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Los lanzamientos por impagos de alquiler e hipotecas descienden un 20 % en el tercer trimestre del año
Las ejecuciones hipotecarias incrementaron un 68,1 % con respecto al mismo periodo de 2019. La crisis de la COVID-19 provocó que los concursos de personas físicas aumentasen un 64 % y que las demandas por despido subiesen un 17,8 %. Los juzgados registraron entre enero y septiembre 73 demandas por ocupación ilegal de viviendas, lo que supone un descenso interanual del 26,2 %
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- Comunicación Poder Judicial
Los juzgados gallegos practicaron en el tercer trimestre del año 356 lanzamientos, un 20 % menos que en 2019, cuando ejecutaron 445. De ellos, 293, el 82,3 %, fueron consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), es decir, por impagos de alquiler. Otros 51 correspondieron a ejecuciones hipotecarias; y los 12 restantes, derivaron de otras causas. En el conjunto del Estado, los lanzamientos bajaron un 30,2 %, según se desprende del informe ‘Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales’, hecho público hoy por la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
El número de ejecuciones hipotecarias iniciadas en Galicia en el tercer trimestre del año aumentó un 68,1 % con respecto a 2019. Entre julio y septiembre de 2020 se presentaron 232 procedimientos que permiten exigir el pago de las deudas garantizadas por prenda o hipoteca al acreedor, frente a las 138 del año anterior. En el Estado se presentaron 5.299, lo que supone un incremento interanual del 52,7 %.
El estudio también refleja que entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de este año los juzgados gallegos ingresaron 22 demandas por ocupación ilegal de viviendas en casos en los que los propietarios son personas físicas, entidades sin ánimo de lucro o entidades públicas poseedoras de vivienda social, frente a las 34 del tercer trimestre de 2019. De este tipo de demandas se resolvieron 31 y quedaron en trámite 55. En total, en los nueve primeros meses de 2019, entre enero y septiembre, los juzgados gallegos registraron 73 demandas por ocupación ilegal de viviendas, frente a las 99 de los mismos meses del año anterior, lo que supone un descenso interanual del 26,2 %.
El informe presentado hoy también incluye datos de los concursos presentados en los juzgados de lo mercantil. De los 70 registrados en el tercer trimestre de 2019, se pasó a 78 este año, lo que supone una subida del 11,4 %. Con respecto a los concursos de las personas naturales no empresarias, que desde la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que entró en vigor el 1 de octubre de 2015, corresponden a los juzgados de primera instancia e instrucción, se presentaron en Galicia, entre julio y septiembre, 82 casos, frente a los 50 del mismo periodo del año pasado (un 64 % más).
Las cifras indican que los concursos fueron uno de los procedimientos más afectados por la crisis sanitaria de la COVID-19. Hay que tener en cuenta que en el segundo trimestre del año se suspendió la paralización de los plazos procesales, lo que provocó un aumento de actividad en los órganos judiciales gallegos en el periodo estudiado.
En cuanto a los expedientes del artículo 64 de la Ley Concursal, relativos a la modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo (EREs), en la comunidad gallega se contabilizaron en el tercer trimestre del año seis, un 33,3 % menos que en 2019, cuando se registraron nueve.
En los juzgados de lo social, según el informe de la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial, se interpusieron 1.706 demandas por despido, lo que supone un aumento interanual del 17,8 %, pues el año pasado se registraron 1.448. Además, los juzgados de lo social registraron 2.414 demandas por reclamaciones de cantidad, un 24,2 % más que las presentadas en el tercer trimestre de 2019.
El estudio, además, refleja un incremento de los procedimientos monitorios presentados en el tercer trimestre del año en los juzgados de primera instancia y de primera instancia e instrucción. En Galicia se interpusieron 8.920, frente a los 7.596 del año pasado, lo que supone una subida interanual del 17,4 %. El procedimiento monitorio sirve para reclamar deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, e incluye las cantidades debidas en concepto de gastos de comunidades de propietarios.
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