Resumen: Tras analizar la doctrina del Tribunal Constitucional y la jurisprudencia del Tribunal Supremo se considera procedente la impugnación indirecta de las Bases de la Convocatoria de un procedimiento de estabilización ( Ley 20-2021 ) por lesiva del derecho fundamental a acceder al empleo público ya que la puntuación otorgada a los méritos en la propia Administración resultaban desproporcionados y contrarios al principio de acceso en condiciones de igualdad del art. 23 CE; tampoco se aplica la doctrina del tercero de buena fe por lo anterior y porque se trataba de una plaza de estabilización que no puede implicar el incremento del gasto mediante la creación de otras plazas.
Resumen: Tras analizar la doctrina del TJUE y la jurisprudencia del Tribunal Supremo se estima en parte el recurso y se califica como abusivos los nombramientos interinos pero no se accede ni a que la relación de servicios se convierta en funcionarial de carrera ni que se reconozca una relación similar a esta última ni se reconoce indemnización análoga a las previstas para la contratación temporal laboral por el cese
Resumen: Desestima la Sala el recurso y no accede a que las plazas no cubiertas en promoción interna acrezcan a las del turno libre y lo hace tras analizar las normas de aplicación, las bases no impugnadas y que difieren de la solución adoptada en otro proceso y tras considerar que el turno libre y la promoción interna en este caso han seguido procesos independientes.
Resumen: El TSJ de Castilla y León (Sección Tercera) resuelve un incidente de ejecución derivado de sentencia firme que anuló parcialmente la Orden EDU110/2020 sobre acceso al Cuerpo de Catedráticos de Enseñanza Secundaria, ordenando retrotraer actuaciones y recalcular puntuaciones excluyendo un criterio indebido. El promotor, profesor de tecnología, acredita haber obtenido tras la rectificación una puntuación superior a la de aspirantes nombrados. La Sala declara su derecho a ser integrado en el Cuerpo con efectos retroactivos administrativos y económicos, al considerar que la ejecución debe garantizar la efectividad de la sentencia y los principios de mérito, capacidad y no discriminación (arts. 24 y 118 CE, art. 18 LOPJ, arts. 103 y ss. LJCA). Se impone a la Administración el cumplimiento estricto de la resolución judicial, evitando arbitrariedad y trato desigual. Se condena en costas a la Administración y se advierte sobre recurso de reposición en cinco días.
Resumen: La sentencia del Juzgado de lo Social n.º 7 de Bilbao se centra en la declaración de improcedencia del despido notificado el 2 de agosto de 2024, con efectos del 31 de julio de 2024, mientras el trabajador, dedicado al alquiler de trasteros, se encontraba en situación de incapacidad temporal (IT) por trastorno de ansiedad. La parte recurrente solicitaba la nulidad del despido por discriminación por razón de enfermedad, argumentando que la causa del despido era su estado de salud, lo que la empresa no logró probar. El JS reconoció la improcedencia del despido, pero no concluyó que la enfermedad fuera la causa del mismo. En el análisis del recurso, el TSJ mayoritariamente, concluyó que la empresa no había demostrado la disminución del rendimiento laboral alegada como motivo del despido, y que la situación de IT del trabajador, junto con la falta de prueba de la causa invocada, justificaba la nulidad del despido por discriminación. Por lo tanto, se estima parcialmente el recurso, declarando nulo el despido y ordenando la readmisión del trabajador, así como el abono de salarios dejados de percibir y una indemnización de 7501 euros por daños y perjuicios. El voto particular discrepa sobre la calificación de nulidad del despido, argumentando que no se acreditaron las circunstancias necesarias para tal declaración.
Resumen: Aplicando la jurisprudencia del Tribunal Supremo considera la Sala que el abuso de la temporalidad en los nombramientos de empleados públicos no provoca la aplicación de los mismos derechos y obligaciones de una relación funcionarial de carrera sino el mantenimiento en el puesto en tanto se amortiza o cubre reglamentariamente; y tampoco reconoce un derecho a la indemnización si no se acreditan daños y perjuicios concretos.
Resumen: Se ha denegado el subsidio de desempleo a empleada de hogar por no haber cotizado a la Seguridad Social por esta contingencia. Partiendo de la sentencia TJUE 24/02/22, C-389/2020, asunto CJ contra TGSS, se reconoce el derecho reclamado porque ha de admitirse la eficacia directa del derecho protegido pese a que el sistema no permitía cotizar por esta contingencia porque no sólo "el órgano jurisdiccional nacional debe dejar sin aplicar toda disposición nacional discriminatoria, sin solicitar o esperar su previa derogación por el legislador, y debe aplicar a los miembros del grupo desfavorecido el mismo régimen del que disfruten las personas incluidas en la otra categoría" sino que "semejante obligación incumbe, por lo demás, no sólo a los órganos jurisdiccionales nacionales, sino también a todos los órganos del Estado, incluidas las autoridades administrativas nacionales encargadas de aplicar ese régimen.
Resumen: La sentencia del Juzgado de lo Social n.º 11 de Bilbao declara la nulidad del despido de la parte actora, quien había sido contratada temporalmente para sustituir a otra trabajadora en situación de incapacidad temporal. La sentencia de instancia había declarado el despido como nulo, argumentando que la trabajadora se encontraba en situación de incapacidad temporal en el momento de la extinción del contrato y que había estado más tiempo de baja que trabajando, lo que generaba indicios de discriminación. Sin embargo, el TSJ considera al estudiar el recurso de suplicación de la empresa que la renuncia de la trabajadora a su contrato indefinido fue voluntaria y que la extinción del contrato temporal se produjo en la fecha de reincorporación de la trabajadora sustituida, lo que era previsible desde el inicio del contrato. Por lo tanto, concluye que no se puede calificar el despido como nulo, ya que las incapacidades temporales no están relacionadas con la decisión de la empresa. En consecuencia, el TSJ estima el recurso de suplicación, revoca la sentencia impugnada y declara el despido como improcedente, fijando la indemnización correspondiente.
Resumen: Aplicando la doctrina del TJUE y la jurisprudencia del Tribunal Supremo estima parcialmente la Sala el recurso y reconoce el abuso en la utilización de la inerinidad pero no la consideración como funcionaria de carrera de la recurrente, ni su equiparación con los derechos y obligaciones de los funcionarios de carrera ni la indemnización pretendida.
Resumen: La administración debió requerir al recurrente para que subsanara el defecto advertido en la documentación que acreditaba el mérito oportunamente alegado, puesto que el procedimiento de subsanación y mejora previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo es aplicable los procesos selectivos al no haberlo hecho así, debe estimarse este motivo de impugnación y anularse la resolución recurrida en este concreto aspecto.
Respecto de la acreditación de nivel de idioma extranjero en el recurso de alzada se alegó la incorrección de la adecuación efectuada por la administración, pero en la demanda nada se argumenta al respecto dejando huérfana de razonamiento la alegación del motivo de impugnación, por lo ante la esencia de documentos la Sala ha de remitirse a lo resuelto por la administración.
La estimación del recurso supone que la migración requiera de subsanación respecto de la documentación relativa al título académico otorgando al recurrente la puntuación que proceda e integrando al mismo en el lugar que corresponde en el proceso selectivo con las consecuencias que se deriven de dicha integración sin que ello pueda suponer alterar el resultado de las plaza selectivas respecto de la estación consolidada de aquellos que obtuvieron plazo, que no se ven modificados por el resultado de la sentencia
