El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha desestimado el recurso interpuesto por un empresario que fue condenado a pagar una multa de 4.860 euros por un delito contra los derechos de los trabajadores.

Los hechos ocurrieron entre julio y septiembre de 2021 en la provincia de Valladolid, donde el acusado actuó como intermediario en la prestación de servicios agrícolas para la recogida de patata. Durante ese periodo, contrató a varios jornaleros sin formalizar ningún contrato laboral ni darlos de alta en la Seguridad Social.

Tras analizar las declaraciones de los testigos, el tribunal concluye que el acusado, de origen rumano, contrató “de forma consciente y reiterada” al menos a un ciudadano serbio, a tres argelinos y a uno colombiano, a pesar de saber que eran extranjeros y no tenían permiso de trabajo en España. Por este motivo, la Sala ratifica la decisión del juzgado anterior y rechaza que se haya violado la presunción de inocencia del acusado, ya que se presentaron pruebas válidas, legales y suficientes que demuestran los hechos, sin que existan errores en cómo el juez evaluó dichas pruebas.

La sentencia no es firme y puede ser recurrida ante el TSJ de Castilla y León.