Resumen: Se cuestiona si un contrato de interinidad por vacante se nova como indefinido no fijo, cuando no se ha convocado ningún proceso selectivo para su cobertura. La demandante suscribió tres contratos de interinidad por vacante que se han sucedido en el tiempo sin solución de continuidad y solicita que se declare el carácter indefinido de su relación laboral por haber excedido el plazo de tres años a que se refiere el art. 70 del EBEP. La resolución exige atenerse criterio establecido en la STS de 28 de junio 2021, rcud. 3263/2019, dictada a raíz de la STJUE de 3 de junio de 2021, asunto C- 726/19. El TJUE admite la utilización de los contratos de interinidad por vacante hasta la finalización del proceso de cobertura siempre que se respete un plazo cierto para la finalización del proceso, sin que restricciones presupuestarias justifiquen su incierta prolongación en el tiempo. En la STS de 28 de junio de 2021 se argumenta que el contrato de interinidad por vacante cubre temporalmente un puesto de trabajo durante el proceso de selección o promoción para su cobertura definitiva, y mientras eso no ocurra constituye un único contrato. Aun cuando el contrato de trabajo de interinidad por vacante haya cumplido los requisitos del art. 4.1 y 2.b RD 2720/1998 los procesos selectivos no deberán durar más de tres años a contar desde la suscripción del contrato de interinidad, de suerte que si así sucediera estaríamos en presencia de una duración injustificadamente larga.
Resumen: Se cuestiona si debe calificarse como indefinida no fija la relación laboral de la trabajadora que viene prestando servicios para la Comunidad de Madrid desde el año 2003, al amparo de un contrato de interinidad por vacante. La resolución del recurso exige atenerse al criterio establecido en la sentencia del Pleno de la Sala IV de 28 de junio 2021, rcud. 3263/2019, dictada a raíz de la STJUE de 3 de junio de 2021, asunto C- 726/19 que admite la utilización de los contratos de interinidad por vacante hasta la finalización del proceso de cobertura de la plaza, pero condiciona su validez al requisito de que se respete un plazo cierto para la convocatoria y finalización de tal proceso. En la STS de 28 de junio 2021, se expresó la nueva doctrina de la Sala IV al respecto. Así, cuando el mantenimiento de modo permanente de un empleado público en la plaza vacante se deba al incumplimiento por parte del empleador de su obligación legal de organizar un proceso selectivo la plaza vacante ha de ser considerada como fraudulenta; y en consecuencia, procede considerar que el personal interino que ocupaba la plaza vacante debe ser considerado como indefinido no fijo. En cumplimiento de tales exigencias esta Sala estima que, salvo muy contadas y limitadas excepciones, los procesos selectivos no deberán durar más de tres años a contar desde la suscripción del contrato de interinidad, de suerte que si así sucediera estaríamos en presencia de una duración injustificadamente larga.
Resumen: La Sala estima el recurso, revoca la sentencia de instancia, y estima la demanda, dejando sin efecto la sanción impuesta sobre la pensión de jubilación, porque el porcentaje de jornada para el que el recurrente contrató al trabajador es muy reducido, pero dicha circunstancia en absoluto resulta incompatible con las exigencias legales para el acceso a la jubilación activa plena, que solo impone tener contratado a un trabajador por cuenta ajena, sin requerir que dicha contratación sea a tiempo completo o con un porcentaje mínimo de jornada, por lo que, donde la ley no distingue no puede hacerlo el intérprete.
Resumen: Los acuerdos de imposición de sanción motivan adecuadamente la concurrencia del elemento subjetivo del injusto sancionado, calificando de intencionado el artificio consistente en simular un menor precio en la venta de inmuebles mediante la consecutiva simulación de préstamo y de compraventa de participaciones sociales, ocultándose o distorsionándose hechos imponibles y sujetos pasivos, de tal forma que la sociedad vendedora de los activos ("Balcells") autoliquida (u obtiene indebidamente devoluciones) cuotas de IS e IVA inferiores a las procedentes, en función del real precio de la compraventa celebrada, y sus socios autoliquidan su imposición (IS, IRPF, respectivamente) por la obtención de ganancias patrimoniales que no son tales, sino obtención de utilidades por su condición de socios, ahorrando a la vez las retenciones correspondientes. Todo ello, en sintonía con la doctrina jurisprudencial a que se ha hecho referencia, que, sin aceptar una suerte de automatismo incompatible con principios elementales inspiradores del ejercicio de la potestad sancionadora, parte de la obviedad de encerrar, como regla general, la simulación ocultación y dolo, justo lo que aquí ha ocurrido, razonándolo en debido modo la recurrida al disponerse a sancionar. Procede, por cuanto se ha expuesto, la desestimación del recurso interpuesto.
Resumen: La falta de los requisitos de forma en la notificación no conduce a la nulidad, como tampoco lo hace el despido sin causa o fraudulento.
Resumen: ABOGADOS TURNOS DE OFICIO: libertad sindical. Denegación de la solicitud de depósito de los estatutos del sindicato "Red de Abogados" por no acreditar los promotores estar sujetos a una relación laboral, o relación de carácter administrativo o estatutario al servicio de las Administraciones Públicas. La Sala de lo social de la Audiencia Nacional desestimó la demanda y confirmó la resolución de la Dirección General de Trabajo que denegaba el depósito. Recurrida la sentencia en casación, se confirma la sentencia de instancia por no haber aportado los recurrentes ningún elemento fáctico que acredite la relación de carácter administrativo al servicio de la administración pública que recogen sus estatutos.
Resumen: El actor recurre la sentencia del Juzgado de lo Social, que rechaza la existencia de despido por falta de acción, al estar acreditada la suspensión del contrato de puesta a disposición por fuerza mayor, por la paralización total la actividad de la empresa usuaria de handling aeroportuario, durante la pandemia. La Sala de lo Social desestima el recurso, aceptando la falta de acción, toda vez que la usuaria ha hecho uso de la suspensión de contrato prevista en el art. 45 del Convenio estatal de ETT, que establece como causa válida de paralización del contrato, la suspensión total o parcial de la actividad de la empresa usuaria.
Resumen: la cuestión en la que se entiende que existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia es si se ha producido o no, en el caso examinado, una utilización abusiva de los nombramientos de personal estatutario eventual ex artículo 9.3 Estatuto Marco del Personal Estatutario y, en el caso de que se constate ese uso abusivo, cuáles deben ser las consecuencias que se anudan en dicha declaración de abuso.
Resumen: Se estima parcialmente el recurso interpuesto contra el requerimiento previo formulado contra el acuerdo del Consejo de Ministros que resuelve el procedimiento de determinación y repercusión de responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea en asunto Comisión/Reino de España, relativo a la ejecución de la sentencia de 14 de abril de 2011 Comisión/Reino de España, en asunto C-343/10 , en materia de recogida y tratamiento de aguas residuales. La estimación parcial del recurso lo es en el sentido de declarar que la deuda exigible a la Administración recurrente ha de limitarse a los conceptos establecidos en el Real Decreto 515/2013, sin que puedan incluirse otros conceptos como el recargo de apremio a que se refiere la impugnación, por lo que procede declarar la nulidad del recargo de apremio, con la devolución de su importe y los intereses legales desde la fecha en la que se efectuó la compensación. Se desestima en lo demás, en concreto, en cuanto a la extemporaneidad del acuerdo de inicio del procedimiento de repercusión respecto de la Comunidad Autónoma de Galicia, por ser plazo relativo a la tramitación del procedimiento y no un plazo de prescripción de la correspondiente acción de repercusión. Y niega la responsabilidad de la Administración Local, cuando se trata de obras hidráulicas cuya planificación, programación, proyecto, construcción y explotación viene atribuida a la competencia de la Comunidad Autónoma mediante la entidad de Aguas de Galicia.
Resumen: La cuestión suscitada centra en determinar si el demandante mantiene una relación indefinida no fija con la Junta de Andalucía, al haber transcurrido más de tres años desde su contratación de interinidad en plaza vacante (en abril de 2011), y que es cesado con efectos de 30-11-2016 con motivo de la adjudicación de la plaza. La sala de suplicación calificó la relación de indefinida por superar el plazo de 3 años del art. 70 EBEP, y derecho a indemnización de 20 días de salario por año de servicio. Dicho parecer es compartido por el TS que rectificando la doctrina anterior a la luz de la STJE de 3/6/21 (Asunto C-726/19), desestima el recurso de la Junta de Andalucía. Tras indicar que la STJUE citada no contiene la interpretación correcta de la legislación que se ha dado en las sentencias de la Sala IV previas, concluye, abandonando el criterio anterior, que las normas presupuestarias que paralizaron la contratación en la Administración no justifican la inactividad administrativa, dado que la consolidación de empleo temporal no supone un incremento del gasto al no crearse plazas nuevas. Y la vinculación de las partes mediante contrato de interinidad por vacante durante un plazo superior a 3 años debe conducir a calificar la relación de indefinida no fija. Asimismo se confirma el derecho a la indemnización de 20 días por año trabajado, debido a la cobertura de la plaza que ocupaba en calidad de trabajador indefinido no fijo.
