La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) y avala el Decreto impugnado que encomendó transitoriamente al Ministerio de Defensa las facultades de control de tránsito aéreo  atribuidos a AENA.

El Supremo señala que el cierre del espacio aéreo español provocado por la huelga tenía tal entidad para habilitar al presidente del Gobierno a militarizar el control del tráfico aéreo, como le permite el artículo 4.4.a de la Ley de Seguridad Aérea.

La magnitud de los intereses afectados otorgó razonable proporcionalidad a la medida excepcional adoptada.