El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha dictado un auto donde propone juzgar a la empresa pública Defex, a varios de sus antiguos administradores, entre ellos el expresidente José Ignacio E.C., así como a personas que actuaron como intermediarias, por las presuntas irregularidades en once contratos de suministro de material militar a Arabia Saudí suscritos entre 2005 y 2014 por más de 48 millones de euros.

Los hechos investigados, a juicio del titular del Juzgado Central de Instrucción 5, son constitutivos de los delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacional, corrupción en los negocios, cohecho, blanqueo de capitales y delito de organización y grupo criminal.

En el auto de pase a procedimiento abreviado, que da diez días a la Fiscalía para presentar su escrito de acusación y que pone fin a la instrucción de esta pieza separada del dominado caso Defex, el instructor procede contra nueve personas físicas, entre ellas además de contra el expresdidente, contra dos exdirectivos, entre otros, y contra las empresas Defex SA, Defence Development, Nytel Global y Meta como personas jurídicas.

Esta pieza, la tercera de este caso, tras las de Angola y Camerún, tiene por objeto la relación comercial mantenida por la empresa pública Defex SA con las autoridades gubernamentales de Arabia Saudí desde el año 2005 hasta 2014, en las que se aprecian presuntas irregularidades en la gestión y contabilidad de la empresa pública, y en su actividad comercial, en este caso, respecto a los contratos celebrados con el gobierno de Arabia Saudí, explica el auto, al haberse computado como verdaderos gastos los pagos en concepto de comisiones a sociedades consultoras que no se corresponderían con trabajos reales o verdaderos, o que no han resultado justificados, y pagos a terceros identificados, en algunos casos, con siglas o con la graduación militar que podrían referirse a personas pertenecientes o relacionadas con el gobierno de Arabia Saudí.

En relación con la actividad comercial de la empresa pública Defex SA y Arabia Saudí se investigan, dice el magistrado, once contratos de suministro de material militar, en los que las empresas que participaron como consultoras para la consecución y ejecución de los contratos no han acreditado la prestación de una verdadera actividad comercial. “Su intervención real habría tenido por objeto el pago de comisiones a terceros y un probable beneficio ilícito de los administradores de la empresa pública”, afirma.

Indicios sólidos del pago de comisiones ilícitas a autoridades

La resolución afirma que existen indicios “sólidos y consistentes” que ponen de manifiesto que todas las operativas desarrolladas por Defex en Arabia Saudí consistían en conseguir contratos públicos mediante el pago de comisiones ilícitas a autoridades y funcionarios públicos de este país, aprovechándose de la absoluta falta de mecanismo y procedimientos de prevención que tenía la empresa pública.