Lunes, 20 de septiembre

 

09,30 horas

Sección Primera Audiencia Provincial de Cantabria

Procedimiento Abreviado 6/2021

Lesiones

 

Acusado de agarrar a otro hombre por la cabeza y golpearla contra un lavabo. Los hechos tuvieron lugar en agosto de 2017 cuando ambos se encontraban en el baño de un pub de San Vicente de la Barquera.

 

Como consecuencia de ello, la víctima sufrió fracturas en la mandíbula y pérdida de tres piezas dentales.

 

Los hechos constituyen, a juicio del ministerio fiscal, un delito de lesiones causante de deformidad merecedor de una condena de tres años y nueve meses de prisión, así como de una indemnización de 10.214 euros.

 

 

10,00 horas

Sección Tercera Audiencia Provincial de Cantabria (Salón de Actos)

Procedimiento Sumario Ordinario 58/2013

Delitos de prostitución, blanqueo y tenencia ilícita de armas

 

Once acusados de formar una organización dedicada a la explotación sexual de mujeres extranjeras -procedentes del este de Europa, Sudamérica y norte de África- en diferentes clubes de Aragón y Alicante.

 

Según el relato del ministerio público, los acusados “organizan, controlan y se benefician económicamente” de la prostitución de esas mujeres, que “se ven sometidas a lo que decide la organización, fijando los responsables las condiciones de trabajo mediante la imposición de normas ajenas a cualquier situación de normalidad laboral”.

 

En este sentido, explica la fiscalía que “en muchas ocasiones” deben trabajar las veinticuatro horas del día y todos los días de la semana.

 

Además, ellos fijan las tarifas por los servicios sexuales y demás condiciones que las mujeres “se ven obligadas a aceptar al ser extranjeras, muchas veces inmigrantes ilegales, sin o con escaso conocimiento del idioma y de sus derechos laborales, y sin que tengan libertad efectiva para abandonar los locales, dada su situación irregular, su precaria situación económica –con familias que mantener en sus países de origen- y nula cualificación profesional”.

 

En esas condiciones –continúa la fiscalía- “se ven obligadas a residir y tener relaciones sexuales con los hombres que indican los responsables de los locales, con las condiciones y precios marcados por la misma, horarios abusivos y disponibilidad absoluta para prostituirse”.

 

“Además, en los burdeles objeto de investigación se consume drogas, tanto para los clientes como para las mujeres que allí se prostituyen”, añade.

 

De los once acusados, uno de ellos es el jefe de la organización –cuyo domicilio se encontraba en Los Corales de Buelna-, “quien administra varias sociedades a través de las cuales se trata de ocultar la procedencia de los beneficios generados por la prostitución”; sociedades “normalmente sin trabajadores dados de alta de la Seguridad Social, y sin actividad económica conocida”.

 

Bajo la autoridad del principal acusado se encuentran todos los encargados de los clubes (seis), quienes informan “diariamente de las recaudaciones y de las mujeres que hay”, siendo él “quien tiene la última palabra en las cuestiones relacionadas con los prostíbulos” y “quien determina qué dinero se entrega a las mujeres que explota y qué parte se queda él”.

 

A las órdenes del jefe de la organización están sus más estrechos colaboradores, que son sus dos hijos y su socio y subordinado directo.

 

Éste “inspecciona los clubes de forma directa y recauda los beneficios”, también “recluta mujeres para los prostíbulos, dando de alta o baja en la Seguridad Social a los trabajadores de seguridad y camareros, o cambiando de un club a otro a las mujeres, según las necesidades de los clubs de alterne”.

 

Por su parte, el hijo y la hija del jefe de la organización criminal “son parte primordial” de la misma pues “se encargan de la gestión administrativa y financiera de la red”. “Las sociedades creadas por ellos reciben fondos de la actividad de explotación sexual, que mueven entre sociedades del grupo para ser invertidos en bienes lícitos, normalmente en actividad inmobiliaria”.

 

El resto de los acusados son colaboradores de la organización, encargados de gestionar los clubes y controlar a las mujeres explotadas.

 

En las distintas entradas y registros realizadas en los clubes de la organización criminal a lo largo del año 2010 se identificaron un total de 137 mujeres extranjeras que se encontraban ejerciendo la prostitución. En la entradas y registros en propiedades del jefe se encontró, además de dinero en metálico y documentación relacionada con los clubes y las sociedades, tres pistolas y abundante munición.

 

Según el escrito de calificación del ministerio fiscal, los hechos constituyen 137 delitos de prostitución, uno de blanqueo de capitales y otro de tenencia ilícita de armas.

 

Al jefe de la organización criminal se le atribuyen todos los delitos de prostitución, merecedores, a juicio del fiscal, de una pena de 548 años de prisión y 2,9 millones de euros de multa (4 años de prisión y 21.600 euros por cada uno de los 137 delitos).

 

Además, le acusa la fiscalía del delito de blanqueo y del de tenencia ilícita de armas, por los que pide 5 años de cárcel y multa de 200.000 euros por el primero, y dos años y medio de prisión por el segundo.

 

A los hijos, el ministerio público atribuye los 137 delitos de prostitución y el de blanqueo, y solicita una condena para cada uno de ellos de 411 años de cárcel y 2,2 millones de euros (tres años y 16.200 euros por cada delito de prostitución), y 5 años de prisión y multa de 900.000 euros (para el hijo) y 980.000 euros (para la hija) por el delito de blanqueo.

 

Por su parte, el socio y subordinado directo del jefe es responsable asimismo de los 137 delitos de prostitución -513 años y 9 meses de prisión y 2,4 millones de euros (3 años y nueve meses de prisión y 18.000 euros por cada uno)-; y del de blanqueo -5 años de cárcel y 250.000 euros de multa-.

 

El resto de miembros de la organización están acusados de delitos de prostitución y las penas varían en función de cuántos les atribuyen. Así, a tres de los colaboradores se imputan un total de 64 delitos de prostitución, mientras que a otros se acusa de 25, 24 o 7 delitos de este tipo. Cada delito de prostitución conlleva pena de prisión (entre tres años y medio, y dos años y medio) y multa (oscilan entre los 13.500 y los 6.750 euros).

 

 

Nota:

 

Este juicio está señalado para los días 20, 21, 22, 23, 24 27, 28, 29 y 30 de septiembre, y 1 de octubre, con sesiones que darán comienzo a las diez de la mañana.

 

 

 

Martes, 21 de septiembre

 

10,00 horas

Sección Primera de la Audiencia Provincial

Procedimiento Abreviado 31/2021

Abuso sexual a menor de dieciséis años

 

Acusado de abusar de una niña de siete años de edad, a la que, según la fiscalía, restregó con sus dedos repetidamente la vulva por encima de la ropa.

 

Según el escrito de calificación, el acusado se encontraba en la vivienda de su pareja y aprovechó que ésta y la madre de la menor estaban en la cocina, y la menor se encontraba viendo unos videos en el móvil.

 

El ministerio público considera los hechos un delito de abuso sexual a menor de dieciséis años merecedor de una condena de tres años y medio de cárcel, libertad vigilada tras su salida de prisión durante cinco años e indemnización de 3.000 euros para la menor por el daño causado.

 

 

Miércoles, 22 de septiembre

 

10,00 horas

Sección Primera de la Audiencia Provincial

Procedimiento Abreviado 22/2021

Abuso sexual a menor de dieciséis años

 

Acusado de abusar de la hija de su pareja, que contaba con trece años de edad, cuando ambos se encontraban en la vivienda en la que convivían.

Según la fiscalía, el acusado “se introdujo en la habitación de la menor, aprovechando que dormía y que estaba sola, poniéndose de rodillas al lado de la cama, con la linterna del móvil encendida, bajándole parcialmente la ropa interior y observando su cuerpo desnudo, abandonando su actitud al percatarse que la menor se había despertado”.

 

Por ello, le imputa un delito continuado de abuso sexual a menor de dieciséis años y solicita una condena de cinco años y tres meses de prisión, inhabilitación para ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento durante cuatro años e inhabilitación para profesión u oficio que conlleve contacto con menores por tiempo de ocho años.

Asimismo, pide que se imponga la medida de libertad vigilada de cinco años tras la salida de prisión del acusado.