En un auto notificado hoy, el magistrado requiere a esas entidades para que remitan a la mayor brevedad posible "cuantos correos  electrónicos consten en sus archivos, en cualquier formato y que hayan sido emitidos o recibidos por Miguel Blesa de la Parra, a través del correo electrónico corporativo de Caja Madrid durante el año 2009 y mantenidos por el mismo con los miembros de la Comisión Ejecutiva o del Consejo de Administración de dicha entidad".

Con el fin de salvaguardar los derechos en conflicto, el juez acuerda el secreto de las actuaciones y explica que se descartarán todos aquellos correos que no tengan relación con los hechos investigados.

Para ello, los correos serán examinados por el juez y en su caso por el ministerio fiscal, bajo la fe de la secretaria judicial y dándose oportunidad al querellado, con asistencia letrada.

De esta forma, Andreu responde a una nueva petición de unos querellantes en la que acotaban su solicitud a los correos corporativos de Blesa enviados o recibidos en 2009.

El magistrado argumenta que en la causa obran indicios suficientes que indican que los directivos y dirigentes de Caja Madrid "sabrían o deberían haber sabido el grave deterioro que la entidad estaba sufriendo".