Cuatro hombres y una mujer aceptan dos años de prisión por la quema de 34 vehículos en Cantabria
El Juzgado de lo Penal n.º 4 de Santander les condena como autores de un delito continuado de daños por incendio
- Autor
- Tribunal Superior de Justicia (Cantabria)
- Les suspende la condena a condición de que no vuelvan a delinquir y a que paguen 236.000 euros de indemnizaciones
Santander, 8 de septiembre de 2025.-
La titular del Juzgado de lo Penal n.º 4 de Santander ha condenado hoy a cuatro hombres y a una mujer a dos años de prisión por la quema de 34 vehículos en numerosos municipios de Cantabria durante el verano de 2022.
El juicio estaba señalado esta mañana en Las Salesas, pero al inicio del mismo la fiscalía, las acusaciones particulares y las defensas han llegado a un acuerdo.
Los cinco acusados han admitido los hechos y se han conformado con una pena de prisión de dos años, que quedará suspendida con la condición de que no delincan en un plazo de tres años y de que paguen de manera conjunta y solidaria en plazos mensuales durante ese periodo un total de 236.000 euros de indemnizaciones.
La mujer ha consignado 8.000 euros antes del juicio, por lo que, en su caso, se ha reconocido la circunstancia atenuante de reparación del daño y el plazo de suspensión de la pena se ha reducido a dos años.
Según el relato de hechos, las cinco personas, que permanecieron en prisión provisional desde su detención en septiembre de 2022 hasta febrero de 2023, actuaron “de común acuerdo y con ánimo de menoscabar la propiedad ajena”.
A lo largo de trece días entre los meses de mayo y agosto, actuaron de madrugada “utilizando artefactos incendiarios” para prender vehículos en las poblaciones de Pontejos, Pedreña, Zurita, Puente Arce, Santiurde de Toranzo, Los Corrales de Buelna, Renedo, Revilla de Camargo, Somo, Rinconeda, Reocín, Maliaño, Herrera de Camargo, Santander y Torrelavega.
En sus acciones, los ahora condenados quemaron un total de 34 vehículos, y en algún caso las llamas alcanzaron contenedores, bajantes de aguas pluviales y viviendas, “con grave riesgo para la vida de los habitantes de las mismas”.