Resumen: La Audiencia estudia la evolución legislativa de la protección del ocupante de vivienda, deudor hipotecario, en supuestos de vulnerabilidad. Evolución que llega a prohibir el lanzamiento hasta 2024, cuando se reúnan los requisitos de dicha vulnerabilidad. Además, sitúa ese lanzamiento como momento hasta el cual el deudor hipotecario podrá oponer la existencia de cláusulas abusivas en su contrato de préstamo hipotecario. Existiendo sólo la prohibición de examen de oficio o a instancia de parte de esa abusividad cuando ya exista decisión de un órgano judicial al respecto y sobre la concreta cláusula o condición general. En tanto no haya resolución al respecto, será susceptible de revisión. La vigente ley de contratos de créditos inmobiliarios fija la posibilidad de oposición hasta la puesta en posesión del adquirente. Se declara la nulidad de la cláusula de vencimiento anticipado y se archiva el procedimiento d ejecución hipotecaria.
Resumen: La sentencia de apelación revoca la de instancia y desestima la demanda en solicitud de que se declare la abusividad y por tanto la nulidad radical de la clausula sobre comisión por reclamación de posiciones deudoras ,contenida en el Contrato de Tarjeta de crédito suscrito por la demandante. Argumenta el tribunal que la resolución recurrida lleva razón en que la licitud o abusividad de la estipulación no debe hacerse tomando en consideración la aplicación que de ella haga el profesional sino su tenor, pero no acierta sobre el resultado del proceso al no tomar en consideración la alegación de la demandada de la cancelación de la tarjeta antes de la demanda y que, de acuerdo con el histórico de la cuenta a la que se asoció la tarjeta, no se hizo cargo alguno por ese concepto durante la vigencia del contrato, pues esos hechos privan de legitimación activa a la parte actora.
Resumen: La Audiencia considera que en una ejecución hipotecaria contra un consumidor, aunque este no hubiera utilizado en tiempo la posibilidad de oposición que le otorgaba la ley 1/2013, podrá esgrimir la existencia de cláusulas abusivas en tanto en cuanto no existiera procedimiento judicial al respecto. Incluso el juez debería de pronunciarse de oficio. Sin embargo, esa posibilidad tiene un momento preclusivo: en tanto no se haya entregado la posesión al adquirente del bien subastado. En este caso se aprecia la nulidad de la cláusula de vencimiento anticipado y se mantiene el sobreseimiento de la ejecución hipotecaria.
Resumen: La sentencia analizada resuelve recurso de apelación interpuesto contra la dictada en primera instancia, que estimó la demanda presentada para solicitar la nulidad de cláusulas abusivas de contrato de préstamo hipotecario. La entidad financiera interpuso recurso de apelación para impugnar la anulación de las cláusulas de comisión de apertura y de cesión de créditos. El tribunal de apelación estimó en parte el recurso de apelación y revocó únicamente la anulación de la cláusula de comisión de apertura. Por el contrario, el tribunal consideró procedente la anulación de la cláusula de cesión de créditos.
Resumen: Se desestima el recurso de la demandada, imponiéndole las costas de la alzada, y se confirma la sentencia apelada, que declara nula, por abusiva, teniéndola por no puesta, la cláusula sobre gastos del contrato de préstamo hipotecario de autos; se condena a dicha demandada a abonar a la actora el importe en concreto se fija, así como al pago de las costas de primera instancia. Mantiene la Sala la nulidad de la citada cláusula y sus consecuencias, en aplicación de la doctrina jurisprudencial que reseña. Señala que la indicada declaración de nulidad conlleva la inaplicación de la cláusula y, en cuanto a sus efectos, al abonarse los gastos a terceros ajenos a los contratantes (funcionarios públicos sujetos a arancel, gestores, etc.), ha de determinarse cómo deben distribuirse tales gastos, no en función de la cláusula anulada, sino de las disposiciones legales aplicables supletoriamente. En concreto, respecto al gasto de tasación, único cuestionado, se indica la obligación de la entidad demandada, en su condición de prestamista, de pagar su importe, por lo que se mantiene la cantidad concedida en la instancia por dicho concepto.
Resumen: La Audiencia reitera la obligación de examen de oficio por los tribunales y en cualquier fase procesal de la existencia de posibles cláusulas abusivas. La cuestión es si ese examen ( de oficio o a instancia de parte) tiene algún momento de preclusión. En primer lugar, no existirá cosa juzgada en tanto no haya existido el estudio de esas posibles cláusulas por algún tribunal. Y, en segundo lugar, la resolución se basa en la la STC 31/2019, según la cual será posible ese enjuiciamiento en tanto el ejecutado no haya abandonado el inmueble objeto de subasta, incluso habiendo sido adjudicado e inscrito en el Registro el nuevo titular. Aunque matiza. Puede ser que el lanzamiento no sea preciso, bien porque el bien ya esté desocupado o porque no le interese al adjudicatario esa desocupación. Bastando al respecto el Decreto de adjudicación; como momento preclusivo del análisis judicial de la abusividad de las cláusulas contractuales.
Resumen: La sentencia analizada resuelve recurso de apelación interpuesto contra la dictada en primera instancia, que estimó la demanda presentada para solicitar la nulidad de cláusulas abusivas (gastos y comisión de apertura). El tribunal de apelación estimó el recurso de apelación únicamente en relación con la condena a la restitución de la totalidad de los gastos de notaría. El tribunal se funda en la jurisprudencia del Tribunal Supremo para reducir a la mitad la suma a devolver por gastos de notaría. Resuelve el tribunal sobre gastos de notaría (los reduce a la mitad), gastos de gestoría y tasación (mantiene la condena a su íntegra restitución) y mantiene la nulidad de la cláusula de comisión de apertura por falta de transparencia.
Resumen: Cláusula de intereses remuneratorios en préstamo con consumidores. Año natural y año comercial. La fórmula matemática para el cálculo de los intereses remuneratorios se hace mediante una fracción en la que la duración del año debe constar tanto en el numerador como en el denominador. Bajo esa premisa, son varias las modalidades de cálculo utilizadas en España, en función del número de días que se haga constar en el numerador y en el denominador. El resultado de aplicar una u otra fórmula de cálculo es diferente pero lo determinante, a efectos del equilibrio de las prestaciones y la reciprocidad del contrato, es que se utilice la misma duración del año para el tiempo transcurrido y para la base de cálculo. El Banco de España, desde el año 2016, viene considerando que la utilización del sistema 365/360 no podía quedar amparado como uso bancario. En todo caso, resulta dudoso que dicha práctica bancaria pudiera considerarse propiamente un uso de comercio dado su carácter unilateral y de uniformidad discutible. En el presente caso, la cláusula de cálculo de intereses 360/360 no cabe considerar que no fuera transparente. Y aunque se considerara que la cláusula no es transparente, no hay elementos de juicio para considerarla abusiva, ya que el método de cálculo no beneficia sistemáticamente al banco, ni supone que se incremente el importe de los intereses remuneratorios.
Resumen: Demanda en la que ejercitó una acción de nulidad parcial de un préstamo hipotecario en divisas basada en la concurrencia de error en el consentimiento de la prestataria. El Juzgado de Primera Instancia desestimó la demanda. La prestataria recurrió en apelación y la Audiencia estimó el recurso pues consideró que concurría error vicio en el consentimiento de la prestataria, por lo que siendo nulo el consentimiento prestado por error, violencia, intimidación o dolo y considerando que el error sufrido por la demandante constituye un vicio estructural que, además, no puede obviarse con una diligencia exigible en las circunstancias concurrentes, declaró la nulidad parcial del contrato, pero no hizo expresa imposición de las costas de primera instancia dada la complejidad jurídica del asunto. Recurre en casación la prestataria demandante y la sala rechaza su recurso, al considerar que la doctrina jurisprudencial sobre la no aplicación de la excepción al principio del vencimiento en la imposición de costas, por razón de las serias dudas de derecho, es aplicable cuando se ejercitan acciones basadas en la normativa sobre cláusulas abusivas, pero no cuando se ejercitan acciones de nulidad contractual por error vicio del consentimiento basadas en el Código Civil; declara que cuando la cuestión litigiosa no está regulada por el Derecho de la UE y, por consiguiente, no entra en juego el principio de primacía de este Derecho, el juez no puede dejar de aplicar ninguna norma legal nacional.
Resumen: La sentencia analizada resuelve recurso de apelación interpuesto contra la dictada en primera instancia, que estimó en parte la demanda presentada para solicitar la nulidad de la cláusula de repercusión de gastos al prestatario y la cláusula de comisión de reclamación de posiciones deudoras. El recurso de apelación únicamente tiene por objeto la impugnación de la anulación de esta última cláusula. El tribunal considera abusiva una cláusula que establece de manera genérica el devengo automático de una comisión por el mero devengo de cuotas o que faculta a la prestamista para aplicarlo cuando aquél tiene lugar, sin regulación ni moderación alguna, y sin vinculación con los actos de gestión de cobro que han de constituir la base para justificar la comisión. En relación con la condena a restituir los importes indebidamente aplicados, el tribunal considera que el tribunal está legitimado para acodar de oficio la restitución de efectos derivada de la nulidad de cláusulas abusivas, por lo que la falta de prueba concreta sobre los cargos aplicados no impide condenar a su restitución en ejecución de sentencia.
