Resumen: La Audiencia aplica jurisprudencia del Tribunal Supremo y concluye que los bancos deberán devolver al prestatario el total del importe de la tasación siempre y cuando no sea de aplicación la Ley de crédito inmobiliario. Sobre el allanamiento y la imposición de costas aprecia homogeneidad entre lo pedido antes del litigio y lo instado en la demanda en tanto el concepto es el mismo: la nulidad de la cláusula de gastos. Se mantiene la imposición de costas de primera instancia.
Resumen: La sentencia analizada resuelve recurso de apelación interpuesto contra la dictada en primera instancia, que estimó la demanda presentada para solicitar la nulidad de la cláusula de repercusión de gastos al prestatario. El tribunal de apelación desestimó el recurso y confirmó la sentencia recurrida. En primer lugar, el tribunal resuelve sobre la prescripción de la acción de restitución por nulidad de la cláusula: admite la prescripción, y considera como inicio del cómputo del plazo el día 23 de enero de 2019, fecha en la que el Tribunal Supremo dictó varias sentencias concretando el alcance de la restitución por nulidad de la cláusula de repercusión de gastos. En cuanto al fondo del asunto, el tribunal considera que la prestamista no acreditó la negociación de las cláusulas, por lo que son condiciones generales sometidas al régimen de abusividad de la normativa especial de protección de consumidores y usuarios. En relación con los gastos de tasación, el tribunal atribuye la obligación de su pago a la prestamista, conforme al criterio jurisprudencial establecido. Y, en relación con los intereses, su devengo comienza desde el momento en que el prestatario hizo el pago que no le correspondía realizar.
Resumen: Estimada en su totalidad la demanda de nulidad de la cláusula de gastos inserta en el préstamo hipotecario y reclamación de las cantidades abonadas en exceso por el prestatario por consecuencia de su aplicación, el banco discute en la apelación tan solo el pronunciamiento por el que le son impuestas las costas con expresa declaración de temeridad. La sala entiende que sostener la validez de la cláusula y la distribución de gastos diferente a la que se sostenía en la demanda no puede ser tenida jurídicamente como temeraria, y que la falta de contestación por el banco al requerimiento extrajudicial que le dirigió su cliente, permite considerar al quien se allana que ha actuado de mala fe, pero si, como en el caso, se opone fundadamente a la demanda, la regla es la del vencimiento, aunque no haya contestado al requerimiento extrajudicial. La sala deja sin efecto tan solo la declaración expresa de temeridad que contiene el pronunciamiento sobre costas, y mantiene la condena del banco a su pago.
Resumen: Se discute en la alzada tan solo el alcance de los efectos de la declaración de nulidad de la cláusula de gastos que se reclamaba reconvencionalmente. La sala recoge la doctrina jurisprudencial al respecto, y concluye que la declaración de nulidad de dicha cláusula conduce a que el tribunal haya de hacer la distribución de gastos en función de la normativa sectorial que afecte a cada uno, así, los de tasación, gestoría y registro corresponden al prestamista y los de notaría han de ser soportados por mitad. Rechaza la sala entrar a conocer del motivo de apelación en que se afirma incongruencia omisiva de la sentencia, porque el recurrente no reclamó el complemento de la sentencia.
Resumen: Se discute tan solo en el recurso de apelación el pronunciamiento por el que las costas son impuestas al banco demandado. La sala entiende que no es de aplicación lo dispuestos en el RDL 1/2017 porque solo lo es a los supuestos en que se discute sobre la cláusula suelo, y en el caso se trata de la nulidad de una cláusula de distribución de los gastos ocasionados por el préstamo. En el caso, la demandada se allanó a la demanda en cuanto a la nulidad de la cláusula de gastos y sus consecuencias, pero lo cierto es que la actora con anterioridad a la demanda remitió a la entidad bancaria reclamación extrajudicial, que fue desatendida por ésta, por lo que, en virtud de lo dispuesto en el Art 395, hay que apreciar la existencia de mala fe. Se añade como argumento de refuerzo la doctrina jurisprudencial sobre la aplicación del principio de efectividad del derecho comunitario en cuanto impide cualquier perjuicio que pueda derivarse para el consumidor por consecuencia de la inclusión de cláusulas abusivas.
Resumen: El banco impugna su condena en costas en la sentencia que estima la acción de nulidad de cláusulas abusivas de un préstamo acumulada a la de reclamación de cantidad para obtener el reintegro de pagado en exceso por consecuencia de su aplicación. Afirma que existe una estimación parcial de la demanda, ya que se estima la acción de nulidad frente a la cláusula suelo pero no se estima en su integridad la acción de restitución. La sala explica su cambio de criterio con base a la doctrina del TS, y afirma que en los casos en que se declara la nulidad de la cláusula impugnada, aunque no se acoja en su integridad la pretensión restitutoria, las costas han de ser impuestas al banco demandado, pero que cuando en la demanda, o en su ampliación, se ejerciten otras acciones de forma acumulada a la nulidad de la cláusula y de restitución de las expensas satisfechas por el consumidor, si la sentencia desestima en parte las acciones acumuladas, estaremos ante una estimación parcial de la demanda, que no conlleva la condena en costas, salvo que se aprecie temeridad.
Resumen: Declarada la nulidad de la cláusula suelo en primera instancia, tan solo se discute en apelación el pronunciamiento por el que se acuerda la devolución de las cantidades percibidas en exceso por el banco, y el de costas. La sala señala que no ha sido acreditada la aplicación de la cláusula suelo en momento alguno de la vida del préstamo, sin que el actor haga la más mínima referencia a su aplicación, por lo que se revoca el pronunciamiento por el que se estima la pretensión de devolución. Ello conduce a entender que la demanda a sido parcialmente estimada, por lo que se deja sin efecto asimismo la condena en costas.
Resumen: Se discute la aplicación al caso de las condiciones generales por las que se rige el funcionamiento de la tarjeta "revolving". La sala distingue los supuestos en que lo que se discute es la incorporación y la claridad de las condiciones generales, de los casos, en que cumpliendo éstas las exigencias legales de incorporación, lo que el contratante afirma es que ha sido engañado, en cuyo caso el centro se desplaza al ámbito del vicio del consentimiento. En cuanto se refiere a la incorporación del clausulado al contrato, la sala señala, que se halla impreso al reverso de del modelo de solicitud de la tarjeta y firmado por el peticionario, que lo acepta, que la letra, aunque pequeña, es legible, y que las cláusulas son comprensibles con el parámetro objetivo del consumidor medio, del que su supone conoce lo que son las tarjetas de crédito. En consecuencia la sala entiende que las condiciones han sido debidamente incorporadas, y que son claras para el consumidor medio, por lo que entiende que son aplicables. A juicio de la sala, las cláusulas superan igualmente el control de transparencia en cuanto a la información recibida sobre las consecuencias jurídicas y económicas de su aplicación. En cuanto se refiere al importe de los intereses pactados, los mismos no pueden ser objeto de control de abusividad por ser prestación principal del contrato, pero sí pueden ser controlados como usurarios, y en el caso, los intereses pactados no lo son (20% anual TAE).
Resumen: Se discute la prescripción de la acción de reclamación de cantidad acumulada a la de nulidad de cláusulas abusivas para obtener el reintegro de lo pagado por aplicación de dichas cláusulas. La sala refleja la cuestión en la jurisprudencia, y concluye que el plazo de caducidad en el general de 5 años del art. 1964 CC a contar desde la fecha en que fue declarada la nulidad de cláusulas, sin que sea de aplicación las normas catalanas de derecho civil que regulan la prescripción por tratarse de un contrato mercantil. En orden a los efectos de la declaración de nulidad de la cláusula de gastos, la sala decide que los de gestoría corresponden en su totalidad a la prestamista. En cuanto a las costas de la primera instancia, han de ser satisfechas por la entidad demandada tanto por aplicación de los principios de efectividad del derecho comunitario, como porque ha habido un requerimiento previo del prestatario que fue desatendido.
Resumen: Se discute la prescripción de la acción de reclamación de cantidad ejercitada acumuladamente a la de nulidad de la cláusula de gastos. La sala expone la doctrina jurisprudencial sobre la cuestión y concluye que la acción está sujeta al plazo de prescripción establecido en el art. 1965 CC, en tanto no es de aplicación la legislación civil catalana al tratarse de un préstamo mercantil. El plazo de prescripción comienza a correr desde la sentencia que declara la nulidad de la cláusula. Cuando se trata de contratos de compraventa de viviendas que incluyen la subrogación del comprador en el préstamo concertado por el promotor, el banco tan solo ha de asumir la parte de gastos que le correspondan en función de la subrogación, pero no los derivados de la compraventa. En el caso, al tratarse la compraventa con subrogación y de una novación ex promisoria con modificación de las condiciones iniciales del préstamo (intereses y plazo de amortización) el banco debe soportar los gastos de otorgamiento. La sala finalmente rechaza que la comisión por subrogación en el préstamo sea abusiva.
