Resumen: Se recurre sentencia que desestima la pretensión de que se deje sin efecto la resolución del SPEE en que se le sanciona con la extinción de la prestación de desempleo y el reintegro de lo indebidamente percibido. La Sala lo estima no sin antes repasar la jurisprudencia sobre el fraude de ley y las pruebas indirectas, en concreto las presunciones: 1. El fraude de Ley no se presume y que ha de ser acreditado por el que lo invoca. 2. El fraude de Ley sí podrá acreditarse su existencia mediante pruebas directas o indirectas, admitiéndose entre estas últimas a las presunciones, que necesariamente habrán de extraerse de hechos que aparezcan como probados. La sentencia en la que se aplique deberá incluir el razonamiento en virtud del cual el tribunal ha establecido la presunción. 3. El fraude de ley es una conducta intencional de utilización desviada de una norma del ordenamiento jurídico para la cobertura de un resultado antijurídico. La pluralidad de indicios acreditados lleva a la Sala a enunciar que el mero cumplimiento de los requisitos formales no impide que, ante la dificultad para la Administración de obtener pruebas directas, pueda basar su pretensión en indicios conducen a la conclusión de que el contrato celebrado únicamente perseguía situar al trabajador en condiciones para el percibo de la prestación por desempleo, finalidad que, prohibida por la norma, por su carácter fraudulento no impide la aplicación de la misma.
Resumen: Declara el TS que si bien la validez del matrimonio queda sujeta a la correspondiente valoración por la jurisdicción civil y con ello del alcance de la actuación fraudulenta denunciada en su caso; sin embargo, no excluye ni impide el ejercicio de las facultades que la normativa en materia de extranjería atribuye a la Administración competente para resolver sobre el reconocimiento de los derechos de los interesados, en este caso la obtención de tarjeta de residencia temporal de familiar de ciudadano comunitario. Partiendo de esta premisa, la respuesta a la cuestión de interés casacional planteada se concreta en declarar que resulta factible proceder a la extinción, constante el matrimonio, de la autorización de residencia temporal de familiar de residente comunitario, expedida a favor de cónyuge, en los supuestos en los que, como consecuencia de actividad administrativa de carácter investigador y siguiendo el correspondiente procedimiento, quepa presumir la existencia de un matrimonio simulado o celebrado en fraude de ley, no obstante encontrarse éste inscrito en el Registro Civil, sin que ello suponga un pronunciamiento sobre la validez del matrimonio ni la exactitud registral, que ha de platearse, en su caso, en el correspondiente procedimiento ante la jurisdicción civil competente.
Resumen: El TS examina el recurso formulado por la Federación de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado, contra la D.A. 7ª del R. D. 139/2020, de 28 de enero; la D.F. del Real Decreto 452/2020, de 10 de marzo; la D.F. 1ª del Real Decreto 500/2020, de 28 de abril; la D.F. 5ª del R. D. 495/20, de 28 de abril, así como contra los reales decretos que traen causa de aquella, dictados por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública. El reproche es la infracción del principio de profesionalización de los órganos directivos de la Administración General del Estado, la falta de motivación de las disposiciones en la aplicación a la excepción de dicho principio y la nulidad del nombramiento de determinadas Direcciones Generales por haberse dictado prescindiendo del procedimiento legalmente establecido. La Sala tras examinar las coberturas de distintas Direcciones y recordar la doctrina sobre la excepcionalidad del nombramiento de Director General no funcionario y el control jurisdiccional de la discrecionalidad, por todas, SSTS de 19-2-2013 y de 21-3-2002 (rec. 1060/2000), prevista tanto en la actual regulación, art. 66.2 de la Ley 40/2015, como en la precedente, art. 18.2 de la LOFAGE, acuerda la inadmisión del recurso por falta de legitimación activa de la Federación respecto algunos de los Reales Decretos examinados, y estima el recurso contra la D.A. 7ª del RD 139/2020, así como la nulidad del inciso 2 e) y 1.1 del citado R.D.
Resumen: Se desestima el recurso de apelación interpuesto confirmando la sentencia desestimatoria de la instancia y, con ello,la desestimación presunta de la solicitud presentada por el recurrente, funcionario interino del cuerpo de docentes, de indemnización laboral por finalización de relación laboral de carácter indefinido por su vínculo con la administración pública. Se desestima el recurso en la instancia al declarar que el cese de la relación del recurrente con la administración se produjo tras desactivarse éste, de forma voluntaria de la bolsa de trabajo al no cumplir con los requisitos establecidos legalmente para prestar servicios en régimen de interinidad y no siéndole por ello adjudicado destino,en el curso 2017-2018, al no cumplir con los requisitos legalmente establecidos,en concreto, no contar con el título de capacitación del valenciano. Se desestima con carácter previo la solicitud de aplicación del silencio positivo,al no estar previsto normativamente un procedimiento singular para alcanzar el efecto jurídico solicitado, así como la del doble silencio, al haber contestado la administración, aún de forma extemporánea, a las solicitudes presentadas.Se desestima igualmente, la pretensíón de fondo suscitada sobre fraude en la contratación y abuso cometido por los sucesivos llamamientos desde 1992 hasta el curso 2017/2018, con algunas interrupciones hasta que finalmente el que el propio recurrente se desactivó de la bolsa de trabajo de forma voluntaria.
Resumen: Dominio público hidráulico. Prescripción de sanción y obligación de indemnizar los daños producidos al dominio público. Inexistencia de abuso de derecho o fraude de ley, por el hecho de haber abierto sucesivamente tres expedientes sancionadores que han caducado, doctrina y jurisprudencia. Prescripción inexistente para reclamar indemnización por daños y perjuicios al dominio público, plazo de quince años que no ha transcurrido. Cuantía de la indemnización, que la Sala considera acreditada a los hechos constatados, según el medidor volumétrico asociado al sondeo explotado sin autorización.
Resumen: Por el Juzgado de primera instancia se dicta sentencia desestimando la acción de desahucio por precario, por considerar que se ha utilizado este procedimiento en el caso en fraude de Ley. Recurrida en apelación por el Tribunal se estima el recurso y se condena al desahucio por precario, porque el hecho de que no se haya utilizado el procedimiento de ejecución hipotecaria para el desalojo de los deudores hipotecarios ejecutados no impide la aplicación en la ejecución del precario las normas establecidas en el art. 1.1 de la Ley 1/2013 de protección de los deudores hipotecarios si se dan los supuestos de vulnerabilidad, pues en caso de fraude de ley la consecuencia es precisamente la aplicación de la norma que fraudulentamente se pretende aplicar, que en el caso serían las medidas de protección de los deudores hipotecarios.
Resumen: El trabajador fue contratado por relación laboral ordinaria con la categoría de director general. A los veinte días se le despide. La sentencia del juzgado desestima la demanda apreciando inadecuación de procedimiento. La Sala estima el recurso y aprecia que la relación es de alta dirección pese a lo que consta en el contrato apreciando fraude de ley con el fin de evitar el pago de la indemnización, pues el despido carecía de causa alguna en caso de desistimiento resolviendo además que no existió inadecuación de procedimiento pues el actor accionó por despido. Por tanto estima la demanda reconociendole la indmenización por desistimiento empresarial y falta de preaviso y además los intereses moratorios del Código Civil.
Resumen: Considera la Sala Tercera del TS que el mantenimiento desde el año 2003 de una relación estatutaria de servicio como personal eventual, en el sentido de la legislación sobre el empleo público en la Administración sanitaria, constituye una situación objetivamente abusiva a efectos de la cláusula 5 del Acuerdo Marco. Se declara el derecho a la subsistencia de la relación de empleo -con los correspondientes derechos profesionales y económicos- hasta que la Administración cumpla debidamente lo dispuesto por el art. 10.1 del Estatuto Básico del Empleado Público y el derecho a reclamar la responsabilidad patrimonial de la Administración con arreglo a las normas generales de ésta. Recuerda la Sala que el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado expresamente que "la cláusula 5 del Acuerdo Marco no impone a los Estados miembros una obligación general de transformar en contratos por tiempo indefinido los contratos de trabajo de duración determinada". Tampoco lo permite la legislación española. Finalmente, considera que la promoción interna de los funcionarios de carrera no corresponde a quienes están ligados a la Administración por una relación estatutaria de servicio de carácter no fijo.
Resumen: Recurso contra las resoluciones desestimatorias de los recursos de reposición interpuestos contra la Orden de 22 de noviembre de 2019 por la que se convoca proceso selectivo para el ingreso, por el turno de acceso libre y promoción interna, en el cuerpo facultativo superior, escala de ciencias en la especialidad de biología, de la Administración de la C.A. de Galicia. Se discute la naturaleza funcionarial de las plazas ofertadas, lo que se rechaza porque ninguna norma exige, que las plazas creadas al amparo de la disposición transitoria 14ª del Decreto Legislativo 1/2008, se configuren con naturaleza laboral y sean ofertadas con ese carácter en el proceso de consolidación. Se alega la ilegalidad de la convocatoria por no ofertarse las plazas vacantes sin ocupante previamente en un concurso de traslados. Se rechaza, porque al tiempo de la convocatoria de éste no se pueden determinar los concretos puestos de trabajo que estarán vacantes al tiempo de la resolución. Alega la parte actora que resulta improcedente que las plazas de personal público temporal de larga duración, objeto de abuso incompatible con la Directiva 1999/70/CE, sean convocadas a procesos selectivos. A lo anterior se argumenta que la aplicación de la normativa española impide hacer empleado público fijo quien no haya superado un proceso selectivo para obtener un nombramiento en propiedad.
Resumen: Función Pública. Carrera horizontal interinos. De conformidad con la sentencia de 30 de noviembre de 2021 (recurso de casación 6302/2018 ) el interino que permanece en puesto de trabajo, no procede convertir la relación de personal interino en indefinida. También precisa la sentencia que, las circunstancias del caso de autos son diferentes pues no solo no ha habido cese de los recurrentes, sino que han sido convocadas oposiciones a las que han concurrido los recurrentes que, por razones varias, no obtuvieron plaza fija. Ello no ha sido óbice para que la Administración hiciera o mantuviera un nombramiento como interino. Constituye hecho notorio que las Administraciones consideran un mérito para integrarse en la bolsa de interinos el haber superado algún ejercicio de oposiciones.
