El director general de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), Giovanni  Kessler,  y la directora General de Justicia de la Comisión Europea, Francoise Le Bail, han visitado España para abordar la posible creación de la Fiscalía Europea, prevista en el Tratado de Lisboa.

Para este fin, ambos se reunieron el 10 de diciembre con el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Gonzalo Moliner, recibió, en compañía de los vocales de Internacional, Miguel Carmona y Gabriela Bravo.

El objetivo del encuentro, por parte de Kessler y Le Bail, era recabar la opinión del CGPJ sobre la posible creación de la Fiscalía Europea, ya prevista en el Tratado de Lisboa, y la propuesta de directiva sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del Derecho penal.

Esta nueva Fiscalía tendría como misión combatir las infracciones que perjudiquen a los intereses financieros de la Unión Europea y podría incoar procedimientos penales y solicitar la apertura de juicio contra ellos.

Antes de este encuentro, que se celebró en la sede central del CGPJ, en Madrid, Kessler y Le Bail mantuvieron una reunión con el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. Después lo harían con el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, y el secretario de Estado de Interior, Ignacio Ulloa.  Más tarde se entrevistarían con la Comisión Conjunta para la Unión Europea, en el Congreso de los Diputados.

Qué es la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude

La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude es autónoma en su función de investigación, aunque forma parte de la Comisión Europea. La OLAF está facultada para realizar investigaciones internas, dentro de las instituciones europeas o los organismos financiados con el presupuesto de la UE, e investigaciones externas, en el ámbito nacional si está en juego el presupuesto de la UE.

La OLAF contribuye también a las investigaciones que efectúan las autoridades nacionales u otros departamentos de la UE facilitando la puesta en común y el intercambio de información y de contactos. También interviene en los casos en los que las autoridades competentes de un Estado miembro o un tercer país llevan a cabo una investigación penal con asistencia de la OLAF.