La Sección 16 de la Audiencia Provincial de Madrid (Calle de Santiago de Compostela, 96) celebrará el próximo lunes, día 2 de julio, a partir de las 11:15 horas la vista oral del juicio contra Mónica G. M., conocida como la ‘Estafadora de los VIPS’, por la supuesta comisión de un delito continuado de estafa por el que la Fiscalía solicita para ella una pena de cinco años de prisión.

En el escrito de calificación provisional elaborado por el representante del Ministerio Público se recoge que la procesada simuló una solvencia profesional y empresarial inexistente con el objetivo de engañar a un amigo personal.

Se da la circunstancia de que la supuesta estafadora ingresó el pasado domingo en prisión tras ser detenida días antes por cometer, presuntamente, varias estafas. Además, en noviembre de 2017, ya había sido condenada por la Sección 16 de la Audiencia Provincial a año y medio de cárcel por estafar al exfutbolista Mariano Pernía.
Respecto del asunto por el cual se la juzga el próximo lunes, el fiscal relata que en 2015 la procesada ofreció una inversión "muy rentable" en un fondo de inversión a una persona de su entorno.

La víctima cayó en el engaño y transfirió 50.000 euros a una cuenta de una sociedad de la que la procesada era administradora y socia única. Su promesa era que en un año se revalorizaría su inversión en 18.000 euros.

Antes de que finalizara dicho fondo, la acusada convenció a la otra persona "simulando una solvencia profesional de la que carecía" para que invirtiera en la compra de una plaza de garaje. De ahí que transfiriera otros 8.000 euros en la cuenta de otra sociedad mercantil sin que finalmente la acusada llegara a realizar inversión alguna.
Además de los cinco años de prisión, el representante del Ministerio Público solicita una indemnización de 58.000 euros para compensar a la persona perjudicada.

Por otro lado, la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Madrid juzgará este lunes, martes, miércoles y jueves (2 – 5 de julio), en sesiones matinales que darán comienzo a partir de las 10:15 horas, a Jesús del Gran Poder F. P. e Israel H. C. por la supuesta comisión de un delito de asesinato, otro de detención ilegal y otro de robo con violencia por los que la Fiscalía solicita una pena de 27 años y seis meses de privación de libertad para cada uno de ellos.

El representante del Ministerio Público les atribuye en su escrito de calificación provisional elevado a la Sala la muerte violenta el 2 de diciembre de 2014 a de un hombre de 50 años de edad que llevaba muletas y al que intentaron sin éxito que les facilitara su número de PIN de la tarjeta de crédito para sacar 20 euros del banco.
Los dos procesados se encuentran en una situación de prisión provisional comunicada y sin fianza desde diciembre de 2014 en que fueron detenidos.

Además, también el lunes, 2 de julio, a partir de las 10:00 horas, se celebra en la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid, la vista oral del juicio contra Wander Claudio D. S., para quien la Fiscalía solicita una pena de trece años de prisión, al considerarle penalmente responsable de un delito de homicidio y otro de simulación de delito.

Tal y como relata el representante del Ministerio Público en su escrito de calificación penal provisional, sobre las 20:00 horas del 10 de mayo de 2016, el procesado se encontraba en el domicilio de la víctima cuando comenzó a atacarle "con gran violencia" con un cuchillo. Llegó a provocarle 19 heridas, una de ellas en el cuello que le produjo la muerte por hemorragia y asfixia.

Con posterioridad, y para evitar ser descubierto, el acusado se vistió con ropa de la víctima que recogió del tendero y ocultó la suya en una bolsa de deportes que más tarde arrojó a un contenedor de basura.
Además, durante la agresión a la víctima, el acusado se causó varias lesiones en la mano con el cuchillo y justificó dichas heridas ante la Policía denunciando "con pleno conocimiento de su falsedad" haber sufrido el mismo día del asesinato un robo con violencia por parte de dos desconocidos que le empujaron y le lesionaron con un arma en la mano.

Por último, y para dar verosimilitud a su denuncia, aportó un parte médico sobre la asistencia recibida en un hospital madrileño.

Por otro lado, la Sección 30 de la Audiencia Provincial de Madrid celebra el próximo martes, 3 de julio, a las 11:30 horas, y el miércoles, 4, a las 10:00 horas, la vista oral del juicio contra José Antonio S. A. por la presunta comisión de un delito continuado de estafa, por el que se enfrenta a una pena de tres años de cárcel.

Según los escritos de acusación, el procesado, actuando en todo momento con ánimo de obtener un beneficio económico y aparentando una solvencia de la que carecía, entró en contacto con una mujer que se anunciaba en internet como acompañante y la contrató por espacio de una semana por un importe de seis mil euros. Le dijo que se llamaba Enzo Martorell y que era representante de jugadores de golf y tenistas. Pues bien, no solamente no le abonó esa cifra, sino que con diferentes triquiñuelas, como invitarla a marisquerías de lujo y comprarle alguna joya y hacerle creer que le ingresaba dinero en su cuenta, la convenció para que le acompañara en un negocio de venta de vehículos de lujo, para lo que tenía que aportar una cantidad próxima a los quince mil euros.

Para ganarse su confianza, cosa que logró, le convenció de que le había comprado un coche, que tampoco abonó en el concesionario. Con el coche se quedó él, como paso previo a desaparecer. A continuación, en el mismo coche que se había llevado del concesionario sin abonarlo, se desplazó a la costa, donde dijo llamarse Stefano Meli. Allí alquiló una embarcación de 72 pies por importe de 14.520 euros, pago que supuestamente realizó mediante una transferencia que nunca llegó a producirse. A uno de los tripulantes de la embarcación le dijo que quería alquilar un Hammer y quería que él fuese el conductor, servicio por el que le ofreció 800 euros. Pero también le dijo que como en realidad lo iba a conducir él, necesitaba que el alquiler fuera a su nombre y que pusiera su tarjeta de crédito en calidad de depósito. El tripulante abonó los 800 euros del alquiler en la confianza de que el procesado se los devolvería, dado que le aseguró que ya había hecho una transferencia por importe de 2.400 euros, y cuyo comprobante le mostró: esa cantidad correspondía al alquiler del Hammer, a los 800 euros del conductor y a otros 600 que le pidió a continuación que le adelantara de su propio bolsillo, porque ya había gastado ese día los tres mil que le facilitaba el cajero y necesitaba hacer frente a unos pagos. El tripulante también le dio ese dinero. De todo esto no ha pagado nada.

Un par de días después, contrató a otra acompañante, en esta ocasión por 9.000 euros. Con las mismas artimañas, estuvo con ella sin abonarle el importe del servicio. Ese mismo día, contrató un servicio de cáterin en la embarcación para los cuatro días siguientes, por valor de 2.400 euros. Y el día 19, le pidió a la misma empresa otro servicio de catering en una casa que había alquilado en Cala Bassa.

Repitió el mismo modo de actuación en un local de chicas de compañía en Ibiza, donde contrató los servicios de dos mujeres por 6.800 euros y el alquiler de otra vivienda en Es Cala.

Por último, y también el próximo martes, día 3 de julio, a partir de las 10:00 horas, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid celebra la vista oral del juicio contra Adolfo Carlos I. S., Joaquín L. L., Ángel S. M. y Ángel D. G. por la supuesta comisión de un delito contra la Hacienda Pública relativo al IVA, dos delitos contra la Hacienda Pública relativos al Impuesto Especial sobre Bebidas Alcohólicas (años 2001 y 2002) y otro continuado de falsedad en documento mercantil. La Fiscalía solicita una pena de once años y tres meses de prisión para todos ellos, a excepción de Joaquín L., para quien pide una pena de once años y nueve meses de prisión.

Tal y como expone el Fiscal en su informe inculpatorio, todos los procesados eran administradores de dos empresas mercantiles (Anrosia S.L. y Anroch Trust Capital Corporation S.L.) y de común acuerdo llevaron a cabo varias operaciones con el fin de defraudar a la Hacienda Pública eludiendo el pago bien del Impuesto del Valor Añadido bien del Impuesto Especial sobre Bebidas Alcohólicas. La suma total del dinero defraudado asciende a 2.561.725 euros.