Resumen: En ejecución de sentencia firme de despido nulo de trabajador indefinido no fijo discontinuo, se debate en la sentencia anotada si procede el devengo de salarios de tramitación durante el periodo en el que el trabajador está en inactividad, así como la cuestión relativa al momento en el que deben determinarse los salarios dejados de percibir, si en la vía declarativa o en ejecución de sentencia, y, finalmente, si la ejecución de sentencia es trámite oportuno para solventar el devengo de aquellos salarios, aunque la cuestión no se hubiese planteado en el procedimiento declarativo. Y el TS, estima parcialmente el recurso deducido por la ejecutada frente a la sentencia que confirmó en su integridad el auto dictado en ejecución. Razona al respecto que el proceso de ejecución en vía idónea para cuantificar los salarios dejados de percibir en los periodos que concurren entre la fecha del despido y la readmisión, no pudiendo entenderse intuidos aquellos en los que no existió actividad (los que están fuera del curso escolar), como es el caso. Sentado lo anterior, señala que no es admisible cerrar los salarios de tramitación a la fecha de la readmisión, sino que deben extenderse hasta la fecha de notificación de la sentencia, porque este extremo no fue combatido por la demanda y se aquietó con tal pronunciamiento.
Resumen: Se cuestiona si la trabajadora, que presta servicios al amparo de un contrato de interinidad por vacante, al que antecedieron otros contratos de interinidad por sustitución y por obra, tiene derecho a adquirir la condición de indefinida no fija y el 16 de marzo de 2009 suscribió un contrato para la cobertura de vacante todavía vigente. La resolución exige atenerse al criterio de la sentencia de 28 de junio 2021, rcud. 3263/2019, dictada a raíz de la STJUE de 3 de junio de 2021, asunto C- 726/19. El TJUE admite la utilización de los contratos de interinidad por vacante hasta la finalización del proceso de cobertura pero condiciona su validez a que se respete un plazo cierto. En la STS de 28 de junio de 2021, se manifiesta que el contrato de interinidad por vacante puede celebrarse para cubrir temporalmente un puesto de trabajo durante el proceso para su cobertura definitiva y se extiende hasta que la plaza vacante sea cubierta por el procedimiento legal o reglamentariamente establecido, pero no puede admitirse que el desarrollo de estos procesos pueda dejarse al arbitrio del ente público empleador y para evitarlo, la STJUE de 3 de junio de 2021 indica la necesidad de realizar una interpretación conforme con el Acuerdo Marco, y así, salvo muy limitadas excepciones, los procesos selectivos no deberán durar más de tres años a contar desde la suscripción del contrato de interinidad, de suerte que si así sucediera estaríamos en presencia de una duración injustificadamente larga.
Resumen: Se cuestiona si la demandante tiene la condición de indefinida no fija. Recurre la demandante, denunciando la infracción del art. 70 del EBEP. La sentencia del Pleno de la Sala Social del TS de 28 de junio de 2021, recurso 3263/2019, ha rectificado la doctrina jurisprudencial sobre los contratos de interinidad por vacante, de conformidad con la sentencia del TJUE de 3 de junio de 2021, C-726/19. Aun cuando se haya identificado la plaza, cuya cobertura legal o reglamentaria se pretende, el mantenimiento de modo permanente de un empleado público en una plaza vacante que se deba al incumplimiento por parte del empleador de su obligación legal de organizar un proceso selectivo para proveer definitivamente la plaza, ha de ser considerada como fraudulenta; y, en consecuencia, procede considerar que el personal interino que la ocupaba debe ser considerado como indefinido no fijo. En la presente litis, la actora ha prestado servicios para la Xunta de Galicia para cubrir temporalmente un puesto de trabajo durante el proceso de selección o promoción para su cobertura definitiva, desde el 1 de octubre de 2011, sin que en la fecha de presentación de la demanda solicitando que se le declare indefinida no fija, el 9 de julio de 2019, la Administración pública hubiera realizado actividad alguna tendente a la cobertura reglamentaria de su plaza. No se ha acreditado la existencia de circunstancia que pueda justificar la inactividad de la Administración durante tan amplio período de tiempo.
Resumen: Remisión a la sentencia 261/2022, de 1 de marzo, dictada en el recurso de casación 4304/2020. La fecha de referencia para determinar el régimen jurídico aplicable a la potestad de comprobación de la Administración sobre ejercicios prescritos no es la de las actuaciones de comprobación o inspección, sino la fecha en que tuvieron lugar los actos, operaciones y circunstancias que se comprueban. Al resultar aplicable la LGT de 1963, la Administración no puede comprobar los actos, operaciones y circunstancias que tuvieron lugar en ejercicios tributarios prescritos, anteriores a la entrada en vigor de la LGT de 2003, con la finalidad de extender sus efectos a ejercicios no prescritos. En el periodo que media entre la entrada en vigor de la LGT actual y su reforma de 2015 (Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificación parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria) era posible aplicar el principio de imprescriptibilidad de las actuaciones de comprobación.
Resumen: Remisión parcial a la sentencia 261/2022, de 1 de marzo, dictada en el recurso de casación 4304/2020. La fecha de referencia para determinar el régimen jurídico aplicable a la potestad de comprobación de la Administración sobre ejercicios prescritos no es la de las actuaciones de comprobación o inspección, sino la fecha en que tuvieron lugar los actos, operaciones y circunstancias que se comprueban. Al resultar aplicable la LGT de 1963, la Administración no puede comprobar los actos, operaciones y circunstancias que tuvieron lugar en ejercicios tributarios prescritos, anteriores a la entrada en vigor de la LGT de 2003, con la finalidad de extender sus efectos a ejercicios no prescritos. En el periodo que media entre la entrada en vigor de la LGT actual y su reforma de 2015 (Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificación parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria) era posible aplicar el principio de imprescriptibilidad de las actuaciones de comprobación.
Resumen: La trabajadora demandante, que ha venido prestando sus servicios laborales como limpiadora para la empresa que tenia adjudicada la contrata de un local, impugna su cese al haberle comunicado la empresa para la que prestaba sus servicios que que los mismos fueron adjudicados a otra empresa , empresa que comunicó a la demandante que no se subrogaría en ella. La empresa principal cerró el centro donde prestaba sus servicios la actora y traslado su actividad a otro centro de trabajado contratando la limpieza con otra empresa. Por el Juzgado de lo Social se estima la demanda se declara el despido de la actora improcedente y se condena a la empresa para la que venía prestando sus servicios. Recurre en suplicación la empresa condenada , recurso que es desestimado. Se argumenta por la Sala que no es posible la subrogación convencional pues el centro de trabajo donde prestaba la actividad fue cerrado por la empresa principal y trasladó su actividad a otro centro por lo que ya no operaría la subrogación convencional. También desestima la Sala la alegación de fraude y la existencia de grupo empresarial .
Resumen: El artículo 1 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas , aprobado por Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, interpretado a la luz del artículo 7.e) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, no infringe el principio de reserva de ley al condicionar el disfrute de la exención a la real efectiva desvinculación del trabajador con la empresa ni al establecer la presunción de de que no se da dicha desvinculación cuando en los tres años siguientes al despido o cese, el trabajador vuelva a prestar servicios a la misma empresa. A efectos de disfrutar de la exención, la "real efectiva desvinculación del trabajador con la empresa" comporta que, tras su despido o cese, no vuelva a prestar servicios a la empresa que, directa o indirectamente, guarden relación con las responsabilidades anteriores asumidas, correspondiendo la prueba de tales circunstancias a quien fuera trabajador de la misma."
Resumen: Facultades de comprobación de la Administración respecto de partidas procedentes de ejercicios prescritos, en este caso, fondo de comercio. La fecha de referencia para determinar la norma aplicable y para aplicar las facultades de comprobación de la Administración sobre ejercicios prescritos no es la que se corresponde con las actuaciones de comprobación o inspección sino la fecha del ejercicio en que aflora y se declara el fondo de comercio de cuya amortización se trata. Prohibición de comprobar y recalificar negocios jurídicos realizados en ejercicios prescritos que produzcan efectos en ejercicios no prescritos, respecto del período anterior a la vigencia de la LGT del 2003. Aplicación del principio de imprescriptibilidad en el periodo que media entre la entrada en vigor de la LGT actual y de la Norma Foral General Tributaria de Guipúzcoa y, respectivamente, su reforma de 2015 y de 2017. Remisión a la sentencia de 5 de febrero de 2015, (recurso de casación nº. 4075/2013). Voto particular.
Resumen: Facultades de comprobación de la Administración respecto de partidas procedentes de ejercicios prescritos, en este caso, fondo de comercio. La fecha de referencia para determinar la LGT aplicable y para aplicar las facultades de comprobación de la Administración sobre ejercicios prescritos no es la que se corresponde con las actuaciones de comprobación o inspección sino la fecha del ejercicio en que aflora y se declara el fondo de comercio de cuya amortización se trata. Prohibición de comprobar y recalificar negocios jurídicos realizados en ejercicios prescritos que produzcan efectos en ejercicios no prescritos, respecto del período anterior a la vigencia de la LGT del 2003. Aplicación del principio de imprescriptibilidad en el periodo que media entre la entrada en vigor de la LGT actual y su reforma de 2015. Remisión a la sentencia de 5 de febrero de 2015, (recurso de casación nº. 4075/2013). Voto particular.
Resumen: El trabajador demandante viene prestando sus servicios laborales con un contrato de relevo, impugna su cese por entender que su contratación lo ha sido en fraude de ley y por lo tanto la relación labora indefinida y su cese un despido. Entiende también que el despido debe de calificado de nulo por vulneración del derecho a la garantía de indemnidad. Por el Juzgado de lo Social se desestima la demanda e interpuesto recurso de Suplicación es desestimado por la Sala. Se argumenta por la Sala que no ha existido fraude por el hecho que el contrato de relevo hubiera durado menos de dos años, pues en ente caso la obligación del empresario es contratar a otro trabajador relevista pero no que el contrato se convierta en indefinido. En cuanto a la petición que se declare la nulidad del despido por vulneración del derecho a la garantía de indemnidad, se desestima puesto que el empleador ha acreditado que la decisión de extinguir la relación laboral estaba justificada y no respondía a represalia alguna.
