Resumen: Reproducción de la doctrina de las STS de Pleno 44/2019, 46/2019, 47/2019, 48/2019 y 49/2019, que se recoge en STS la 457/2020. Carácter abusivo de las cláusulas de gastos en préstamos hipotecarios anteriores a la Ley 5/2019: de no existir la cláusula controvertida, el consumidor no tendría que pagar todos los gastos e impuestos de la operación, puesto que en virtud de las disposiciones de Derecho español aplicables no le corresponde al prestatario en todo caso el abono de la totalidad de esos gastos. Esas cláusulas implican un desequilibrio entre los derechos y las obligaciones de las partes. Efectos de la declaración de abusividad: a) Los gastos notariales de constitución del préstamo deben ser abonados por mitad por ambas partes, los de la escritura de cancelación por el prestatario y los de las copias por quien las solicite; b) Los gastos registrales de inscripción de la hipoteca deben ser abonados íntegramente por el prestamista y los de cancelación por el prestatario. La estimación del recurso de casación supone modificar la sentencia de apelación, en el único sentido de reducir la cantidad a devolver a la suma de 466,61 €.
Resumen: Acción de nulidad de condición general de imposición de gastos al consumidor en préstamo con garantía hipotecaria. Gastos de Notaría. Reproducción de la doctrina de la STS de Pleno 44/2019, 46/2019, 47/2019, 48/2019 y 49/2019, que se recoge en STS 457/2020. Carácter abusivo de las cláusulas de gastos en préstamos hipotecarios anteriores a la Ley 5/2019: de no existir la cláusula controvertida, el consumidor no tendría que pagar todos los gastos de la operación, puesto que en virtud de las disposiciones de Derecho español aplicables no le corresponde al prestatario en todo caso el abono de la totalidad de esos gastos. Esas cláusulas implican un desequilibrio entre los derechos y las obligaciones de las partes. Efectos de la declaración de abusividad: Los gastos notariales de constitución del préstamo deben ser abonados por mitad por ambas partes, los de la escritura de cancelación por el prestatario y los de las copias por quien las solicite.
Resumen: Resulta abusiva dada la ausencia de vinculación de su aplicación al contenido de la actuación concreta desarrollada ante el descubierto concurrente, no correspondencia con coste concreto alguno devengado y consecuente operatividad sobre su base como una nueva penalización de la situación de morosidad al tener que partirse que ya está dotada de su remedio específico como es propio en este ámbito de la contratación. Dado que para que las entidades puedan cobrar comisiones a sus clientes deben cumplirse dos requisitos: que retribuyan un servicio real prestado al cliente y que los gastos del servicio se hayan realizado efectivamente.
Resumen: Carácter de condición general de la cláusula que define el interés remuneratorio en un contrato de préstamo: es posible que una cláusula que afecta al objeto principal del contrato se haya incluido en el clausulado general y se configure como una condición general de la contratación; también es posible que una cláusula que recae sobre el objeto principal del contrato no haya sido objeto de negociación individual. Inexistencia de negociación individual. Control de abusividad: doctrina jurisprudencial del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Supremo. Control de trasparencia: un primer parámetro de transparencia vendría constituido por la publicación del IRPH en el Boletín Oficial del Estado; el segundo parámetro de transparencia es la información que la entidad prestamista facilitó al consumidor sobre la evolución pasada del índice; la declaración de falta de transparencia es condición necesaria, pero no suficiente, para la apreciación de la abusividad. Control de abusividad: desequilibrio importante entre los derechos y las obligaciones de las partes; este desequilibrio debe ser valorado en el momento de suscripción del contrato; lo que puede determinar la abusividad es la concurrencia de los dos parámetros a los que se refieren la Directiva y la legislación de consumidores: el desequilibrio importante y la mala fe. En el caso, razones por las que no concurren los dos parámetros determinantes de la abusividad.
Resumen: Reiteración de la jurisprudencia de la sala primera sobre la validez de la cláusula de interés variable referenciada al índice IRPH inserta en un préstamo hipotecario concertado con consumidores. Las sentencias de primera y segunda instancia declararon la nulidad de la cláusula por no superar el control de transparencia. Recurrida en casación la sentencia por el banco, la sala estima el recurso. En primer lugar, declara que, conforme a la doctrina de la sala, es posible que una cláusula que afecta al objeto principal del contrato se configure como una condición general de la contratación; en segundo lugar, reitera la jurisprudencia sobre los parámetros a tener en cuenta al examinar la cláusula litigiosa que son, en esencia, la publicación del IRPH en el BOE, que permite al consumidor conocer cómo se calcula el tipo medio y la información que la prestamista facilitó al consumidor sobre la evolución pasada del índice. Dadas estas condiciones, aunque en el caso de que la falta de información sobre la evolución en los dos años anteriores pudiera considerarse como no transparente, ello no determinaría la nulidad per se, sino la posibilidad de realizar el juicio de abusividad, es decir, si se trata de una cláusula que, en contra de las exigencias de la buena fe, causa, en perjuicio del consumidor y usuario, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato. No se aprecia mala fe ni desequilibrio importante entre las partes.
Resumen: Nulidad por abusivas de las cláusulas de un contrato de préstamo a interés variable relativas al índice IRPH. En primera instancia se estimó la demanda y declaró la nulidad de las cláusulas litigiosas. Consideró que la cláusula que referenciaba el interés variable del préstamo al índice IRPH no superaba el control de transparencia y ello acarreaba, por sí mismo, su nulidad. Ordenó la subsistencia del contrato sin interés remuneratorio. Recurrida en apelación, se desestimó el recurso y confirmó la sentencia de primera instancia, pues consideró que la cláusula no superaba el control de transparencia. Interpuesto recurso de casación, la Sala lo estima. Según STS de Pleno 596/2020 de 12 de noviembre es posible que la cláusula que define el interés remuneratorio en un contrato de préstamo se configure como una condición general de la contratación siempre que estén incorporadas a una pluralidad de contratos o destinadas a tal fin siendo carga del empresario la prueba de que fue negociada individualmente. Control de transparencia: la publicación del IRPH en el BOE y la información sobre la evolución del IRPH en el periodo inmediatamente anterior a la celebración del contrato facilitada por la entidad prestamista al consumidor. El efecto de la falta de transparencia de las cláusulas que definen el objeto principal del contrato no es su nulidad sino la posibilidad de realizar el juicio de abusividad. Control de abusividad: desequilibrio importante y mala fe.
Resumen: Se estima el recurso de la ejecutante, sin imposición de costas de la alzada, y se revoca el Auto apelado, acordando la validez de la cláusula sexta bis del contrato de crédito con garantía hipotecaria de objeto de autos y, en consecuencia, levantar el sobreseimiento acordado y continuar con la ejecución despachada, sin hacer imposición de costas. En el caso, entiende la Sala, en aplicación de la jurisprudencia sobre el concepto de consumidor, que la parte carece de la condición de consumidor, pues se trata de una sociedad mercantil, de forma que debe presumirse que estamos dentro del ámbito de aplicación de esa clase de operaciones. Tal y como anteriormente se señaló, la normativa española admite la posibilidad de que una sociedad pueda intervenir como particular y como consumidor, pero parte de una presunción legal, y es que el préstamo solicitado por una sociedad de naturaleza mercantil está destinado a su actividad social y, por tanto, no está bajo el ámbito de aplicación de la normativa de consumidores y usuarios. Al no haberse acreditado, o siquiera indicado, lo contrario, parte de la base de que es un préstamo hipotecario destinado a la actividad de la mercantil. Por ello, no puede aplicarse la normativa de consumidores, sin que quepa analizar el carácter abusivo de las cláusulas invocadas pues todas se fundamentan en la aplicación de la normativa citada. Y respecto a la persona física, no se prueba la condición de consumidor., actuando al margen de su profesión.
Resumen: Por el Juzgado se dicta sentencia en rebeldía estimando acción de reclamación de cantidad en cumplimiento de un contrato de préstamo con garantía hipotecaria, reclamando 53.747,34 € en concepto de capital debido, 4.831,39 € en concepto de intereses remuneratorios, y 2.026,42 € de intereses de demora, más los intereses que se devenguen hasta el completo pago, contra la Sociedad mercantil prestataria hipotecante y los cuatro fiadores, demandados. Recurrida en apelación por unos de los fiadores se desestima el recurso y se confirma la sentencia recurrida al desestimarse el motivo, relativo a la improcedencia de la declaración de rebeldía por no haberse agotado las diligencias anteriores a la notificación por edicto de la demanda, cuando la LAJ actuó con toda la diligencia, intentado la notificación por dos veces, investigo el domicilio y volvió a intentar notificar, y solo después notifica por edictos; en cuanto al resto de motivos, son cuestiones nuevas en apelación, pero no obstante se desestiman también, porque se refieren a la no aplicación de normas en defensa de consumidor, cuando la Sociedad Mercantil no puede contratar un crédito al consumo y los fiadores estaban íntimamente ligados a la Mercantil; y en cuanto a la impugnación del saldo, se desestima al no aportarse pericial contradictoria.
Resumen: Se desestima el recurso de la demandada y se confirma la sentencia apelada, que estima la demanda y declara la nulidad del contrato de tarjeta "revolving", viniendo obligada la actora en los términos que en esa misma resolución se fijan; se imponen a la demandada las costas de ambas instancias. En dicha sentencia apelada se consideraban usurarios los intereses, conforme a la jurisprudencia entonces existente, por ser el tipo aplicado notablemente superior al normal del dinero, habiendo una diferencia manifiestamente desproporcionada entre el tipo de interés fijado en la operación y el interés medio de los préstamos al consumo en la fecha de la contratación (9'823%). Recoge y aplica la Sala la jurisprudencia sobre los requisitos para que una operación crediticia pueda considerarse usuraria. El porcentaje a tomar en consideración para determinar si el interés es notablemente superior al normal del dinero es la TAE. Señala que aunque no puede apreciarse que el interés fijado en el caso del pago aplazado sea un interés notablemente superior al normal del dinero y que, por tanto, deba reputarse usurario, no puede decirse lo mismo en relación con el tipo de interés establecido para las disposiciones de efectivo cuando nos encontramos ante un incremento para dicha modalidad superior en más de 6 puntos respecto del tipo medio a considerar, por lo que tal interés es usurario y nulo el contrato. Sí entiende superado el control de incorporación.
Resumen: Se estima en parte el recurso de la entidad demandada y se deja sin efecto el pronunciamiento condenatorio de la misma a restituir las cantidades cobradas indebidamente en virtud de la cláusula de gastos declarada nula, con sus intereses legales, y a indemnizar los daños y perjuicios causados por aplicación de tal cláusula; también se estima la impugnación de la Asociación actora, dejando sin efecto lo acordado en el ulterior Auto rectificatorio; y no se imponen las costas de la alzada. Recuerda la Sala la jurisprudencia sobre la abusividad de las cláusulas que, en contratos de préstamo con consumidores, sin negociación y de manera predispuesta, les atribuyen indiscriminadamente el pago de todos los gastos que genera la operación y sobre el desequilibrio importante que se produce entre los derechos y las obligaciones de las partes. Y mantiene la consideración de que la cláusula de litis causa, en detrimento del consumidor, contrariamente a las exigencias de la buena fe, el aludido desequilibrio. Rechaza los motivos relativos a la falta de motivación e incongruencia omisiva, aplicando la jurisprudencia sobre la cuestión. Respecto a la acción de cesación (art. 12.2 LCGC), refiere que comporta la condena a eliminar las condiciones generales reputadas nulas, condena que repercute en los contratos ya perfeccionados. Entiende procedente la publicación en los términos acordados. E indica la jurisprudencia sobre el alcance del auto rectificatorio, apreciando extralimitación.
