Resumen: La controversia suscitada radica en determinar si las aportaciones empresariales a un Plan de Pensiones, suspendidas desde enero de 2014 a junio de 2017, reclamadas por la parte actora, se someten a la prescripción de un año previsto en el art. 59 ET -como resuelve la Sala de Suplicación-, o al plazo de cinco años del art. 43 LGSS, como defiende el recurrente. La Sala IV pone de relieve los diversos pronunciamientos sobre la cuestión de fondo -reclamación de aportaciones en aquel periodo - centrados en el tenor de la cláusula II.C del Acuerdo de 27/12/2013 y que lleva a concluir que solamente los trabajadores en activo de Liberbank SA que se jubilen o sean despedidos colectiva u objetivamente en el citado periodo temporal, tendrán derecho a percibir esa cantidad. Seguidamente, recuerda la naturaleza salarial de los planes de aportación. Finalmente concluye, con remisión a pronunciamientos previos, con la ineficacia del análisis de la excepción de prescripción dado que el demandante quedó excluido del plan de recuperación en tanto en cuanto se prejubiló antes del inicio del período de suspensión, por lo que carece de derecho a reclamar las aportaciones suspendidas a partir del 1 de enero de 2014 y, a su vez, esto causa como efecto que quede vacía de contenido la alegada prescripción de la acción de reclamación en cuestión por ese período.
Resumen: La Consejería demandante formula procedimiento de oficio al objeto de que se declare la nulidad del acuerdo suscrito entre la empresa y el representante de los trabajadores en el marco de un expediente de regulación de empleo. La Sala, tras desestimar la excepción de falta de litisconsorcio pasivo necesario opuesta por la representación de los trabajadores, no aprecia ausencia de buena fue en las partes ni falta de legitimidad en los representantes que negociaron el acuerdo, y desestima la demanda.
Resumen: CONFLICTO COLECTIVO: La cuestión a resolver en el recurso de casación ordinaria pasa por determinar si es nulo o, subsidiariamente improcedente, el acuerdo de MSCT alcanzado el 18 de noviembre de 2020 destinado a atemperar o reducir las consecuencias del despido colectivo acordado (16.07.2020), cuando el acuerdo de MSCT se alcanzó durante el periodo de consultas del despido colectivo y la MSCT se vinculó al mismo. La Sala de casación desestima el recurso porque considera que es posible acordar medidas concomitantes a los despidos colectivos, entre ellas, novaciones y modificaciones de los términos contractuales y condiciones de trabajo (Reitera docrina: STS 27 de enero de 2015, Rec 28/2014; STS 21 de mayo de 2015, Rec 231/2014; STS 29 de septiembre 2015, Rec.77/2015)
Resumen: Parece un claro indicio de vulneración del derecho de libertad sindical el que se incluyera a casi todos los representantes de los trabajadores en el ERTE de noviembre en un clima de conflictividad laboral, justo antes del comienzo de la aplicación del ERE, ya que independientemente de que hubieran solicitado la aplicación universal de las medidas de suspensión a toda la plantilla, debemos hacer una interpretación favorable a la vigencia del derecho fundamental.
Resumen: Recurre la empresa su condena por despido nulo al considerar que su decisión extintiva se amparaba en los distintos acuerdos colectivos suscritos con la RLT, dirigidos a promover el empleo y el rejuvenecimiento de su plantilla; por lo que no puede considerarse que se haya producido discriminación alguna por razón de la edad (en su selección de los trabajadores afectados por el ERE). En respuesta a dicha cuestión se remite la Sala al criterio sustentado en el pronunciamiento que cita del Alto Tribunal que, en conjugada referencia a la sentencia que reseña del Tribunal Constitucional y de las Directivas Comunitarias relacionadas en su argumentación, le llevan a concluir (en contra de lo resuelto en la instancia en el sentido de entender que las medidas compensatorias del empleo no resultan adecuadas ni proporcionadas) que si bien es cierto que de acudirse a la indemnización legal que correspondería a la actora, de haber sido destinataria de un despido objetivo, ascendería ésta a un importe tomado legalmente en función de su antigüedad; al estar incluida en el ERE litigioso se le ha indemnizado con una cantidad muy superior a la legal (a lo que se añade la concurrente circunstancia de haberse suscrito un Convenio Especial). En definitiva (se concluye) dada la sustancial mejora en la indemnización concedida se considera justificada la extinción del contrato; vinculada a un ERE fruto de lo acordado colectivamente (entre otros) por el Sindicato al que está afiliada la reclamante.
Resumen: La sentencia anotada, recaída en casación ordinaria, confirma el fallo combatido que desestimó íntegramente las demandas de conflicto colectivo en materia de impugnación de modificación sustancial de condiciones de trabajo, movilidad geográfica, y vulneración de derechos fundamentales deducidas por AST y SB frente a UGT, CC.OO y Zara España SA, entre otros. El TS, hace suyas las argumentaciones de la Sala de origen, y tras descartar diversas infracciones procesales en lo que atañe a la prueba documental y testifical, así como a la fase de conclusiones desarrollada en el acto de la vista, confirma la falta de representatividad de los sindicatos recurrentes para su inclusión en la comisión representativa. Sentado lo anterior, recala en el Acuerdo de 26-10-2020 como consecuencia del plan de transformación digital y el concepto de tienda integrada, así como su influencia en el posterior alcanzado (17-12-20) y sobre el que se pronunció en TS 6-6-23 (r. 237/21), para concluir que no puede apreciarse mala fe negocial ni incumplimiento del deber de información empresarial durante las consultas en las que se efectuaron propuestas y contrapropuestas mutuas, quedando acreditada la concurrencia y acreditación de las causas organizativas y productivas alegadas, siendo el procedimiento seguido el adecuado sin que exista necesidad de acudir al procedimiento de conflicto colectivo.
Resumen: El trabajador demandante se vio afectado por un despido colectivo adoptado en el marco de un expediente de regulación de empleo. En la demanda impugna ese despido alegando que vulnera el principio de no discriminación, derivado de la condición de persona que había disfrutado permiso de paternidad y se encontraba dentro de los doce meses siguientes al nacimiento. La sentencia del Juzgado de lo Social desestima la demanda. La Sala, al analizar el recurso de suplicación del demandante, concluye que el despido violó el derecho a la no discriminación del demandante y lo declara nulo, con lo que revoca la sentencia recurrida.
Resumen: La cuestión suscitada se centra en determinar si procede declarar la nulidad o improcedencia del despido individual del demandante, en el marco de un despido colectivo sin acuerdo, negociado con los 14 trabajadores de forma conjunta, por defectos durante el periodo de consultas, consistentes en la falta de entrega de la documentación y de comunicación a la autoridad laboral a su inicio, falta de cumplimiento de los plazos exigibles entre reuniones y falta de aportación de propuestas que disminuyan el impacto de los despidos. La Sala IV confirma la desestimación de la demanda siguiendo el criterio establecido en supuesto idéntico. Se valora que todos los trabajadores se negaron a designar una comisión ad hoc para la negociación del convenio colectivo, decidiendo hacerlo todos con la empresa en el proceso negociador. Eso, además, se produjo el día en que fueron convocados a tal efecto. Se aplica la doctrina de la STJUE de 5 de junio de 2023 (Asunto C-496/22), que señala que no se opone a una normativa nacional que, en caso de falta de representantes de los trabajadores, no obliga al empresario a informar y consultar individualmente a cada trabajador afectado de forma que si resulta que la negociación tuvo lugar con todos los trabajadores y la empresa la aceptó, no es posible que ahora se le quiera obligar a cumplir con unas exigencias legales que ellos mismos no han querido asumir. A mayor abundamiento, se estima que en la negociación no se ha incurrido en infracción alguna.
Resumen: Se cuestiona si la jubilación anticipada originada en un expediente de despido colectivo y movilidad geográfica, en el que se acoge a una medida de baja indemnizada por no aceptar la movilidad, puede calificarse de voluntaria, y si procede o no el reconocimiento del derecho al complemento de maternidad del padre solicitante. Para la sentencia apuntada partiendo de los términos literales del art. 207 LGSS en la fecha del hecho causante y de sus STS 22 de junio de 2022 (rcud. 1073/2020), 14 de noviembre de 2023 (rcud 3387/2022), 31 de mayo de 2023, (rcud. 2766/2022); así como del Auto TC 114/2018, de 20 de noviembre (rec. 3307/2018) resuelve que la jubilación anticipada reconocida, consecuente a una movilidad geográfica no aceptada, aun en el seno de un procedimiento colectivo de reestructuración de empresa, no puede calificarse como involuntaria a los efectos exigidos por el art. 60 de la LGSS en la redacción vigente a la sazón y, consecuencia de ello, el demandante no resulta acreedor del derecho al complemento de pensión peticionado, pues carece de un requisito exigible en el momento del hecho causante.
Resumen: La cuestión que se plantea en la sentencia anotada es si la demanda de impugnación de despido colectivo presentada por la Confederación Sindical Independiente FETICO estaba caducada, como apreció la sentencia recurrida. En el caso, tras finalizar sin acuerdo el periodo de consultas, la empresa Cedex comunicó el 28-11-2022 a la representación de los trabajadores su decisión de proceder al despido colectivo de los 19 trabajadores a su servicio. El 23-2-2023 se presenta la demanda ante el TSJ/Madrid, si bien, previamente, se había presentado en el JS que dictó auto notificado el 22-2-2023 advirtiendo de la competencia del TSJ. En la demanda ante el TSJ no se aporta ningún documento justificativo de la tramitación del procedimiento previo al actual. El TS confirma la declarada caducidad de la acción. Razona al respecto que es a la parte actora a quien incumbía la carga de la prueba, sin que el órgano jurisdiccional pueda suplir la falta de diligencia e inactividad de la parte accionante, que se limita en la demanda a designar los autos del JS, pero sin aportar documento alguno. Así las cosas, no se ha vulnerado el art. 24.1 de la CE, ni el art.265.2 de la LECv, porque no nos hallamos ante un supuesto en el que la parte no pudiera disponer del documento en el momento de la presentación de la demanda. Tampoco se ha vulnerado el art. 26.4 de la L 18/2011, aplicable por razones temporales. Se desestima el recurso y confirma la caducidad de la acción.
