Resumen: Recurre el actor en suplicación la sentencia de instancia que desestima su pretensión de declarar su contrato temporal en fraude de ley. La Sala de lo Social rechaza, en primer lugar, la solicitud de modificación del relato fáctico, al no darse los requisitos jurisprudenciales para acceder a la misma; y, en segundo lugar, desestima el recurso, pues de conformidad con la DF 12 de la Ley 27/2011, el actor suscribió un contrato de relevo a tiempo parcial, para sustituir a otro trabajador jubilado parcialmente en un 75% de su jornada y acogido a un plan de jubilaciones en la empresa municipal demandada; el hecho de que la categoría de relevista y relevado difiera en este caso pero no el grupo profesional, no supone la existencia de fraude de ley, más cuando no consta que sus bases de cotización no se correspondan.
Resumen: Se impugna la liquidación practicada a la entidad recurrente, y en la sentencia se recuerda el criterio de la Sala en relación con otro de los ejercicios, en los que se dictó sentencia, resolviendo las dos primeras cuestiones planteadas, referidas a la improcedencia de la cuota e intereses de demora y defectos procedimentales en la regularización de operaciones vinculadas. En este sentido, desestima dicho motivo, al faltar la premisa de la existencia y prueba de las operaciones vinculadas. Sobre los defectos procedimentales denunciados, pues en el acta se consideró la liquidación como definitiva mientras que en el acuerdo de liquidación se dijo que era provisional, declara que, no se produce indefensión, conforme a la jurisprudencia que cita; rechazando los otros defectos invocados al sustentarse la liquidación en la simulación de una actividad económica y tratarse de cuestiones ajenas al objeto de la liquidación. Sobre la deducibilidad de las facturas emitidas con posterioridad a la liquidación, se rechaza, al suponer una extralimitación del objeto liquidado. Sobre la valoración a precio mercado de servicios prestados, se desestima al existir simulación, conforme a la jurisprudencia que cita. Sobre la alegación de inexistencia de perjuicio para la hacienda, se rechaza pues el informe aportado por la actora es ex post a la liquidación. También se rechazan los otros motivos sobre el ajuste bilateral, consideración de gasto y compensaciones. Se confirma la liquidación.
Resumen: El actor empleado de una ETT y declarado en IPT recurre en suplicación la sentencia del Juzgado de lo Social, que estima la pretensión subsidiaria y condena a la compañía de seguros al pago de la prestación complementaria. La Sala de lo Social desestima el recurso, primero por cuanto no se ha probado el fraude de ley en su contratación y el carácter indefinido con la empresa usuaria, por lo que no es posible regular la relación laboral con el convenio colectivo de la citada empresa; segundo, la resolución recurrida ha considerado correctamente prescrita la acción dirigida frente a la empresa usuaria al haber transcurrido más de un año desde que se extinguió la relación laboral, y también la inexistencia de cesión ilegal en el momento de formalizarse la demanda; tercero, por no poder extender el principio de igualdad retributiva del art. 11 L 14/1994 a la mejora voluntaria de seguridad social; cuarto, tampoco es posible extender a los trabajadores de ETT los planes de igualdad de la empresa usuaria, no pudiendo calificarse al actor como una persona con discapacidad; y, finalmente, la imposición a la aseguradora de los intereses de demora del art. 20 LCS desde la fecha de conocimiento del siniestro es correcta, al no constar que hubiera tenido conocimiento del siniestro en fecha anterior.
Resumen: Se cuestiona si existe fraude en la contratación del actor, y si la extinción de la relación laboral debe considerarse un despido improcedente en función de la unidad esencial del vínculo. El actor ha prestado servicios para la Diputación habiendo suscrito sucesivos contratos de duración determinada a tiempo completo, en el marco del Programa de Fomento de Empleo Agrario, hasta que en julio de 2015 el SEPE denegó la solicitud de la Diputación. La actora reclama el reconocimiento de su condición de personal laboral indefinido. En el recurso alega que la existencia de una subvención no justifica que la contratación deba ser necesariamente temporal y que los objetos genéricos de los contratos temporales no especifican con claridad y precisión el servicio contratado. La cuestión ha sido resuelta por la Sala Cuarta entendiendo que la subvención no constituye por sí misma un elemento decisivo de la validez del contrato temporal causal porque también se subvencionan servicios habituales de entes públicos y en este caso la autonomía del contrato temporal se desdibujó, convirtiéndose en una actividad reiterada en múltiples ocasiones y se inserta en las competencias propias del empleador, por lo que declara que ha existido fraude de ley en la contratación temporal del actor hoy recurrente y, en consecuencia, la extinción de su contrato ha de ser calificada de despido improcedente y declara la existencia de unidad esencial del vínculo en la relación laboral del actor desde su inicio.
Resumen: Recurre la empresa su condena por despido improcedente bajo un primer motivo de nulidad de actuaciones que, sustentado en un supuesto uso indebido de material probatorio (VILE) que la Sala rechaza (tras inadmitir los documentos que se adjuntan), la Sala rechaza pues de esta misma circunstancia procesal se deriva que la parte disponía de la documentación ahora aportada. Examina el Tribunal el supuesto de un despido por causas objetivas en el contexto del estado de alarma desde la hermenéutica que ofrece la Normativa Covid, recordando (por remisión a anteriores pronunciamientos sobre el particular litigioso) la imposibilidad de que los despidos por causas COVID puedan ser tributarios de una petición de nulidad no reiterada ya en trámite de recurso. Nos encontramos, ello no obstante, ante un despido objetivo por causas económico-organizativas que se notifica y tiene efectos durante el periodo en el que la empresa estaba autorizada, mediante ERTE por fuerza mayor, a suspender los contratos de trabajo, o reducir jornada, de todo su personal; admitiendo la sentencia recurrida la existencia de unas dificultades económicas parcialmente vinculadas a la pandemia; sin que la eventual procedencia del despido pueda condicionarse por la circunstancia de haber hecho uso de un ERTE si bien incumbe a la misma la carga de probar que la causa (extintiva) de la segunda decisión difiere de la suspensiva que le precede (carga que no ha satisfecho).
Resumen: El juzgado desestimó la demanda del trabajador al no apreciar abuso en la contratación temporal, decisión que la Sala ratifica por lo que no le reconoce la condición de personal indefinido no fijp ni tampoco la de "personal laboral a extinguir", colectivo en el que se encuentran determinados trabajadores en virtud de diversas subrogaciones de procedentes de otras empresas.
Resumen: La responsabilidad disciplinaria se extingue con el cumplimiento de la sanción, muerte, prescripción de la falta o de la sanción, indulto y amnistía. Si durante la sustanciación del procedimiento sancionador se produjere la pérdida de la condición de funcionario del inculpado, se dictará resolución en la que, con invocación de la causa, se declarará extinguido el procedimiento sancionador, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que le pueda ser exigida y se ordenará el archivo de las actuaciones, salvo que por parte interesada se inste la continuación del expediente. Al mismo tiempo, se dejarán sin efecto cuantas medidas de carácter provisional se hubieren adoptado con respecto al funcionario inculpado". De acuerdo con lo expuesto, el recurrente perdió la condición de funcionario antes del dictado de la resolución definitiva recaída en el procedimiento sancionador de que se trata por lo que, en principio, con arreglo al precepto que invoca debió declararse extinguido el procedimiento sancionador.
Resumen: Protección internacional. Derecho de asilo y protección subsidiaria. Argelia. Relato centrado en necesidad médica de realizarse una operación de ojo izquierdo, para no quedarse sin visión. Informes negativos de ACNUR. La Sala recoge doctrina sobre los requisitos para el reconocimiento de la condición de refugiado. Suficiente motivación de las resoluciones impugnadas. Procedimiento del artículo 21, en relación con el artículo 25 de la Ley de Asilo, incumplimiento de los plazos para resolver. Doctrina del Tribunal Supremo al respecto. Se aprecia fraude de ley, al solicitarse asilo sin que concurra ninguna causa de protección internacional, una vez ingresado en CIE y con informes desfavorables de ACNUR.
Resumen: Recurren las personas físicas codemandadas su condena por despido improcedente cuestionando la aplicación judicial de la doctrina del levantamiento del velo que la Sala examina desde la decisión adoptada por el Tribunal en un supuesto análogo al litigioso en el que también se aludía al principio procesal de la ficta confessio sin que por parte del Organo sentenciador se ofreciesen datos jurídico-fácticos de los que derivar (mas allá de aquella advertida circunstancia) la solidaria condena de los incomparecidos; con la significada advertencia de que el orden social de la jurisdicción es incompetente para conocer las pretensiones relativas a la responsabilidad de los administradores societarios fundada en la omisión o incumplimiento de los deberes societarios. Lo que lleva a la sala a concluir que dicho mecanismo probatorio fue aplicado de manera indebida por el Juzgador a quo, no constando constar datos (no suministrados por la demandante) que permitan aplicar el mismo efecto pero en base a otros hechos que pudieran poner de manifiesto la concurrencia de fraude. Se cuestiona en el Voto Particular la absolución de los recurrentes pues la falta de competencia de la jurisdicción social para conocer de la responsabilidad de las personas físicas demandadas debería extenderse a las cuatro personas físicas implicadas y condenadas.
Resumen: Se desestima el recurso de casación en el que la cuestión a dilucidar ya ha sido objeto de examen y decisión por esta misma Sala y Sección, en concreto, en la reciente sentencia 1458/2021, de 13 de diciembre, dictada en el recurso 7863/2020, en todo punto idéntico al presente, lo cual impone seguir la doctrina ya establecida en base al principio de unidad de doctrina, ahora reforzado con la actual regulación del recurso de casación, así como en los de igualdad en la aplicación e interpretación de la Ley. A la vista de los anteriores razonamientos contenidos en dicha sentencia, la respuesta a la cuestión en la que se apreció interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, debidamente referida a la concreta resolución administrativa originariamente impugnada, ha de ser que la solicitud de protección internacional implica la suspensión del procedimiento de expulsión por estancia irregular (art. 53.1.a) LOEx) que pudiera afectar al solicitante hasta que la Administración dicte una inicial resolución de desestimación o inadmisión de aquella solicitud.
