Resumen: Acción de nulidad de la cláusula suelo y del contrato de transacción que rebaja el tipo y renuncia a las acciones que pudieran corresponderle. La cláusula suelo en sí misma no es nula por abusiva, sino tan sólo en la medida en que no se cumplan las exigencias de trasparencia. En relación a la transacción, puede admitirse aunque la obligación preexistente sobre la que existe controversia pudiera ser nula, circunstancia que sólo podría determinarse si se declarase judicialmente la falta de transparencia. El documento que elimina el suelo no es una transacción, sino una novación, pues no hay cuestión litigiosa o controversia a resolver y la renuncia no puede considerarse clara, terminante e inequívoca, como exige tradicionalmente la jurisprudencia. Respecto a la renuncia al ejercicio de las acciones por parte del prestatario consumidor, incluida en el contrato de novación, también es nula, por vulneración de la Ley. El contrato de novación es válido desde el momento en que elimina la cláusula suelo, pero es nulo en aquella cláusula de renuncia de acciones, como establece con acierto la sentencia de instancia, y en aquellas otras cláusulas que sean abusivas y limitativas de los derechos de los consumidores. Cuando se celebró el contrato de novación, el prestatario no recibió información suficiente acerca de las cantidades a cuyo reembolso tenían derecho en virtud de la aplicación de la cláusula nula. La cláusula originaria es nula y la novada también, el recurso se desestima.
Resumen: La sentencia de instancia declara, en lo que ahora interesa, la nulidad de la cláusula sobre reclamación de posiciones deudoras. El TS indica que, según el Banco de España, la comisión por reclamación de posiciones deudoras compensa a la entidad por las gestiones efectivas realizadas para recuperar la deuda impagada por su cliente; debe estar recogida en el contrato; y para que sea acorde con las buenas prácticas bancarias debe reunir una serie de requisitos. El devengo de la comisión está vinculado a la existencia de gestiones efectivas de reclamación realizadas ante el cliente deudor; la comisión no puede reiterarse en la reclamación de un mismo saldo por gestiones adicionales realizadas por la entidad con el mismo fin; su cuantía debe de ser única, no admitiéndose tarifas porcentuales; no puede aplicarse de manera automática. En este caso, si contrastamos la cláusula controvertida, se comprueba que no reúne dos de los requisitos, se plantea como una reclamación automática. Además, no discrimina periodos de mora, de modo que basta la inefectividad de la cuota en la fecha de pago prevista para que, además de los intereses moratorios, se produzca el devengo de una comisión. Tampoco identifica el tipo de gestión, por lo que no cabe deducir que generará un gasto efectivo. Además, la cláusula contiene una alteración de la carga de la prueba en perjuicio del consumidor, pues debería ser el Banco quien probara la realidad de la gestión y su precio. Se desestima el recurso.
Resumen: La Escritura Pública controvertida tiene por objeto la compraventa con subrogación de préstamo hipotecario y, asimismo, la novación del mismo. La intervención del banco no es únicamente a los efectos de ratificar la subrogación en el préstamo hipotecario, sino también la Novación del mismo, en virtud de la cual se modifican determinadas condiciones del tipo de interés pactado y del plazo de duración del préstamo; de modo que la repercusión de los gastos correspondientes al arancel notarial, arancel registral y gastos de gestoría que se reconoce en la Sentencia recurrida, responde al criterio jurisprudencial admitido y de aplicación pacífica por los Tribunales. La Escritura de Subrogación y de Novación del Préstamo se realizó no solo en interés de la parte prestataria, sino en beneficio de ambas partes, por lo que la distribución de los gastos ha de ser idéntica y el fundamento de dicha distribución el mismo que el que justifica la nulidad de la estipulación sobre Gastos de la Escritura Pública de Préstamo Hipotecario. Así las cosas, la cláusula de gastos es nula por abusiva, con los efectos explicados en la instancia, esto es, la retrocesión de las prestaciones en los términos acordados. No cabe apelar a que el abono de los gastos se ha efectuado a un tercero para rechazar la devolución que indudablemente afecta a quien unilateralmente ha impuesto esa cláusula financiera. El arancel notarial se abonará por mitad; la inscripción en el Registro de la propiedad por el banco.
Resumen: Se plantea la prescripción de la acción de restitución de cantidades derivadas de la acción de nulidad de la cláusula de gastos. El recurrente alega que la acción está prescrita dado que han transcurrido más de quince años desde que se firmó el contrato de préstamo. La Sala declara que, aunque la doctrina no es unánime, la jurisprudencia se inclina por limitar la imprescriptibilidad a la declaración de nulidad strictu sensu, sin extenderla a los efectos que pudieran derivarse de la misma. La acción de restitución de las consecuencias de la declaración de nulidad de un contrato, o de una cláusula contractual exige, que se haya declarado por sentencia judicial la nulidad, ya que, hasta ese momento, el contrato o la condición general despliega todos sus efectos obligacionales. Por tanto, la acción de restitución puede ejercitarse, y el plazo de prescripción comienza a correr, desde que se declara la nulidad de pleno derecho del contrato o cláusula contractual, declaración que constituye el título constitutivo sobre el que se apoya la acción de restitución. La declaración del carácter abusivo de la cláusula debe permitir que se restablezca la situación de hecho y de Derecho en la que se encontraría el consumidor de no haber existido tal cláusula abusiva. Procede declarar que el día inicial para el cómputo del plazo de prescripción de la acción de restitución de las consecuencias derivadas de la declaración de nulidad de una cláusula contractual, es el de firmeza de la sentencia.
Resumen: En el recurso de apelación se cuestionan las costas y la declaración de nulidad de la cláusula de gastos incluida en el contrato de préstamo con garantía hipotecaria. En relación a las costas, dice el recurrente que estamos ante una estimación parcial, no sustancial. En este caso la estimación parcial de los gastos de gestoría y notaría constituye una pretensión relevante, estamos ante una clara estimación parcial, dice la Sala. Además, existen dudas de derecho en relación a los gastos, por lo que no se pueden imponer las costas al banco en su totalidad. El TS declara que los gastos de tasación son de cuenta del banco al cien por cien en los contratos celebrados antes de la entrada en vigor de la ley de crédito inmobiliario. Y la misma consideración tiene los gastos de gestoría al tener la misma naturaleza jurídica. Los gastos del Registro corresponde abonarlos en su totalidad al banco, los de notarías por mitad y los del IAJD en su totalidad por el prestatario. Doctrina que fue confirmada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Los pagos que deban realizar ambas partes relativos a gastos del contrato de préstamo hipotecario se distribuirán en la forma establecida. En relación a las costas, establece el TJUE que su distribución pertenece a la esfera de la autonomía procesal de los Estados miembros, siempre que se respeten los principios de equivalencia y de efectividad. Imponer las costas al consumidor puede disuadirle de ejercer la acción de reclamación por el coste
Resumen: En la demanda se ejercita acción de nulidad de pleno derecho de una serie de cláusulas de la póliza de préstamo hipotecario, cláusula de fianza, la solidaridad de la fianza, la renuncia a los beneficios de excusión, orden y división, y otras. La sentencia desestima la demanda al considerar que lo determinante para la transparencia de una cláusula de esta naturaleza es que el fiador comprenda su carga jurídica y económica, es decir, que sea consciente de que, si el deudor principal no paga, responderá en sus mismas condiciones y el acreedor podrá dirigirse contra él por la totalidad de la deuda pendiente. Desde esa perspectiva se considera que la redacción de la cláusula es fácilmente comprensible y no cabe apreciar falta de transparencia en la cláusula relativa a la solidaridad en la fianza. El contrato de fianza es un contrato autónomo regulado en el Código civil, y no una mera cláusula contractual, por lo que la acción de nulidad de la fianza no puede sustentarse a través de una acción de nulidad por abusividad de las cláusulas contractuales, pues no es parte de un contrato sino que es el contrato en sí, que liga al fiador con el acreedor. Sin embargo, sí podrán estimarse abusivas determinadas cláusulas contractuales o condiciones generales de la contratación que se integren en el mismo. La redacción del pacto de afianzamiento es clara, con mayúsculas y en negrilla su encabezado. Es legible y entendible, el fiador asume la carga jurídica y económica, el contrato es válido.
Resumen: La sentencia analizada resuelve recurso de apelación interpuesto contra la dictada en primera instancia, que estimó la demanda presentada para solicitar la declaración de la cláusula de repercusión de gastos al prestatario. En el recurso de apelación no se cuestiona la nulidad de la cláusula, pero se impugna la concreta imputación y distribución de gastos. El tribunal de apelación desestimó el recurso de apelación y confirmó la sentencia recurrida. Expone el tribunal los criterios jurisprudenciales sobre la abusividad de la cláusula de repercusión de gastos al prestatario y los criterios de imputación y distribución de gastos. En particular, y en relación con los gastos de tasación, considera el tribunal que deben ser asumidos por la prestamista al no existir norma de Derecho interno que imponga dicho gasto al prestatario.
Resumen: La sala analiza la evolución jurisprudencial sobre la cuestión de la validez de la cláusula que impone el pago de una comisión de apertura en los préstamos hipotecario, y concluye que la misma es un componente sustancial del precio del préstamo que retribuye un servicio definido normativamente por lo que no puede ser sometida al control de abusividad por contenido, pero que puede ser sometida al control de transparencia. En el caso se revoca la sentencia de primer grado que declaraba la nulidad de la comisión de apertura, y se desestima la pretensión de nulidad de dicha cláusula.
Resumen: La sentencia analizada resuelve recurso de apelación interpuesto contra la dictada en primera instancia, que estimó la demanda presentada para solicitar la nulidad de la cláusula de intereses de demora y de la cláusula de repercusión de gastos del contrato de préstamo hipotecario. El tribunal de apelación estimó en parte el recurso de apelación interpuesto para dejar sin efecto la declaración de nulidad de la cláusula de repercusión de gastos en relación con la subrogación en el préstamo al contratar la compraventa y para mantener la referida a los gastos de la ampliación del préstamo hipotecario. El tribunal distingue entre los gastos generados por subrogación en el préstamo y los generados por la ampliación del préstamo hipotecario, reduciendo la abusividad a estos últimos, por lo que la restitución de los gastos generados se limitó a los correspondientes a la ampliación del préstamo.
Resumen: El hecho de que se trate de que el demandante trabaje en una empresa inmobiliaria, incluso teniendo participación en la misma, no es obstáculo para que adquiera una vivienda para uso propio, ajena a su actividad o negocio, y por tanto, que pueda gozar de la condición de consumidor, a los efectos de obtener la protección que le dispensa la legislación especial.
