Resumen: Préstamo hipotecario. Nulidad de cláusulas relativas a interés de demora, vencimiento anticipado, gastos a cargo del prestatario, comisión por reclamación de cuotas impagadas y cesión del crédito por abusivas. Costas. Principio de efectividad. En los litigios sobre cláusulas abusivas, si en virtud de la excepción a la regla general del vencimiento por la existencia de serias dudas de hecho o de derecho, el consumidor, pese a vencer en el litigio, tuviera que pagar íntegramente los gastos derivados de su defensa y representación, no se restablecería la situación de hecho y de derecho que se habría dado si no hubiera existido la cláusula abusiva y, por tanto, el consumidor no quedaría indemne pese a contar a su favor con una norma procesal nacional cuya regla general le eximiría de esos gastos, produciéndose un efecto disuasorio inverso, pues no se disuadiría a los bancos de incluir las cláusulas abusivas en los préstamos hipotecarios, sino que se disuadiría a los consumidores de promover litigios por cantidades moderadas. Pese a que la demanda solo es estimada en parte, procede condenar a la entidad financiera demandada al pago de las costas de primera instancia aunque los efectos restitutorios pretendidos por el por el demandante hayan quedado limitados.
Resumen: Se estima el recurso de casación frente a una sentencia que había revocado el pronunciamiento condenatorio en costas de la sentencia de primera instancia que estimaba íntegramente la demanda por apreciar dudas de derecho. Se reitera la jurisprudencia sobre esta materia. Al revocar el pronunciamiento condenatorio en costas, la resolución recurrida no respetó las exigencias derivadas de los arts. 6.1 y 7.1 de la Directiva 93/13/CEE y del principio de efectividad del Derecho de la UE, en los términos en que han sido interpretados por la jurisprudencia del TJUE y del TS. Por tal razón, revoca el pronunciamiento sobre costas de primera instancia contenido en la sentencia de la Audiencia Provincial y confirma la condena a la entidad financiera demandada al pago de tales costas procesales que se hizo en la sentencia dictada en primera instancia.
Resumen: Se resuelve sobre un contrato de dos productos, un préstamo mercantil y una tarjeta PASS, con seguro aparejado. El demandado utilizó la tarjeta y efectuó disposiciones durante cuatro años. El examen de los movimientos contables que se recogen en el extracto constatan la fecha de cada movimiento, el concepto y el importe. En el funcionamiento de las tarjetas el usuario debe controlar los extractos y protestar ante cualquier incorrección. Sobre el carácter abusivo de las cláusulas se trata de un supuesto de absoluto desconocimiento de lo pactado. Existe imposibilidad, o al menos notoria dificultad, de que por su minúsculo tamaño las cláusulas sean leídas, lo que afecta directamente a la posibilidad de comprensión, y, por tanto, al requisito de transparencia. Se declara la nulidad de las cláusulas y se liquidan únicamente los cargos realizados en concepto de compras o disposiciones realizadas efectivamente.
Resumen: Acción de nulidad de cláusula que referenciaba el interés variable al IRPH, estimada en ambas instancias por considerarse que dicha cláusula no superaba el control de transparencia por no haberse facilitado a la prestataria información sobre los términos de la oferta vinculante, ni haber explicado las consecuencias de la elección de ese índice en lugar de otros que hubieran resultado más favorables. Cláusulas abusivas en los contratos concertados con consumidores y la jurisprudencia que la interpreta. Conforme a dicha doctrina, un primer parámetro de transparencia vendría constituido por la publicación del IRPH en el BOE, un segundo parámetro, era la información que la entidad prestamista facilitó al consumidor sobre la evolución pasada del índice. En concreto, debía comprobarse el cumplimiento por la entidad de crédito de la obligación de informar a los consumidores, conforme a la normativa nacional, de "cuál había sido la evolución del IRPH de las cajas de ahorros durante los dos años naturales anteriores a la celebración de los contratos de préstamo y del último valor disponible". Esta exigencia ha sido matizada, si por los datos públicamente disponibles un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, estuviera en condiciones de entender el funcionamiento del cálculo. Además, la falta de transparencia no sería condición suficiente para apreciar la abusividad. No concurre en el caso ni el desequilibrio ni la mala fe. Se estima la casación.
Resumen: Acción de nulidad de cláusula que establece como índice de referencia de un préstamo hipotecario a interés variable el IRPH. Controles de trasparencia y de contenido. Un primer parámetro de transparencia vendría constituido por la publicación del IRPH en el BOE que permite al consumidor medio comprender cómo se calcula el referido índice, de modo que esa publicación salva las exigencias de transparencia en cuanto a la composición y cálculo del IRPH. El segundo parámetro viene establecido por la información que la entidad prestamista facilitó al consumidor sobre la evolución pasada del índice. Aun en el caso de que la ausencia de información directa sobre la evolución del IRPH en los dos años anteriores determinara la falta de transparencia de la cláusula cuestionada, ello no implica su nulidad sino la posibilidad de realizar el juicio de abusividad, esto es, permite valorar si se trata de una cláusula que, en contra de las exigencias de la buena fe, causa, en perjuicio del consumidor y usuario, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato. El ofrecimiento por la entidad prestamista de un índice oficial, aprobado por la autoridad bancaria, no puede vulnerar por sí mismo la buena fe. El desequilibrio de los derechos y obligaciones de las partes debe ser valorado en el momento de suscripción del contrato. La evolución más o menos favorable del índice no puede ser determinante. Inexistencia de desequilibrio y de mala fe.
Resumen: Reiteración de la jurisprudencia de la sala primera sobre la validez de la cláusula de interés variable referenciada al índice IRPH inserta en un préstamo hipotecario concertado con consumidores. Las sentencias de primera y segunda instancia declararon la nulidad de la cláusula por no superar el control de transparencia. Recurrida en casación la sentencia por el banco, la sala estima el recurso. En primer lugar, declara que, conforme a la doctrina de la sala, es posible que una cláusula que afecta al objeto principal del contrato se configure como una condición general de la contratación; en segundo lugar, reitera la jurisprudencia sobre los parámetros a tener en cuenta al examinar la cláusula litigiosa que son, en esencia, la publicación del IRPH en el BOE, que permite al consumidor conocer cómo se calcula el tipo medio y la información que la prestamista facilitó al consumidor sobre la evolución pasada del índice. Dadas estas condiciones, aunque en el caso de que la falta de información sobre la evolución en los dos años anteriores pudiera considerarse como no transparente, ello no determinaría la nulidad per se, sino la posibilidad de realizar el juicio de abusividad, es decir, si se trata de una cláusula que, en contra de las exigencias de la buena fe, causa, en perjuicio del consumidor y usuario, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato. No se aprecia mala fe ni desequilibrio importante entre las partes.
Resumen: Acción de nulidad de cláusula suelo en préstamo hipotecario por falta de transparencia, desestimada en ambas instancias. La jurisprudencia sobre el control de transparencia de las condiciones generales insertas en contratos celebrados con consumidores reitera, en lo que interesa para el caso, que lo relevante es la información precontractual, que permite comparar ofertas y adoptar la decisión de contratar, que la intervención del notario no suple la falta de información del banco, que la lectura de la escritura pública y, en su caso, el contraste de las condiciones financieras de la oferta vinculante con la del respectivo préstamo hipotecario, no suplen, por sí, la finalidad o razón de ser de la exigencia de transparencia, y que el deber de información precontractual no puede quedar reducido a que el prestatario tenga la posibilidad de acceder a la minuta de la escritura en que se instrumenta el contrato dentro de los tres días previos a la firma. El fedatario público interviene en el momento final del iter contractual, cuando las voluntades ya están conformadas, y cuando la posibilidad del prestatario de dar marcha atrás deviene excepcional. La sentencia recurrida se aparta de este cuerpo de doctrina porque que la cláusula se hubiera incorporado válidamente, de forma comprensible, sin enmascaramientos, no implica que el banco ofreciera la debida información precontractual, y porque la oferta vinculante se hizo solo un día antes de la firma de la escritura
Resumen: Reiteración de la jurisprudencia sobre la validez de la cláusula de interés variable referenciado al índice IRPH inserta en un préstamo hipotecario concertado con consumidores. Las sentencias de primera y segunda instancia declararon la nulidad de la cláusula por no superar el control de transparencia. Se estima el recurso de casación del banco. Se reitera la jurisprudencia sobre los parámetros a tener en cuenta al examinar la cláusula litigiosa que son, en esencia, la publicación del IRPH en el BOE, que permite al consumidor conocer cómo se calcula el tipo medio, y la información que la prestamista facilitó al consumidor sobre la evolución pasada del índice. Dadas estas condiciones, aunque en el caso de que la falta de información sobre la evolución en los dos años anteriores pudiera considerarse como no transparente, ello no determinaría la nulidad per se, sino la posibilidad de realizar el juicio de abusividad, es decir, si se trata de una cláusula que, en contra de las exigencias de la buena fe, causa, en perjuicio del consumidor y usuario, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato. En este caso no se aprecia mala fe ni desequilibrio importante entre las partes. El ofrecimiento de un índice oficial, aprobado por la autoridad bancaria, no puede vulnerar por sí mismo la buena fe. Además, ese índice era el utilizado por diversas administraciones como referencia en la financiación de viviendas de protección oficial.
Resumen: Reproducción de la doctrina de las STS 580/2020 y 581/2020 sobre novación de cláusulas suelo. La jurisprudencia del TJUE admite la posibilidad de que una cláusula potencialmente nula pueda ser modificada por las partes con posterioridad, pero si esta modificación no ha sido negociada deberá superar el control de transparencia. El acuerdo novatorio supera el control de transparencia en atención a que fue adoptado cuando ya se había publicado la STS de 9-5-2013 y existía un conocimiento generalizado sobre la cláusula suelo; los prestatarios realizaron una transcripción manuscrita de conocimiento de la misma y el requisito de la información sobre la evolución pasada del índice se cumplía por la concreción de la cuantía en la cuota mensual, por la indicación del índice vigente y por su publicación por el Banco de España. El acuerdo transaccional contiene una cláusula de renuncia al ejercicio de acciones, que es abusiva por su carácter genérico, ya que no se limita a las reclamaciones de la cláusula suelo. La confirmación del contrato no procede en casos de nulidad absoluta. Se declara la validez del acuerdo novatorio y la nulidad de la cláusula de renuncia y de la cláusula suelo inicial. Las costas de primera instancia se imponen al banco, pese a la estimación parcial de la demanda, de acuerdo con la doctrina del TJUE.
Resumen: Reproducción de la doctrina de las STS 580/2020 y 581/2020 sobre novación de cláusulas suelo. La jurisprudencia del TJUE admite la posibilidad de que una cláusula potencialmente nula pueda ser modificada por las partes con posterioridad, pero si esta modificación no ha sido negociada deberá superar el control de transparencia. El acuerdo novatorio supera el control de transparencia en atención a que fue adoptado cuando ya se había publicado la STS de 9-5-2013 y existía un conocimiento generalizado sobre la cláusula suelo; los prestatarios realizaron una transcripción manuscrita de conocimiento de la misma y el requisito de la información sobre la evolución pasada del índice se cumplía por la concreción de la cuantía en la cuota mensual, por la indicación del índice vigente y por su publicación por el Banco de España. El acuerdo transaccional contiene una cláusula de renuncia al ejercicio de acciones, que es abusiva por su carácter genérico, ya que no se limita a las reclamaciones de la cláusula suelo. La confirmación del contrato no procede en casos de nulidad absoluta. Se declara la validez del acuerdo novatorio y la nulidad de la cláusula de renuncia y de la cláusula suelo inicial. Las costas de primera instancia se imponen al banco, pese a la estimación parcial de la demanda, de acuerdo con la doctrina del TJUE.
