Resumen: La Audiencia declara la competencia del juzgado civil frente al mercantil para conocer de la demanda de desahucio contra una sociedad cuyo concurso de acreedores había concluido dos años antes de presentarse la demanda. En los supuestos de competencia entre órganos del mismo orden jurisdiccional por la materia la legislación procesal no dice nada de forma expresa, por lo que ha de aplicarse la normativa relativa a los trámites de la competencia territorial.
Resumen: La solicitud inicial del proceso monitorio se dirigió contra la deudora principal y contra su administradora y garante solidaria, cada una de ellas con domicilio en un término judicial diferente. Como resultó que ninguna de las dos lo tenía en el territorio correspondiente al juzgado que conoció de la solicitud, se inhibió éste, previa audiencia de la acreedora y del Ministerio Fiscal, al partido judicial correspondiente al domicilio de la garante solidaria. El nuevo juzgado al que se turnó el asunto rechaza la inhibición por entender que el primer juzgado debió archivar la solicitud, y plantea conflicto negativo de competencia. La Audiencia Provincial recuerda que la pluralidad de deudores no puede impedir la admisión de la demanda monitoria y el correspondiente requerimiento de pago; en estos casos, el criterio general de la ley es que la demanda podrá presentarse ante cualquiera de ellos, a elección del demandante. Ello no obstante, considera la Audiencia que en este caso lo procedente será el archivo de las actuaciones con devolución al acreedor de la documentación aportada para que, si ello interesa a su derecho, pueda iniciarlo de nuevo en el lugar que considere oportuno o acudir directamente al proceso declarativo.
Resumen: La demanda tiene por objeto la reclamación de cantidades indebidamente percibidas por una entidad financiera española en el marco de un contrato de gestión de una cuenta de valores, de modo que el hecho de que la demandante tenga su domicilio en el territorio de otro estado de la unión europea no permite cuestionar la jurisdicción de los tribunales españoles. Sentado lo anterior, puesto que se trata de un juicio ordinario y la competencia territorial no viene fijada por reglas imperativas, el juzgado al que correspondió el conocimiento del asunto no estaba facultado para examinar su competencia territorial; sólo podría cuestionar de oficio su competencia e inhibirse en virtud de declinatoria.
Resumen: Puesto que la demanda versa sobre una reclamación de cantidad derivada de un contrato de préstamo rige el fuero imperativo del domicilio del demandado. Ocurre que ni el domicilio proporcionado por la entidad acreedora era real, ni tampoco resultó serlo el que, radicado en otro partido judicial, se obtuvo de la consulta del padrón, pues se trataba de un simple punto de referencia asignado por los servicios sociales a personas sin recursos. En tales circunstancias, siendo razonable suponer que el paradero actual del demandado debe estar en la ciudad en la que mantuvo contacto con los servicios sociales o en su entorno, la Audiencia Provincial resuelve el conflicto negativo declarando que la competencia para conocer del asunto corresponde al juzgado de esa población, en la que es más probable que se halle actualmente el demandado.
Resumen: La Audiencia considera que no hay causa de culpabilidad del concurso de persona física por alzamiento de bienes. Este consistía, según la tesis de la Administración concursal en la ocultación de la titularidad del 5% del capital social de una sociedad y una rebaja en el sueldo y dedicación profesional para evitar el cumplimiento forzoso de sus obligaciones (embargos). El alzamiento de bienes concursal tiene mayor alcance que la figura penal. No está jurídicamente limitada en el tiempo y precisa de la clandestinidad en su realización. No consta una ocultación voluntaria de su condición de socio ni es causa de culpabilidad la reducción de carga laboral y salario, aunque se presuma que pudiera estar cobrando salario sin declarar. Desparecida esta causa de culpabilidad desaparece la condición de cómplice del administrador de aquella sociedad. Sí mantiene el retraso en la solicitud del concurso, pues la existencia de créditos vencidos, líquidos y exigibles no pagados con anterioridad a la presentación del concurso es un dato que evidencia su insolvencia muy anterior a la solicitud.
Resumen: El juzgado al que correspondió inicialmente la demanda de juicio ordinario de reclamación de cantidad se inhibió de oficio en favor de los juzgados correspondientes al domicilio de la entidad demandada. El juzgado al que se reparte de nuevo el asunto plantea conflicto negativo de competencia territorial porque no es de aplicación ningún fuero imperativo que determine su competencia. La Audiencia Provincial resuelve el conflicto negativo conforme a la doctrina jurisprudencial que recuerda que,así como la competencia objetiva y la funcional son presupuestos procesales susceptibles de ser controlados de oficio por parte del órgano judicial, para que pueda tener lugar la apreciación de oficio de la falta de competencia territorial es preciso que la misma venga fijada por reglas imperativas, lo que no es el caso.
Resumen: En cuestión de competencia territorial, la Sala valora que la acción ejercitada es de carácter personal (reclamación de cantidad por pago de deuda derivada de contrato), por lo que el fuero competencia es el general, y que tal fuero tiene carácter dispositivo cuando se trata de procedimientos tramitados por como juicio ordinario, pero se torna en imperativo cuando, como en éste caso, se trata de un juicio verbal, en el que no cabe sumisión y es posible la inhibición de oficio. En el caso de autos, uno de los dos domicilios que constan como posibles no era el domicilio real al tiempo de la interposición de la demanda, pues en diligencia se hace constar que aparecen moradores diferentes a la demandada en la dirección que en algún momento anterior correspondió a esta. Por ello, en definitiva, y con un criterio de oportunidad procesal, habida cuenta de que el único domicilio oficial conocido y no descartado como vigente al tiempo de la interposición de la demanda es el otro, procede considerar provisionalmente competente al Juzgado del lugar.
Resumen: Acordadas las medidas reguladoras de la crisis convivencial, la demanda actual tiene como pretensión principal la privación de la patria potestad. Al tiempo de resolver sobre la competencia para conocer de tal acción, la Sala valora que no es propiamente una modificación de medidas adoptadas sobre guarda y custodia de los hijos comunes, sino que va más allá, y en la demanda no se solicita cambiar medidas judiciales previas, sino algo bien diferente, que es la privación de la patria potestad. Aún siendo cierto que ello repercute sobre las previsiones sobre el derecho de visita, sólo es una consecuencia derivada. Por tanto, no hay fundamento para que sobre tal cuestión tenga preferencia el criterio funcional de competencia frente al territorial y, siendo claro que la demandante ha optado por presentar la demanda en el Juzgado donde residen los hijos menores de edad, éste por tanto es el competente para la tramitación del asunto.
Resumen: La Ley Orgánica del Poder Judicial establece una competencia especial en relación con los delitos de violencia sobre la mujer determinando la misma no en función del lugar de comisión de los presuntos hechos delictivos, sino en el de residencia de la víctima, y ello sobre cualquier ámbito territorial, incluidas las causas en las que se instruye la posible comisión de delitos que han ocurrido una parte en otro país fuera de España y un segundo elenco en territorio nacional. Si la víctima en la fecha de interposición de la denuncia reside desde hace tiempo en nuestro país, esa competencia corresponde al Juzgado de Violencia sobre la mujer del lugar donde ha fijado su domicilio, y no a la Audiencia Nacional. Delitos de Violencia de Género numerosos, reiterados, y graves sobre los que existen un cúmulo de indicios que aconsejan la adopción de la medida cautelar de prisión provisional, única con la que puede garantizarse la seguridad de la víctima.
Resumen: Confirma la sentencia del Juez Penal que absuelve a dos acusados y condena a otros dos como autores responsables de tres delitos contra la Hacienda Pública, por defraudación en el impuesto de sociedades durante tres ejercicios diferentes, y a uno de ellos además como autor de otro delito contra la Hacienda Pública por defraudación del IVA correspondiente a un ejercicio anual. Sociedad dedicada a la promoción y venta inmobiliaria, cuyo administrador, con el objeto de minorar las cuotas que correspondía ingresar en concepto de Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre el Valor Añadido, simula gastos que añade a los reales, con los que disminuye el beneficio realmente obtenido, e incrementa el importe de IVA soportado para reducir la cantidad a ingresar de las cantidades recaudadas a cuenta de dicho tributo. Delito contra la Hacienda Pública. Plazos de prescripción del delito y su cómputo. Prescripción administrativa y prescripción penal. La prescripción del derecho de la Administración a reclamar la deuda tributaria no afecta a aquellas deudas tributarias que, por su montante, constituyan delito fiscal. Determinación de la cuota defraudada. Valoración de los informes periciales acogidos por el Juez Penal. Dilaciones procesales indebidas como atenuante muy cualificada y con efectos de rebaja de la pena en un grado respecto de ambos condenados. Individualización de la pena.
