existencia de una ganancia patrimonial sujeta al IRPF, si se da al bien objeto de la extinción el mismo valor de adquisición. Segundo: precisar si cabe entender que se origina una ganancia patrimonial por dicha compensación en el supuesto de que el bien común experimente un incremento de valor como consecuencia de la actualización de su importe desde el momento de la adquisición al de transmisión al otro copropietario. Tercero: de responder negativamente a la pregunta anterior, concretar si la ganancia patrimonial se genera únicamente en aquellos supuestos en los que la compensación sea superior al valor de la parte proporcional que le corresponde sobre ese bien.
Resumen: El auto de admisión fijó como cuestión de interés casacional la de determinar si la operación por la que se produce la correspondiente minuta, se encuentra incluida dentro de las inscripciones vinculadas estrictamente a las operaciones de saneamiento y reestructuración de entidades financieras efectuadas al amparo de Ley 8/12 o, en su caso, a operaciones de carácter ordinario, concretando cuál resultaría ser el régimen arancelario aplicable en uno y otro caso. La sentencia la resuelve tomando en consideración que la Sección ya ha dictado sentencias -entre otras, en los recursos de casación 2400/18, 8079/18, 35/19, 805/19, 2297/19, 3091/19, 4630/19, 5243/19 y 7908/19- en las que afirma que la operación de fusión por absorción entre Barclays Bank, S.A. y Caixabank, S.A autorizada el 11/5/15 no fue una de saneamiento y reestructuración, con la consecuencia de no ser aplicable a la misma el régimen jurídico arancelario establecido en la DA 2ª de la Ley 8/12, y sí el previsto con carácter general en el Reglamento Hipotecario, en particular, en su art. 611, y en las normas del RD 1427/1989, de 17 de noviembre, que aprueba los Aranceles de los Registradores de la Propiedad. Régimen, este segundo, al que se sujetó, precisamente, la minuta girada por el Registrador de la Propiedad recurrente. Por ello, estima su recurso de casación, sin resultar necesario transcribir las razones jurídicas en que se sustentaron las referidas sentencias, ya conocidas por los litigantes.
Resumen: Sostiene la Sala que el litigio suscitado es sustancialmente igual a otros ya resueltos por esta misma Sala y Sección. Así, en los recursos de casación 7153/2018, 58/2020, 111/2020 y 201/2020, entre otros, se dictaron sentencias en las que afirmaba que el negocio jurídico de fusión entre la "Caja de Ahorros de San Fernando de Sevilla y Jerez" con la entidad "Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Huelva y Sevilla", dando origen a la entidad "Monte de Piedad y Caja de Ahorros San Fernando de Huelva, Jerez y Sevilla", no fue uno de saneamiento y reestructuración, con la consecuencia de no ser aplicable a la transmisión operada en virtud del mismo el régimen jurídico arancelario establecido en la Disposición adicional segunda de la Ley 8/2012 y sí el previsto con carácter general en el Reglamento Hipotecario, en particular en su art. 611, y en las normas del Real Decreto 1427/1989, de 17 de noviembre, que aprueba los Aranceles de los Registradores de la Propiedad. Régimen, este segundo, al que se sujetó, precisamente, la minuta girada por la Registradora de la Propiedad recurrente. Por ello, en aquellas sentencias, al igual que en este, se estimaron recursos de casación que eran sustancialmente iguales al presente.
Resumen: Las cuestiones casacionales objetivas que plantea el auto de admisión del presente recurso ya han sido resueltas por la sentencia de 11 de marzo de 2021 (RCA/5972/2019). La doctrina sentada en esta sentencia considera, con valor y alcance general, que la fecha de referencia para determinar el régimen jurídico aplicable a la potestad de comprobación de la Administración sobre ejercicios prescritos no es la de las actuaciones de comprobación o inspección, sino la fecha en que tuvieron lugar los actos, operaciones y circunstancias que se comprueban. De este modo, al resultar aplicable la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, la Administración no puede comprobar los actos, operaciones y circunstancias que tuvieron lugar en ejercicios tributarios prescritos, anteriores a la entrada en vigor de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, con la finalidad de extender sus efectos a ejercicios no prescritos.
Resumen: Fecha de referencia para determinar el régimen jurídico aplicable a la potestad de comprobación de la Administración sobre ejercicios prescritos: consideración de la fecha en que tuvieron lugar los actos, operaciones y circunstancias que se comprueban para determinar la legislación aplicable. Determinación de la fecha de prescripción e incidencia de que algunos de los negocios comprobados estén documentados en contratos privados.
Resumen: La Sala desestima el recurso. La interpretación que, en respuesta a la cuestión planteada en el auto de admisión, ha de fijarse en relación con el art. 67.1, párrafo segundo, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, es que el plazo de prescripción establecido en dicho precepto para las reclamaciones de responsabilidad patrimonial derivadas de la anulación por sentencia firme de una disposición de carácter general, de un año desde la notificación de la sentencia definitiva, no ha de considerarse interrumpido, o no iniciado, por la pendencia de un recurso de amparo interpuesto por el reclamante contra la sentencia desestimatoria de una previa solicitud de revisión de oficio de un acto de aplicación de la disposición anulada. Con arreglo a la interpretación que defendemos el recurso de casación ha de ser desestimado y confirmada la sentencia recurrida, porque la acción de responsabilidad estaba prescrita cuando fue ejercida por el recurrente. En efecto, la publicación de la sentencia que declaró la nulidad del art. 26.2 de la Norma Foral 8/1998 tuvo lugar en el Boletín Oficial de Gipuzkoa de 3 de febrero de 2015, de modo que el cómputo del plazo de un año para reclamar la responsabilidad patrimonial se iniciaba al día siguiente y expiraba el 3 de febrero de 2016.
