Resumen: Prueba suficiente de la existencia de relación laboral entre el trabajador y la empresa demandante. En efecto, cuando se analizan los hechos e indicios recogidos en el acta de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, tras la visita girada a las instalaciones de la empresa Bocado Gourmet Premium SL, el 28 de febrero de 2018, se puede concluir que no aparece referencia alguna al trabajador, más allá de que no se encontraba en las instalaciones el día de la visita. La empresa aportaba en sede administrativa documentación acreditativa de la contratación de dicho trabajador, mediante la modalidad de un contrato para la formación y el aprendizaje, para la actividad laboral de comercial, justificativa de su ausencia en el centro de trabajo el día de la visita de la inspección, al desarrollar parte de su actividad laboral fuera de la empresa. Asimismo, la parte demandante prueba el mantenimiento de dicha relación laboral, desde el año 2016, mediante la aportación de las correspondientes nóminas y sus correlativos justificantes de pago, como la declaración testifical del trabajador, Adolfo, a presencia judicial, acreditando la existencia de la relación laboral negada por parte de la TGSS.
Resumen: La sentencia de instancia desestima la demanda de despido interpuesta por el trabajador. Se considera que el contrato para obra o servicio determinado, fijo de obra, no es un contrato en fraude de ley y que la comunicación de extinción de la relación laboral por finalización de la obra es ajustada a derecho. Frente a la misma se interpone recurso de suplicación por el trabajador que se desestima. En primer lugar la sala desestima los motivos sobre revisión de hechos probados. En cuanto a los motivos de denuncia jurídica, comparte el criterio de instancia que el contrato de trabajo temporal para obra o servicio no lo ha sido en fraude al identificar la obra y es un contrato que se ajusta a la previsiones del convenio de la construcción , que es el de aplicación. Y por el hecho de haber prestado ocasionalmente sus servicios en un obra distinta no por ello es un contrato fraudulento como tampoco lo es cuando con el mutua acuerdo de las partes se produjo una novación contractual. Por último desestima la sala, compartiendo el criterio de instancia, que se hubiera vulnerado el derecho a la libertad sindical, pues ningún indicio había aportado la parte de tal vulneración para que opere la inversión en la carga de la prueba, entendiendo que comunicación del cese es ajustado a derecho al haberse concluido prácticamente los trabajos que como gruista venía realizando, sin que tuviera preferencia alguna por el hecho de ser delegado sindical.
Resumen: La Sala estima el recurso contencioso administrativo interpuesto y declara contrario a derecho acuerdo municipal de suspensión de licencias incluido en el acuerdo de la aprobación inicial de la Modificación del Plan General de Ordenación Urbana referente a los usos de hospedaje .Si la suspensión deriva de la aprobación inicial de una revisión del plan, por regla general la suspensión deviene obligatoria. Pero para evitar abusos en su utilización, la legislación urbanística establece unos límites temporales expresos para el uso sucesivo de las facultades de suspensión, y la jurisprudencia deduce unos límites materiales relativos a la identidad de situaciones sobre las que debe proyectarse la innovación.Nada impide optar por esta técnica normativa. Pero al acometer esta tarea antes del transcurso del plazo de 5 años, el Ayuntamiento debe soportar la carga de no ver suspendidas las licencias. Acometiendo una nueva reforma de la regulación de un mismo ámbito en menos de 5 años desde la anterior suspensión, debe acometer la modificación sin limitar el derecho de los interesados a obtener las licencias conforme a la normativa vigente. Lo contrario supondría que cualquier nueva iniciativa en un determinado ámbito de regulación prolongase sin límite la suspensión de licencias, lo que resulta contrario a la regla contenida en el art. 85.5 LSU.
Resumen: Ejercitado la acción de desahucio por precario sobre una vivienda contra ignorados ocupantes el demandado invoca por su condición de deudor hipotecario la inadecuación de procedimiento. Se diferencia cuando quien insta la acción es la adjudicataria de la vivienda en el proceso de ejecución hipotecaria dado que debe peticionar en tales trámites el lanzamiento, no resultando adecuado el desahucio por precario; frente a los supuestos en que el demandante es un tercera persona adquirente de tal vivienda fuera de tal proceso de ejecución y no interviniente en el mismo donde resulta adecuado el desahucio para obtener el lanzamiento del ocupante del inmueble. En el caso, sólo consta por una nota simple registral que la demandante adquiere por título de aportación, pero no se sabe exactamente de quien. Por tanto, no puede establecerse la condición entre la acreedora hipotecaria y la actual propietaria y se desconoce si se ha seguido o no proceso de ejecución hipotecaria que fácilmente pudo aportar la parte que alega la excepción procedimental por lo que no se vulnera el principio de distribución de la carga de la prueba y se estima el desahucio por carecer de titulo.
Resumen: El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación interpuesto por la Federación Estatal de Servicios Movilidad y Consumo de UGT (FESMC-UGT) contra la sentencia de la Audiencia Nacional (SAN 48/2023, de 18 de abril), que había rechazado la demanda del sindicato impugnando un acuerdo entre CTT Express y CCOO. El sindicato solicitaba la nulidad de dicho acuerdo y la aplicación del II Acuerdo General para las empresas de transporte de mercancías por carretera a los trabajadores de la empresa, pero el Tribunal Supremo confirma que el acuerdo impugnado no constituye un descuelgue del convenio colectivo regulado en el artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores, sino una negociación sobre un convenio extraestatutario, y descarta la infracción normativa alegada por el sindicato.
Resumen: Tras la sucesión de empresa, el convenio colectivo que en el momento de la transmisión fuera de aplicación a la entidad económica transferida, debiéndose mantener esta aplicación hasta la fecha de expiración de ese convenio colectivo o hasta que entre en vigor otro convenio colectivo "nuevo" que resulte de aplicación a la entidad económica transferida. Expirada la vigencia de dicho convenio, por la publicación del nuevo convenio colectivo el 30 de octubre de 2023, precisamente, por aplicación del mismo precepto del Estatuto de los Trabajadores, ya no procede su aplicación ante un supuesto de subrogación de empresas anterior a la vigencia del nuevo convenio que se postula en demanda. Por lo tanto la obligación empresarial de cumplir con las obligaciones establecidas en el Convenio Colectivo del sector de Minoristas de Alimentación de aplicación al momento de la subrogación, se mantiene durante todo el periodo de vigencia del dicho convenio, pero no después de la expiración de tal vigencia acontecida con la publicación de un posterior y nuevo convenio colectivo para ese sector. La empresa demandada se opone a tal pretensión entendiendo que al personal afectado por el conflicto no le corresponde percibir los salarios actualizados y por consiguiente los atrasos previstos en el nuevo convenio colectivo del sector de Minoristas de Alimentación, al no resultar el mismo de aplicación.
Resumen: Tras analizar la Sala las Sentencias del TJUE y del TS así como las normas españolas se desestima la pretensión de que la relación de servicios temporal pueda transformarse, en los casos de abuso en su utilización, en indefinida así como la indemnización pretendida con carácter subsidiario.
Resumen: Aplicando la doctrina del TJUE y la jurisprudencia del TS desestima la Sala el recurso y no reconoce la transformación en relación funcionarial similar a la de carrera de un supuesto de abuso de nombramientos de naturaleza temporal ni tampoco indemnización alguna.
Resumen: Reitera la trabajadora la improcedente extinción de su contrato temporal suscrito en fraude de ley (alegato que ya no mantiene en trámite de recurso); reclamando la nulidad de su despido, no habiéndose procedido a su renovación por causa de la situación de baja médica por accidente laboral en la que se encontraba. Partiendo de la regularidad de un contrato suscrito por incremento de la producción en cuyo contexto la comisión de seguimiento del convenio colectivo propuso la prórroga de los contratos eventuales que tenía concertados hasta el límite de los 12 meses previsto por sus negociadores (medida que no afectó a todos los contratos suscritos en la fase de lanzamiento del nuevo modelo de turismo), se advierte que de los 46 trabajadores concernidos 15 terminaron su relación laboral a los 6 meses, 13 seguían contratados en la fecha de sentencia, 4 fueron posteriormente contratados para otra actividad distinta y 5 finalizaron antes de los 6 meses. Contexto en el que cabe apreciar discriminación ni causa de nulidad para calificar el fin del contrato litigioso por razón de enfermedad. Sin que esta conslución se vea enervada por la Doctrina Comunitaria que se cita sobre la discapacidad pues ni la empresa era conocedora de la duración previsible de la situación de baja médica de la recurrente ni la causa del fin de su relación laboral fue esa baja médica, sino la llegada a término de su contrato temporal eventual.
Resumen: Podemos extraer las siguientes consideraciones de la jurisprudencia expuesta: i) la regla general es la personalidad independiente de las sociedades, pero, de forma excepcional, se permite entrar al substrato de la persona jurídica para evitar fraudes que perjudiquen los derechos de terceros; ii) para poder aplicar la doctrina del levantamiento del velo es necesario que la parte actora ( art. 217.2 LEC) ponga de manifiesto circunstancias que evidencien de forma clara el abuso de la personalidad de la sociedad; iii) estas circunstancias se tienen que poner en relación con el caso concreto planteado como fundamento del levantamiento del velo, pues cada supuesto tiene sus propios presupuestos y consecuencias jurídicas; iv) ha habido una evolución en la valoración del concepto de fraude como presupuesto del levantamiento del velo hacia posiciones más objetivas, admitiendo dicho fraude cuando "las partes tienen o deben haber tenido un conocimiento del daño irrogado que determina la elusión de sus propias responsabilidades personales y, entre estas, el pago de las deudas" ,sin que se pueda exigir a la parte actora que acredite la existencia de un acuerdo de voluntades defraudatorio.
