Resumen: En la demanda rectora del procedimiento se instaba la nulidad de la cláusula suelo inserta en un préstamo hipotecario, así como el acuerdo posterior sobre modificación del interés remuneratorio del préstamo y renuncia de acciones. La sentencia de primera instancia estimó la demanda y la audiencia confirmó. Recurre en casación el banco demandado y la sala estima en parte su recurso. En primer lugar, considera que el acuerdo novatorio por el que se redujo la cláusula suelo del 3,75% al 2,50% supera el control de transparencia; ello es así porque los demandantes ya eran entonces conscientes de la existencia de una cláusula suelo, que esta era potencialmente nula y de la incidencia que había tenido en su préstamo en los meses anteriores, constando también la puesta a disposición de información gráfica sobre la evolución del índice a partir del cual se calcula el tipo de interés; se estima en este punto el recurso de casación. En segundo lugar, en lo relativo a la renuncia de acciones, la sala, de acuerdo con los últimos pronunciamientos del TJUE sobre la materia, considera que no supera el control de transparencia, pues se refiere a toda controversia que pueda surgir entre las partes, incluso las futuras; se desestima el recurso en este punto. Se declara la nulidad de la cláusula suelo inicial y la restitución de las cantidades indebidamente cobradas por aplicación de la misma. En consecuencia, se estima en parte la casación, lo que determina la estimación parcial de la demanda.
Resumen: En la instancia, el juzgador acuerda abstenerse del conocimiento de la demanda reconvencional en lo relativo a la acción de nulidad de la cláusula suelo y examinar la nulidad de la cláusula de vencimiento anticipado y acuerda remitir los autos, en lo concerniente a la cláusula suelo al juzgado que estima competente, por tener atribuido el conocimiento de las cláusulas suelo. Éste plantea un conflicto de competencia. La Audiencia estima que en caso de considerarse incompetente por razón de la materia debió inadmitir la demanda reconvencional. Pero, en todo caso, el juzgado debe conocer de la reclamación porque tiene competencia, está obligado a examinar las cláusulas abusivas y, de no hacerlo, generaría indefensión a la demandada. El acuerdo del CGPJ se refiere a las acciones en las que se articula una pretensión propia.
Resumen: Señala la sentencia que, dado que en los presentes autos, respecto de la misma hipoteca ya se planteó en su día una demanda previa para instar la nulidad de la cláusula suelo de la que conoció otro juzgado, no es de recibo fraccionar la hipoteca en tantas demandas como cláusulas nulas contenga la misma; puesto que ello es contrario a la buena fe procesal que ha de regir la actuación de cualquier parte ante un órgano judicial. La Sala se pronuncia sobre el uso abusivo del proceso e indica que el ejercicio de los derechos también tiene sus límites. No hay derechos absolutos. Su ejercicio debe ser conforme con la propia finalidad de la norma que los ampara. Como válvulas de cierre del ordenamiento jurídico, hay dos importantes figuras, a saber: el abuso del derecho y el fraude. Se habla de un posible abuso de derecho cuando se utiliza un procedimiento judicial para obtener la declaración de nulidad de una cláusula no aplicada y probablemente no aplicable durante toda la vida del contrato, y todo ello con la única finalidad de obtener un pronunciamiento condenatorio en costas, siendo indiferente para la parte actora la decisión sobre la nulidad solicitada. El fin principal del proceso no puede ser el reembolso de los gastos del proceso, sería tanto como hacer un uso fraudulento del proceso. El interés económico del pleito no puede descansar solo en las costas, se produciría un efecto obstructivo en el normal funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, multiplicando su carga.
Resumen: La sentencia analizada resuelve recurso de apelación interpuesto contra la dictada en primera instancia, que desestimó la demanda presentada para solicitar la nulidad de la cláusula relativa al índice de referencia del tipo de interés/IRPH. El tribunal de apelación desestima el recurso y confirma la sentencia recurrida. Expone el tribunal la evolución jurisprudencial y los criterios a aplicar conforme a jurisprudencia consolidada, y los aplica al caso concreto considerando que la cláusula no es abusiva. Afirma el tribunal que, aunque la cláusula no supere el control de transparencia, no comporta desequilibrio alguno en perjuicio del consumidor, por lo que mantiene la validez de la cláusula a partir de un juicio sobre la abusividad intrínseca de la cláusula. Considera el tribunal que el índice de referencia es uno de los admitidos como oficiales y no es más gravoso que otros en cuanto a su propia formulación, al margen de que, en un momento dado, pueda resultar superior o inferior a los demás índices.
Resumen: La cláusula suelo se declara nula por abusiva, así como el pacto transaccional modificando este tipo y renunciando a las acciones que pudieran corresponder al prestatario. Estamos ante una condición general de la contratación, que, según el Alto Tribunal, es un elemento esencial del contrato, define el precio, pero ello no excluye la posibilidad de control de su abusividad, señalando que deben ser sometidas a un doble control de transparencia. El primer control es el de incorporación en el contrato, y el segundo es el de transparencia, que implica que el consumidor conozca con sencillez la carga "económica" del contrato y la carga "jurídica" del mismo. Y por último se requiere que causen un desequilibrio en el consumidor, a falta de definición, ha de proyectarse sobre el comportamiento que el consumidor medio puede esperar de quien legalmente compite en el mercado y que las condiciones que impone son aceptadas en un mercado libre, valorándose, en definitiva, si existe un reparto real de riesgos. Estamos ante una condición general impuesta, no negociada individualmente, y que debe ser declarada nula por abusiva. En cuanto al acuerdo transaccional, su validez dependerá de si ha existido o no negociación. Y en este caso no se ha demostrado que dicho acuerdo sea fruto de una previa negociación. No puede ser admitida la renuncia a la acción, no consta información precontractual a la firma de la novación que hiciera saber de forma clara al cliente la carga económica o jurídica.
Resumen: La verdadera finalidad del préstamo hipotecario fue la de destinar el importe obtenido a cancelar anteriores préstamos que tenía finalidad mercantil. De este modo, no puede afirmarse interviniera el recurrente en el contrato de préstamo como consumidor, quedando fuera de la órbita sobre el control de transparencia de las condiciones generales que contienen una cláusula suelo. El TS declaró que el demandante que ha celebrado un contrato para el ejercicio de una actividad profesional no actual, sino futura, no puede considerarse consumidor. La jurisprudencia interpreta el concepto de consumidor de una manera muy restrictiva, considera que el acto de consumo debe dirigirse a fines privados, lo adquirido debe destinarse al uso familiar o doméstico o las necesidades personales o familiares o al consumo privado de un individuo. El control de transparencia solo es aplicable a las condiciones generales incorporadas a contratos celebrados con consumidores, y los demandantes no celebraron el contrato como consumidores. La Directiva conecta la transparencia con el juicio de abusividad, la falta de transparencia trae consigo un desequilibrio sustancial en perjuicio del consumidor, consistente en la privación de la posibilidad de comparar entre las diferentes ofertas existentes en el mercado y de hacerse una representación fiel del impacto económico que le supondrá obtener la prestación objeto del contrato. El legislador no ha dado una especial protección al adherente no consumidor.
Resumen: La sentencia declara la nulidad, por abusiva, de la cláusula suelo, y del acuerdo privado posterior firmado entre las partes. Estamos ante una condición general de la contratación, que ha de revestir las siguientes notas, contractualidad, predisposición, imposición, y generalidad. Entiende el Alto Tribunal que las condiciones generales se pueden referir al objeto principal del contrato, al margen del grado del control judicial que de ellas sea posible. Y añade que ha de distinguirse que las condiciones sean conocidas a que sean impuestas, circunstancia que concurre aunque se de ofrezcan varias posibilidades con cláusulas predispuestas sin posibilidad de negociación. La inexistencia de imposición por existir negociación individual ha de ser probada por el empresario. La cláusula suelo es un elemento esencial del contrato, inherente al precio, lo que no excluye la posibilidad de control de su abusividad, deben ser sometidas a un doble control de trasparencia. La validez del acuerdo transaccional dependerá de si ha existido o no negociación. En el presente caso no se ha demostrado que el acuerdo sea fruto de una negociación previa. La información precontractual es la que permite realmente comparar ofertas y adoptar la decisión de contratar, la información rige en todas las fases contractuales, y no basta la mera lectura de la cláusula, ha de comprenderse la carga económica. No puede ser admitida la renuncia a la acción de reclamación, no consta información anterior ni coetánea.
Resumen: Sobre la problemática de la validez de los documentos privados de novación de cláusulas suelo el TS viene a decir en sus últimas resoluciones que es posible modificar la cláusula suelo del contrato originario, siempre que esta modificación hubiera sido negociada o, en su defecto, cuando se hubiera empleado una cláusula contractual predispuesta por el empresario en la contratación con un consumidor, esta última cláusula cumpla con las existencias de transparencia. El profesional debe suministrar información sobre la evolución en el pasado del índice en que se basa el cálculo del tipo aplicable, porque, mediante tal información, puede situarse al consumidor en condiciones de tomar conciencia, a la luz de las fluctuaciones pasadas, de la eventualidad de que no pueda beneficiarse de tipos interiores al suelo. En este caso la cláusula no está negociada individualmente, no supera el control de transparencia. La transcripción manuscrita de los prestatarios sobre la bajada del tipo no es suficiente para afirmar que el contrato fue objeto de negociación individual. El documento de novación no puede tener validez respecto de la renuncia expresa a ejercitar cualquier acción, no constan las liquidaciones y pagos realizados hasta la fecha, la renuncia a controversias futuras y a acciones judiciales basadas en los derechos reconocidos legalmente no vinculan al consumidor, la estipulación de renuncia abarca cuestiones ajenas a la controversia que subyace al pretendido acuerdo transaccional.
Resumen: El actor recurre el pronunciamiento de la sentencia relativo a la restitución sólo del 50% del gasto de gestoría. La doctrina jurisprudencial desarrollada por el TS respecto al gasto de gestoría, lo atribuía por iguales partes a la entidad financiadora y al consumidor financiado pues concluía estableciendo que "dado que, cuando se haya recurrido a los servicios de un gestor, las gestiones se realizan en interés o beneficio de ambas partes, el gasto generado por este concepto deberá ser sufragado por mitad". Este criterio debe ser revisado a la luz de la decisión adoptada por el TJUE, dice el Tribunal que en el caso de los gastos de gestoría, no existe norma legal o reglamentaria que atribuya su pago al prestamista o al prestatario. Como ninguna norma nacional establece a quién le corresponde el pago de los gastos de gestoría si la cláusula es declarada abusiva se debe reintegrar al consumidor la cantidad total abonada por este concepto junto con los intereses legales desde su pago pues no cabe negar al consumidor la devolución de las cantidades abonadas en virtud de esta cláusula. En relación a los gastos de tasación, siguiendo la misma doctrina del TJUE, debe interpretarse de la misma forma, en caso de nulidad de la cláusula que impone al consumidor el pago de la totalidad de los gastos de constitución de hipoteca, el juez nacional impondrá la devolución de los gastos de tasación a no ser que una norma de Derecho nacional diga lo contrario, lo que no ocurre en este caso.
Resumen: El acuerdo suscrito por las partes por el que se venían a estipular las condiciones para la eliminación de la cláusula suelo con renuncia de acciones constituye una transacción. El hecho de que el acuerdo alcanzado viniera precedido de una oferta de modificación del interés retributivo con cinco alternativas no conlleva que deba considerarse que fuera negociado de forma individualizada, aunque previamente la parte demandante hubiera interesado la modificación o supresión del tipo mínimo. El TJUE indica que la cláusula de un contrato celebrado entre un profesional y un consumidor, con el fin de modificar una cláusula potencialmente abusiva de un contrato anterior celebrado entre ambos o de determinar las consecuencias del carácter abusivo de la misma, no ha sido negociada individualmente y puede, en su caso, ser declarada abusiva. Además, es necesario comprobar, de oficio, que se han cumplido las exigencias de trasparencia en la transacción. Esto es, que los clientes consumidores, tal y como les fue presentada la transacción, estaban en condiciones de conocer las consecuencias económicas y jurídicas de su aceptación. En este caso no se puede concluir que a la suscripción del acuerdo se cumplieran los requisitos de transparencia material exigidos por la jurisprudencia respecto a las consecuencias de la renuncia de acciones. El texto de la oferta y del acuerdo no bastan para considerar que es transparente, no se explicaron las consecuencias jurídicas y económicas de la renuncia.
